La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) hizo pública parte de la información relevante que recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que consta de dos hojas con presuntas intervenciones de comunicaciones realizadas por el Ejército Mexicano, los días 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014.
Los participantes son un comandante de la policía de Iguala, Guerrero, que es gente de confianza del director de Seguridad Pública de Iguala y el jefe regional del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes narran el secuestro y los movimientos de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
El documento se da a conocer después de que EL UNIVERSAL publicó el 28 de septiembre pasado, que la Fiscalía General de la República mantiene ocultas las nuevas declaraciones de militares, cuando en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto sí eran públicas y legibles. El reportaje provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que en su gobierno no habrá opacidad y encomendara al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, liberar toda la información posible.
Los datos liberados confirman que el Ejército Mexicano tenía información no revelada desde 2014 y que mantenía en sigilo. (Silber Meza e Iñigo Arredondo, El Universal, 8 Columnas)
De reversa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su iniciativa de reforma eléctrica, cuyo contenido central es el retorno al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el retroceso en la participación privada en la generación y distribución de energía, abierta desde hace tres décadas.
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“Se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dice la iniciativa.
“La CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiere el País. El sector privado participará hasta en el 46 por de la generación. El servicio público de abastecimiento será prestado exclusivamente por CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”, establece.
Los permisos de generación otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado serán cancelados, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.
Califica de ilegales los permisos de autoabastecimiento y no serán reconocidos por la CFE. (Claudia Salazar y Diana Gante, Reforma, 8 Columnas)
a iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, no significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El mandatario argumentó que se trata de tener control de los precios de la energía para no afectar la economía popular.
En su conferencia matutina de ayer, celebrada en la 24 Zona Militar de Cuernavaca, confirmó haber enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa, donde se incluye garantizar la explotación del litio en México, sólo va a poder hacerlo la nación; todo el mineral de litio es de la patria, refrendó en su mensaje.
El mandatario colocó en su lugar la decisión asumida por él: “Hacia adelante ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación, es decir, sólo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, 8 Columnas)
En un intercambio de mensajes de texto, un mando de la policía de Iguala le informa a Gilberto López Astudillo, El Gil, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, que tienen detenidos a dos grupos que se dicen “ayotzinapos, pero que andan encapuchados y armados”, a lo que el capo le ordena: “pásamelos”. Esta fue una de las dos conversaciones entre jefes policiacos y líderes criminales que fueron interceptadas por el Ejército y dadas a conocer por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El Gil, después convertido en el testigo protegido Juan, intercambia mensajes con un hombre identificado como Ignacio que, según información que fue entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional, es Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la policía municipal de Iguala y gente de confianza de Felipe Flores Vázquez, director de Seguridad Pública municipal.
En la conversación, Ignacio le informa a El Gil que tenía a varios detenidos, “que según son ayotzinapos, pero andan encapuchados y armados”. El capo le ordena: “Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo (…) suéltalos, tengo unas camas para aterrizarlos, páseme los detenidos”. Ignacio responde: “Ok, ya los suelto” y menciona que son 21 personas que van a salir del autobús y que ya los están soltando para que “los revienten ustedes”. (Alejandro Domínguez y Rafael López Méndez, Milenio, 8 Columnas)
Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y quien ahora es testigo colaborador de la FGR, sí participó en la desaparición de los 43 normalistas.
La comisión del caso Ayotzinapa difundió dos hojas que la Sedena tenía en su poder y que públicamente no se habían integrado a algún expediente conocido.
Una de ellas es una comunicación vía mensajes de texto ocurrida el 26 de septiembre de 2014 entre Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía de Iguala, y El Gil. Este último fue detenido en octubre de 2015 por su relación con el caso, aunque en sus declaraciones siempre se deslindó. En agosto de 2019 fue liberado y se convirtió en testigo colaborador.
En la conversación difundida ayer por la Secretaría de Gobernación, Ignacio, como se identifica al mando policiaco, le reporta a El Gil que tiene a varios “ayotzinapos” detenidos que andaban encapuchados y armados. (Andrés Mendoza, Excélsior, 8 Columnas)
El presidente *Andrés Manuel López Obrador presentó ayer la iniciativa de reforma constitucional que propone “un nuevo sistema eléctrico nacional”* para regresar al Estado la conducción del sector, *dotando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 54 por ciento del mercado*; también cancela contratos y permisos a la iniciativa privada, y elimina los órganos reguladores.
