El Poder Judicial Federal (PJF) actuará con independencia e imparcialidad en el caso de los ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y ex directivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, acusados de peculado, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, luego de reunirse con un grupo de estos académicos.
El encuentro ocurrió en las oficinas del ministro, luego de que la semana pasada se dio a conocer que un juez de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, negó a la Fiscalía General de la República (FGR) una segunda solicitud para que emitiera orden de aprehensión en contra de estos ex funcionarios.
La FGR anunció que relaborará su acusación y presentará una nueva solicitud de aprehensión contra el grupo de los 31 señalados, dado que utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada (el Foro Consultivo) en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.
La acción de la FGR ha sido denunciada por algunos sectores académicos como un intento de persecución, mientras otros científicos se han sumado a la petición de limpiar de corrupción a este sector.
La FGR adelantó que en su próxima petición para judicializar el caso va a explicar con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
La SCJN confirmó el encuentro con ex funcionarios del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, denunciados por uso indebido de recursos públicos. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, P.3)
Al reconocer un nuevo incremento de homicidios en Cajeme, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores continuar en coordinación con la Guardia Nacional porque es la corporación menos susceptible de ser cooptada por la delincuencia.
Ayer hablamos de esto. Estuve en la comandancia de la Zona Militar, en Ciudad Obregón (Sonora), con el general encargado y con el gobernador, de cómo en Cajeme estaban incrementándose delitos, sobre todo el homicidio. Se había logrado bajar y ahora está subiendo, comunicó.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional propuso a los mandatarios estatales articular todo lo relacionado con la garantía de la paz en la Guardia Nacional, cuyas bases incluyen la formación y capacitación de elementos, sobre todo para que no tengan vínculos con la delincuencia organizada, es decir, que no los coopten, situación en la que es más susceptible que caigan los policías municipales, ya sea porque ganan menos o tienen la amenaza latente, y se pueden encontrar ese mismo día a la persona que están denunciando. La Guardia Nacional tiene además el apoyo de las fuerzas armadas, agregó.
La propuesta nuestra es que sigamos trabajando de manera coordinada. Podemos tener diferencias políticas con gobiernos estatales pero en lo que tiene que ver con seguridad tenemos que actuar juntos todos para garantizar la paz y la seguridad de las personas. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, P.5)
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la secretaria ejecutiva de este organismo, Tania Reneaum Panzi, se reunieron con colectivos y organizaciones de familiares víctimas de desaparición para conocer sobre la crisis que atraviesa el país en la materia y el problema de la identificación forense para reconocer la identidad de los restos mortales que se han ubicado.
José Ugalde, vocero del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, señaló que el encuentro fue de carácter privado en el marco de la visita que la delegación de la CIDH realizó para analiza el caso de los 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
En entrevista, informó que en la reunión se discutió la agenda del movimiento ante la crisis que atraviesa México, que ya es de lesa humanidad, pues no puede tener otro nombre por la cantidad de desaparecidos en todo el país, más de 90 mil. Señaló que particularmente expuso el caso de su hijo José Esaú Ugalde Vega, quien desapareció el 15 de septiembre de 2015 en Querétaro. Acusó que en la entidad las autoridades violaron los principios más elementales al debido proceso. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, P.5)
Morena en la Cámara de Diputados terminó ayer el nombramiento de los presidentes de las 20 comisiones que le tocaron y se prevé que este jueves lleve su propuesta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se incluya en un acuerdo que se remitirá al pleno.
Entre los designados se encuentra Erasmo González, quien ocupará la de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las más importantes dado que dictamina sobre el proyecto presupuestal para 2022.
Por la noche seguía el jaloneo en el grupo parlamentario del PAN, donde diversas propuestas habían sido desechadas, para incluir otras con mayor experiencia. Debido a que las dos bancadas más grandes aún no habían concluido su proceso de designación, se postergó para hoy la reunión de la Jucopo que estaba prevista para la tarde de ayer.
Después de un fuerte debate, la fracción del Partido del Trabajo en San Lázaro determinó que la Comisión de Infraestructura será presidida por Reginaldo Sandoval, quien tendrá que dejar la secretaría de la mesa directiva. Lo sucederá Luis Enrique Martínez Ventura, del estado de México.
