De octubre de 2018 al mismo mes de este año la Fiscalía General de la República (FGR) ha otorgado 744 beneficios jurídicos a igual número de personas involucradas en la comisión de ilícitos no graves como son desvío de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, con base en los llamados criterios de oportunidad, y ahora se han convertido en colaboradores del Ministerio Público federal.
Los beneficiados con este estatus no serán llevados a juicio, pues la información que proporcionen servirá en asuntos como la denominada estafa maestra en sus diversas vertientes, indagatorias relacionadas con el robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), carpetas iniciadas por la sospecha de blanqueo de dinero obtenido por actos de corrupción o delitos como el narcotráfico y que llegaron a cuentas bancarias de funcionarios o empresas. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 4)
En 2016 el gobierno mexicano mediante acciones de la Policía Federal comenzó a detectar el tráfico y comercialización de fentanilo –una sustancia 50 veces más poderosa que la heroína– en diversas zonas del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México.
Los registros de la corporación que se ha transformado en Guardia Nacional refieren que, de diciembre de 2016 al pasado 15 de noviembre, se confiscaron 224 kilos, 322 litros, más de 74 mil tabletas y más de 98 mil pastillas.
Un kilo de fentanilo puro, que en China puede valuarse en 5 mil dólares, al llegar a territorio estadunidense se cotiza hasta en 80 mil dólares, y ya convertido en pastillas –para cada una se requiere un máximo de 2 miligramos–, puede generar hasta 1.6 millones de dólares de ganancia para las organizaciones delictivas, según datos de la agencia de antidrogas de ese país.
La Policía Federal realizó operativos en las alcaldías de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa en los que aseguró este tipo de droga, en ampolletas, en empaques que dieron un total de 47 kilos, dos mil pastillas y tres cubetas. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 4)
En el país existe un número indeterminado de soldados, policías y marinos que han sido declarados “desertores” por sus propias instituciones, pero a decir de sus familias y organizaciones civiles hay elementos para pensar que en realidad han sido víctimas de de-saparición. “A esos uniformados”, lamentan, las autoridades no los buscan para no admitir que las fuerzas de seguridad son vulnerables.
Dichos casos siguen una misma pauta: los organismos esperan tres días para declarar desertores a los uniformados para de esta forma “responsabilizarlos a ellos mismos” por su ausencia y “amenazar con castigarlos cuando aparezcan, además de negar a sus familias las garantías y prestaciones a las que tienen derecho”. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 5)
A dos años de la desaparición de dos líderes comunitarios de la localidad indígena oaxaqueña de San Miguel Cajonos, en el contexto de un conflicto con el pueblo vecino de San Pedro Cajonos, ni las autoridades estatales ni las federales han hecho algún avance en la búsqueda de ambas víctimas, denunció la hija de una de ellas, Abigail Cruz Ortega.
Como se informó en estas páginas (25 de febrero de 2019), el 27 de diciembre de 2017 los habitantes de San Pedro detuvieron a Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel, y a Federico Cruz Morales, segundo secretario del Consejo de Vigilancia del mismo pueblo.
Por más de 50 años las dos comunidades zapotecas –ubicadas en el municipio de San Francisco Cajonos, en la Sierra Norte de Oaxaca, mantuvieron relaciones cordiales, pero a partir de 2012 comenzó una disputa entre ambas por el control de un bosque de pinos de alrededor de 4 mil hectáreas. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 6)
En un esfuerzo por llevar al país al ejercicio de gobierno abierto, 30 entidades –con excepción de Puebla y Tamaulipas– se han sumado a la iniciativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para impulsar en sus administraciones estas prácticas.
El propósito es que los sujetos obligados de los estados diseñen e implementen estrategias de gobierno abierto guiadas por los principios promovidos por el Inai, tales como la transparencia y la participación ciudadana.
