La Comisión de Seguridad Pública del Senado condenó el exceso en el uso de la fuerza por las personas que integran las instituciones del ramo en todo el país y exhortó a los titulares de las 32 entidades federativas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción del abuso de autoridad, así como considerar la capacitación de los elementos de seguridad pública estatal en materia de derechos humanos y uso progresivo y legítimo de la fuerza pública.
En el dictamen aprobado ayer en comisiones, los senadores también solicitaron la aplicación de exámenes de control de confianza y vocación de servicio, así como un sistema eficiente de denuncia ante casos de atropellos de policias y aplicación de sanciones.
Durante la reunión de trabajo se aprobó otro dictamen, medianteel cual se hace un llamado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para que investigue y remita un informe sobre los hechos ocurridos sobre la avenida Manuel Morín, el pasado 12 de abril, contra manifestantes y una candidata a la presidencia municipal de Chihuahua. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.8)
Legisladores de Morena presentarán hoy un pronunciamiento contra las descalificaciones e insultos hacia la Guardia Nacional y las fuerzas armadas que profirió el martes ante el pleno del Senado una integrante del PAN, durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
César Cravioto, quien junto con Malú Micher y otras morenistas elabora el documento en el que harán notar que es inadmisible que se insulte y degrade al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, destacó que esas conductas no pueden permitirse en el Senado.
Del grupo panista, que fue capaz de llevar a Vox a ese recinto legislativo, todo podía esperarse, pero más allá de su odio exacerbado a la 4T y al Presidente de la República, no tuvieron ya reparo en ofender a las fuerzas armadas, que es una institución respetada en el país.
Se refirió a la comentada intervención de Lilly Téllez, al hablar en nombre de los senadores del PAN, en la que llamó a los integrantes de la Guardia Nacional el grupo de edecanes más caro que ha tenido este país, y a los integrantes del Ejército y la Marina –cuyos titulares estaban presentes en el salón de sesiones– les dijo que los uniformes y las estrellas no significan nada si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.8)
Por tercera ocasión, personal del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en Guanajuato, impidieron el acceso al abogado Jesús Porfirio González Schmall y a un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes buscaban realizar una diligencia de seguimiento por una queja presentada por Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio en 1994.
El organismo expresó su extrañamiento por la obstaculización de su labor y por el tratamiento excepcional inadmisible.
Afirmó que ello prueba que hay conductas respecto a este interno que no han cambiado desde hace 27 años, que justifican y fortalecen su queja interpuesta el pasado febrero, cuando familiares de Aburto Martínez denunciaron ante el organismo restricción o negación del derecho a la salud y presunta tortura.
La CNDH exhortó al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social a garantizar los derechos humanos del quejoso que mantienen incomunicado. También consideró urgente su traslado a una cárcel en Baja California, para estar cerca de su familia. (Redacción, La Jornada, Política, p.10)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó sin efecto el acuerdo con el cual se creó la oficina especial para el caso Iguala, emitido en diciembre de 2018.
En un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación ordena a la Dirección General de la Primera Visitaduría General encabezar los trabajos de acompañamiento a las víctimas y dar seguimiento para abordar el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero en septiembre de 2014.
También pide a dicha instancia brindar todas las condiciones materiales, asesoría jurídica y atención para tener acceso a la verdad y a la impartición de justicia, llevando a cabo el análisis del expediente, con la finalidad de que se valore el alcance de la recomendación y, principalmente, se encuentre la forma de que se avance en la conclusión de las pesquisas.
En el documento, el organismo recuerda que el 28 de noviembre de 2018 emitió la recomendación número 15VG/2018 sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, y subraya la importancia de dar seguimiento a los señalamientos y recomendaciones hechas. (Redacción, La Jornada, Política, p.11)
La Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la realización de ensayos en humanos (fase 3) para desarrollar la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica estadunidense Inovio, anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Les comparto muy buena noticia, Cofepris autorizó fase III para la vacuna desarrollada por Inovio contra el Covid-19, nueva tecnología, otra opción para México, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la compañía estadunidense indicó que en esta tercera fase se evaluará la eficacia de la vacuna en dos dosis, administradas con un mes de diferencia, en hombre y mujeres no embarazadas mayores de 18 años.
