La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la inexistencia de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de neutralidad y equidad atribuidos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por su asistencia al evento de cierre de precampaña en el estado de México, de Delfina Gómez (Morena).
Igualmente, por unanimidad, se determinó la inexistencia de infracciones de ese tipo atribuidos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios, por su asistencia a un evento realizado en el sureste del país.
Las resoluciones de la Sala Especializada pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF, aunque eso no ha ocurrido. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.10)
A un día de que concluya el plazo para impugnar la reforma electoral, la oposición en el Senado presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su acción de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del llamado plan B. Entre los argumentos que mencionó el bloque de contención –integrado por legisladores de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural– para que se declare inconstitucional la modificación, destaca que su aprobación se dio en medio de un proceso desaseado y serias violaciones a la normatividad legislativa. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.10)
El próximo 12 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si mantiene la suspensión para que la primera parte del plan B de la reforma electoral no se aplique en el estado de México ni en Coahuila. La medida cautelar fue concedida debido a que estas entidades tienen elecciones en junio próximo.
En tanto, el máximo tribunal aún no admite a trámite el recurso similar contra la suspensión que impide la aplicación en todo el país de la segunda parte del denominado plan B.
En la lista para votación de la segunda sala del máximo tribunal ya aparece el proyecto del primer asunto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, pero no se ha hecho público el sentido del fallo propuesto. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.12)
La Subdirección de Seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) resguardaron el hangar de la empresa MTC Helicópteros, por adeudar más de 6 millones de pesos, sin que la empresa presente un plan de acciones para cubrir el monto. El AICM informó que además tuvo conocimiento de que por lo menos dos empresas más operaban de manera ilegal, probablemente mediante un subarrendamiento, expresamente prohibido en el contrato celebrado. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.12)
En el marco del cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, organismo creado por la iniciativa privada para promover la participación social de las empresas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a este sector realizar una campaña para combatir el consumo de drogas, como la que ha emprendido su administración.
Al exponer que el reducir el consumo de estas sustancias es una de sus principales preocupaciones, ligó el aumento del consumo con los índices de homicidios en el país.
Dentro de la conferencia de prensa diaria que encabeza el mandatario en Palacio Nacional, el Consejo de la Comunicación hizo el cambio de su presidencia, con lo que José Carlos Azcárraga dejó esta posición luego de tres años, la cual asumió Francisco Casanueva. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.16)
Washington y Nueva York. Legisladores republicanos continuaron escalando sus esfuerzos para acusar a México de fracasar en su lucha contra el narcotráfico y amenazando con una ofensiva estadunidense contra los cárteles del país vecino, mientras un influyente senador demócrata se sumó a críticas republicanas de la respuesta del presidente mexicano a la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta semana, el senador republicano Lindsey Graham se unió a seis de sus colegas para introducir un proyecto de ley que propone designar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras con lo cual, según los promotores, se otorgará mayor poder a agencias de seguridad pública estadunidense para confiscar los bienes y arrestar a individuos ligados al narcotráfico en México.
A pesar de lo que dice el Presidente de México, los cárteles de drogas están en control de grandes partes de México, reiteró Graham al presentar el proyecto de ley. Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras cambiará el partido. Pondremos a los cárteles en nuestra mira y perseguiremos a aquellos que les ofrecen apoyo material, incluyendo las entidades chinas que les envían los químicos para producir estos venenos, afirmó en alusión al fentanilo. (Jim Cason y David Brooks, La Jornada, Política, p.16)
Hasta el cierre de esta edición, la defensa de Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, mantenía su demanda de cambio de medidas cautelares para enfrentar su proceso penal en libertad.
Tras ocho horas de audiencia, un juez federal del Reclusorio Norte continuaba sin definir si aceptaba los argumentos de la defensa o la posición de la Fiscalía General de la República (FGR) que argumentaba la posibilidad de evasión por parte de Austin.
