La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.
Las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo. Fuentes judiciales, que solicitaron anonimato por temor a represalias, refieren a EL UNIVERSAL que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.
Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.
En este caso el sistema considera que no deben decretarse estas suspensiones y presiona por la vía penal y administrativa.
Las fuentes consultadas explican que para proceder una consignación penal en contra de un juez se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), porque los impartidores de justicia tienen fuero orgánico, es decir que mientras no se declare una responsabilidad administrativa y se quite ese fuero no procede la consignación. (Daniela Wachauf, El Universal, Ocho Columnas)
Arquitecto de la reforma que desaparece a la actual Suprema Corte y obliga a la elección popular de Jueces y Ministros, y ex presidente del Máximo Tribunal, Zaldívar ahora será miembro del comité evaluador de candidaturas del nuevo Poder Judicial.
Los requisitos para integrar un comité de evaluación de candidatos para el Poder Judicial obligan a ser abogados con cinco años mínimo de ejercicio y “no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a la designación”, en un propósito de evitar parcialidad de evaluadores.
Zaldívar fue el principal interlocutor de la Corte con AMLO en el sexenio pasado.
Desde su posición como presidente de la Corte impulsó fallos en favor de políticas de la 4T. Cuando no pudo reelegirse en la titularidad de la Corte, Zaldívar espero la elección de Norma Piña como su sucesora y meses después renunció al Tribunal tras 14 años de Ministro.
Entonces apareció como asesor judicial de la entonces candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, y fue activo vocero y participante de la campaña electoral morenista. (Claudia Guerrero y Natalia Vitela, Reforma, Ocho Columnas)
Con algunos perfiles ligados a Morena, los poderes Ejecutivo y Judicial se sumaron al Legislativo en la definición del grupo de notables que tendrá la alta responsabilidad de filtrar los perfiles y seleccionar a quienes estarán en las boletas de las elecciones de junio del 2025 para ser jueces, magistrados y ministros.
En los comités de evaluación que conformaron los tres Poderes de la Unión, cuya tarea será recibir los expedientes de los aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, e identificar a las personas mejor evaluadas y con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo de juzgadores, destaca la participación mayoritaria de mujeres, al ocupar 10 plazas por cinco de hombres, además de la presencia del exministro de la Corte Arturo Zaldívar, actualmente coordinador de Política y Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo propuso para esta encomienda.
Además, la mandataria designó al abogado Javier Quijano Baz, quien ha representado a legisladores de Morena en batallas jurídicas. También están Mary Cruz Cortés Ornelas, Vanessa Romero e Inés Romero.
La Presidencia informó, en un comunicado, que “el Comité emitirá sus reglas de operación y funcionamiento, lo que garantiza su independencia e imparcialidad. Gozará de plena autonomía para su organización interna y otras determinaciones, y contará con el apoyo para la realización de sus fines, y se extinguirá una vez cumplidos los mismos” (Sergio Ramírez Yulia Bonilla Claudia Arellano, La Razón, Ocho Columnas)
Aunque hasta anoche 23 congresos estatales habían avalado los cambios constitucionales que impiden controvertir la reforma judicial, el mínimo de 17 que se requería para darles carácter de constitucionalidad se alcanzó en un tiempo récord de apenas 16 horas, con casos incluso en los que los diputados locales aprobaron las modificaciones en apenas cuatro minutos.
Una vez que esto ocurrió, las cámaras de Diputados y de Senadores hicieron las respectivas declaratorias de constitucionalidad de la reforma a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, con lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la enmienda y fue promulgada anoche mismo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que este viernes entró en vigor.
La reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones a la Constitución fue avalada en aproximadamente cuatro horas menos de las 20 que tardó en ser validada la propia reforma al Poder Judicial.
La enmienda, también conocida como “supremacía constitucional”, fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, alrededor de las 21:30 horas; poco tiempo después, el Congreso de Zacatecas secundó esta validación, en apenas 25 minutos, con 18 votos a favor y 10 en contra, y de ahí sobrevino una cadena de 16 congresos que hizo lo mismo. El estado número 17 en realizar esta validación fue Veracruz, poco después de las 13:00 horas de este jueves. (Sergio Ramírez Claudia Arellano Cristina Ceja, La Razón, P.p Ivonne Melgar, Excélsior, Ocho Columnas. Antonio López, Luis Carlos Rodríguez y Corresponsales, El Universal, P.p. F. Camacho, E. Jiménez, A. Becerra, G. Saldierna y Corresponsales, La Jornada, Ocho Columnas)
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado de México y la Ciudad de México, pero ya fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos.
Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trató de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia y la propia SSPyC, tras ser ubicado en un inmueble en Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México.
De acuerdo con reportes de inteligencia, Zhi Dong Zhang era considerado uno de los operadores más importantes de lavado de dinero a nivel internacional. También fungía como el enlace para el tráfico de fentanilo proveniente de China hacia cárteles en centro y Sudamérica, Europa y Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ya obtuvo una orden de arresto en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero, para que cuando sea entregado en manos de Washington pueda ser acusado en la Corte del Distrito Centro de Georgia. (Ángel Hernández, Milenio, Ocho Columna, Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
En los 24 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración pública federal acumula 191 mil 569.5 millones de pesos por solventar, es decir, recursos que han sido gastados al margen de las normas que rigen la contabilidad gubernamental.
De ese total, 106 mil 829.6 millones (55 por ciento) corresponden a los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese monto es equivalente a todo el presupuesto que ejercerá en 2024 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que asciende a 105 mil 838.7 millones de pesos.
Los faltantes reportados durante el sexenio de López Obrador, quien llegó a la Presidencia de la República con la oferta de erradicar la corrupción, superan las irregularidades que tuvo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, las cuales ascienden a 77 mil 382.9 millones de pesos.
De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de Auditorías (SPCA), las áreas donde están las principales fugas de presupuesto son el gasto federalizado —recursos que el gobierno central canaliza a estados y municipios—, con 80 mil 416.1 millones sin comprobar (Carlos Tovar / El Sol de México, Ocho Columnas).
El Gobierno federal anunció ayer un nuevo modelo de compra de medicamentos, que tendrá mayor amplitud y operará bajo las premisas de cero corrupción y transparencia, y uno de cuyos ejes fundamentales será la digitalización de los procesos.
El Nuevo Modelo de Contratación Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá eficientar los procesos para garantizar el abasto y que se mejoren los precios de compra en comparación con el sexenio pasado.
Dicho plan consiste en una ruta con la que las instituciones de salud identificarán los fármacos y demás insumos que necesiten, lo cual pasará por una evaluación de las autoridades que serán las encargadas de formular las necesidades nacionales, para posteriormente hacer la compra consolidada ante las mejores ofertas.
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, expuso que en el nuevo esquema se pone a la Secretaría de Salud (Ssa) a la cabeza del proceso, en el cual las instituciones definirán qué insumos y medicamentos les hacen falta, así como el punto de entrega. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p Claudia Guerrero y Natalia Vitela, Reforma, P.p. Eduardo Dina y Salvador Corona, El Universal, P.p. A. Urrutia y A. E. Muñoz, La Jornada, P.p. C. Navarro y F. García, El Heraldo de México, Ocho Columnas.)
Nubarrones en la actividad turística. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el PIB turístico cayó el 0.4% entre abril y junio pasados, en cifras desestacionalizadas, lo que representó su primera baja trimestral luego de casi dos años (el tercer trimestre del 2022 puso fin a la recuperación que tenía el sector tras la pandemia del Covid-19).
En comparación con el segundo trimestre del 2023 el indicador se mantiene en signo positivo, al crecer: el 5.8 por ciento.
Por lo pronto, las empresas estatales Tren Maya y Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación) no han dado muestra de impulsar la actividad (en el periodo referido el factor de ocupación promedio de la línea aérea fue del 48%, mientras que Aeroméxico, Volaris y Viva superaron el 80 por ciento).
A su interior, el PIB turístico de servicios cayó el 0.8 % y el de bienes aumentó el 1.4%, mientras que en el mismo periodo del año pasado crecieron el 7 y el 1 por ciento. (Alejandro de la Rosa, El Economista, Ocho Columnas)
El crédito bancario al consumo extendió su sólido crecimiento hacia la recta final del año, con un incremento de 12.7 por ciento anual en términos reales durante septiembre, según datos del Banco de México (Banxico).
La racha positiva del crédito al consumo es de 33 meses con crecimientos anuales, de los cuales, en los últimos 19 se ha visto aumentos a doble dígito.
James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, dijo que es sorpresiva la resiliencia del crédito al consumo, aunque en meses recientes no se esté reflejando en el consumo. “Probablemente esta mayor demanda de este tipo de créditos es por el hecho de que las familias intentan mantener cierto nivel de ingreso disponible; ha perdido fuerza el empleo, el salario real, y buscan compensarlo a través del crédito, tratando de mantener el gasto hace unos meses”, dijo.
