Con el voto de Morena, Encuentro Social, PT, PRD y parte del PRI y del PVEM, el Senado aprobó la minuta que otorga mayores facultades a la Secretaría de Marina (Semar), entre ellas la administración y el control de los puertos del país, y remitió esa iniciativa al Ejecutivo federal para su promulgación.
El PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, bajo el argumento de que se militarizarán los puertos. Sin embargo, al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el priísta Eruviel Ávila, rechazó los señalamientos y pidió un voto de confianza a la Semar, ya que no se atenta contra la Constitución.
La legisladora Mónica Fernández (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación, subrayó en el pleno que este tema se ha vuelto un poco controversial, pero con esta transferencia de facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Semar no se vulnera de forma alguna lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, ya que las citadas atribuciones las ejercerá la Marina y no la Armada de México.
El panista Julen Rementería expresó: no puede ser que simplemente vayamos camino a la militarización de absolutamente todo en este país. Al rato en cualquier actividad que se antoje con el estandarte de la corrupción, se pretenderá que aprobemos que las fuerzas armadas, la Marina o el Ejército, tengan la responsabilidad de llevar a cabo estas administraciones. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.4)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los gobernadores de la Alianza Federalista ponerse a trabajar para el beneficio de sus comunidades, sobre todo en este momento de crisis económica y sanitaria que vive el país, y señaló que no sólo es inconstitucional romper el pacto federal, sino que no hay razón o argumento para ello.
La mandataria capitalina sostuvo que desde su perspectiva es un asunto meramente electoral, por lo que los gobernadores deberían dejarlo a sus partidos políticos para el momento en que inicien las campañas, porque ellos no son los que van a competir.
Señaló que no ha habido ningún tipo de favoritismo para alguna de las 32 entidades por parte del gobierno federal, como lo demuestran los apoyos que se han tenido para atender la pandemia por Covid-19. “Nos consta que independientemente del partido del que provengamos (…) ha habido una atención permanente a todos los gobiernos por parte de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste y del Insabi”. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Política, p.4)
En comisiones, el Senado aprobó ayer en lo general la Ley de Ingresos y el paquete económico de 2021, aunque es probable que en el pleno se hagan cambios a la minuta que remitió la Cámara de Diputados, ya que Morena prepara modificaciones, sobre todo en lo que se refiere a medidas que, a juicio de la oposición e incluso de legisladores del grupo mayoritario, llevan al terrorismo fiscal.
Durante la reunión, senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron las nuevas facultades que se otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que permiten el uso de aparatos para grabar y filmar durante las visitas domiciliarias a contribuyentes, y rechazaron las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.7)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública liberará en noviembre próximo alrededor de mil 600 millones de pesos para el conjunto de las universidades públicas estatales, a fin de cubrir el aumento salarial que se otorgó este año a los trabajadores universitarios y cuyos recursos no fueron incluidos en el presupuesto ordinario a estas instituciones de educación superior.
Este retraso en la entrega de los recursos federales es una de las causas que genera una enorme presión financiera e incertidumbre sobre las universidades públicas estatales, pues las negociaciones de revisión salarial con sus sindicatos son pagadas sin tener el respaldo financiero correspondiente, esperando que el presupuesto para atender la política salarial se entregue en algún momento del año. Esto es así todos los años, de manera reiterada.
La liberación de los recursos se informó en una reunión de secretarios generales de sindicatos agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que pretendían abordar con legisladores de ambas cámaras el tema del presupuesto 2021 y el otorgamiento de fondos extraordinarios a las universidades públicas estatales, a fin de poder cubrir las nóminas y prestaciones decembrinas en lo que resta del año. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.9)
De cara a los comicios del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ayer que los aspirantes a un puesto de elección popular deberán, para ser candidatos, firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que se establezca que no han sido sancionados por cometer violencia familiar o delitos sexuales, así como tampoco ser deudores de pensiones alimenticias.
También se decidió que el financiamiento público para sus campañas al que tendrán acceso las mujeres candidatas a diputadas federales y locales y a presidencias municipales no podrá ser menor a 40 por ciento del total destinado por cada partido o coalición electoral.
Por lo que hace a los tiempos en radio y televisión, se acordó que el espacio al que tendrán acceso las aspirantes tampoco será menor a 40 por ciento asignado por cada fuerza política o alianza. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.10)
Este miércoles entró en vigor el acuerdo por el que se expide la convocatoria de consulta popular para enjuiciar a ex presidentes.
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, menciona el llamado a los ciudadanos a participar en esta consulta –promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador– a realizarse el domingo primero de agosto de 2021, de ocho de la mañana a las seis de la tarde.
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual será la única instancia calificadora.
La pregunta definitiva que se formulará será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos humanos de las posibles víctimas?” (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.10)
El calendario de actividades de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) destinado a la compra consolidada de medicamentos del sector salud mexicano señala que entre el 16 y 31 de octubre se invitaría a la negociación de los productos de patente y se realizarían los procesos de licitación de genéricos, pero hasta ayer la industria farmacéutica no tenía ninguna noticia del organismo internacional.
Esta mañana participan en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador los funcionarios de la UNOPS, para presentar los avances del proceso y las siguientes etapas.
