Por unanimidad, con 476 votos a favor de todos los partidos políticos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurece las penas y sanciona hasta con 30 años de cárcel al que trafique e introduzca armas al país.
Al mismo tiempo, debido a la ola de violencia del crimen organizado, se facilitan los permisos para tener un arma en el domicilio y defender sus bienes de los delincuentes. (Por Víctor Chávez, El Financiero, Nacional, p.33)
Al dar su respaldo a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro a los legisladores de su partido que se acabaron los tiempos de gestiones y promoción personal a partir de programas sociales.
Ante críticas y hasta acusaciones de presunta corrupción que hicieron diputados de Morena en contra de Montiel, la mandataria defendió la labor de su colaboradora: “es una mujer extraordinaria (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.3).
Por tratarse de un tema partidario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó dar a conocer en la mañanera el contenido de la misiva que envió ayer a la dirigencia de Morena para evitar el nepotismo y que los militantes de ese partido se adelanten a los tiempos para la elección intermedia de 2027.
Les dije que hoy iba a presentar la carta de Morena, pero decidí que no la voy a presentar aquí porque es un tema partidario, señaló. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.6)
La bancada de Morena aseguró hoy que no hay pleito con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y asumió el respaldo que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un día después de que exigió la renuncia de la funcionaria, la diputada Irma Juan Carlos declaró que, del diálogo que sostengan con la funcionaria, dependerá si mantiene esa postura, pero acotó: mis respetos para las dos, son mis amigas. (Enrique Méndez y Fernando Camacho, La jornada, Política, p.3)
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) carecen de facultades para investigar y sancionar a los candidatos al Poder Judicial (PJ), y mucho menos pueden retirar alguna candidatura, sólo por sospechas de algún tipo de relación con el crimen organizado, advirtieron a La Razón la politóloga Ruth Zavaleta y el académico de la UNAM Christian Salazar.
Esta premisa fue reforzada por Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, quien en su cuenta en la red social X anticipó: “Las quejas contra candidaturas de personas juzgadoras que no se apoyen en elementos probatorios y se fundamentan solamente en especulaciones o apreciaciones subjetivas pueden ser desechadas, al no configurarse una infracción en materia de propaganda electoral”. (Alejandro Pacheco, La Razón, México, p.4)
El Senado de la República recibió ayer la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla aplicar multas de entre el dos y el cinco por ciento de los ingresos totales del concesionario que emita propaganda de gobiernos extranjeros.
La iniciativa establece que las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), y la prohibición se extiende a las plataformas digitales. (Tania Gómez, La Razón, México, p.5)
Planeación y tiempo. Eso les faltó a las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la realización de la compra consolidada de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico, y explica la cadena de errores que se negaron a escuchar y corregir, afirmaron representantes de la industria farmacéutica nacional y trasnacional. Consideraron que no hubo una acción intencionada de sabotear la adquisición. Lo que pasó es que todo se hizo con prisa y hasta ahora, según información de áreas del gobierno, tampoco existe investigación alguna en contra de proveedores.
Por el contrario, los fabricantes y los pacientes que no reciben sus tratamientos son los afectados con la decisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de anular la licitación que preveía cubrir el abasto de insumos para 2025 y 2026. (Ángeles Cruz Martínez, la Jornada, Política, p.10)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Sala Especializada retomar una queja de violencia política en razón de género en contra del entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Por unanimidad de votos, las y los magistrados del máximo Tribunal en materia electoral revocaron la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en la que determinó desechar la queja por violencia política en razón de género de la entonces diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y otros funcionarios de la entidad, pues se argumentó que el caso había caducado. (Maritza Pérez, El Economista, Política, p.48)
Las instancias administrativas y operativas del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan los ajustes y cancelaciones de proyectos a consecuencia de la determinación de la Cámara de Diputados de asignarles menos dinero para el trabajo ordinario del instituto y para la elección judicial.
Por ejemplo, se pospuso la realización de una encuesta nacional de cultura cívica, y en ese análisis se determinó que el costo de la misma sería de 89 millones, dividido entre el INE y el Inegi, pero por la austeridad de recursos es necesario buscar alternativas para realizarlo, posiblemente, con alguna consultora privada. (Fabiola Martínez y Lilian Hernández, La Jornada, Política, p.4)
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su condena y preocupación ante las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial (PJ) se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado.
“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que Jufed ha advertido desde el inicio: la reforma judicial es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, señaló. (Tania Gómez, La Razón, México, p.3)
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió ayer la posibilidad de que un tribunal federal confirme la orden de aprehensión contra el empresario Francisco Álvarez Morphy Alarcón, conocido como El rey de las vacunas, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta defraudación fiscal equiparada.
Por unanimidad de votos, la sala aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien al revisar el asunto del empresario de la industria farmacéutica –obtuvo contratos millonarios en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón– fijó la doctrina sobre cuál es la vía en el sistema oral para que una persona acusada de un delito sea llevada ante un juez. El togado definió tres vías: citatorio, orden de comparecencia y orden de captura. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p.6)
Los policías municipales en México carecen de acceso a todas las prestaciones que por ley les corresponden; más de la mitad sólo tienen acceso a cuatro prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. De hecho, ninguna prestación se otorga en 100%, ni siquiera el salario.
Menos de 70% de los policías cuentan con todas las prestaciones básicas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que la prestación de seguridad social la reciben entre 19.3% y 52.5% de los policías y menos de 8% tienen acceso a créditos para la vivienda. (Sharon Mercado, El Universal, Nación, p.2)
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que en Chiapas 15,000 personas han sido desplazadas forzosamente, entre enero de 2023 y junio de 2024; además de que 632 personas desaparecieron en la primera mitad de 2024.
La organización documentó 20 eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas y Ocosingo. (Arturo Rojas, El Economista, Política, p.46)