Desde el autoexilio en Tel Aviv, Israel, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, se dijo víctima de una persecución política en México y aseguró que su objetivo es regresar al país con su familia. En una entrevista concedida al medio israelí N12,el ex funcionario -quien es acusado de tortura y desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa- aseguró tener pruebas para demostrar la “persecución política” y explicó los motivos para permanecer en Tel Aviv.
“Yo tenía un servicio de seguridad a mi alrededor que me fue retirado tres veces. Recibí en su momento amenazas. Para mí era un riesgo que no tuviera yo seguridad. En la charla que ofreció, el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó haber viajado a Israel porque no tiene tratado de extradición con México. Puntualizó que tampoco tuvo contacto con la empresa NSO Group, propietaria del software espía Pegasus. (Redacción, Milenio, Política, p. 14)
La elaboración de un censo de personas desaparecidas por parte del Ejecutivo federal fue criticada ayer por activistas de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un intento de rasurar, con fines electorales, el número de personas sin localizar. También denunciaron que sigue pendiente la operación y el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que ya han transcurrido tres meses de que la Fiscalía General de Justicia (FGR) anunciara que ya estaba listo.
En conferencia de prensa, César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda Guanajuato; Alicia Franco de Data Cívica, y la experta forense Aurora Pérez Flores, destacaron que el banco todavía no cuenta con las bases genéticas ni de huellas dactilares, tampoco con el registro de fosas clandestinas ni comunes. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p. 12)
Apatzingán.- Otras 20 localidades rurales de este municipio ya se vieron afectadas por la paralización del corte, empaque y comercialización del limón que inició hace dos semanas por amenazas y extorsión del crimen organizado. Se trata de las comunidades de El Guayabo, Las Bateas, El Alcalde, La Loma de los Hoyos, Puerta de Alambre, El Mirador, Cahuingas, Holanda, El Mezquital, El Morado, Chiquihuitillo, Altamira, El Pino, Ejido Apatzingán, San Fernando, Tinajas, Los Cuiniques, Guanajuatillo, Los Laureles y parte de Acatlán.
Habitantes de El Guayabo se reunieron la mañana de ayer para buscar la manera de sobrevivir, ya que tan sólo en ese poblado son más de 100 familias afectadas. “Pues imagínese que el limón es el sustento de todas las familias y somos más de 100. Aquí somos puros pequeños productores y las parcelas de limón son de 2.5 hectáreas cada una”, explicó uno de los citricultores. Lamentó que aunque han buscado opciones para salir adelante, no les queda más que esperar a que los criminales permitan la reactivación del corte y comercialización. (Carlos Arrieta, El Universal, Estados, p. A11)
San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Ambiental, detuvo en flagrancia a 15 personas por su probable responsabilidad en los delitos de quebrantamiento de sellos y ecocidio en su modalidad de Deterioro de un Área Natural Protegida y Humedales, por hechos ocurridos en La Kisst, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En un comunicado explicó que elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de San Cristóbal y elementos de la Policía Estatal Preventiva, se encontraban realizando recorridos de prevención en la zona de los humedales de La Kisst, cuando al arribar a la calle Trinidad, de la colonia Bugambilias 2, observaron los sellos de clausurado quebrantados y dentro se encontraban 15 personas trabajando en el área del humedal con una retroexcavadora. (Elio Henríquez, La Jornada, Política, p. 10)
Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acusó que los policías del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que protagonizaron una balacera dentro del estacionamiento de la Terminal 2 el pasado 9 de agosto y en donde murió una mujer, violaron la “soberanía federal del aeropuerto”.
En entrevista con medios tras su reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el director del aeropuerto capitalino informó que por estos hechos ya se levantó una denuncia penal, y aseguró que la seguridad en el complejo aeroportuario está garantizada con la presencia de mil 500 marinos y 600 policías auxiliares de la Ciudad de México. (Pedro Viña y Caña y Eduardo Dina, El Universal, Metrópoli, p. A18)
Un tribunal federal ordenó revisar si es legal el acuerdo reparatorio suscrito entre Alonso Ancira y Pemex por más de 216 millones de dólares. La orden judicial responde a que Grupo Villacero, de Julio César Villarreal Guajardo, reclamó mediante un amparo el incumplimiento de un cláusula que obligaba a Alonso Ancira a venderles el 55 por ciento de Altos Hornos de México (AHMSA).
El Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó a un juez de control federal del Reclusorio Norte determinar si el aparente incumplimiento constituye o no una violación al acuerdo pactado y el contrato de compra venta de acciones. Ancira ya ha pagado 104 millones 166 mil 50 dólares, de los 216 millones 664 mil 40 dólares que acordó garantizarle a Pemex, como condición para que fuera suspendido condicionalmente su proceso penal por el Caso Agronitrogenados y saliera en libertad. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p. 2)
Mexicali.- La Fiscalía de Baja California ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por información que lleve a la localización de David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza, directivos de Banca Afirme y presuntos responsables del delito de abuso de confianza en el caso del fallido proyecto de energía solar a cargo de la empresa Next Energy en el Gobierno de Jaime Bonilla.
