La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través su Misión de Visitantes Extranjeros, desplegados a partir de este miércoles en México para seguir de cerca el proceso electoral, lamentó el contexto de violencia por el que atraviesan las campañas, al tiempo de convocar a todos los involucrados a evitar los discursos de intolerancia política.
El grupo encabezado por el argentino Santiago Cantón, sostuvo en días previos conversaciones virtuales con representantes de partidos políticos, consejeros del INE, así como con el fiscal para Delitos Electorales de la FGR, José Agustín Ortiz Pinchetti y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, para escuchar diversas opiniones acerca del contexto en que se lleva a cabo la campaña electoral y los preparativos para los comicios.
“La Misión manifiesta su profunda preocupación por los incidentes de violencia que se han presentado en distintas partes del país en el contexto del proceso electoral y lamenta la pérdida de vidas humanas.
“En este sentido, la Misión hace un llamado a todos los sectores políticos a erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recursos de contienda política. La violencia no tiene lugar en la democracia”, subrayó.
A través de un comunicado, la Misión de la OEA destacó que desde hace décadas, México ha experimentado transiciones políticas exitosas gracias al desempeño de instituciones electorales independientes que han permitido la alternancia del poder, gracias al respeto de la voluntad ciudadana. “Varias generaciones de mexicanos y mexicanas han contribuido al fortalecimiento de los valores democráticos”. (Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p.6)
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer la cancelación de tres candidaturas a diputaciones federales por haber cometido violencia política de género, tener sentencia firme por el ilícito y haber mentido al organismo sobre el tema.
Por otra parte, advirtió que los organismos públicos locales de Aguascalientes, Ciudad de México y Michoacán siguen presentando problemas presupuestales debido a los recortes que sufrieron, de tal manera que enfrentan una situación de riesgo considerable con respecto al desarrollo de las actividades del proceso comicial en curso.
En sesión, Lorenzo Córdova, consejero presidente, manifestó que el INE descubrió a candidatos que tenían sentencias firmes por haber cometido violencia contra mujeres y le habían mentido a la autoridad electoral al respecto. Sus declaraciones 3 de 3 –en las que declararon no haber agredido a integrantes del sexo femenino– estaban equivocadas.
Desde que se aprobó la resolución 3 de 3 se señaló que una de las consecuencias sería la cancelación de la candidatura, así que no hay engaño para nadie, subrayó. (Georgina Saldierna y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.4)
A 10 días de las elecciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfrenta una huelga y el cierre de su sede nacional por trabajadores que reclaman su despido derivado de las medidas que ese instituto político tomó ante la reducción de sus prerrogativas.
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del PRD colocaron banderas rojinegras en el inmueble perredista, en la avenida Benjamín Franklin 84, aunque la dirigencia perredista trató de desconocer el movimiento. La cúpula del sol azteca atribuyó el paro a intereses políticos y sostuvo que ha atendido todas y cada una de las solicitudes y, pese a ello, el gremio está generando acciones ilegales contra el personal que se encuentra dentro de nuestras instalaciones. En contraste, los trabajadores insisten que ya un tribunal colegiado en materia laboral reconoció la legalidad del contrato colectivo, así como la toma de nota de la dirigencia. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.5)
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, como parte de la octogésima acción global para demandar la presentación con vida de los jóvenes.
La jornada se llevó a cabo en medio de protestas y repudio por la vinculación a proceso y prisión preventiva que un juez impuso a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y a dos indígenas desplazados del municipio de Chenalhó, detenidos el 18 de mayo cuando bloqueaban la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.
Al cumplirse seis años y ocho meses de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, los padres de los 43 partieron del monumento de la victoria alada poco después de las cuatro de la tarde, acompañados por otras organizaciones, como la Asamblea Nacional Popular y estudiantes de normales rurales, como la de Mactumactzá, quienes señalaron que si las autoridades no liberan a sus compañeros, impedirán que se realicen las votaciones en Chiapas. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.7)
La Unión Europea (UE) denunció ayer formalmente a AstraZeneca por violación flagrante del contrato por la compra de vacunas contra el Covid-19 y solicitó se aplique a la empresa una multa de por lo menos 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares), más una penalidad adicional de 10 euros por dosis por día de retraso si no se respeta el calendario de entregas. La farmecéutica anglo-sueca negó haber cometido cualquier violación.
Los abogados de ambas partes se vieron frente a frente al inicio de la jornada de ayer ante un juez de medidas provisionales, en el tribunal de primera instancia de Bruselas.
AstraZeneca entregó en el primer trimestre sólo 30 millones de dosis de los 120 millones que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre sólo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos, según la UE.
Los 27 países miembros reclaman recibir las dosis prometidas para el primer trimestre de 2021. La UE considera que el laboratorio tendrá que pagar multas si no cumple con el calendario. (Afp, Ap, Reuters y Sputnik, La Jornada, Política, p.9)
Una mujer que fue obligada a practicarse la ligadura de trompas en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtuvo un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), para que se sancione a los médicos responsables y sea indemnizada por los daños que sufrió.