La primera y hasta ahora única información que los fabricantes han tenido por parte de esa oficina de la ONU se dio en la sesión del pasado 5 de octubre, donde Giusseppe Mancinelli, director regional del organismo, comentó algunos datos del sondeo de mercado que se realizó en los días previos; Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ente responsable por parte del gobierno federal de la adquisición de medicamentos y material de curación, informó que se destinarán 100 mil millones de pesos a este primer ejercicio.
La UNOPS y el Insabi firmaron un convenio de colaboración por medio del cual la agencia de Naciones Unidas organizará la adquisición de medicamentos y material de curación para el periodo 2021 a 2024. Podrán participar fabricantes de México y el extranjero. El objetivo del gobierno, de acuerdo con el Ejecutivo federal, es conseguir los productos a los precios más bajos y terminar con los monopolios que se crearon en el país. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.15)
Entre 1995 y 2020 se han reportado en el país 560 conflictos socioambientales, 500 agresiones contra ambientalistas y 153 asesinatos, señaló Víctor Toledo, ex secretario de Medio Ambiente, en la cátedra Repensar la democracia en el mundo actual, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
En su exposición, transmitida por redes sociales, el investigador señaló que se necesita erradicar la democracia burguesa, un mecanismo de explotación en el que uno por ciento de la población mundial explota a la naturaleza y los seres humanos.
Dijo que existen pistas para crear una democracia real, que tenga raíz en los espacios sociales y genere decisiones. En México, agregó, hay ejemplos de democracia desde abajo en los municipios de Oaxaca regidos por usos y costumbres, sin partidos políticos; los caracoles zapatistas en Chiapas; la sierra norte de Puebla, con el Tejido Tosepan, integrado por 410 cooperativas locales, y en Ayu-tla de los Libres, Guerrero, con una asamblea municipal constituida por 140 mujeres y 140 hombres. (Angélica Enciso L. La Jornada, Política, p.18)
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que durante el periodo enero-septiembre de 2020 registró una pérdida neta acumulada de 67 mil 845 millones de pesos ocasionada por la desfavorable fluctuación cambiaria.
La CFE obtuvo una utilidad de operación de 93 mil 73 millones de pesos al cierre del tercer trimestre, un incremento de 53 mil 848 millones o 137 por ciento, respecto de la obtenida en el mismo periodo del año anterior, la cual fue de 39 mil 225 millones de pesos.
Las pérdidas se explican por depreciación de 17.1 por ciento del peso respecto del dólar.
Al presentar sus estados financieros al tercer trimestre, informó que se generó un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 144 mil 861 millones, 59 por ciento más alta que en el mismo periodo de 2019, cuando sumó 90 mil 989 millones de pesos.
El pasivo total de la CFE se incrementó́ 12 por ciento como resultado de la revaluación del pasivo por arrendamientos y de la deuda contratada en dólares, ya que el peso se depreció 17.1 por ciento del cierre de septiembre de 2019 al mismo periodo de 2020.
El pasivo por arrendamientos se incrementó́ 125 mil 119 millones de pesos, 22 por ciento, y la deuda en 41 mil 801 millones, es decir, 12 por ciento. (Israel Rodríguez, La Jornada, Economía, p22)
En promedio, cada día los extranjeros sacan del país mil 200 millones de pesos, lo que ha provocado que en lo que va del año se hayan esfumado 370 mil millones de pesos, colocando el nivel de deuda gubernamental en manos de foráneos en su punto más bajo desde 2014, revelan datos oficiales.
De acuerdo con cifras del Banco de México, al inicio de 2020 la inversión de extranjeros en bonos del gobierno ascendía a 2 billones 148 mil millones de pesos, mientras al 16 de octubre pasado, última cifra disponible, se ubicaba en un billón 777 mil millones.
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, explicó que la acelerada salida de capitales extranjeros es consecuencia de una mayor percepción de riesgo sobre México. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p.23)
Nueva York. Los demócratas son favoritos para ganar la Casa Blanca, posiblemente tomar control del Senado y ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes, según los principales expertos electorales, y ante ello Donald Trump y los republicanos entienden que su mejor respuesta es suprimir el voto en una democracia que gobiernan sin gozar del apoyo de una mayoría.
Con las actividades electorales acercándose a su término, ésta no es una contienda normal entre los candidatos de los dos partidos nacionales, sino un referendo sobre el ocupante de la Casa Blanca, o como repite el senador Bernie Sanders, es una elección entre la democracia y Trump.
También es la elección federal (presidencia y legislatura) más cara en la historia del país, con un gasto total de un aproximado de 14 mil millones de dólares, dos veces más que la anterior, en 2016, calcula el Center for Responsive Politics. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p.25)
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que su administración recibió el Fideicomiso de la Central de Abasto en números rojos, con un adeudo de 8 millones de pesos, por lo que en su momento se presentaron quejas en contra de los dos anteriores administradores, Julio César Serna y Sergio Palacios.
En conferencia de prensa virtual, la mandataria señaló que este caso está en manos de la Secretaría de la Contraloría y, si es necesario, llegará hasta la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
La mandataria aseguró que ahora se trabaja en la recuperación de la administración de servicios en este mercado mayorista, la cual se concesionó a empresas particulares durante la gestión pasada por un periodo de 10 años y actualmente se enfrenta un conflicto jurídico con las compañías. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Capital, p.33)