Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió nueve suspensiones definitivas adicionales a empresas que impugnaron la entrada en vigor de la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los recursos, que se suman a los tres del viernes pasado, favorecen a las empresas Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica Santa Catarina, PE Ingenio, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power 1 y Parque Eólico Reynosa III, con las cuales ya suman 12 las medidas cautelares que ha otorgado el togado.
Al respecto, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, admitió a trámite el recurso de queja que interpuso el gobierno federal contra la suspensión provisional concedida a la empresa Eoliatec del Pacífico, pero es probable que se deseche, ya que el juez otorgó la suspensión definitiva a la compañía el pasado 19 de marzo. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.5)
La incidencia delictiva en el país ha disminuido, en términos generales, pero seis estados concentran más de 50 por ciento de los homicidios dolosos y existen otros donde no hemos avanzado lo suficiente, aun con la presencia de la Guardia Nacional, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien febrero fue el mes con menos asesinatos durante la actual administración, el mandatario anunció una mayor presencia de las fuerzas del orden para combatir la criminalidad.
No olvidemos que heredamos un país en ruinas, abandonado y que el gobierno ha iniciado un proceso para garantizar la paz con justicia y bienestar, y ya hay muy buenos resultados porque en casi todos los delitos hay reducción.
En el reporte mensual de las fuerzas armadas presentado ayer en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que comparado con en el mismo mes de 2020 los delitos del fuero federal disminuyeron 19.9 por ciento.
Documentó una reducción de homicidios dolosos de 5.3 por ciento respecto a febrero del año pasado y remarcó que la mayoría son hechos que se perpetran en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y ahora también el estado de México, en el sitio ocupado hasta hace poco por Zacatecas. (Rosa Elvira Vargas y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.6)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Esta acción de desacuerdo, presentada ayer, hace referencia a las modificaciones legislativas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de diversos ilícitos.
El organismo nacional consideró que vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia.
En un comunicado, la CNDH informó que a partir del análisis de las reformas hechas a esas normativas pudo concluir que distan de ajustarse al principio de excepcionalidad y están apartadas de estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo nacional indicó que las normas impugnadas trasgreden el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia, en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva. (Redacción, La Jornada, Política, p.6)
La Cámara de Diputados interpondrá una controversia constitucional contra el acuerdo del Congreso de Tamaulipas con el cual busca asumir la atribución que la Carta Magna otorga a los legisladores federales en materia de juicio de desafuero con el fin de evitar la consignación penal del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El proyecto y el acuerdo para la controversia será votado en la sesión del miércoles, según acordó ayer la Junta de Coordinación Política. De esta manera, el pleno solicitará a la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, que a nombre de la Cámara interponga el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La priísta ya tiene listo el proyecto en el que se prevé solicitar a la Corte suspender el acuerdo y se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo resolutivo de los diputados de Tamaulipas con el que estos pretenden homologar el proceso de desafuero.
También resalta que en los juicios de procedencia contra gobernadores, la declaración de origen que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura local respectiva, únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal, o del órgano jurisdiccional respectivo sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento.
Esto luego de que el 3 de marzo el Congreso estatal –de mayoría panista y con los votos, además, del PRI y de MC– aprobó una reforma para arrogarse atribuciones para determinar si desaforar o no al gobernador, de forma independiente a lo que se decida en la Cámara de Diputados. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.8)
Las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado enviaron a la mesa directiva el dictamen de idoneidad que contiene la votación para ocupar el cargo de magistrado y magistradas de la tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Natalia Téllez Torres Orozco recibió, en la Comisión de Justicia, nueve votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. En tanto, Joel Alberto García González obtuvo seis a favor y ocho en contra por parte del PAN, PRI, MC y PRD.
A su vez, en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Téllez logró 10 votos a favor y tres en contra, mientras García González tuvo ocho votos a favor y cinco en contra.
Pese a que la votación se repitió en la Comisión de Justicia, en el caso de García González volvió a ser rechazado por el bloque de contención, pues argumentan su amistad con Ramiro López Obrador.
En la reunión de comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, precisó que el dictamen con el resultado “quedará en manos de la mesa directiva, la que determinará si pasa al pleno para que decida si García González cumple con la idoneidad. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.8)
Tras el arranque del registro de candidaturas a diputaciones federales ante el Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes, ni Morena ni sus aliados legislativos (PVEM, PES y PT) han hecho públicas sus listas de abanderados.
Aunque dicho proceso concluirá el lunes de la próxima semana, por lo que tienen siete días más para informar de sus definiciones, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena firmó un acuerdo interno para dar a conocer a más tardar ayer las candidaturas, tanto para diputaciones de mayoría relativa como para plurinominales, sin que el partido lo haya hecho.
En medio de la fase de definiciones, en el referido instituto político prevalecen las quejas por parte de distintos grupos.
