Como parte de la conferencia presidencial de ayer, se presentaron tres obras a inaugurar sin la presencia de López Obrador por la carga de trabajo. Entre ellas destaca el entronque La Pera-Cuautla, que va desde la curva conocida con ese nombre, en la carretera México Cuernavaca a Cuautla. También se informó del avance de 90 por ciento en el nuevo Archivo General Agrario y que mañana se inaugurará el Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar Kalan. (Con información de Alonso Urrutia y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.5)
El próximo 1 de octubre se realizará el cambio de poder en la Cámara de Diputados, que sesionará en modalidad de Congreso general para que Claudia Sheinbaum tome posesión de la Presidencia de la República y Andrés Manuel López Obrador termine oficialmente su mandato.
La primera presidenta en la historia del país accederá a la Cámara Baja por la entrada principal, ubicada sobre la avenida Congreso de la Unión, en donde será recibida por una comisión de recepción y cortesía, que estará integrada por seis diputados y seis senadores.
Esta misma comisión también recibirá al presidente López Obrador y lo conducirá al pleno antes de que llegue la presidenta electa. (Enrique Gómez, El Universal, Nación, p.6)
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de irresponsable la propuesta que hizo el senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, de tipificar el delito de narcoterrorismo, porque en el fondo se abre la puerta para que otros países tengan injerencia en México en cuestiones de narcotráfico: si hay actos aquí en nuestro país, pueden venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización de Estados Unidos, Rusia o China.
Durante la última conferencia convencional que ofreció en Palacio Nacional –pues la del lunes se dedicará al jolgorio y bailongo por tratarse de la despedida–, López Obrador consideró que si se puede calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no sólo por delincuentes organizados sino por cualquier persona, por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esto es una violación flagrante a nuestra soberanía, eso nunca se debe permitir. Por eso no quería dejarlo pasar.
Por otro lado, ratificó también sus críticas al ex presidente Ernesto Zedillo quien afirmó que la pobreza en México se redujo por el incremento de las remesas desde Estados Unidos y por los muertos en la pandemia, desestimando el impacto de los programas sociales. (Alonso Urrutia y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.10)
La próxima semana se votarán en el Congreso cuatro reformas del llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Senado tiene previsto avalar las minutas sobre los incrementos al salario mínimo por arriba de la inflación y la que busca elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ambas fueron recibidas por el pleno senatorial en la sesión vespertina del martes pasado y turnadas a comisiones, y legisladores de Morena y sus aliados consideraron que pueden aprobarse por unanimidad, como ocurrió en la Cámara de Diputados. (Andrea Becerril y Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.11)
Los congresos de Chihuahua, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur se sumaron a la aprobación de la reforma que deja a la Guardia Nacional bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Entre miércoles y jueves las avalaron también los diputados locales de la Ciudad de México, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Campeche, Baja California, Guerrero, Durango, Sinaloa, Colima y Oaxaca, así como Yucatán, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y estado de México.
Con ello van 25 legislaturas que han dado el visto bueno a ambas enmiendas, seis más de las que son requeridas para que la Cámara de Diputados formule las declaraciones de constitucionalidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador las remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación. (De los Corresponsales y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.11)
Al asegurar que hay un “desparpajo” de jueces, magistrados y ministros que fomentan la ilegalidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice una campaña “casa por casa” para informar a la población sobre las elecciones inéditas de los miembros del Poder Judicial.
Delineó, durante la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, que los recursos para organizar la elección de los integrantes del sistema judicial saldrían de los fideicomisos del Poder Judicial que son 20 mil millones de pesos, y de la extinción de organismos autónomos.
“Ojalá el INE pueda entregar información casa por casa, podría hacerse una campaña, pero eso yo no tengo conocimiento de cómo se haría, pero la verdad siempre se abre paso y ya la gente está muy informada”, explicó. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.10)
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) documentó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de 2019 a septiembre de 2024, se registraron 821 víctimas, mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto sólo fueron 105, lo que representa un aumento de 716 mujeres, un total de 682%.
La comisión explica que estas agresiones fueron de índole económico, físico, patrimonial, sicológica, sexual; incluso fueron agredidas o amenazadas de causarles daño con ácido u otras sustancias inflamantes similares a la gasolina.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 se reportaron 65 casos de violencia contra mujeres; en 2020, 115; en 2021, 131; en 2022, 179; en 2023, 272; y de enero a septiembre de 2024 hubo 59 registros. (Daniela Wachauf, El Universal, Nación, p.4)
Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, advirtió que la política exterior de España defenderá siempre la jefatura del Estado, representada en el rey Felipe VI, en referencia a la crisis diplomática con México por no invitar al monarca a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
La administración del socialista Pedro Sánchez informó además que el martes pasado elevó una nota verbal al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, en la que expresó su malestar por la decisión de las autoridades mexicanas.