La candidata a vacuna, denominada Ino-4800, puede tener una vida útil de hasta cinco años si se mantiene en condiciones de refrigeración y no requiere congelación para su almacenamiento ni transporte.
Ino-4800 está compuesta por un plásmido de ADN que produce una respuesta inmune bien tolerada en los pacientes, según la farmacéutica. (Redacción, La Jornada, Política, p.12)
Estados Unidos anunció que triplicó la recompensa por información que lleve al arresto y condena del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, con lo que alcanza ya 15 millones de dólares.
Así, El Mayo Zambada se convierte en el segundo narcotraficante mexicano con la recompensa más alta, por detrás del otro líder del cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, por el que el Buró Federal de Investigaciones ofrece 20 mdd.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó que el aumento en la recompensa es acorde con su liderazgo al interior del cártel, y definió al capo como “socio comercial” de otro líder del Cártel de Sinaloa: Joaquín El Chapo Guzmán.
En tanto, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra de narcotraficantes a Sergio Valenzuela Valenzuela, El Gigio o El Yiyo, a quien señalan como presunto jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en Sonora.
Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció la designación del mexicano como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Líder Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.
De acuerdo con autoridades estadunidenses, Valenzuela opera en Nogales como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, y es responsable de traficar fentanilo y otras drogas a EU bajo el mando del Mayo, quien también forma parte de la lista.
Otros siete mexicanos, supuestos lugartenientes del cártel en Sonora, y dos empresas controladas por lugartenientes de Valenzuela fueron incluidos en la lista negra. (Adyr Corral, Milenio, Política, p.9)
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que ya se tomó la decisión de vacunar a un millón de niños que tienen alguna enfermedad o discapacidad.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que “vamos a tener suficientes vacunas” y que ese programa ya inició.
Además, recordó que se realizará de acuerdo al plan nacional de vacunación: “Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades; ya se está haciendo como el caso de madres embarazadas, niños que requieren un tratamiento especial. Ya se van a vacunar a más de un millón de niños en el país, niños con discapacidad con algún problema y vamos a tener suficientes vacunas”.
Sin embargo, el Presidente dijo que las decisiones en cuanto a vacunación deben tomarse de acuerdo a las recomendaciones médicas y no dejarse llevar por el mercantilismo de las empresas. “Hay empresas a las que les agradecemos mucho porque lo que hicieron es excepcional, tener una vacuna en un año que resultó eficaz y ha salvado millones de vidas, es para Premio Nobel”, agregó.
En México hay 38.5 millones de niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 30.8 por ciento del total de población y, de estos, un millón 842 mil son susceptibles de recibir una vacuna contra covid-19, dependiendo su cuadro clínico y también la discapacidad que presentan.
De acuerdo al Inegi, existen más de un millón 194 mil 805 niños con desnutrición crónica en el país y reporta alrededor de 40 mil 679 niños y adolescentes con algún tipo de cáncer. (Pedro Domínguez, Blanca Valadez, Milenio, Negocios, p.11)
En la estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”, del gobierno federal, abundan los municipios que han tenido que enfrentar todos los días el infierno de convivir con huachicoleros.
En estas localidades es cosa de todos los días ver pasar pipas, hombres armados y con equipo para perforar ductos, así como guardar silencio por amenazas o, en su defecto, convertirse en cómplices que reciben un pago en efectivo o especie, según la preferencia y el trabajo que realicen.
Relatos de pobladores de estas poblaciones, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, revelan que hay municipios perfectamente identificados y en donde las autoridades federales, estatales y municipales hacen poco por sacar de sus tierras a los delincuentes dedicados a perforar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar gasolinas o diesel.
