Johannesburgo. Sudáfrica suspenderá el uso de la vacuna de AstraZeneca en su programa de inmunización contra el Covid-19, después de que datos mostraron que ofrecía una protección limitada contra infecciones leves a moderadas causadas por la variante del coronavirus de mayor predominio en ese país.
El ministro de Salud, Zweli Mkhize, informó ayer que el gobierno esperaría el consejo de científicos sobre la mejor manera de proceder, después de los decepcionantes resultados de un ensayo realizado por la Universidad de Witwatersrand.
El gobierno pretendía distribuir pronto el biológico de AstraZeneca a trabajadores sanitarios, después de que hace una semana recibió un millón de dosis producidas por el Serum Institute de India.
En su lugar, ofrecerá las vacunas desarrolladas por Johnson & Johnson y Pfizer en las próximas semanas, mientras expertos consideran cómo se podría distribuir la de AstraZeneca.
Antes, los desarrolladores de AstraZeneca informaron que esperan tener una inyección modificada para lidiar con la variante descubierta en Sudáfrica para el último trimestre del año, comentó ayer la investigadora líder del equipo de la Universidad de Oxford.
Funcionarios de salud en Gran Bretaña intentan contener la propagación de la variante que primero se identificó en Sudáfrica ante preocupaciones de que es más contagiosa o resistente a las vacunas existentes. Más de 100 casos de la variante sudafricana han sido hallados en Reino Unido.
Sarah Gilbert, la principal investigadora del equipo de Oxford, dijo a la BBC: es muy probable que tengamos una nueva versión lista para usarse en el otoño.
La Universidad de Oxford dio a conocer este fin de semana que los primeros datos de un pequeño estudio indican que la vacuna de AstraZeneca sólo ofrece protección mínima contra la enfermedad leve causada por la variante de Sudáfrica. (Reuters, Ap, Dpa, Sputnik y The Independent, La Jornada, Política, P.p)
Quito. El izquierdista Andrés Arauz obtuvo 31.5 por ciento de los votos en los comicios presidenciales celebrados ayer en Ecuador, según un conteo rápido presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que deberá contender en una segunda vuelta el 11 de abril.
El líder indígena Yaku Pérez, sorpresivamente se ubicó en segundo lugar, al conseguir 20.04 por ciento, superando con un margen mínimo al banquero Guillermo Lasso con 19.97 por ciento de los votos y a quien dos encuestas a boca de urna señalaban como el candidato que pasaría a la segunda ronda.
De forma inesperada se ubicó en cuarto lugar el socialdemócrata Xavier Hervas, con 16.28 por ciento, anunció Diana Atamaint, presidenta del CNE.
Atamaint indicó que la proyección se basa en los resultados de 90.4 por ciento de las 2 mil 425 juntas receptoras del voto seleccionadas para el conteo rápido a cargo del organismo.
Alrededor de 13.1 millones de electores, repartidos en casi 40 mil juntas, fueron convocados para los comicios generales, en los que participaron un récord de 16 candidatos a la presidencia.
El anuncio del órgano electoral dejó más incertidumbre que certezas y prolonga la definición de los contendientes para la segunda vuelta electoral.
Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos o 40 por ciento de los sufragios y una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato rival.
Los datos fueron rechazados por Arauz, del movimiento Unión por la Esperanza (Unes), y su mentor, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017).
Arauz refirió que el Unes tiene serias dudas sobre el conteo rápido, pues sus cifras son mayores a las del conteo oficial. Previamente había señalado que obtuvo más de 65 por ciento de los votos. (Afp, Reuters, Ap, Xinhua, Sputnik y Europa Press, La Jornada, Mundo, P.p)
Malas conductas de parte de agentes y oficiales de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) han sido documentadas por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de EU al menos desde 2015.
Manejos irregulares en la contratación y utilización de fuentes confidenciales, nepotismo, favoritismo, encubrimiento y diversas indisciplinas, como llegar a trabajar bajo el influjo del alcohol o solicitar servicios de prostitución, son algunas de las conductas señaladas por la OIG a la DEA.
Uno de los documentos a los que MILENIO tuvo acceso relata que, en 2018, la OIG inició una investigación luego de recibir información a través de la línea telefónica que tiene abierta para recibir todo tipo de denuncias, donde se aseguraba que, seis años antes, un agente especial de la DEA había solicitado servicios de prostitución en una “ciudad importante de Estados Unidos”, de la que no se dieron más detalles.
“Durante el curso de la investigación, la OIG supo que el agente especial informó sobre su indisciplina en 2012 a un (superior) entonces agente especial asistente a cargo quien, supuestamente, no reportó la información sobre la mala conducta del agente especial a un supervisor apropiado o a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA (OPR, siglas en inglés)”, detalla el reporte. En otra situación de indisciplina, un agente especial a cargo adjunto fue descubierto mientras participaba en actividades sexuales al aire libre en un parque y uno de sus superiores le ayudó a encubrir el hecho.
“La OIG encontró indicios de que el supervisor inmediato del agente especial asistente a cargo (…) no informó adecuadamente el contacto del agente especial asistente a cargo con la policía local a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA, y proporcionó declaraciones falsas durante su entrevista con la OIG sobre la conducta de (su subordinado)”, explica el resumen de la investigación fechado en 2019.
Ese mismo año, el órgano de control del Departamento de Justicia estadunidense reportó el caso de un oficial de alto rango de la DEA que incurrió en actos de nepotismo. (Adyr Corral, Milenio, Política, P.p)
El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
Información de inteligencia obtenida por MILENIO apunta a que en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo. En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabine te de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor.
