En la Ciudad de México la ocupación hospitalaria tanto en camas generales como con ventilador se reporta al 88 por ciento, alertó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien reconoció que preocupa mucho la celebración de Navidad, porque a quienes se contagien los estaríamos viendo la próxima semana, por eso el llamado es a festejar sólo con las personas que uno vive, a no recibir invitaciones ni moverse a otro lugar distinto de donde se pernocta.
En videoconferencia informó que hoy arribaron a la capital del país 394 trabajadores de la salud provenientes de Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Veracruz, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Tlaxcala y Guerrero, como parte del Operativo Chapultepec 2020. Ellos apoyarán con el cuidado de pacientes con Covid-19 en siete hospitales de la Ciudad de México.
En cuanto al inicio de la vacunación contra el Covid-19, detalló que con la llegada del biológico iniciará la primera etapa del proceso de inmunización, que incluirá a 360 mil trabajadores del IMSS involucrados en la atención a pacientes. (Laura Poy Solano, LA Jornada, Política, p.3)
En México, un millón 5 mil 248 personas han logrado recuperarse del Covid-19, es decir, 74.4 por ciento de los casos confirmados hasta la fecha. Sin embargo, el número de contagios sigue en aumento. Ayer, el reporte técnico diario de la Secretaría de Salud (SSa) arrojó 11 mil 653, para un total de un millón 350 mil 79 enfermos en lo que va de la pandemia.
En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que, con el arranque del operativo de vacunación contra el coronavirus, inicia un ciclo de esperanza en el país, tras detallar que serán 2 mil 925 trabajadores de la salud que laboran en unidades médicas de atención Covid los primeros que serán inmunizados.
Destacan enfermeras, médicos, inhaloterapeutas, laboratoristas, técnicos en radiología, camilleros, personal de limpieza, de ambulancias, de manejo de alimentos, asistentes médicos y de trabajo social, grupo que incluye a pasantes, residentes, personal de confianza, de base y eventuales. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.4)
Un hospital móvil de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue trasladado desde Chihuahua a la Ciudad de México, para reforzar la atención a pacientes con Covid-19.
En lo que va de la pandemia, 150 elementos del Ejército han muerto a causa de la enfermedad.
El hospital se trajo el martes pasado desde la base aérea militar número 13 de Chihuahua hasta la número 19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Las 7.3 toneladas de material médico y 11 civiles de personal de sanidad fueron traídos a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana.
Una vez en la capital, el hospital fue llevado al Centro de Operaciones para la Atención de Contingencias, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se pondrá en funcionamiento para atender a pacientes con Covid-19. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.5)
El PAN y el PRD criticaron los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a que la alianza electoral de la oposición es para quitar el presupuesto a los pobres y pidieron que no amenace al país, no le mienta y, sobre todo, no viole más la Constitución con sus declaraciones.
La Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul se dirigió al mandatario para indicar que no se preocupe por nosotros y se ocupe mejor por resolver la crisis a la que está llevando al país por todas sus malas decisiones.
Por su lado, la dirigencia perredista estimó que López Obrador interviene inconstitucionalmente en el proceso electoral, al señalar que votar por la oposición es quitarle el dinero a los pobres. Cuando es él quien ha quitado el dinero a mujeres, instituciones y tratamientos de niños con cáncer, por lo que los ciudadanos decidirán en 2021.
Subrayó que el jefe del Ejecutivo demuestra su desmemoria al criticar la coalición Va por México, cuando fue también una alianza partidista la que le dio el cargo que en la actualidad usa para traicionar a la sociedad mexicana. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.8)
La Secretaría de Bienestar publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal de 2021.
Para gastos de operación, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) –que desde 2006 está a cargo de este programa– destinará 278.5 millones de pesos, lo que representa 1.27 por ciento menos que en 2020.
El programa se inscribe como una respuesta específica del gobierno federal para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel local para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, en un marco de derechos humanos y desde la perspectiva de género.
En las reglas de operación se añade que los programas anuales que presenten las instancias de mujeres en las entidades federativas para recibir apoyo deberán apegarse a una serie de criterios, como formular planteamientos desde la perspectiva de género y antidiscriminatoria, los derechos humanos de las féminas, la interculturalidad, así como basarse en diagnósticos sobre las violencias contra las mujeres, los cuales serán validados en las mesas de análisis y su cumplimiento será revisado por el Indesol. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.9)
PRI, PAN y PRD registraron ayer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su coalición electoral rumbo a los comicios de 2021, en la cual se específica que van juntos en 171 distritos, de los cuales 60 son para el primer partido, 57 para el segundo y 54 para el tercero. Precisaron su intención de llegar a los 180.