En comparecencia desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, Albares confirmó que la nación ibérica no enviará ninguna delegación oficial a la toma de posesión de Sheinbaum. España, desde luego, quiere mantener las mejores relaciones con un pueblo hermano como el de México, pero no vamos a aceptar que haya una representación distinta a la del jefe de Estado. Además, afirmó: mientras yo sea ministro, la política exterior defenderá siempre a nuestras instituciones, empezando por la más alta, la jefatura del Estado. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Política, p.3)
Para todos aquellos que decidieron obtener la nacionalidad española es requisito jurar obediencia o fidelidad al rey Felipe VI, a la Constitución y las leyes españolas.
Así lo estipula el marco legal actual, una vez que el solicitante haya obtenido fallo favorable del Ministerio de Justicia, y acto seguido, se deberá renunciar a la nacionalidad de origen, salvo en los casos en que España tenga convenio de doble nacionalidad, como con México.
El peticionario debe acudir a la oficina del Registro Civil correspondiente al domicilio donde se encuentre empadronado. La jura de fidelidad al rey no puede realizarse en consulados de España en el exterior, por lo que deberá viajar al país ibérico a terminar el trámite. El plazo para cumplir el requisito es de 180 días siguientes a la notificación del fallo del Ministerio de Justicia, encargado de conceder la nacionalidad y después solicitar que sea inscrita en el Registro Civil. (Sanjuana Martínez, La Jornada, Política, p.3)
El costo de elegir por voto directo a jueces, ministros y magistrados podría cubrirse en parte con los fideicomisos del Poder Judicial, en los cuales hay fondos por alrededor de 20 mil millones de pesos, así como con los recursos que actualmente se destinan a los organismos autónomos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa matutina de ayer, se le preguntó cuánto costarían las campañas.
Puntualizó que uno es todo aquello que tienen en los fideicomisos los del Poder Judicial, que es para pagar los privilegios, para que ganen cuatro veces más que el Presidente y vivan colmados de atenciones y de privilegios. Creo que son 20 mil millones, de ahí puede salir. No es que vayan a costar 20 mil millones de pesos las elecciones, pero ahí hay recursos suficientes. (Alonso Urrutia y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.9)
Senadores de Morena respaldaron la decisión de Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey de España a su toma de posesión.
Sin un reconocimiento y una disculpa de la corona española por las atrocidades cometidas durante tres siglos en lo que hoy es territorio mexicano, la presencia de Felipe VI sería inaceptable para nosotros, descendientes de los pueblos originarios, comentó el oaxaqueño Antonino Morales.
Igual postura comparten los otros senadores indígenas de Morena, entre ellos Edith López Hernández, quien considera plenamente justificado que la invitación a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo federal se haya hecho al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Morales recordó que en el contexto del bicentenario de nuestra Independencia, y con el noble objetivo de reconciliar a ambas naciones con su pasado común, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una respetuosa y contundente comunicación al rey Felipe VI para establecer una ruta conjunta y redactar un nuevo relato sobre nuestra historia compartida. Sin embargo, recibió una respuesta displicente. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.4)
La grandeza de los pueblos originarios se recuperó con el trabajo y voluntad de los gobiernos de Sonora y de México, que, encabezados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, lograron la restitución de los derechos de los que fueron despojados décadas atrás etnias como la yaqui, misma a la que ayer le fue entregado el acueducto y el Distrito de Riego 018, como parte del Plan de Justicia Yaqui.
Durante la última gira del presidente López Obrador, el gobernador Alfonso Durazo Montaño agradeció todo el apoyo demostrado a Sonora en su sexenio, que hoy se traduce en el bienestar y desarrollo para las comunidades y familias sonorenses, a través de la implementación de los planes de justicia, el respaldo al Plan Sonora con la modernización del puerto de Guaymas, las plantas solares, la construcción de nuevas carreteras e infraestructura médica que han hecho que Sonora viva su mejor momento.
Ante los gobernadores étnicos y en un hecho histórico, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que, tras 80 años, con el Plan de Justicia Yaqui se restituyen los derechos del agua a la etnia, pues el Distrito 018 beneficiará a 42 mil 200 pobladores y será el primero administrado por un pueblo originario, como reconocimiento a su responsabilidad, autonomía y capacidad de autogestión. (De la redacción, La Jornada, política, p.11)
Tras responsabilizar de nuevo a Estados Unidos porque tomó una decisión incorrecta que generó la violencia en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal seguirá actuando con las fuerzas armadas en la entidad para evitar los enfrentamientos entre grupos criminales porque “nos duelen todas las pérdidas de vidas humanas“.
