La confrontación entre poderes tomó ayer un nuevo brío, luego de que la Secretaría de Gobernación se lanzó en contra de jueces y magistrados que se encuentran en paro, y exhibió los “excesos” supuestamente cometidos por impartidores de justicia en la liberación de delincuentes peligrosos, así como actos de corrupción y nepotismo.
Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció que, debido al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, han sido canceladas 12 mil 448 audiencias, además de que más de seis mil personas recluidas en penales federales no han recibido sentencia.
“Sobre los procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año… como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias, hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, pero en tanto, este es el déficit que se tiene sobre la celebración de las audiencias”, dijo. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.6)
La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la petición al Gobierno de Estados Unidos para que dé a conocer cómo se llevó a cabo la detención de Ismael El Mayo Zambada, se mantiene abierta.
“Sigue, pues, la petición al gobierno de Estados Unidos, para que se informe cómo fue esta detención, esa solicitud sigue”, indicó.
La mandataria federal expresó lo anterior, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el cofundador del Cártel de Sinaloa estuvo secuestrado en el mismo rancho donde fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén. (Sergio Ramírez, Ulises Soriano, Alan Gallegos, La Razón, México, p.4)
Un diferendo entre el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR) se detonó a raíz del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, pues el Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa negó que hubiera rechazo por parte de un juez federal de Culiacán para ordenar la aprehensión de los probables responsables del delito, como afirmó la fiscalía.
El domingo pasado, la FGR emitió avances de su investigación en el secuestro de Zambada, así como del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y aseguró que el juez se negó a liberar las órdenes de aprehensión.
En respuesta ayer, el Centro de Justicia Federal señaló que fue la Fiscalía la que, hacia el final de la audiencia, expresamente decidió “abandonar su pretensión” de que se librara la orden de aprehensión en ese momento, con el propósito de continuar su investigación y perfeccionarla. (Eunice Cruz, La Razón, México, p.4)
Para poner orden en Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes acudirá la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, a la reunión del gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional.
“Hay que entrar, pues, a pacificar y a poner orden en Guanajuato”, afirmó ayer durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego de subrayar que la estrategia es detener a quienes generan violencia en la entidad.
Dijo que el objetivo es reducir la incidencia delictiva en Guanajuato, así como pacificar la entidad, la cual se mantiene con altos niveles de delincuencia, a pesar del envío de efectivos militares. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.10)
El General Miguel Ángel Aragón Vázquez asumió el cargo de Comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, donde la violencia ha dejado 11 muertos en las últimas 72 horas.
En la toma de protesta del mando militar en las instalaciones del Cuartel General de la GN, en El Salto, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que después del paso del huracán “Otis” hubo un hecho “histórico” con el despliegue de fuerzas de seguridad y cuarteles en Acapulco.
“Hoy la Guardia Nacional se consolida en Guerrero como una pieza clave en la estrategia de seguridad, no sólo por su presencia sino por la relevancia y la confianza que han generado en ser los primeros respondientes y su estrategia de proximidad”, afirmó la Mandataria estatal. (Jesús Guerrero, Reforma, Nacional, p.2)
Durante el primer día de actividades de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en su gira de trabajo por Taiwán, se reunió con ejecutivos de PEGATRON, empresa especializada en electrónica de consumo, computación, desarrollo de componentes y hardware, con presencia en 11 países.
En el intercambio con los CEO`s y presidentes, Kuo-Yen Teng y Kuang-Chih Cheng, acordaron mayores apoyos en infraestructura para atender las necesidades de crecimiento y bienestar de sus empleados.
Además del compromiso del gobierno del estado para seguir brindando seguridad en el traslado de productos de alto valor hasta los cruces fronterizos. (La Razón Online, La Razón, México, p.10)
Con el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, el escenario en Chiapas se vuelve más oscuro y la alarma crece en la entidad, denunciaron organizaciones civiles que exhortaron a las autoridades a reconocer las condiciones de violencia existentes, a generar las condiciones de paz y justicia, así como a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen.
Las agrupaciones integrantes de Articulaciones de Paz emitieron un mensaje público de condena por el asesinato del párroco, ocurrido el pasado domingo en calles de San Cristóbal de las Casas.
Subrayaron que las situaciones de violencia se han agravado particularmente en los territorios habitados por las comunidades y pueblos originarios, con un aumento alarmante de despojos, desalojos, desapariciones y asesinatos. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.2)
San Andrés Larráinzar, Chis., El sacerdote Marcelo Pérez Pérez quería que Chiapas no fuera un infierno, sino un paraíso de paz, afirmó el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien ordenó al clérigo hace 22 años.
Marcelo no quería que nadie, indígenas y mestizos, viviera en la esclavitud de la marginación, la pobreza, el racismo y la exclusión que tantos hermanos sufren; que se pueda vivir otra vida mejor de paz, libertad y unidad, añadió durante la homilía de la misa de cuerpo presente celebrada ayer por la mañana en la cabecera de San Andrés Larráinzar, de donde Pérez Pérez era originario.
Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal, señaló que Marcelo Pérez, quien contaba con 50 años de edad, nunca se avergonzó de ser tsotsil, siempre llevó sus raíces en su corazón y por eso está aquí con su pueblo. Ustedes quisieron que no se quedara en la catedral de San Cristóbal, sino que esté aquí con su pueblo, porque él es de su pueblo. Aseguró igualmente que el presbítero fue un regalo de los tsotsiles a la Iglesia y a la diócesis; siempre fue un constructor de la paz (Elio Henríquez, La Jornada, Contraportada)
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que mantengan vigente a la Escuela Judicial Electoral (EJE) en su modificación a la legislación secundaria por la reforma al Poder Judicial.
