La Presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que el paro de trabajadores del Poder Judicial no es legal y que resulta “poco ético” que mantengan el cobro de su salario mientras no realizan actividades.
Instó a revisar las leyes que regulan las normas laborales, pues criticó que jueces continúen recibiendo al menos 150 mil pesos mensuales.
“Para irse a paro también hay leyes, normas, hay reglas, entonces creo que este tema de que yo creo que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario pues ya es hasta poco ético, porque ganan 150 mil pesos”, remarcó. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.6)
En medio de la polémica por la sobrerrepresentación de la 4T en el Congreso, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum argumentó que el PRIAN tuvo más diputados en 2012.
En conferencia de prensa, Sheinbaum presentó una gráfica publicada por REFORMA en la que, según la asignación del Instituto Nacional Electoral, Morena y sus aliados del PT y el PVEM tendrán el 73 por ciento de los diputados en la próxima Legislatura.
Con esta nueva composición legislativa, el bloque oficial obtendría un poder semejante al que tenía el PRI en San Lázaro en la administración de Miguel de la Madrid en 1982, con el 82 por ciento de las curules. (Antonio Baranda, Reforma, Nacional, p.2)
Será al inicio de la próxima semana cuando arranquen los trabajos formales para la transición de Gobierno entre la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
En conferencia desde la casa de transición, la próxima Jefa del Ejecutivo federal adelantó que el lunes, quizá antes, se instale la mesa de transición que será encabezada por la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la próxima encargada de la misma dependencia, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad.
“Probablemente el lunes o antes se instale ya formalmente la mesa entre Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez. A partir de ahí, se determinan los calendarios y todo el procedimiento normal que ocurre cuando hay transición entre Gobierno”, declaró. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.12)
Magistrados, jueces y trabajadores consideran que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (Segob), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación no tienen competencia para intervenir en asuntos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y agregaron que las amenazas no van a tambalear el paro que mantienen desde el pasado miércoles.
Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que la SHCP solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejar de cubrir los salarios y despedir a quienes están en paro laboral desde el 19 de agosto en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación que pretende que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, entre otros planteamientos.
Los servidores públicos que permanecen a las afueras de las distintas sedes, señalan que el paro no es como tal una huelga, sino una suspensión indefinida de actividades, que a su vez es simbólica, pues continúan impartiendo justicia fuera de sus oficinas. (Alelhí Salgado, El Universal, Nación, p.6)
Los trabajadores, jueces y magistrados que participan en el paro de labores del Poder Judicial de la Federación perfilan una movilización nacional, convocada para este domingo, con marchas que partirán de diferentes puntos del territorio y en distintos horarios, en contra de la reforma judicial propuesta por el Gobierno federal.
Además de la suspensión de actividades que han mantenido desde el lunes pasado, los trabajadores están convocando a movilizaciones en la Ciudad de México y en otras 14 ciudades de 10 estados.
En redes sociales circulan las invitaciones a protestar y unirse a la causa, con las consignas “independencia judicial”, “mi apoyo al Poder Judicial” y “todos somos Poder Judicial de la Federación”. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.8)
Integrantes de la mesa directiva de Jufed, liderados por su directora nacional, la jueza Juana Fuentes Velázquez, sostuvieron una reunión con funcionarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron afectaciones al Poder Judicial de concretarse la reforma judicial.
En la reunión documentaron “los preocupantes avances de las reformas promovidas por el Gobierno de México para afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la nula disposición a la negociación”.
Asimismo, hicieron saber del acrecentamiento del clima de hostilidad en contra de la judicatura en las últimas horas, como consecuencia de la decisión de someter a votación la suspensión de actividades ante dicha reforma y la nula disposición de negociación por parte de los legisladores y el Poder Ejecutivo, violando así las convenciones internacionales (Claudia Arellano, La Razón, México, p.8)
Con opositores en contra que acusaron una militarización y una reducción del mando civil en materia de seguridad del país, Morena y aliados hicieron avanzar la reforma presidencial para que la Guardia Nacional (GN) ahora forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 22 votos a favor y 17 en contra al proyecto definitivo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que ahora quedará en manos del pleno que entrará en funciones el 1 de septiembre para su aprobación final en San Lázaro y luego pasar al Senado para que continúe su proceso de aprobación en el Poder Legislativo.