De 2019 a julio de 2021, hay municipios que están secuestrados por el crimen organizado, por los huachicoleros, tomando en cuenta el constante número de tomas clandestinas que realizan en los tubos que cruzan sus localidades.
Los datos de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex muestran que, en lo que va del gobierno de la actual administración, el crimen organizado ha realizado 30 mil 284 tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal, un promedio de 32.1 por día o el equivalente a realizar 1.78 tomas clandestinas en cada kilómetro que conforma la red estatal para transportar petrolíferos como gasolinas y diesel, así como petroquímicos.
Hasta julio suman 6 mil 125, más de la mitad de las 11 mil 22 perforaciones ilegales que se registraron en 2020.
Hidalgo es la entidad preferida por los huachicoleros, pero desde 2019 el municipio de Cuautepec de Hinojosa concentra la mayor actividad de estos delincuentes. (Noé Cruz Serrano, El Universal, Cartera, p.A23)
Pide CCE a gobierno no obstaculizar importación de combustibles
La determinación del gobierno federal de cancelar los permisos de almacenamiento y trasvase de petrolíferos que operan legalmente reducirá la oferta de combustibles en el país, sobre todo en el transporte y distribución de alimentos y mercancías, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por lo que piden a la autoridad “no obstaculizar la importación legal de combustibles al país”, expuso la máxima cúpula empresarial en un comunicado.
Ello porque la semana pasada la autoridad energética clausuró terminales privadas de petrolíferos en distintos estados del país, lo que preocupa profundamente, dijo el CCE.
“Aumentar la oferta de combustibles beneficia a las y los mexicanos, así como a la industria nacional al fomentar la competencia y tener distintas opciones de suministro de gasolinas. Por el contrario, buscar limitar la importación de gasolinas reducirá la oferta de combustibles que son utilizados para actividades básicas”, dijo el Consejo.
Añadió que les preocupa que se cancelen los permisos a la importación legal de combustibles, cuando “el contrabando de gasolinas es un mal que afecta a la sociedad y al medio ambiente, al introducir en el mercado de combustibles aquellos de procedencia ilícita y de baja calidad”.
Declaró que en estos momentos en que debe impulsarse la recuperación económica debe ser una prioridad combatir el contrabando de combustibles, sin perjudicar a la ciudadanía o a la industria mexicana, ni debe ponerse en entredicho el compromiso de nuestro país con los tratados internacionales de libre comercio. (Ivette Saldaña, El Universal, Cartera, p.A23)
En 2020, la inseguridad pegó al bolsillo de cada víctima del delito con 7 mil 155 pesos en promedio, reportó el Inegi.
En su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, publicada ayer, señaló que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de México ascendió a 277.6 mil millones de pesos a nivel nacional.
“Es decir, 1.85 por ciento del PIB. Lo que equivale a 7 mil 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito”, indicó.
La Envipe detalló que, del costo nacional del delito, el 64.3 por ciento correspondió a pérdidas económicas directas sufridas por las víctimas; 33.3 por ciento a medidas preventivas; y 2.4 por ciento a gastos para la atención de daños a la salud.
Entre las medidas preventivas están cambiar o colocar cerraduras y/o candados, colocar rejas y bardas, realizar acciones conjuntas con vecinos y hasta comprar perro guardián.
“Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 92.4 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 185.2 mil millones de pesos restantes”, agrega la Encuesta.
Los costos por el delito en 2020 fueron menores a los de un año antes debido a que el Inegi calculó menos ilícitos y víctimas, como consecuencia del confinamiento por la pandemia de Covid.
En 2019, estimó un monto total de 282.1 mil millones de pesos, cifra que representó el 1.53 por ciento del PIB de ese año y un promedio de 6 mil 931 pesos por víctima.
BAJAN VÍCTIMAS
El confinamiento por la pandemia derivó en una reducción del número de delitos y de víctimas estimados por el Inegi en 2020; no obstante, repuntaron ilícitos como la extorsión.
