Los jueces que han conocido de amparos promovidos por funcionarios en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sobre la disminución de sus salarios y que indica que nadie puede ganar más que el presidente de la República, deben pronunciarse en favor de los solicitantes y las autoridades tendrán que cubrir de manera retroactiva los salarios de los quejosos si es que en sus juicios no se les concedió la suspensión provisional, consideraron integrantes del pleno del máximo tribunal. (Gustavo Castillo García, La Jornada, p.8)
El ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz –señalado como partícipe de actos que beneficiaron a grupos dedicados al huachicoleo– no podrá disponer del dinero que tiene en instituciones financieras, luego de que la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es improcedente otorgar la suspensión provisional en contra del aseguramiento de cuentas bancarias. Además, decidió que en casos de que la UIF considere que existen elementos que puedan constituir un delito (deberá presentar) la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal. (Gustavo Castillo, La Jornada, p.8)
Amnistía Internacional (AI) alertó que las leyes en materia de seguridad pública que el Congreso de la Unión se dispone a aprobar son contrarias al derecho internacional, por lo que pondrían en riesgo las garantías fundamentales de la población y socavarían la estrategia de seguridad del nuevo gobierno. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, p.12)
La Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación contra el delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, para determinar si existe conflicto de intereses en su desempeño como funcionario y su calidad de empresario de empresas farmacéuticas. Por instrucción presidencial, se determinó iniciar las indagatorias y revisar si de ello se desprendería la posible separación del cargo. (Alonso Urrutia y Alma Muñoz, La Jornada, p.7)