En comisiones del Senado avanzó anoche la ratificación del nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien al comparecer ante los legisladores, informó que se enviará al Legislativo una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia, a fin de que la dependencia a su cargo no sea juez y parte en el otorgamiento de la información requerida por la ciudadanía.
Esto, una vez que asuma las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo próximo a desaparecer.
Aunado a ello, se comprometió a implementar una política de cero tolerancia a la corrupción y a utilizar la vía penal para frenar esa práctica. El objetivo es hacer más caro violar la ley que cumplirla, subrayó. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.9)
En un cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Relocalización consideraron que el próximo mandatario estadunidense, Donald Trump, no cumplirá “su amenaza o política” de imponer aranceles, porque “no le conviene”.
Además, consideraron que Estados Unidos necesita a México para “enfrentar” a China.
Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y directora general de Diarq Holding, dijo que ante lo anunciado por Trump se requiere el diálogo entre los tres países integrantes del T-MEC. Subrayó que “somos el socio más importante que tiene Estados Unidos, y que no va a dejar ir porque no le conviene”. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.4)
Claudia Arlett Espino, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, se perfila para ser la próxima secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de la operación administrativa y jurídica del órgano.
Esta propuesta de la presidenta Guadalupe Taddei cuenta ya con los votos necesarios (mínimo ocho de 11) del consejo general, máxima instancia del árbitro electoral que sesionará este jueves para formalizar el acuerdo interno alcanzado la tarde de ayer. Fuentes consultadas dijeron que Espino habría obtenido ya 10 apoyos, es decir, sólo una consejera se negó a esa opción.
Consejeros consultados dijeron, al igual que Taddei, que la ex funcionaria electoral de Chihuahua no está inhabilitada para ejercer el puesto, aun cuando hay un resolutivo del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad que el pasado 23 de septiembre ratificó la suspensión de 90 días como servidora pública de quien hasta el momento es asesora jurídica de la Dirección de Seguridad Pública estatal. (Fabiola Martínez y Lilian Hernández, La Jornada, Política, p.10)
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo negó frenar la reforma de octubre pasado que dio facultades absolutas, llamados superpoderes, a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, que le permiten nombrar a titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin considerar al Consejo General de ese órgano.
En estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ayer se notificó de la admisión a trámite de la controversia constitucional 322/2024, promovida por el INE por mandato de una mayoría de seis consejeros, quienes acusan que su ámbito de atribuciones se afecta con la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que da las facultades a la presidencia de ese instituto.
Sin embargo, en una segunda notificación se informa que la Corte “niega la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo”. (Iván Evair Saldaña, La Jornada, Política, p.6)
El ministro Jorge Pardo Rebolledo rechazó este miércoles suspender la reforma que otorgó facultades a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para nombrar a los principales funcionarios del órgano electoral.
Aunque admitió una controversia constitucional promovida por consejeros del propio INE, que impugnan la reforma del pasado 14 de octubre a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el ministro negó la suspensión solicitada por los inconformes.
Las reformas aprobadas facultan a la consejera presidenta tomar decisiones, entre ellas, la asignación de titulares de las Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin la necesidad de consultar al Consejo General del INE. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.6)
Ante las intenciones de Morena en la Cámara de Diputados por reducir el presupuesto de la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista la defensa de los 13 mil millones de pesos requeridos a la Federación.
La consejera presidenta del órgano, Guadalupe Taddei, dijo que “todo cuesta”, pues al ser un proceso inédito se requerirán nuevos insumos, se trabajará en nuevas planeaciones y se tendrán que afinar más detalles que aún no quedan definidos.
“Es defender el presupuesto porque no está basado en absolutamente ninguna ocurrencia, todo está basado en las obligaciones que la ley nos establece”, sostuvo en conferencia de prensa. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.6)
Tras una larga batalla jurídica, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó otorgar un amparo al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado Napoleón Gómez Urrutia, a efecto de que se concentren más de 20 expedientes y se resuelvan de manera integral los juicios promovidos contra el gremio, sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un extinto fideicomiso.
La trascendencia de la resolución radica en que el máximo tribunal del país ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolver con un mismo criterio o en una sola sentencia los 25 expedientes que derivaron del caso, y no sólo con 21 como se había hecho.
