El director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Luis Vera Morales, presentó ayer su renuncia al cargo, luego de haber autorizado a Petróleos Mexicanos (Pemex), el pasado 12 de agosto, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. La oficina de comunicación social del organismo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente informó que Vera Morales presentó la renuncia. Aunque corrieron versiones de que se le pidió el cargo por el permiso, pero éste ya lo había otorgado en forma condicionada, como se hace en todo tipo de autorizaciones de los proyectos que se someten a la evaluación de impacto ambiental. Por su parte, la Secretaría de Energía dijo que no tenía nada que ver en la salida del funcionario y no estaban enterados cuando se les pidió su posición.
Apenas el 27 de agosto el ex funcionario y un grupo de inspectores realizaron una visita al predio donde se prevé la construcción de la refinería y verificaron que no había afectaciones a la vegetación de manglar, según reportó ese día la agencia. Precisó que la supervisión del proyecto seguiría para confirmar que las condicionantes establecidas en la autorización fueran cumplidas. El resolutivo de la MIA que Vera Morales otorgó contó con siete condicionantes. Organizaciones ambientalistas, como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señalaron hace unos días que dicha manifestación se aprobó en tiempo récord, apenas en dos meses, cuando el tiempo legal son tres meses, y no había pedido información adicional a Pemex. (Angélica Enciso L, La Jornada, Política, p. 5)
El gobierno federal se comprometió a aplicar los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su confianza y respaldo para que esto se concrete.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, expresó que la administración federal asumirá estos lineamientos internacionales para que formen parte de las políticas públicas en las tareas de búsqueda de los desaparecidos. Estos 16 principios se integrarán en tres grandes líneas estratégicas: atender que la búsqueda de las personas desaparecidas en el país es, en primer lugar y antes que nada, una responsabilidad ineludible del Estado mexicano; un segundo eje es la centralidad de las víctimas en este proceso; y tres, la calidad de la búsqueda, tenemos que generar las condiciones para definir protocolos que garanticen independencia o imparcialidad, que se desarrollen en condiciones seguras y que se vayan relacionando con investigación penal. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 12)
Las han llamado de muchas formas: rastreadoras, cavadoras, buscadoras. Son esas mujeres (madres, hijas, esposas y hermanas de desa-parecidos) que ante la ausencia, indolencia y corrupción de las autoridades han emprendido sus propios procesos de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de restos.
Han recorrido el país buscando a los suyos y a miles más, vivos o en fosas clandestinas, donde sea. Han demandado que los cuerpos hallados sean identificados; han logrado devolver la identidad a decenas y que sean devueltos a sus familiares.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora este 30 de agosto– cinco de ellas narran a La Jornada sus procesos personales y colectivos y lo que les ha dejado convertirse en rastreadoras. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 13)
La crisis forense y de desapariciones en el país se traduce en números desgarradores. Datos del Sistema Nacional de Búsqueda muestran que en los primeros siete meses del actual gobierno se localizaron 207 sitios de inhumación clandestina, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas, que acumulan 65.6 por ciento del total. Además, se hallaron 326 fosas clandestinas y 79.5 por ciento se concentró en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Los datos, presentados en junio pasado, revelan que en estos lugares se encontraron 551 cuerpos. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 13)
El Ministerio Público Federal obtuvo sentencia condenatoria de 157 años de prisión contra Jorge Castro Medina, un integrante del Cártel de La Familia Michoacana que se encargaba de admninistrar las casas de seguridad de la organización delictiva, en las cuales se tenía en cautiverio a integrantes de otros grupos delictivos o bien a víctimas de secuestro por las que se exigía rescate.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal con sede en el estado de México, dictó sentencia en contra de Castro Medina, al encontrarlo culpable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. El sentenciado fue detenido en 2010. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 14)
El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Richard Spencer, con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad entre ambas fuerzas armadas.
El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Secretaría de Marina (Semar) y en él también estuvieron presentes el subsecretario Eduardo Redondo Arámburo y el rector de la Universidad Naval, José Luis Arellano Ruiz, con quienes se trataron temas de desarrollo académico y el intercambio de cursos para los elementos de ambas fuerzas navales. (Redacción, La Jornada, Política, p. 16)