Desde El Rosario, Sinaloa, ratificó su respaldo al gobernador Rubén Rocha, y confió en que pronto regrese la calma en la entidad, porque durante todo el Gobierno no hubo ningún problema y al final por una decisión que se fraguó en el extranjero (acuerdo de EU con Joaquín Guzmán López) se desató la violencia.
“Una decisión que no fue correcta y se fraguó en el extranjero, por eso no aceptamos el injerencismo, no somos colonia, somos un país independiente y soberano”, dejó en claro durante su mensaje en la inauguración de la zona de riego de la presa “Santa María”. (Sergio Ramírez, La Razón, Informativa, p.12)
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) trabaja en el perfeccionamiento de las indagatorias iniciadas entre 2014 y 2015 y actuará nuevamente contra 65 personas que estuvieron directamente relacionadas con la privación ilegal de la libertad y desaparición de los 43 normalistas deAyotzinapa, entre ellos líderes de Guerreros Unidos; el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, revelan informes y autoridades consultadas por La Jornada.
A partir de esta labor se espera que hacia finales de 2025 comiencen las etapas de conclusión o de sentencia contra los implicados en la desaparición, con los nuevos indicios recabados, indicaron autoridades entrevistadas con base en expedientes e informes que se han elaborado en conjunto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
A la fecha se han integrado más de 300 pruebas en los expedientes principales para sustentar las acusaciones contra los involucrados en la desaparición. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.7)
Chihuahua, Chih., El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua inhabilitó ayer para ejercer cargos públicos por un año al ex panista Javier Corral, al considerar que cometió la falta grave de responsabilidad administrativa denominada enriquecimiento ilícito oculto, cuando fue gobernador entre 2016 y 2021; sin embargo, el senador por Morena gozará de fuero durante seis años en el Senado.
Inicialmente, Javier Corral fue denunciado por el diputado local priísta Omar Bazán en 2019 y luego en 2022, quien lo señaló ante la Secretaría de la Función Pública estatal por la compra de un terreno del que no informó en sus declaraciones patrimoniales.
El ahora ex diputado Omar Bazán señaló que espera que el ex gobernador no apele la sentencia. (Jesús Estrada, La Jornada, Política, p.12)
Los destrozos realizados durante la marcha por el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejaron daños en 40 negocios de la capital, que ascienden a 34 millones de pesos, reportó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
Adicionalmente, el organismo estimó que más de 7 mil establecimientos se vieron afectados en sus ingresos, por lo que aunado a las pérdidas materiales, se estima un impacto económico de 21 millones de pesos por las ventas no realizadas.
El presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, lamentó que a la manifestación por la exigencia de justicia para los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, se hayan infiltrado grupos vandálicos “que no vacilaron en destruir establecimientos comerciales, arrojar artefactos explosivos y saquear tiendas”. (Redacción, La Razón, México, p.7)
El diario británico Financial Times hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos a intervenir en México para salvar la frágil y joven democracia mexicana; de no hacerlo, afirma, Washington puede pagar un alto precio.
En un editorial publicado el jueves pasado, el diario argumenta que el actual y el próximo gobierno de México están en un proceso para desmantelar el Poder Judicial y eliminar una serie de instituciones de control y equilibrio de poder.
En el texto titulado México se desvía de Norteamérica: Washington debería preocuparse, el rotativo afirma que la apuesta de Claudia Sheinbaum por la Cuarta Transformación pone en riesgo décadas de reformas, en referencia al apoyo que la mandataria electa –quien el próximo martes asumirá como la primera presidenta en México– ha dado a las reformas constitucionales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, en particular a la del Poder Judicial, que recientemente fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso y promulgada el pasado 15 de septiembre por el Ejecutivo federal. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.5)
Un juez federal canceló por falta de elementos el proceso iniciado a Gerardo Sosa Castelán por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte con recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Tres meses antes de que iniciara el juicio, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó o canceló el proceso al político hidalguense, en un fallo con alcance de sentencia absolutoria.
En una audiencia de sobreseimiento celebrada el miércoles pasado, a solicitud de Sosa Castelán, el juez llegó a la conclusión de que el material probatorio aportado en el proceso desestimaba la acusación y ya no era necesario llegar a juicio. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.2)