La de Bienestar quedó en manos de Karina Rojo Pimentel, Relaciones Exteriores será presidida por Alfredo Femat Bañuelos y la de Vivienda por Lilia Aguilar.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que el nombramiento de los presidentes de comisiones ha sido un ejercicio en el que su partido demuestra nuevamente que es el único que se somete al método democrático. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, P.12)
En las investigaciones sobre el caso de corrupción de Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) armó un Frankenstein torciendo las cosas y creando un cuento absurdo, aseguró ayer el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, al comparar dichas pesquisas con las realizadas en Estados Unidos.
En un segundo video antes de la audiencia judicial que tendrá el 4 de octubre, destacó que a pesar de ser el mismo tema, las conclusiones son contrarias. Señaló para la FGR los sobornos de la constructora brasileña debían ser entregados a los adversarios para aprobar la reforma energética, mientras para las autoridades estadunidenses debían usarse para obtener contratos de obra pública con ganancias por 39 millones de dólares.
Anaya aseguró que en un tercer video demostrará que Lozoya tiene el dinero de Odebrecht y el jefe del Ejecutivo federal permite que se lo quede a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel.
Al panista se le acusa de recibir sobornos de Lozoya por 6 millones de pesos, provenientes del dinero que la empresa brasileña entregó al ex director de Pemex. (Redacción, La Jornada, Política, P.13)
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde le impuso a Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, el pago de una responsabilidad resarcitoria por 2 millones 565 mil 919 pesos.
La sala superior del tribunal aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien consideró infundados los argumentos del ex servidor público, ya que tenía la obligación de dar seguimiento al manejo. Dijo que a Aguirre Morales no se le sancionó por una omisión en la realización de transferencias bancarias o un indebido manejo de cuentas, sino por la omisión de coordinar, dar seguimiento y coadyuvar para que los recursos no devengados al finalizar del ejercicio fiscal, incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado, fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Se sostiene que el actor no controvierte la conducta imputada y no ofrece pruebas para demostrar que, contrario a lo resuelto, cumplió con sus funciones de coordinación, seguimiento y coadyuvancia para que los recursos fueran reintegrados”. (César Arellano García, La Jornada, Política, P.17)
El ex capo Jesús Héctor El Güero Palma promovió un amparo para que las autoridades penitenciarias le permitan el ingreso de un aparato auditivo y diversos medicamentos para tratar picaduras de insectos.
El juicio de garantías se promovió en primera instancia en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de Ciudad de Mé xico; sin embargo, el juzgador se declaró incompetente y declinó a favor del juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
Los actos reclamados en el amparo con número 706/2031 se tratan de: “La omisión de las autoridades responsables de brindar atención médica al directo quejoso; la omisión de proporcionarle los medicamentos necesarios para el tratamiento de los padecimientos médicos que presenta el quejoso, y la omisión de autorizar el ingreso de suspensorios y aparatos auditivos completos, determinados por prescripción médica”.
Al respecto, el juez del Estado de México le concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que ha ordenado a las autoridades penitenciarias que le permitan el ingreso del aparato auditivo, así como de los medicamentos que requiere para atender sus problemas de salud, entre los cuales se encuentran productos contra la picaduras de chinches. (Jorge Martínez y Rubén Mosso, Milenio, Política, P.9)
La cifra de fallecidos tras un motín y pelea el martes entre miembros de bandas rivales en una prisión de la ciudad de Guayaquil ascendió ayer a por lo menos 116, mientras 80 más están heridos, en lo que expertos y autoridades consideran la peor masacre carcelaria en Ecuador.
El caso llevó al presidente, Guillermo Lasso, a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario por “grave conmoción interna”, dijo en una rueda de prensa que brindó anoche desde Guayaquil.
El estado de excepción permite la movilización de todo el sistema de administración pública, incluido a las fuerzas armadas y Policía Nacional, hacia todos los centros de privación de libertad con el fin restablecer el orden y la convivencia pacífica, citó Lasso.
El ex director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad Fausto Cobo reconoció que mientras los miembros de la fuerza pública deben ingresar con escudos y desarmados a las cárceles, en el interior de las mismas les esperan personas con armas de grueso calibre.
