La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que continúa revisándose la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, porque se han detectado inconsistencias en el origen de la información. “Las cifras de desaparecidos provienen de diversas fuentes de información. En algunos casos es de una plataforma en la que las personas suben directamente la información, en otras lo hace la Comisión Nacional de Búsqueda” o algunas fiscalías.
La mandataria aseguró que es necesario sistematizar esta situación, por eso se incluye en la iniciativa enviada al Congreso sobre desaparición de personas. Subrayó que uno de los aspectos más relevantes que contiene es la obligatoriedad que impone a las fiscalías General de la República y estatales de levantar una carpeta de investigación en cuanto se presente una denuncia sobre desaparición, pues actualmente no están obligadas a ello. (Alonso Urrutia y Alma Muñoz, La Jornada, Política, p.10)
Derivado de la explosión de la nave espacial Starship de Texas, cuyos restos cayeron en partes de Tamaulipas, el Gobierno de México alista la presentación de demandas contra SpaceX por la posible vulneración a la seguridad y el impacto ambiental que el hecho provocó.
Fue la semana pasada cuando la nave, propiedad de la compañía de Elon Musk, explotó durante una prueba en tierra, tras lo cual algunos restos de metal y demás componentes cayeron en campos de cultivo y otras áreas del territorio mexicano. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.4)
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dos iniciativas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Con respecto a la primera iniciativa, refiere que los cambios propuestos “buscan fortalecer el diseño institucional con prácticas efectivas que abatan el rezago, la corrupción, los excesivos privilegios y la poca supervisión en el actual modelo de justicia; dotando de un marco legal a las personas juzgadoras que permita la aplicación de la ley con perspectiva de derechos humanos, con vista a que el Poder Judicial sea un espacio de agentes transformadores y solucionadores de las desigualdades e injusticias que aún persisten en el sistema legal, abonando a la construcción de una sociedad más justa y a la cultura de paz”. (Rolando Ramos, El Economista, Política, p.39)
En sesión extraordinaria y en fast track, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche las nuevas leyes de seguridad pública, de investigación e inteligencia para combatir al crimen, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los legisladores recibieron por la mañana dos dictámenes y dos adendas con modificaciones “de forma, no de fondo, engañosas” –criticó la oposición del PRI, PAN y MC–, en un paquete con más de 600 páginas, que en unas horas aprobaron. (Víctor Chávez, El Financiero, Nacional, p.30)
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió confirmar la sentencia judicial que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y publicar en su página de Internet, una versión pública en formato electrónico de la carpeta de investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero (Caso Iguala).
“Por tanto, tal como lo señaló la autoridad responsable (el extinto Inai) y confirmó la juzgadora de amparo, en el caso en concreto, la información solicitada no podía clasificarse como reservada al estar vinculada con la investigación de hechos que involucran violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad’’, cita la sentencia. (Rolando Ramos, El Economista, Política, p.39)
En medio de un escándalo provocado por panistas, la Comisión Permanente ratificó ayer los nombramientos presidenciales de Juan Antonio Ferrer como representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y de Roberto Canseco Ramírez como embajador ante Jamaica, así como de 10 cónsules en Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Los nuevos diplomáticos rindieron protesta, en medio de los gritos de una legisladora de Acción Nacional que megáfono en mano se subió hasta la presidencia de ese órgano del Congreso para tratar de impedir que recibieran la constancia de su nombramiento. (Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p.12)
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión garantizará el acceso a Internet para todos los mexicanos, cuando actualmente al menos 16 millones no lo tienen, y dará uso justo e inclusivo del espectro a comunidades indígenas y afromexicanas, afirmó el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.
Resaltó que la norma prohíbe transmitir propaganda extranjera en medios electrónicos y precisó que nunca fue una ley para la censura; pero, para evitar confusiones, “el artículo 109 que hablaba de apagar plataformas, que era un tema estrictamente fiscal, referido a un artículo de la Ley del IVA”, se eliminó. (Alma E. Muñoz y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.6)
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) defendieron la facultad de este órgano para excluir de la sumatoria de la elección judicial los votos de poco más de 800 casillas, equivalentes a 0.97 por ciento del total de mesas instaladas el primero de junio.
Argumentaron que dicha decisión fue parte del análisis previo a la emisión de la declaratoria de validez de los comicios y, además, que en esta elección extraordinaria no hubo recuento de votos. (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
La posibilidad de aplicar la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero sigue vigente, confirmó ayer miércoles 25 de junio, la fiscalía estadounidense durante una audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el narcotraficante mexicano enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
Según prensa local, durante la audiencia celebrada en Brooklyn, los fiscales indicaron que aún analizan si buscarán formalmente la pena capital contra el fundador del Cártel de Guadalajara. La próxima sesión judicial quedó programada para el 18 de septiembre, cuando el juez Frederick Block deberá determinar si el gobierno estadounidense procederá con esa solicitud. (Arturo Rojas, El Economista, Política, p.40)
La Fiscalía General de Estados Unidos mantiene sobre la mesa la solicitud de pena de muerte para Rafael Caro Quintero, “El capo de capos”, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ya que cuenta con más de 30 grabaciones del interrogatorio al narcotraficante, donde implica a funcionarios del gobierno mexicano en el homicidio.
Durante la audiencia celebrada este miércoles en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, en la que no estuvo presente el fundador del Cártel de Guadalajara, los fiscales estadounidenses aseguraron que el material de audio, documentos e intervenciones telefónicas son claves para que Caro Quintero sea condenado a la pena capital. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.5)