Ayer, en conferencia de prensa, el Foro Nacional de Militantes de Morena pidió a la dirigencia partidaria hacer mesas incluyentes en todas las entidades para escuchar a los morenistas que han sido excluidos.
Advirtieron que, de no realizarse, el descontento generará una división con altas probabilidades de repercutir de manera negativa en las elecciones, y alertaron que eso les podría llevar a perder varios municipios que actualmente gobierno Morena, así como a revivir al PRD en demarcaciones como Nezahualcóyotl y Chalco. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.11)
AstraZeneca defendió ayer su vacuna anti-Covid, rechazada por algunos países de Europa, al afirmar que tiene una eficacia de 100 por ciento para prevenir las formas severas de la enfermedad y de 79 por ciento para evitar los síntomas, además de que no eleva el riesgo de coágulos sanguíneos, tras pruebas clínicas en Estados Unidos con más de 32 mil personas.
Los investigadores señalaron que la vacuna fue efectiva en todos los grupos de edad, incluidos ancianos, algo que no se había establecido en estudios previos.
Los primeros datos del estudio forman parte de la información que AstraZeneca debe enviar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
Un comité asesor de la FDA celebrará un debate público sobre las pruebas que sustentan el fármaco antes de decidir si permite el uso de emergencia de la vacuna.
Más de una docena de países, la mayoría en Europa, suspendieron temporalmente el empleo de la vacuna de AstraZeneca la semana pasada tras reportes que la asociaron a coágulos sanguíneos.
La Agencia Europea de Medicamentos concluyó la semana pasada que la vacuna no aumentaba el riesgo de coágulos sanguíneos en general, pero no pudo descartar que estuviera relacionado con dos clases de coágulos poco comunes. (Afp, Ap y Sputnik, La Jornada, Política, p.12)
El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la UNAM pidió respetar el paro de actividades que se prolongará hasta el sábado, por parte de profesores y estudiantes de ese plantel, que implica la suspensión de todas las clases y cursos sincrónicos y asincrónicos, además de exámenes, en protesta porque no se ha avanzado en el pago de los adeudos a docentes.
La Asamblea de Profesoras y Profesores de Asignatura y Ayudantes de la Facultad de Ciencias y la Asamblea de Estudiantes Organizados, comunicaron vía electrónica a la dirección del plantel su decisión, resultado de las votaciones que se llevaron a cabo el viernes y sábado pasado.
En respuesta, la UNAM informó anoche que se ha abocado a la resolución de la problemática de la cual tiene conocimiento y ha enviado ya los pagos con las aclaraciones pertinentes a los casos resueltos. Insistió que el problema, surgido en la Facultad de Ciencias, pudiera llegar a existir en menor escala en otros planteles. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.14)
Con motivo del Día Internacional del Agua, integrantes de organizaciones sociales y ambientalistas de Jalisco, Morelos y Chiapas se manifestaron por los cortes al servicio en sus comunidades, exigieron que a los campesinos no les quiten el líquido con que riegan sus cultivos y denunciaron la destrucción de humedales, respectivamente.
Organismos civiles y vecinales se manifestaron fuera de las oficinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) por el desabasto, que en colonias del norte y norponiente de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, lleva hasta 40 días, mientras en el Congreso del estado se informó que fueron citados a comparecer los responsables del abasto en la ciudad.
A la protesta acudieron vecinos de colonias El Fortín, Miramar, Lomas de la Primavera, El Tizate, Jardines Tapatíos, Carlos Rivera Aceves, Tabachines, Tepeyac, Rehilete, entre otras, todas del municipio de Zapopan.
Señalaron que han tenido que pagar por pipas que venden su carga hasta en 2 mil 500 pesos; además, se quejaron de que las zonas residenciales no han tenido problemas, pues riegan jardines, lavan autos y disfrutan de albercas. (De Los Corresponsales, La Jornada, Estados, p.25)
Un juez de control vinculó a proceso a la lideresa de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla, por los cuales podría purgar una pena de hasta 23 años, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
La dependencia giró además ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de su familia y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar las cuentas de dos personas morales y de su madre, Alejandra Sánchez Barrios.
Se trata de una investigación desaseada, por lo que no podrá contender por ningún cargo de elección popular –es candidata a diputada local por la alianza Va por México–, pero se analiza presentar una apelación o solicitar un amparo, informó su abogado, Francisco Castañeda.
Además, se solicitará la sustitución de la prisión preventiva justificada por una garantía económica o la firma mensual o semanal, porque no es un peligro ni para el proceso ni para las víctimas.
Diana, quien declaró ante el juez, está ecuánime, es una mujer de mucho valor que ha enfrentado una vida difícil y está aquí por su lucha personal, pero confió en obtener su libertad relativamente pronto. (Laura Gómez Flores, La Jornada, Capital, p.28)