En la audiencia, los abogados de Margarita Austin presentaron un perito médico para acreditar que ella enfrenta padecimientos graves que han afectado su condición física y salud mental, como parte de las pruebas con las que pretende que se le permita enfrentar en libertad su proceso penal por lavado de dinero y asociación delictuosa. (Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.16)
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de un fragmento de la conferencia matutina del pasado 27 de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no votar por el lo que él denomina bloque conservador.
El INE admitió el argumento según el cual ese tipo de comentarios afectan el principio de equidad, en este caso, de los procesos electorales en curso en Coahuila y el estado de México.
El proyecto propone declarar procedente la adopción de la medida cautelar solicitada porque, de un análisis preliminar a las declaraciones realizadas por el servidor público denunciado, se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra, en contravención a lo establecido en el artículo 134 constitucional, se indica en el documento aprobado ayer. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.9)
El sector privado trabaja junto con la Guardia Nacional y tiene detectados los puntos de preocupación ante los casos de extorsión, sostuvo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Después que en los más recientes informes en materia de seguridad el gobierno federal ha reconocido que se mantiene el incremento en el delito de extorsión, expresó que se trata de un tema preocupante en algunos puntos. No podemos decir que en todo el país, es en algunos puntos. Hay carreteras, hay vías de comunicación con inseguridad y hay ciudades también.
Entrevistado en Palacio Nacional tras concluir la ceremonia de cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, realizada dentro de la conferencia matutina de ayer, el líder empresarial fue consultado sobre las recientes declaraciones del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y del secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, quienes aseguraron que los grupos de la delincuencia organizada controlan algunas zonas de México. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.17)
Antes de suspender actividades por 12 días debido a las vacaciones de Semana Santa, los senadores aprobaron ayer la salida del país de militares para participar en entrenamientos de capacitación.
También autorizaron al jefe del Ejecutivo federal que permita el paso por territorio nacional de 12 integrantes del ejército estadunidense a fin de que participen en el entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos que se realizará en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 6 de abril al 11 de mayo próximos.
El Senado autorizó la salida de 160 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México para ser parte del ejercicio multinacional Tradewinds 2023, que se realizará en Guyana del 1º al 30 de julio. Esta edición se orienta a crear, desarrollar y fortalecer la capacidad de las fuerzas participantes para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen trasnacional, la violencia extremista y los desastres naturales, se explicó. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.17)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la facultad que tenían los militares para asegurar activos financieros sin autorización de un juez civil, durante la investigación de un posible delito del fuero castrense.
Por unanimidad, el pleno de ministros invalidó los artículos 238 y 245 del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP), que señalaba que el Ministerio Público o a solicitud de la policía ministerial militar podrá ordenar la suspensión o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones de las instituciones financieras establecidas en el país.
La SCJN se basó en anteriores resoluciones de su pleno, en las que ha determinado que el aseguramiento o congelación de cuentas bancarias requiere en general de la autorización de un juez de control del fuero civil. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.17)
Aumento global de 14% a mineros de Peña Colorada
Trabajadores de las secciones 281 y 289 del sindicato nacional minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, obtuvieron 14 por ciento de aumento global, que incluye salario y prestaciones en su revisión contractual de este año.
Estas secciones corresponden al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de capital extranjero, dedicado a la extracción de mineral de hierro en Minatitlán y que posee una planta de peletizado en Manzanillo, ambos municipios en Colima.
El acuerdo beneficiará a más de 900 mineros, quienes aprobaron en asambleas de ambas secciones el convenio que la comisión revisora sometió a consulta con la base trabajadora mediante voto personal, libre, directo y secreto. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p.11)
La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional que suspende el derecho de los agresores por causa de género y deudores de pensión alimenticia a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. La iniciativa recibió el aval de 455 legisladores, incluidos siete del PT, mientras 25 de sus integrantes se abstuvieron.
Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, señaló que esta reforma da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores como servidores públicos y limita el acceso a los cargos públicos y de poder “a los sancionados con sentencia firme al pretender participar como candidatos.
El mensaje es claro: ninguna persona agresora o deudora alimentaria tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno. Nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias. (Alma E. Muñoz y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.15)