En el desglose de la cartera se vio un comportamiento mixto. En tarjetas de crédito se moderó el crecimiento a 7.6 por ciento anual real en septiembre, y en nómina se desaceleró a 4.6 por ciento, desde el 7.9 y 5.2 por ciento de agosto, respectivamente. En contraste, el crédito para la compra de bienes de consumo duradero vio un aumento de 38.7 por ciento anual real en septiembre, ligeramente por encima del 38.1 por ciento del mes previo. (Alejandro Moscosa, El Financiero, Ocho Columnas, B, Carbajal y J. Gutiérrez, La Jornada, Contraportada)
La Auditoría Superior de la Federación reveló que el Gobierno de Colima tiene pendiente por aclarar el ejercicio de 159 millones 729 mil 610 pesos, correspondientes a dos fondos relacionados con el rubro de seguridad, que le fueron entregados por la Federación en el 2023.
Colima es una de las entidades federativas del país con mayores problemas de violencia. Precisamente en el 2023 alcanzó el primer lugar nacional en tasa de homicidio doloso, el cual conserva, y obtuvo la más baja puntuación en el Índice de Paz México, con 4.7.
El estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno cerró el 2023 con alza en cuatro delitos de alto impacto: homicidio, feminicidio, narcomenudeo y corrupción de menores.
A lo largo del año pasado se registraron 790 asesinatos en Colima, contra 738 del 2022, lo que representa un repunte de 7 por ciento entre un año y otro. (Alan Gallegos, La Razón, P.p.)
Como parte de su estrategia para consolidar a Yucatán como uno de los estados más seguros del país, el Gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El encuentro se centró en el fortalecimiento de la colaboración estratégica entre el Estado y la Federación en materia de seguridad pública y la actualización de estrategias de prevención del delito, adaptadas a las necesidades de la región y alineadas con las políticas nacionales en la materia.
Acompañado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, y de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, el gobernador planteó temas clave para garantizar que Yucatán continúe siendo un referente nacional en seguridad pública.
Díaz Mena destacó el compromiso de su administración por mantener los niveles de paz y seguridad que caracterizan a Yucatán, a través de una estrecha coordinación con las autoridades federales y del fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad estatales. (Redacción, La Razón, P.p.)
En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 132 carpetas de investigación por ocultar, destruir o enterrar un cuerpo sin los permisos correspondientes y maltratar, mutilar o profanar un cadáver o restos humanos.
Según el Código Penal local, el delito de inhumación y exhumación de cuerpos es una conducta que conlleva penas que van de los tres meses a los cinco años de prisión y tiene una tendencia al alza en los últimos años.
De acuerdo con los datos obtenidos por El Sol de México vía transparencia, en 2020 la Fiscalía inició 12 carpetas de investigación; al año siguiente fueron 28 casos; en 2022 bajó a 26; en 2023 creció a 37 y hasta octubre de 2024 van 29. Esto significa que en los últimos dos años hubo más denuncias por inhumación y exhumación de cuerpos.
En cuanto a las alcaldías donde ocurrieron los delitos de 2020 a la fecha, la que más acumula denuncias es Iztapalapa, con 33 casos; Iztacalco, 19; Miguel Hidalgo, con 13 carpetas; y Gustavo A. Madero, con 11. (Karla Mora / El Sol de México, P.p.)
Washington y Nueva York. Los cuatro estados estadunidenses de Misisipi, Luisiana, Alabama y Nuevo México tienen una tasa mayor de muertes por violencia con armas de fuego que México, mientras al menos 20 registran tasas más altas de decesos por heridas de bala que Haití, concluye una nueva investigación del Commonwealth Fund.
Casi todas las entidades estadunidenses contabilizan tasas mayores de mortalidad causadas por tiroteos que la mayoría de otros países, reporta el instituto de investigaciones y análisis con sede en Nueva York.
Los negros, indígenas en Estados Unidos y nativos de Alaska tienen las tasas de muerte por armas de fuego más altas que cualquier otro grupo racial o etnia. Este año, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, señaló que más de la mitad de todos los adultos en este país han tenido una experiencia personal con la violencia por armas de fuego o tienen a un familiar que la ha padecido. Las heridas de bala también son ahora la causa principal de muerte para menores de edad en Estados Unidos y son pistolas o fusiles el instrumento más usados en casos de violencia doméstica contra mujeres.
Los investigadores usaron datos del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle para comparar número de decesos por armas de fuego en diferentes estados de este país contra el mismo indicador en otras partes del mundo. La medida de muertes por armas de fuego es un número combinado de fallecimientos resultado de violencia física con balas, intentos de autodaño con armas, y daños no intencionales con instrumentos de fuego. (Jim Cason y David Brooks, La Jornada, P.p.)