“No ha habido en la historia del país ningún antecedente parecido o cercano por lo menos a este”, aseguró a la AP Ledy Zúñiga, quien en 2016 fue ministra de Justicia.
Según se divulgó la víspera, la disputa del martes entre las bandas de Los Choneros y Los Lobos desató el enfrentamiento armado que, a decir del ex director de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, se da por la pelea del “control territorial” dentro y fuera de las cárceles para dominar las actividades de narcotráfico y microtráfico. (AP, Milenio, Negocios, P.19)
Guían amparos para vacunar a menores; suben formato
Diego Garrido, diputado del PAN en el Congreso local, subió a sus redes sociales un formato de amparo gratuito para que los padres que deseen vacunar a sus hijos de entre 12 y 17 años puedan ser parte del Programa nacional de Vacunación.
Cuando estamos ya ante una convocatoria de clases presenciales, cuando ya se están dando contagios y tenemos 150 mil menores contagiados y muerto más de 600 menores de edad por covid porque no han accedido a la vacuna. Las vacunas salvan vidas”, dijo en una conferencia de prensa.
Garrido argumentó que su acción se debió a que las autoridades han sido indolentes para vacunar a los menores de edad, por lo que este instrumento legal permitirá que todo el mundo pueda acceder a la dosis anticovid.
Deben recurrir a la vía jurídica pues no van a gastar un solo peso, ni habrá ningún abogado de intermediario para que puedan vacunar a sus hijos”, insistió Garrido.
Recordó que en la sesión del Congreso del martes pasado propuso un punto de acuerdo para incluir a los menores de 12 a 17 años en el plan de vacunación, pero Morena votó en contra. (Georgina Olson, Excélsior, Comunidad, P.21)
Este año, el Buen Fin no beneficiará tanto a la inflación ni se favorecerá del Efecto Kétchup como en Estados Unidos, consideró UBS Asesores México.
“El año pasado, los descuentos del Buen Fin fueron agresivos; además, en noviembre de 2020 fueron dos semanas de descuentos, cuando lo que corresponde es sólo un fin de semana”, puntualizó la chief Investment Officer de la firma, Gabriela Soni.
Destacó que eso empujó a la inflación a la baja en noviembre del año pasado; sin embargo, ahora no sucederá lo mismo porque la edición 2021 se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, con menos días en comparación con el del año anterior. (Leonor Flores, El Universal, Cartera, P.A21)
Culiacán.— Momentos de angustia y temor se volvieron a vivir en esta ciudad por la presencia en sus calles de un grupo armado con fusiles automáticos, el cual, a bordo de ocho vehículos, recorrió varios sectores y accionó en repetidas ocasiones sus armas para destruir cámaras de videovigilancia en 25 puntos.
Su acción sincronizada a lo largo de la madrugada del martes pasado sembró nuevamente horas de pánico, sobre todo en el centro y en el segundo y tercer cuadro de Culiacán, en donde las familias y empleados que madrugan tuvieron que buscar refugio y tirarse al piso.
Quienes atacaron los sistemas de vigilancia destruyeron 80 equipos con disparos de fusiles AR-15 y AK-47 y también afectaron la red de conexión frente al Palacio Municipal, en la zona de la sede del Congreso del estado y en varios cruces de la avenida principal Álvaro Obregón.
Las continuas detonaciones le dieron a los habitantes la sensación de un nuevo escenario de confrontaciones armadas, como se vivió en el frustrado intento de captura de Ovidio Guzmán López, en octubre de 2019. (Javier Cabrera Martínez, El Universal, Estados, P.A12)
CHILPANCINGO.- En la víspera del cambio de Gobierno municipal, los cuerpos de cuatro hombres fueron abandonados ayer frente a la casa de gestoría del Alcalde electo David Gama.
Los cadáveres de los cuatro hombres, que fueron torturados y asesinados a balazos, se localizaron dentro de la cajuela de un automóvil Nissan tipo Versa con placas de circulación RBR_266 C, del estado de Morelos.
Según los reportes, a través del número de emergencia 066 se informó que en la calle Agustín Melgar, de la colonia Río Balsas, había cuatro cuerpos amarrados de pies y manos.
