El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hermano Pío no es corrupto, y calificó como politiquería el proceso en su contra.
A pregunta expresa en la mañanera de ayer, dijo que no se presentará personalmente a comparecer en la investigación que se sigue contra su hermano –por la presunta comisión de delitos electorales en 2015–, pero enviará un escrito.
No tengo nada de qué avergonzarme; no hay ningún problema y deberían entregar toda la información al Instituto Nacional Electoral (INE), esa institución tan respetable, ironizó (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.12)
Las inversiones de Estados Unidos en México se frenarán solo si hay una decisión política desde la Casa Blanca, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien mencionó que el debate energético frena capitales.
“Estaba leyendo una declaración que a lo mejor ni lo dijo el embajador, que van a frenarse las inversiones, eso solo que haya una decisión política de la Casa Blanca, así, una ruptura”, dijo.
En la conferencia mañanera, el mandatario mencionó que aún si se tomara esa decisión, México mantendrá la entrada de capital extranjero porque tiene condiciones inmejorables para recibir empresas foráneas. (Pedro Domínguez, Milenio, Negocios, p.21)
Para evaluar la situación de los derechos humanos de los desplazados internos en el país, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en esta materia, Cecilia Jimenez-Damary, visitará México del 29 de agosto al 9 de septiembre próximo.
Estará en la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, además de reunirse con altos funcionarios de gobierno, ONG, personas desplazadas y comunidades afectadas por esta situación, informó la el Alto Comisionado de ONU-DH. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.14)
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) es conocido como el banco de los organismos centrales, pues les ofrece servicios financieros, pero lo más importante es que utiliza su poder de convocatoria para presentar un foro para debatir la estabilidad monetaria y financiera.
Con la inflación que alcanza máximos de varias décadas tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, la opinión del BPI de que las naciones corren un gran riesgo de que los precios se mantengan altos por más tiempo de lo esperado, llegó a los titulares a principios del verano.
Su gerente general, Agustín Carstens, dijo que en lugar de pensar que el indicador puede subir y bajar suavemente, era más probable que se mantenga en un mundo favorable de baja inflación en torno a los objetivos del banco central de 2 por ciento o en una zona peligrosamente alta. (Cris Giles, Milenio, Negocios, p. 24)
La batalla por Coahuila ha comenzado. Posicionado en el primer círculo de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y siendo el responsable operativo de la seguridad pública del país, el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja confía en que el proceso interno de Morena le favorecerá y será quien comande las fuerzas guindas rumbo a la gubernatura.
También afirmó que ha habido 18 años del control férreo de una sola familia en el estado; se refiere a la familia Moreira, que ha dominado la vida política, sindical y económica de la entidad. Dice que está preparado para que junto con Morena se deje atrás “la noche oscura del moreirato” en Coahuila, porque está “acostumbrado a enfrentar a criminales y estos son criminales políticos”.
Mejía Berdeja señaló que tiene todas las condiciones para lograr la candidatura, pero de no ser así, apoyará al abanderado de su partido. Se trata de una baraja que incluye al senador Armando Guadiana y al ex panista Luis Fernando Salazar. (Edgar Ledesma, Milenio, Política, p.14)
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que hay delitos que definitiva y categóricamente deben tener prisión preventiva oficiosa, como son los graves, entre ellos los referidos a corrupción, pero hay otros menores que deberían ser excluidos.
Ante el debate provocado luego de que el ministro Luis María Aguilar propuso declarar inaplicable la prisión preventiva oficiosa y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra, Sánchez Cordero confió en que las y los ministros del máximo tribunal del país tomarán una decisión adecuada.
Entrevistada en el Senado, sostuvo que desafortunadamente se fueron agregando, de manera indiscriminada delitos y delitos que no ameritan la aplicación de esta medida cautelar. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.4)
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad México (AICM) y las aerolíneas que operan en él acordaron disminuir temporalmente de 61 a 52 las operaciones por hora entre las 7 y las 22:59 horas a partir del 31 de octubre, al comenzar la temporada de invierno.
El objetivo, detalló la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, es mejorar la calidad de servicios de atención al público en general. La resolución será puesta a consideración de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para su sanción y aprobación final.
En un comunicado, la dependencia explicó que el acuerdo de reducir operaciones se convino durante la segunda sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM, que encabezó el vicealmirante retirado Carlos Velázquez Tiscareño, y en el que participaron la mayoría de las aerolíneas de esa terminal. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 18)
Organizaciones como Amnistía Internacional México (AI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos respaldaron que se revise la figura de prisión preventiva oficiosa, ya que –coincidieron– su uso se ha convertido en la regla y no en la excepción, lo que ha llevado a que personas pasen muchos años en prisión antes de ser sentenciadas, no reduce la impunidad, ni genera condiciones adecuadas para que el Ministerio Público investigue y sostenga un caso hasta que haya sentencia.
AI México resaltó que el proyecto que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –propuesto por el ministro Luis María Aguilar–, que plantea dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, al considerar que esta práctica atenta contra los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y los derechos humanos, representa un avance en esta materia.
Indicó que en el país hay personas que pueden estar en prisión preventiva por más de 10 años y después de ese tiempo ser liberadas por ser inocentes. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.4)
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 que se entregará a la Cámara de Diputados el próximo 7 de septiembre es equilibrado, responsable y realista, y su objetivo es apuntalar la recuperación económica del país bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad, señaló ayer el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Subrayó que los gastos operativos y no sustantivos se mantendrán en niveles que permitan la operatividad de la administración pública, dado que la mayoría de los recursos se dirigirán a los proyectos esenciales, en beneficio de la población.