La reforma faculta a quien ocupe la Presidencia para disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en apoyo a la seguridad pública; también a designar a la persona que será titular de la Comandancia de la GN, según lo proponga el titular de la Sedena. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.11)
Los 295 juzgados civiles, familiares, laborales de proceso oral y escrito, y los tribunales de enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) no se sumaron al paro de actividades convocado por su homólogo federal, pues “la reforma que se impulsa no nos afecta”, señalaron autoridades y trabajadores.
Sin embargo, el temor a la suspensión de labores llevó a cientos de personas a acudir a alguno de sus 36 edificios ubicados en la llamada Ciudad Judicial, en la colonia Doctores; en Plaza Juárez, Patriotismo y las salas orales en los reclusorios Norte, Sur, Oriente y Santa Martha Acatitla, cuyas actividades se realizaron de manera normal.
Personal de seguridad adscrito a los centros penitenciarios señalaron que ninguna audiencia fue cancelada por suponer que “la gente no llegara a trabajar o se sumara a la protesta del Poder Judicial de la Federación, y los diferimientos que se presentaron fueron por otras causas”. (Laura Gómez, La Jornada, Política, p.8)
La próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheimbaum, se reunirán para discutir el presupuesto de lo que resta de este año y el de 2025.
“Vamos a tener, creo que el martes, una reunión conjunta en el caso de Hacienda. Aquí [Palacio Nacional], para hablar sobre la situación hacendaria, ingresos, el presupuesto, el cierre de este año”, señaló en su mañanera de ayer.
Agregó que dialogarán del proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, que ya les corresponde a los integrantes del nuevo equipo, “pero nosotros ayudamos en todo”, además de elogiar las cualidades de su sucesora. (Emir Olivares, Néstor Jim+enez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
Por un monto de 10 mil 857 pesos, el empresario Claudio X González fue sancionado por la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al igual que el ex presidente Vicente Fox, quien recibió la misma multa. Ambos, por expresiones contra Claudia Sheinbaum en periodo de veda electoral.
El monto de las multas podría parecer irrisorio para el empresario sancionado y un ex presidente de México, pero se define tomando en cuenta diversos elementos, entre ellos, gravedad de la falta, capacidad económica y si hay reincidencia, pues así lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El pleno de esta sala determinó que tanto el activista como el ex mandatario hicieron comentarios en sus redes sociales contra la hoy presidenta electa cuando ya había terminado el periodo de campañas, pues las difundieron el 30 y 31 de mayo, así como el primero de junio pasados, en las que llamaron a no votar por Morena ni Sheinbaum, sino por Xóchitl Gálvez. (Lilian Hernández y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.9)
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó ayer dos denuncias contra servidores públicos de la Ciudad de México y particulares que resulten responsables por el delito de obstrucción a la justicia, tras haber impedido la detención del ex gobernador Javier Corral Jurado en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, la noche del pasado 14 de agosto.
Las denuncias se ingresaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.
La Fiscalía Anticorrupción acusó probables hechos delictivos como tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, entre otros, que se suscitaron cuando cuatro de sus agentes viajaron a la capital del país hace nueve días para cumplir un mandato judicial. (Jesús Estrada, La Jornada, Política, p.9)
Si la Fiscalía General de la República (FGR) lo considera pertinente, se podría citar a declarar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a la ex fiscal general de Justicia del estado Sara Quiñonez, sobre el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Todas las autoridades estamos obligadas a cooperar”, añadió.
Al preguntarle sobre las revelaciones que arrojó el primer reporte de investigación de la FGR, López Obrador descartó señalar si con estos nuevos elementos hay indicios de que agentes de algunas agencias estadunidenses participaron en el secuestro de Zambada.
“Lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno de Estados Unidos tenía acuerdo con Guzmán López, que venían manteniendo comunicación para un posible acuerdo. Ellos han dicho que, en efecto, había este acuerdo o se estaba gestando este acuerdo, pero que no sabían que en el avión iba también el señor
Zambada. Eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente en la investigación que está haciendo, está llevando a cabo la Fiscalía General de la República.” (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.10)