En 2017 fue atendida en el Hospital General de Zona Número 9 del IMSS en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tras cuatro días de trabajo de parto le advirtieron que no entraría al quirófano hasta que aceptara también ser sometida a una oclusión tubaria bilateral (OTB), método anticonceptivo permanente.
La paciente, señaló en su denuncia que fue presionada para que ella y su esposo accedieran al procedimiento. “La doctora me reclamó con un tono brusco por supuestamente ser una irresponsable, dijo que cómo era posible que a esas alturas no hubiese hablado con él: ‘¿cuántos días más quieres durar aquí?’. Yo me quedé callada y la galena manifestó: ‘ahorita yo voy a salir a hablar con tu esposo, sólo espero que no sea un macho de esos que no entienden, y es más, si no, así te vas a quedar, a ver hasta qué horas te alivias’”. (Eduardo Murillo y Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.12)
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó a Jose Luis Horta, juez federal que estuvo adscrito al distrito de Baja California por dejar en libertad a personas involucradas en el acopio y transporte de múltiples armas de fuego y cartuchos, y no vincularlos a proceso.
El CJF informó que tras una investigación profunda y un debido proceso sobre el caso determinó que el juzgador incurrió en un error inexcusable conforme a la normativa del Poder Judicial de la Federación, debido a que el juez dictó su resolución con base en un tipo penal distinto al expuesto por la Fiscalía en su acusación. Con ello, el juez actuó en contra de constancias y se apartó de los hechos denunciados. Una clara desviación a la ley que no será tolerada.
El CJF reiteró que lo primordial para el pleno y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es generar confianza en la ciudadanía sobre sus juzgadores. Confianza en su imparcialidad, independencia y autonomía. Parte importante de la construcción de esa confianza pasa por la absoluta integridad de sus servidores públicos y su profesionalismo. Estamos convencidos de que el servicio público de la procuración de justicia se debe completamente al bienestar y dignidad de la gente. Y ahí, la falta de integridad no tiene cabida. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.13)
Miles de personas marcharon ayer en capitales y municipios de los 32 departamentos de Colombia para exigir al gobierno del presidente Iván Duque apoyo económico a los pobres y otras medidas sociales, en una nueva jornada de protestas que cumplen casi un mes en el país y que han dejado decenas de muertos.
Los manifestantes exigieron avances en el denominado Pliego Nacional de Emergencia, que es coordinado por el Comité Nacional del Paro (CNP), uno los principales grupos líderes de las movilizaciones, el cual está conformado por sindicatos, estudiantes, docentes e indígenas.
Las demandas incluyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, una moratoria en el pago de hipotecas y servicios públicos durante cuatro meses y la derogación de las medidas de emergencia que, según los líderes de la protesta, han empeorado las condiciones de trabajo durante la pandemia de Covid-19, cuya tercera ola está en su punto más álgido tras registrar 514 fallecidos y 23 mil 487 casos en 24 horas. (Reuters, Europa Press, afp y Prensa Latina, La Jornada, Política, p.21)
Raciel Pérez Cruz, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México –que conforman los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza– para relegirse como alcalde, se quejó de ser objeto de una campaña racista y clasista, que incluye la colocación de anuncios espectaculares en distintas vialidades de Tlalnepantla que aluden a su color de piel y origen modesto.
En un comunicado, el abanderado responsabilizó de esta estrategia a la alianza Va por el Estado de México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
A su vez, el equipo de campaña de Pérez Cruz destacó que en diversos lugares del municipio aparecieron anuncios espectaculares que menosprecian el origen humilde y la piel morena del aspirante, con una clara violación al derecho que tiene todo ciudadano a contender por un cargo de elección popular sin importar el color de su piel y su estrato social.
Pérez Cruz afirmó en su boletín que, como la mayoría de los mexicanos y los habitantes de Tlalnepantla, se siente orgulloso de su tez morena, y recordó que en diversas ocasiones ha manifestado que antes de iniciar sus estudios de licenciatura trabajó de obrero en una empresa metalúrgica. (Silvia Chávez González, La Jornada, Estados, p.24)
Con el retiro de las concesiones en el cobro por derechos del servicio de agua, el Gobierno de la Ciudad de México logró recaudar 779 millones de pesos por adeudos de grandes contribuyentes, y aún tiene previsto recuperar una cartera por 330 millones.
La secretaria de Finanzas y Administración, Luz Elena González, detalló que en lo que va del año se obtuvieron recursos por 4 mil 452 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8 por ciento adicional a lo programado en este rubro.
Afirmó que, al retomar el control de los cobros por el servicio de agua a partir del 1º de junio, se enfocará y mejorará el control de adeudos de los grandes consumidores, principalmente de uso comercial y mixto, como ya se comenzó a hacer durante el periodo de transición.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, señaló por su parte que, además, habrá ahorros de alrededor de 350 millones de pesos a partir de 2022 –casi la mitad del presupuesto destinado al pago que se realizaba a cuatro empresas que ascendía a 770 millones de pesos–, y de 100 millones en el último semestre de este año. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Capital, p.27)