Luego de calificar la inscripción como histórica, estimaron que el gobierno federal va a intentar una elección de Estado, por lo cual, se presentarán las denuncias correspondientes ante los órganos electorales y jurisdiccionales.
Representantes de las tres fuerzas políticas señalaron que esta alianza parcial nació de las necesidades de la sociedad, la cual pidió construir un bloque opositor dejando de lado las diferencias históricas. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.10)
La juez de control del Poder Judicial Federal, Cristina Lozoya Gámez, otorgó tres meses de plazo a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para concluir la investigación complementaria contra Hugo Amed S., ex alcalde panista de Chínipas, recluido en el penal número 1 de Aquiles Serdán por su presunta participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua.
Otro de los implicados en participar en el homicidio de la corresponsal de La Jornada en la entidad es el ex presidente estatal del PAN y actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, José Luévano Rodríguez, quien dijo el miércoles, tras una reunión con el gobernador Javier Corral Jurado, que no ha sido citado por la Fiscalía General de la República para declarar por el caso.
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la juez logró establecer la probable responsabilidad de Hugo Amed S., como auxiliador en el delito de homicidio calificado al buscar y entregar información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y perpetró el asesinato. (Rubén Villalpando, La Jornada, Política, p.12)
Durante 2020 se registró un total de 59 periodistas asesinados en el mundo, cuatro de ellos mujeres, informó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Agregó que América Latina y Asia Pacífico fueron las regiones más letales para el gremio, con 22 informadores abatidos en cada una; los países árabes sumaron nueve asesinatos y África seis.
Datos de la Unesco indican que entre 2010 y 2020 han sido ultimados 888 periodistas en el mundo por desempeñar su trabajo de informar al público (en promedio uno cada cuatro días), y 95 de esos crímenes (10.6 por ciento) se dieron en México.
De acuerdo con el informe de esa agencia de la ONU, publicado en noviembre pasado, estos asesinatos se siguen cometiendo con una gran impunidad. En 2020 no hubo ninguna consecuencia en 87 por ciento de los casos. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.14)
Ante el aumento de 80 por ciento de los casos activos de Covid-19 del primero al 21 de diciembre, Morelos regresó al color rojo del semáforo de riesgo Covid-19, lo que paralizará todas las actividades productivas no esenciales en esta entidad a partir del 24 de diciembre y hasta el 10 de enero, medida que podría extenderse de acuerdo con los indicadores de salud, informó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Debido al ritmo acelerado de contagios y hospitalizaciones por el virus SARS-CoV-2 en Morelos, el gobierno a mi cargo ha tomado la decisión de regresar al semáforo rojo a partir de este jueves, de tal forma que a partir de mañana (hoy) se suspenden en su totalidad las actividades no esenciales. Es urgente disminuir la actividad y la movilidad social; sólo así podremos frenar este repunte del Covid-19 en nuestro estado, dijo Blanco en una conferencia virtual que ofreció este miércoles.
Mencionó que esta decisión fue difícil, pero la correcta. Esta es una medida urgente y necesaria. Reconocemos que ha sido un año muy difícil y muy complicado para todas las familias morelenses, y sabemos que esta decisión implica un gran sacrificio, por lo que agradeció a todos los sectores sociales su comprensión y pidió a los que puedan que se queden en casa y eviten realizar festejos en estos días. (Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, Estados, p.25)
Al tiempo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió un documento con restricciones a los partidos políticos durante las precampañas, el gobierno local los exhortó a no realizar actos masivos para evitar la propagación del Covid-19.
Ayer, al comenzar el periodo de precampañas, el Consejo General del IECM aprobó un acuerdo sobre las restricciones que deberán acatar los precandidatos, como abstenerse de omitir en sus informes los recursos recibidos en dinero o en especie, exceder el tope de gastos fijados, utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas o figuras con motivos religiosos; utilizar expresiones verbales o escritos que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género; que injurien a autoridades, partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público.
Tampoco se podrán utilizar recursos e instalaciones públicas para promover su intención de obtener la candidatura al cargo de elección popular; fijar y distribuir propaganda dentro de oficinas, edificios y locales del gobierno; contratar tiempos de radio y televisión para realizar propaganda; participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición, y otorgar artículos promocionales utilitarios. (Sandra Hernández García y Rocío González Alvarado, La Jornada, Capital, p.28)