Señaló así que aumentará la cobertura de programas sociales, se seguirán impulsando los proyectos de infraestructura y se dará prioridad al sector salud. En particular, dijo, se asegurarán recursos para la vacunación ordinaria y contra el covid-19. (Georgina Saldierna y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.6)
Aunque se tenía previsto que ayer los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dieran a conocer su postura sobre el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso, así como las últimas acciones que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, será hasta hoy que se pronuncien, al cumplirse siete años y 11 meses de los hechos perpetrados en Iguala, Guerrero.
En el marco de la marcha que efectúan mensualmente en la Ciudad de México, habrá un primer pronunciamiento conjunto sobre las conclusiones preliminares del informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, el 18 de agosto pasado, que, entre otras cosas, expone que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que no hay indicios para afirmar que los 43 estudiantes estén vivos.
La movilización saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez. La cita es a las 16 horas y se espera la presencia de alumnos de diferentes normales rurales, así como de diversas organizaciones. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.8)
En el nuevo plan de estudios para prescolar, primaria y secundaria no hay nada perverso ni se busca crear una ideología absurda, expresó Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien confirmó que en pocos días dejará el cargo.
Al inaugurar la 55 reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, último encuentro que presidió como secretaria, rechazó la campaña de desinformación contra la nueva propuesta curricular incluso antes de que se inicie el ciclo 2022-2023. Tenemos estrategia y rumbo claro hacia dónde debemos avanzar, aseguró.
Las críticas me duelen profundamente porque no están afectando a una secretaria o a una secretaría de Estado; (el plan) es producto de un esfuerzo de miles de maestros y muchos especialistas que merecen nuestro reconocimiento. Se me hace muy injusto que quieran afectar algo que se ha hecho con mucho amor, profesionalismo y con deseo vehemente de ofrecer algo mejor a nuestros niños, indicó Gómez Álvarez. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.18)
Al llegar a la veintena de foros de análisis rumbo a la reforma electoral, especialistas analizaron la posibilidad de eliminar los institutos y tribunales electorales estatales, uno de los puntos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca disminuir en más de 50 mil millones de pesos el gasto en la materia.
En la mesa realizada en la Cámara de Diputados, distintos ponentes, incluidas personas responsables de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople), presentaron argumentos según los cuales no conviene al país eliminarlos porque habría afectaciones graves a la democracia.
Sin embargo, también en este parlamento abierto se habló de la falta de eficiencia en las autoridades locales, como lo señaló Eric Guerrero, docente de la Univdep. No podemos tener medidas cautelares expeditas por que los Ople no están resolviendo en tiempo. (Fabiola Martínez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.10)
El tribunal colegiado en materias de trabajo y administrativa de Yucatán declaró infundado el recurso de queja que promovió la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con el que pretendía que se frenaran las obras en el tramo 5 del Tren Maya, de Playa de Carmen a Tulum.
Por separado, el titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, Adrián Pérez Novelo, pospuso por tercera ocasión la audiencia en la que determinaría si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional. El juez aplazó la audiencia para el próximo 9 de septiembre.
En tanto, los magistrados del colegiado confirmaron el fallo de Novelo Pérez, quien el pasado 3 de agosto negó a DMAS la suspensión del acto reclamado en ampliación de demanda (César Arellano García, La Jornada, Política, p.10)
El enfrentamiento registrado en Tuzantla, Michoacán, con un saldo de ocho personas muertas ocurrió como consecuencia de la disputa entre dos facciones de La Familia michoacana que están en pugna por el control de esa región, afirmó el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. En esa entidad se detuvo a seis personas por el despliegue policiaco y militar, analizándose su posible vinculación.
Durante la conferencia presidencial, el funcionario también informó que el juzgado de control correspondiente negó la madrugada de ayer la vinculación a proceso por delito federal de José Bernabé N, alias La Vaca, quien es el principal instigador de violencia en el estado de Colima y que fue detenido en la Ciudad de México en flagrancia. Manifestó que se apelará la decisión, pero que por ahora permanecerá recluido porque enfrenta otras causas del fuero común, como asesinato.
En este contexto, Mejía Berdeja defendió la importancia de la prisión preventiva oficiosa porque siempre se trata de una batalla permanente de todas estas fuerzas de seguridad y, sobre todo, pensando en las víctimas; es injusto que después de que se hace este esfuerzo luego sean liberados. Estuvo a punto de que en este caso se hubiera liberado. El combate a la impunidad no acaba con las detenciones y con los despliegues, se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales hasta que estos deriven en sentencias. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.11)
El juzgado primero de distrito en el estado de Campeche le concedió al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una suspensión provisional para obtener acceso a la carpeta de investigación en su contra, ya que la fiscalía general del estado lo acusa de enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de cárcel.
El priísta promovió el juicio de amparo el pasado 22 de agosto contra el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche y entre los actos que reclama está la negativa de tener acceso a la carpeta de investigación.
Se concede la suspensión provisional para efecto de que, en caso de ser la persona investigada o indiciada, se le permita el acceso, a él o a su defensa, a la carpeta de investigación C.I./139-2022/FECCECAM, que, al parecer, se sigue en su contra, señala el acuerdo del impartidor de justicia. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.12)
Va a ser una gran revolución, algo excepcional, llevar Internet gratuito a todos los rincones del país, incluidas las comunidades más apartadas y vulnerables, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto se concretará, enfatizó, porque el Estado mexicano adquirió 61 por ciento de las acciones de la empresa Altán Redes, que se vinculará con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en particular su nueva filial Internet para Todos, para el uso de la red.
En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, dijo que con el apoyo de los trabajadores electricistas, con quienes se reunirá este fin de semana en seis puntos del país (Chiapas, Veracruz, estado de México, Nayarit, Sinaloa y Nuevo León), se alcanzará el objetivo de llevar Internet a todo el territorio nacional, para lo que se montarán 5 mil antenas a fin de ampliar la cobertura. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.12)