En la propuesta se establece también que el *aprovechamiento del litio será exclusivo de la nación* por lo que el gobierno tendrá el dominio de la explotación de los yacimientos de este y demás minerales estratégicos para la Transición Energética, los cuales no podrán ser concesionados a ninguna empresa.
Sin embargo, el texto propone *respetar los permisos de explotación de litio otorgados a la IP* “que ya fueron debidamente avalados por la Secretaría de Economía”. (F. Nieto E I Saldaña, El Heraldo de México, 8 Columnas)
La iniciativa de reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados cancela los cambios legislativos en el sector aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, e impulsa la creación de una súper Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pierde su calidad de Empresa Productiva del Estado y asume la calidad de autoridad energética.
La propuesta anunciada este viernes por el jefe del Ejecutivo federal no sólo fortalece a la CFE, sino que también promueve la desaparición de autoridades regulatorias en el sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La iniciativa reforma los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y el noveno transitorio para desaparecer los contratos de autoabastecimiento, incorporar a los órganos reguladores a la Secretaría de Energía (Sener) e integrar a las subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y al Cenace a la paraestatal encabezada por Manuel Bartlett. (Luis Carriles, Juan Luis Ramos y Jacob Sánchez, El Sol de México, 8 Columnas)
La iniciativa presidencial en materia eléctrica que pretende que 54% de la generación de este servicio lo detente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advierte que el Estado busca recuperar la conducción eléctrica del país.
Las empresas particulares tendrán 46% de la generación, pero en la CFE recaen las funciones regulatorias al eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Especialistas ven en esa iniciativa mayores costos para usuarios y salida de capitales. (Eloísa Domínguez, La Crónica de Hoy, 8 Columnas)
La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador propone un nuevo sistema eléctrico mexicano en el que el Estado recupera su conducción y concentra todo el control en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asimismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que buscan que sea un organismo con personalidad jurídica propia.
De acuerdo con la iniciativa que recibió la Cámara de Diputados la noche del jueves, se plantea eliminar el concepto de empresas productivas del Estado, que se estableció a partir de la reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ser organismos del Estado.
De este modo, la comisión, que actualmente preside Manuel Bartlett, concentrará todo el sistema eléctrico del país. (Magali Juárez, La Razón, 8 Columnas)
La lista de investigadores y académicos que han sido condecorados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes que demandan detener “el hostigamiento” en contra de los 31 científicos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) acusados por el Consejo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla y la Fiscalía General de la República (FGR), aumentó a 44.
“Ante las reiteradas acusaciones y amenazas efectuadas a científicos con gran reconocimiento nacional e internacional, atribuyéndoles incluso delincuencia organizada, los Premios Nacionales de Artes y Ciencias exigimos se detenga el hostigamiento contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y ex funcionarios del Conacyt, muchos de los cuales han servido valiosamente a México, también en puestos de dirección en universidades y centros de investigación”, dijeron los investigadores en una carta.
Hasta hace unos días, la misiva había sido firmada por 33 investigadores y académicos, pero a esa lista se sumaron 13 voces: Gerardo Gamba, doctor en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM; Antonio García de León, doctor en Historia por La Sorbona en París; el dramaturgo Hugo Hiriart y Urdanivia, la fotógrafa Graciela Iturbide, José Luis Leyva, doctor-ingeniero en Control Automático por la a École Nationale Supérieur de Mécanique de Nantes (ahora École Centrale), en Francia; Marcelo Lozada y Cassou, doctor en Física por la UNAM, y Adolfo Martínez Palomo, doctor en Ciencias Médicas por la UNAM. (El Universal. P.p)
Cuernavaca, México.- Tras el incendio en la discoteca Baby’O en Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que sin pruebas no se podía culpar al crimen organizado.
Sin embargo, después, en redes sociales empezó a circular un video de tres hombres rociando gasolina en el centro nocturno para posteriormente prenderle fuego. Fuentes extraoficiales señalan que este video fue difundido por los dueños de este antro y que ya está en poder de la Fiscalía General de Guerrero, la cual está realizando las investigaciones.
En conferencia matutina desde Cuernavaca, el Presidente señaló que los medios quieren tratar el incendio como un asunto de inseguridad. (Benito Jiménez y Jesús Guerrero, Reforma, P.p)