Personal de la Fiscalía de Guerrero arribó al lugar donde se ubica la casa de gestoría de David Gama, quien ganó la elección el pasado 6 de junio abanderado por el PRI y el PRD. Hoy asumirá el cargo en lugar del morenista Antonio Jaimes.
Hasta la tarde de ayer no se había identificado a los cuatro hombres.
En redes sociales circuló un video en el que se observa a un comando armado que tiene hincados a más de una decena de hombres, a quienes encañonan y les hacen un interrogatorio.
La persona que hace las preguntas dice pertenecer al grupo delincuencial “Los de la Sierra” y a los que tienen hincados los señala como gente del grupo de “La Bandera”, antes Guerreros Unidos (vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa).
Según el que lleva la voz de mando, los hombres hincados son personas que realizan extorsiones y secuestros en Iguala.
“Gente de Iguala, aquí están todos los que extorsionaban y mataban a gente inocente y mujeres, la basura que tenían el terror en esta bella ciudad, pero esta plaza ya tiene dueño. Todos los de La Bandera colgaron sus lonas y vean donde están”, dice el encapuchado que trae un arma corta. (Jesús Guerrero, Reforma, Nacional, P.13)
La suspensión de la sesión del Senado por falto de quórum puso en aprietos la aprobación de la integración de las comisiones en la Cámara de Diputados.
El jueves pasado el pleno de San Lázaro aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, en la que se aumentó el número de comisiones y se les cambió el nombre a otras.
Los senadores iban a aprobar ayer la reforma, pero no hubo quórum y se levantó la sesión. El pleno se citó hasta el martes.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de septiembre (hoy jueves) para aprobar la integración de las comisiones para la 65 Legislatura.
En la sesión de hoy, los diputados van a aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la integración de 51 comisiones, pero sin que varias estén reconocidas en la Ley Orgánica del Congreso.
Es el caso de las comisiones de Bienestar, Reforma Política-Electoral, Cambio Climático, Zonas Metropolitanas, Movilidad, Seguridad Ciudadana y Diversidad.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que se propondrá un artículo transitorio en el acuerdo de la Junta, para prever que las nuevas comisiones entrarán en vigor hasta que sea aprobada la reforma por el Senado y publicada en el Diario Oficial.
Sin embargo, aun así la integración de varias comisiones se hará sin estar contempladas en la ley.
“Yo voy a proponerle a la Junta que con un transitorio, de que entren en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo”, indicó Mier.
Aunque primero planteó que no podrían votar el acuerdo de la Junta si no está la reforma a la Ley Orgánica, el diputado agregó que sí se podría avalar mediante el transitorio.
“Se puede dejar un transitorio, que en tanto no sea aprobada por la Cámara de Senadores, entren en función solamente aquellas (comisiones) que ya están establecidas en la ley”, expuso.
Sin embargo, la situación ya puso en alerta a las demás fracciones de la Cámara baja.
La vicecoordinadora de MC, Mirza Flores, consideró que se está cayendo en un absurdo, pues en los hechos se va a aprobar por partes la integración de las comisiones, con una ley y luego otra. (Claudia Salazar, Reforma, Nacional, P.6)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió anoche la elección de gobernador de Michoacán, donde el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se daba como triunfador en la elección del 6 de junio.
Los magistrados analizaron la petición de nulidad de la elección por supuesta intromisión del crimen organizado y, de acuerdo con el proyecto, la denuncia no fue determinante para influir en el resultado de la elección estatal.
En el documento se precisa que hubo un contexto de crimen organizado en Michoacán, pero no se acredita una situación de violencia generalizada o con impacto en el proceso, por parte de grupos criminales.
Sólo se generó algún tipo de violencia en 2.2 por ciento de las casillas, según lo explicó el magistrado Indalfer Infante, encargado de elaborar el proyecto, que se decantaba por no acreditar lo denunciado por el PRD.
Los magistrados consideraron que los juicios en los que el PRD pedía la nulidad de los comicios no estaban suficientemente sustentados para declarar la invalidez de la elección que daba el triunfo a Ramírez Bedolla, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. (Misael Zavala, El Heraldo de México, País, P.7)