La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que aún analiza si asistirá o no a la reunión del Grupo de los Siete (G7), convocada para mediados de junio en Canadá, a la cual fue invitada por el primer ministro de ese país, Mark Carney, pero “es una posibilidad”, sostuvo.
“Frente a lo que hay en el país, estamos evaluando para ir como invitada especial porque México no forma parte del G7” (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley reglamentaria de la reforma constitucional que extinguió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y reasignó sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La iniciativa, que fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados, garantiza que la transferencia de funciones se realice de manera efectiva, “mediante un marco jurídico que permita al Inegi asumir estas nuevas funciones sin afectar su autonomía ni la calidad de su labor técnica” (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.11)
A horas de que se iniciara la veda electoral con motivo de la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó nuevamente a votar este 1 de junio, cuando espera que haya una participación masiva de parte de la población.
“A la gente, al pueblo de México, a todas y a todos: salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo; que participen libremente, lo que decidan, por quien quieran votar, pero participen. Es muy importante que haya una participación masiva, y va a haber; van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que voten millones de personas a que decida la Presidenta con el Senado de la República”, declaró en su conferencia de prensa. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.7)
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que se analiza la posibilidad de relevar del cargo al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, luego que los padres de los 43 normalistas desaparecidos demandaron su salida.
El martes pasado se llevó a cabo la cuarta reunión entre las familias de los normalistas y la titular del Poder Ejecutivo, así como otras autoridades federales, ante las cuales expresaron la desconfianza que sienten con el actual fiscal y su inconformidad ante lo que consideran nulos avances en las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes que permanecen sin ser localizados desde septiembre del 2014. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.8)
Ante la jueza Lindsey R. Vaala, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir fentanilo en esa nación.
De igual forma, el hijo de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, uno de los exlíderes del Cártel de Sinaloa, suscribió un nuevo acuerdo de cooperación con la Fiscalía de Estados Unidos para disminuir su sentencia. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p10)
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo el pasado 22 de mayo al mexicano Ramón Morales Reyes, quien supuestamente en una carta amenazó con dispararle en la cabeza al presidente Donald Trump.
Según las autoridades estadounidenses, Morales Reyes envió una carta el 21 de mayo a un agente del ICE en la que afirmaba que le dispararía en la cabeza al mandatario en uno de sus mítines. (Alan Gallegos, La Razón, México, p10.)
Las comisiones de Trabajo y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron ayer diversos dictámenes en materia laboral, entre ellos el relacionado con la obligación de las dependencias de brindar facilidades a los trabajadores menores de edad para concluir su educación básica.
Dicho proyecto implica adicionar un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el cual se establece que, en su calidad de patrones, las dependencias “tienen la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y facilidades necesarias para que concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria” (Fernando Camacho y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.11)
Los fabricantes nacionales de medicamentos y materiales de curación se enfrentan a disyuntivas complejas en las subastas que realiza Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) esta semana para comprar 219 claves.
Sólo pueden presentar ofertas las empresas que se comprometan a vender 100 por ciento de la demanda de cada insumo y, en general, “no hay claridad en las reglas”, afirmaron representantes de proveedores. Estos productos son algunos de los que en la licitación efectuada entre diciembre y enero pasado se declararon desiertos (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.12)
Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó el fallo de un juez de distrito que le negó el amparo para que se cancele el proceso que se le sigue por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.
El asunto está relacionado con el desvío de recursos públicos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El caso se turnó al décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México (César Arellano, García, La Jornada, Política, p.7)
A tres días de que venza el plazo legal para presentar la declaración patrimonial y de intereses 2025, varios integrantes del gabinete federal ya cumplieron con esta obligación constitucional que requiere reportar ante la Secretaría Anticorrupción los ingresos percibidos entre enero y diciembre de 2024.
El plazo concluye el 31 de mayo, y hasta anoche no se había publicado la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Arturo Sánchez y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.8)
La activación de un artefacto explosivo –tipo mina– en una comunidad localizada en los límites de Jalisco y Michoacán causó inicialmente el fallecimiento de seis integrantes (y luego de dos más que resultaron gravemente heridos) de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional que estaban comisionados para localizar y desmantelar un centro de operaciones y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Oficialmente, ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) han informado de lo sucedido, a pesar de que durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gabinete de seguridad le reportó el fallecimiento de seis agentes. Horas después, fuentes federales indicaron que quienes resultaron gravemente lesionados perdieron la vida. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.9)