La propia Fiscalía informó que ambos banqueros participaron en la retención indebida de 123 millones de pesos del erario del Gobierno de Baja California, monto que era el pago de la construcción de una planta fotovoltaica. Se proporcionó el número con lada de Mexicali 686-7764548 para la recompensa, que será individual por cada presunto responsable. (Aline Corpus, Reforma, Nacional, p. 14)
Guadalajara.- Ante un juez de control fue presentado un hombre señalado por la desaparición de cuatro mujeres en el municipio de Encarnación de Díaz, en los límites de Jalisco con Aguascalientes. Se trata del caso de las hermanas Saucedo Zermeño: Rosa Olivia, Marisela y Adriana, así como de Beatriz Hernández, pareja de Rosa Olivia, desaparecidas entre el 27 y el 28 de julio pasado.
Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, informó ayer que el detenido fue identificado como Gustabo “N”, pareja de Marisela Saucedo, a quien se llevaron por la fuerza de su domicilio en Encarnación de Díaz. De acuerdo con Espinosa Licón, el hombre fue detenido por narcomenudeo en ese municipio de la Región Altos Norte y el pasado viernes quedó vinculado a proceso por ese delito. (Staff, Reforma, Nacional, p. 15)
Los grupos parlamentarios del Senado iniciarán este martes sus reuniones plenarias con el fin de establecer sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que fueron citados a la reunión previa a la instalación del Congreso, que se efectuará pasado mañana, para elegir a los integrantes de la mesa directiva de esta cámara.
Como grupo mayoritario, Morena asumirá la presidencia del Senado. Entre legisladores del partido guinda se da por hecho que la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera se quedará con el cargo. Sin embargo, también ha sido mencionada para el puesto Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, y Freyda Villegas, de Quintana Roo. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p. 8)
A tres días de que se cumpla la fecha límite para que el transporte de carga aéreo se traslade del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Felipe Ángeles (AIFA) –el 1º de septiembre–, apenas 40 por ciento de las compañías han cumplido con esa mudanza, reconoció el director de la terminal aérea capitalina, vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.
Entrevistado tras una reunión con el presidente López Obrador, subrayó que a partir del primer día de septiembre ninguna aeronave de carga podrá operar en el AICM. Además, informó que a partir del 8 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) tendrá el control total del AICM, después de un año y medio de atender la seguridad y de un año de administración. (Emir Olivares y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 16)
Ante la nueva reducción de operaciones que planea el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) calificó la medida como negativa, ya que afectará “gravemente la planeación y ocasionará una cancelación masiva de vuelos”. En un comunicado, la Canaero señaló que esto pondrá en una situación desfavorable al país ante el mundo, por lo que llamó al gobierno a tener reuniones para abordar esta problemática.
En 2022, el AICM anunció una baja de operaciones para enfrentar la saturación aérea, pasando de 60 a 52 vuelos por hora; una nueva reducción, indicó Canaero, afectará “gravemente la conectividad”, dañando a pasajeros nacionales a internacionales. La Canaero afirmó que el problema de fondo en la terminal capitalina no es la falta de capacidad por hora, sino la alta antigüedad de la infraestructura y el deterioro en el que se encuentra. (Omar Brito y Roberto Valadez, Milenio, Negocios, p. 23)
Se encuentra en Haití una delegación del gobierno de México para continuar con los proyectos estratégicos de cooperación, que incluyen el combate al cólera y la capacitación de militares y policías de ese país en tareas de seguridad pública. El grupo, integrado por personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Relaciones Exteriores (SRE), viajó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y fue recibido en el aeropuerto de Puerto Príncipe por el ministro de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, Jean Victor Généus, y por el embajador de México en esa nación, Daniel Cámara Ávalos.
La comitiva está encabezada por el jefe de la Subsección de Asuntos Internacionales de la Sedena, coronel Astroel Morales Martínez; el director general para Centroamérica y el Caribe de la cancillería, Imanol Belausteguigoitia; la directora de Asuntos Internacionales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Amina Achaibou, y el director de Operaciones de esa institución, Alexandro Molina. (Redacción, La Jornada, Política, p. 18)
Miami.- La tormenta tropical Idalia se intensificaba ayer a medida que se acercaba al oeste de Cuba a la espera de convertirse en un huracán de categoría 1 y de que este miércoles llegue a ser huracán mayor, con vientos a partir de 111 millas por hora (178 kilómetros por hora), cerca de la costa de Florida.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Idalia, que descargó lluvias torrenciales sobre la península de Yucatán el pasado fin de semana, avanzaba en dirección norte a ocho millas por hora (13 kilómetros por hora) y a las 11:00 horas de este lunes (15:00 GMT) estaba a tan sólo 35 millas (60 kilómetros) de la punta occidental de Cuba. Se prevé que este martes avanzará hacia el norte sobre aguas del sureste del golfo de México. (Chris O’Meara, El Universal, Mundo, p.A13)
Los jóvenes de todo el mundo están demandando cada vez más a sus Gobiernos por no reducir la contaminación climática y, en raras ocasiones, están ganando. Esta semana, sus esfuerzos recibieron el respaldo de un panel independiente de expertos que interpreta la ley de derechos humanos de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño. En un extenso documento de 20 páginas publicado ayer, la comisión indicó que los países tienen la obligación legal de proteger a los menores de la degradación ambiental -incluso mediante la “regulación de las empresas comerciales”- y de permitir que busquen recursos legales.
El dictamen del comité no es jurídicamente vinculante y, por lo tanto, es imposible de aplicar. Pero es importante porque se basa en un tratado internacional ampliamente reconocido y remarca explícitamente el derecho de los niños a acudir a los tribunales para obligar a sus Gobiernos a frenar la crisis climática. (The Nyt News Service, Reforma, Internacional, p. 16)