La iniciativa pretende que en las entidades participantes se busque la solución cocreativa a problemas públicos prioritarios y de alto impacto, además que propicia la conformación de espacios permanentes de diálogo. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 6)
En la Cámara de Diputados se contempla reformar la Ley sobre Delitos de Imprenta –vigente desde 1917– con objeto de incrementar las multas impuestas a reporteros y medios de comunicación que hayan incurrido en ataques a la vida privada, a la moral y al orden o a la paz pública. Se trata de equiparar esas conductas, a la de una mentada de madre en Internet o en la calle, que sí es considerada una afrenta ante la opinión pública por implicar odio, desprecio o ridículo, puede castigarse con dos años de prisión y mil pesos de multa al día de hoy.
Por iniciativa del PAN en San Lázaro, la Comisión de Gobernación se encarga de dictaminar la propuesta que advierte que la legislación se encuentra en el limbo de los periodistas, editores y escritores. La Ley de Imprenta en México, en la actualidad, trae disposiciones inoperantes. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p. 9)
Hace dos semanas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) finalmente aceptó la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tema que había permanecido en la indefinición por más de mes y medio.
La renuncia ya fue aceptada hace dos semanas, luego de que se notificó de manera oficial, y en 2020 empezará el proceso de elección del nuevo dirigente petrolero, señaló una fuente cercana al tema que prefirió omitir su nombre.
Como informó este diario, el 16 de octubre Romero Deschamps presentó su renuncia como secretario general del STPRM, cargo en que permaneció 26 años. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que el dirigente era investigado y, aunque no pidió su renuncia, sí consideró que ésta era deseable para aclarar su situación legal. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 10)
En el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se han invertido 8 mil millones de pesos, se realizan 348 obras y casi 91 por ciento de las licitaciones fueron públicas, además de que se efectuaron a precio alzado, lo cual se traduce en que no habrá sobrecostos, informó Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En entrevista, aseguró que el balance en dicho esquema es positivo, que en las obras iniciadas se tiene un avance físico de 40 por ciento y en el pago financiero se está en el rango de 20 por ciento, por lo que se concluirán los trabajos en el primer trimestre de 2020. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p. 10)
Diputados de Morena, identificados con el Grupo Universidad, pretenden recortar mil 554 millones de pesos del presupuesto estatal, que serían usados con fines proselitistas, denunció Mayka Ortega Eguiluz, diputada del PRI, e integrante de la Comisión de Hacienda de la 64 Legislatura local.
Detalló que para conseguir ese monto, que se asignaría a la renovación de las 84 alcaldías, serán despedidos miles de trabajadores de dependencias del gobierno estatal, y se recortarán 165 millones que se destinaban al pago de servicios médicos, que la administración hidalguense aporta para compensar los recursos del programa Prospera.
No sólo es correr gente, sino el peligro que enfrentarían las familias hidalguenses por la falta de programas de este tipo, dijo la priísta. Ortega Eguiluz puntualizó que si los morenistas (del Grupo Universidad del ex priísta Gerardo Sosa) logran mayoritear el recorte y reasignación de mil 554 millones de pesos,también se va a requerir dinero para los laudos que seguramente los trabajadores van a emprender a través de la Secretaría del Trabajo y también va contra la misma operatividad de las secretarías. (Juan Ricardo Montoya, La Jornada, Estados, p. 21)
Las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas de energía, subieron en más del ciento por ciento este año, informó la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), sección Tabasco.
Los deudores se quejan que sus recibos de luz llegan cada vez más caros, a pesar del programa Adiós a tu deuda, y de la reducción de la tarifa a mediados de año.
Pedro Aldecoa Calzada, titular de la Odeco, detalló que recibe hasta 10 recursos de inconformidad contra la empresa prestadora del servicio, pero se busca conciliar para que los consumidores lleguen a un acuerdo con la CFE. (René A. López, La Jornada, Estados, p. 21)
Las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas de energía, subieron en más del ciento por ciento este año, informó la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), sección Tabasco.
Los deudores se quejan que sus recibos de luz llegan cada vez más caros, a pesar del programa Adiós a tu deuda, y de la reducción de la tarifa a mediados de año.
Pedro Aldecoa Calzada, titular de la Odeco, detalló que recibe hasta 10 recursos de inconformidad contra la empresa prestadora del servicio, pero se busca conciliar para que los consumidores lleguen a un acuerdo con la CFE. (René A. López, La Jornada, Estados, p. 21)