La autoridad laboral deberá tomar en cuenta los cuatro expedientes restantes que omitió, ya que contienen un caudal probatorio muy importante sobre la correcta distribución de los recursos del fideicomiso, enfatizó el sindicato. (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.17)
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió ayer de manera urgente al Senado que reconsidere la propuesta de desaparición del organismo autónomo. El llamado se da luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron una minuta que reforma 14 artículos de la Constitución, lo que significaría la extinción del INAI y la reasignación de las funciones al gobierno
. El acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanos, subrayó el organismo, alertando sobre los riesgos que implicaría para la vida democrática del país la eliminación de un instituto autónomo que garantiza esos derechos fundamentales. Destacó la importancia de contar con una institución que actúe de árbitro imparcial en las controversias sobre el acceso a la información y la protección de datos personales. Advirtió que transferir sus funciones a dependencias del Estado comprometería la certeza jurídica de los ciudadanos (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.17)
Hoy se instalará en sesión permanente el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) con el objetivo de que se reúna en cualquier momento para acordar el aumento al salario mínimo para 2025.
En la sesión se discutirán las propuestas del consejo tripartito –la representación obrera, patronal y gobierno–, en busca de concretar por unanimidad un nuevo aumento, de acuerdo con fuentes consultadas.
Los trabajos estarán encabezados por Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, y tienen punto de arranque en las propuestas de los sectores que la integran. (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.16)
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que la Fiscalía General del estado abrió 28 carpetas de investigación por ataques a casas, las cuales fueron baleadas e incendiadas el pasado lunes.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que sólo en siete de los casos los afectados presentaron las denuncias correspondientes, mientras que en el resto la Fiscalía abrió las carpetas por protocolo, al tener conocimiento de los hechos.
“Puedo comentar que algunas de ellas, de esas 28 que se tienen registro, algunas se encuentran habitadas y otras no son habitadas. Muy probablemente las que han denunciado son casas que estaban ocupadas yo le dejaría ese tema de la búsqueda a la Fiscalía, que son los que llevan las carpetas”, dijo. (Alan Gallegos, La Razón, Estados, p.21)
Dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas en la ciudad de Tijuana, Baja California, como presuntas responsables del secuestro de un comerciante ocurrido el pasado 12 de octubre del 2024 en Toluca, Estado de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.
Se trata de Ricardo Giovanni Castro López y Sheccidd Amezola Zárate, quienes fueron localizados en un domicilio de la colonia Misión del Rosario, en Tijuana y, tras hacer un seguimiento, fueron detenidos mientras se desplazaban en un vehículo Suzuki.
Según medios locales, los ahora detenidos negociaron con los familiares del comerciante el pago de cuatro millones de pesos, el cual se realizó el 17 de octubre; sin embargo, la víctima no fue liberada y a la fecha se desconoce su paradero. (Alan Gallegos, La Razón, Estados, p.21)
El comandante de la célula anti-extorsión de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, estado de México, Rafael N y la agente Vianey Anallely N fueron aprehendidos ayer como parte de la operación Enjambre llevada a cabo por autoridades federales y estatales.
La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) informó lo anterior y precisó que ambos son acusados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino de iniciales IBSC.
El arresto se realizó en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y los ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla (De la redacción, La Jornada, Estados, p.28).
Chihuahua, Chih., Dos ex funcionarios públicos del fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas, hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (Fanvi), fueron inhabilitados por un año para ejercer cargos públicos, debido a que adjudicaron ilegalmente tres contratos en 2018 –durante el gobierno de Javier Corral Jurado– por un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos, según una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ordenó la suspensión de los servidores públicos luego de la revisión del ejercicio financiero realizada por la ASE.
La Auditoría determinó que el citado monto se utilizó de forma indebida, ya que se detectaron irregularidades en la adjudicación de contratos y costos con sobreprecio para ofrecer exámenes de la vista a víctimas, lo cual dio origen a denuncias de la ASE ante el TEJA y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. (Jesús Estrada, La Jornada, Estados, p.28)
Siete personas, incluido un menor, que desaparecieron el pasado fin de semana en el municipio de Emiliano Zapata, cuando viajaban en una unidad de transporte público, son buscadas por la Policía Estatal de Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En un comunicado, la institución señaló que se iniciaron indagatorias por el delito de desaparición de personas en agravio de Magdalena N, Rosario N, Luis N, Emanuel N y de tres personas más de identidad no precisada, el pasado 23 de noviembre en la colonia 20 de Noviembre de Emiliano Zapata, demarcación ubicada en la región Centro de Chiapas.
En Sinaloa, pierden contacto con dos policías
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa busca a dos efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), uno de ellos Francisco Javier Verástica, de 47 años, comandante operativo de la corporación, desaparecido el martes después de que salió de laborar. (Elio Henríquez, Irene Sánchez y Martín Sánchez, La Jornada, Estados, p.30)