La Encuesta estimó que durante 2020 hubo 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas, es decir, una tasa de 1.3 delitos por víctima.
Mientras que en 2019, el Inegi calculó 30.3 millones de ilícitos a 22.3 millones de víctimas, es decir, 2.7 millones de delitos y 1.1 millones de víctimas más que el año pasado, para una tasa de 1.4 delitos por víctima.
Julio Santaella, presidente del Inegi, consideró que estas reducciones están directamente vinculadas con el confinamiento por Covid-19 y, en consecuencia, a la menor cantidad de robos o asaltos que hubo en la calle y el transporte público. (Antonio Baranda, Reforma, Nacional, p.2)
El Gobierno de México acusó a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, de “robar” 250 millones de dólares del erario y ocultar el dinero en cuentas bancarias en Barbados y Estados Unidos, pero no cuando era funcionario, sino durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, según la demanda civil presentada el martes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade, contra ocho personas físicas y 39 personas morales, con la que busca recuperar dicha cantidad.
La demanda incluye, además de García Luna, al ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, José Francisco Niembro González, y a su esposa Martha Nieto Guerrero; a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y a sus socios y supuestos prestanombres, los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.
“Comenzando en 2012, y continuando al menos hasta 2018, el demandado García Luna y personas actuando bajo su dirección, ilegalmente obtuvieron al menos 250 millones de dólares del Gobierno de México, mediante un complicado esquema de contrataciones públicas ilegales, y transfirieron esos fondos a los Estados Unidos y otros lugares”, dice la demanda.
“Los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos 30 empresas localizadas principalmente en Florida, al menos treinta inmuebles, múltiples automóviles y navíos, y fondos sustanciales en cuentas bancarias”, agrega.
La demanda detalla, por ejemplo, 30 transferencias a partir de noviembre de 2015 al Occidental Bank en Bridgetown, Barbados, que sumaron 160.7 millones de dólares y se originaron en pagos del Gobierno de México.
Casi todas las transferencias fueron a la empresa Nunvav, con sede en Panamá, que recibió el dinero de los contratos con el Gobierno, pero los dos últimos depósitos en Barbados, realizados el 18 de diciembre de 2019 por 12.9 millones de dólares, fueron para Gull Holding Enterprises, empresa creada por Alexis Weinberg y Natan Wancier.
Los departamentos motivo de la demanda se ubican en desarrollos como Icon Brickell, Peninsula Aventura y Jade Ocean, pero doce de ellos ya no son de las entidades vinculadas con García Luna, sino que fueron vendidos a terceras personas por un total de 17.2 millones de dólares, varios de ellos en 2020 y 2021. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p.4)
El ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, “dio positivo para COVID-19”, tras participar el pasado martes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, inaugurada por el presidente Jair Bolsonaro.
El mandatario brasileño se aisló en su casa de Brasilia, tras regresar de la asamblea de la ONU, después de que Queiroga dio positivo al COVID-19 y tiene que permanecer en cuarentena en Nueva York.
“Los demás integrantes de la comitiva realizaron el test y dieron negativo” para el virus, detalló la Secretaría Especial de Comunicación.
Bolsonaro, quien volvió a mostrarse sin máscara en varias ocasiones durante el viaje, no está vacunado contra el COVID-19 y ha repetido que será “el último” brasileño en recibir el inmunizante.
La infección del ministro es la segunda detectada en el entorno de Bolsonaro desde la llegada a la ciudad estadounidense. Queiroga estuvo junto al mandatario en varios eventos, incluido un encuentro el lunes con el primer ministro británico, Boris Johnson.
Vacunado contra el coronavirus, Queiroga, de 55 años, “se encuentra bien”, según el informe oficial.
El presidente de EU, Joe Biden, anunció que su país duplicará su donación de vacunas contra el COVID-19 durante una cumbre virtual sobre la pandemia, con la que la Casa Blanca busca acelerar el ritmo de inmunización en el mundo. (AFP, AP Y EFE, El Heraldo, El Orbe, p.30)