Durante la firma de un convenio académico, el magistrado Felipe Fuentes sostuvo que la alta especialidad y dinamismo de la materia electoral exige una institución de capacitación en contacto permanente, en contacto vivo con la sala superior, las salas regionales, los tribunales electorales y con las autoridades administrativas electorales.
Debido a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la extinción de la sala regional especializada, Fuentes Barrera aprovechó la firma de este convenio para hacer un llamado a Gutiérrez Luna a no hacer lo mismo con la EJE, ya que es una escuela de alta especialidad donde se forman políticos, funcionarios y público en general en materia electoral. (Lilian Hernández Osorio, La Jornada, Política, p.7)
Los aspirantes a la presidencia del PAN Adriana Dávila y Jorge Romero tendrán mañana su primer encuentro en el que buscarán contrastar propuestas ante sus partidarios.
El debate será en un foro organizado por el comité municipal de ese partido en León, Guanajuato, a las 18 horas y se transmitirá por las redes sociales del blanquiazul, aunque está previsto otro el 30 de noviembre en la sede nacional panista.
Rumbo a la elección interna del 10 de noviembre con la que los militantes de ese instituto político elegirán a su próxima dirigencia nacional, la comisión organizadora de la elección informó que cerró el proceso de registro para los militantes que busquen votar fuera de su localidad y sostuvo que ya están definidos los centros de sufragio en las 32 entidades. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.7)
En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de ese alto tribunal para 2025 que presentó la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
De acuerdo con fuentes del alto tribunal, se criticó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales que deriven de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), como la eliminación de los fideicomisos y el ajuste de sueldos de los altos funcionarios para que no excedan al de la persona titular de la Presidencia de la República. De manera contraria, incluye un incremento por la inflación.
Se prevén recursos para un ajuste a las remuneraciones para contrarrestar el efecto inflacionario, en caso de ser autorizado, en su oportunidad, por las instancias competentes; pago de la totalidad de las pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables, contratación de personal por honorarios asimilados a salarios para reforzar labores sustantivas cuando sea requerido. No se prevén recursos para creación de plazas, señala el proyecto. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p.9)
Al dar divulgar su reunión con los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso que los funcionarios hicieron sus planteamientos, mientras su despacho mantuvo que la reforma constitucional sobre la desaparición de organismos autónomos sigue en curso.
Durante la conferencia diaria del Poder Ejecutivo federal, Rodríguez Velázquez explicó que por instrucción presidencial recibió a los comisionados, quienes expusieron sus argumentos para mantener en funcionamiento al INAI –los cuales no detalló–, y que hará lo propio con diversos grupos y organizaciones sociales en la lógica de mantener el diálogo.
Quedamos en que, si tenían más planteamientos al respecto, volveríamos a reunirnos, pero Gobernación expuso claramente que en la mesa de transformación a los organismos autónomos, la reforma va hacia delante. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.10)
Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se presentaron los objetivos a seguir en materia educativa durante este sexenio, entre ellos otorgar 21.3 millones de becas de educación básica y ampliar 300 mil espacios en educación media superior, en función de los cien compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la reunión presidida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, estuvieron presentes 26 consejeras y consejeros, entre ellos del estado de Colima, Chihuahua, Durango e Hidalgo. También acudieron Rosaura Ruiz, titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, y Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, entre otros funcionarios.
Ante la falta de universalidad de las becas Benito Juárez durante la administración anterior, se pretende que durante este gobierno se logré una cobertura plena al otorgar el incentivo a 21.4 millones de alumnos, por conducto de la beca Rita Cetina, que son estudiantes de prescolar, primaria y secundaria. Dicho subsidio comenzará a ser distribuido en 2025 a 5.6 millones de estudiantes de secundarias públicas. (Alexia Villaseñor, La Jornada, Política, p.12)
En la Secretaría de Salud (Ssa) hay nuevos funcionarios en diferentes áreas. Una de ellas es Armida Zúñiga Estrada, recién nombrada titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y remplazó a Alejandro Svarch Pérez.
Zúñiga Estrada fue designada por la presidenta Claudia Shein-baum, antes del nuevo encargo se laboraba como comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, lugar donde se encuentra el laboratorio de control de medicinas e insumos para la salud. De 1997 a 2007 trabajó como directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo y del periodo de 2007 a 2014 fue comisionada estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en esa entidad.
La nueva comisionada federal participó en tareas de relevancia durante la pandemia de covid-19, en particular en la revisión de las vacunas que de distintas marcas llegaron al país a partir de diciembre de 2020. Cuenta con amplio conocimiento de las tareas fundamentales en la Cofepris, porque en su anterior su puesto inspeccionaba los estudios de alimentos, bebidas y plaguicidas, entre otros. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.17)
Trabajadores del sindicato minero realizaron ayer una protesta frente a la embajada de Canadá en México para denunciar las violaciones del contrato colectivo de trabajo que comete la minera Camino Rojo, ubicada en San Tiburcio, municipio Mazapil, Zacatecas.
Acusan que directivos de la empresa se han dedicado a presionar a los empleados para que desconozcan a los dirigentes de la sección 335 del gremio. Eso atenta contra los derechos y la libertad sindical, por lo que la representación sindical acudió al mecanismo de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para presentar una demanda –que ya fue aceptada– por denegación de derechos.
Los inconformes señalaron que se requiere una remediación con base en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y el derecho de asociación para la defensa de sus derechos laborales. También demandan que la resolución, en el marco del tratado comercial, incluya la protección y garantía de seguridad sobre la integridad de los dirigentes de la agrupación. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.15)