Se señala que a través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento.
De acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.
La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano. Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011. (Jannet López Ponce, Milenio, Política, P.p)
En plena época de austeridad y pandemia, la Cámara de Diputados decidió remodelar el helipuerto del complejo legislativo.
Las obras para colocar una nueva plataforma se realizan después de que a principios de enero de este año inició el levantamiento del viejo piso que, además de que no se apreciaba en malas condiciones, ha servido más como estacionamiento para empleados que como una plataforma para el ascenso y descenso de helicópteros.
En el área de la obra, cuyo costo no ha sido revelado, se levantó todo el cemento que era parte del helipuerto así como el pasto de los jardines, donde también se estacionaban autos de empleados.
Esta remodelación se realiza a la par de la instalación de puertas de acero en el acceso al helipuerto, por la calle de Sidar y Rovirosa.
Ese nuevo acceso forma parte de un contrato por 30 millones de pesos firmado con la empresa Servicios de Construcción, Proyección e Inspección (Secoprisa), y que incluye, además, la construcción de una nueva cerca perimetral con dos puertas de acero en celosía hexagonal, con una longitud de 67.90 metros lineales en la parte norte de San Lázaro.
La licitación y contrato contempla también un nuevo punto de control de acceso a la Cámara por la calle de Zapata, el cual incluye cuatro puertas de metal con visor, cámaras, dos niveles de construcción y una nueva caseta para el estacionamiento subterráneo.
Este punto en la calle de Zapata está prácticamente concluido y, aunque todavía no está en funciones, será el acceso principal para empleados y visitantes.
Se instala además una malla ciclónica de 1.5 metros de alto en el oriente y poniente del estacionamiento, como parte de las medidas para controlar el acceso a la Cámara baja, además de que se plantarán árboles de setos en ambos lados para reforzar la delimitación.
Además del nuevo helipuerto y el contrato con Secoprisa, la Cámara de Diputados tiene en curso otras obras por 20.6 millones de pesos.
Una de ellas es el rescate del edificio histórico de la Antigua ex Garita de San Lázaro, que está frente al edificio de la Cámara de Diputados, sobre Congreso de la Unión y Zapata.
Esa obra se realiza con un gasto plurianual de 12.8 millones de pesos en 2019; 5 millones de 2020 y 7.8 millones de 2021. La obra fue adjudicada a Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería.
La Cámara de Diputados también gasta en la remodelación de la estructura del Bajo Puente ubicado sobre Congreso de la Unión y que atraviesa el Metro, para lo cual se prevé un gasto de 7.8 millones de pesos. (Claudia Salazar, Reforma, P.p)
El cumplimiento de las reglas para exportar a Estados Unidos por parte de la industria automotriz y de autopartes va a contribuir a reducir la enorme diferencia que existe entre los salarios de México y su principal socio comercial.
Para tener la ventaja arancelaria, las plantas en México deberán contar con el Valor de Contenido Laboral (VCL), que exige que el salario debe ser por lo menos de 16 dólares la hora.
El costo laboral promedio que implica la fabricación de un auto en México es 60 por ciento menor al de EU, según la publicación conjunta del Senado y la Secretaría de Economía: “La implementación del T-MEC: una prueba para América del Norte”.
El costo promedio en México para producir un vehículo es 970 dólares, mientras que en Estados Unidos se lleva 2 mil 425 dólares.
“Si implementamos correctamente el T-MEC, entonces sí, a lo largo del tiempo vamos a ver un incremento en los salarios en el sector exportador (incluyendo automotriz). No es de la noche a la mañana, pero ese es el objetivo”, explicó Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica del Tratado.
Mejorar los salarios es una obligación que van a tener las empresas establecidas en México para poder exportar sus productos a EU, coincidió Jorge Millán, director de la oficina de la Ciudad de México de la consultoría SBE.
Al menos 40 por ciento del contenido de los vehículos debe producirse en instalaciones en las que los trabajadores ganen, en promedio, al menos 16 dólares por hora.
Sin embargo, Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clústeres Automotrices, indicó que el riesgo es que ese 40 por ciento de la producción que depende del salario pueda trasladarse a Estados Unidos. (Frida Andrade, Reforma, P.p)
De los más de 150 distritos electorales federales en los que las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia registraron alianzas, 90 concentran la batalla por el dominio legislativo, ya que ambos bloques intentarán quitar a sus adversarios políticos los espacios que obtuvieron en la Cámara de Diputados en los comicios anteriores.
Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, tendrá un camino cuesta arriba, ya que los resultados electorales de 2018 dieron amplia ventaja a Morena y sus aliados políticos.
Las dos coaliciones se enfrentarán cara a cara en lugares como Matehuala, distrito uno de San Luis Potosí, donde se anticipa una contienda cerrada, ya que las preferencias electorales son muy similares para los seis partidos que integran las alianzas.
En tanto, en la Ciudad de México, los dos bloques se enfrentarán en siete distritos: el dos, en la alcaldía de Gustavo A. Madero; el cinco, en Tlalpan; el ocho, en Cuauhtémoc; el 16, en Álvaro Obregón; el 17, en Cuajimalpa; el 20, en Iztapalapa y el 23, en Coyoacán.
Morelos es la única entidad federativa donde las coaliciones no competirán por alguno de sus cinco distritos. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, P.p)
La distribución de las vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos ha sido desigual, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).
Los afroamericanos y los hispanos recibieron una proporción menor de dosis que su representación entre trabajadores de la salud y residentes de asilos de ancianos, dos grupos prioritarios para las inoculaciones.
La población de raza negra recibió 5.4% de las vacunas reportadas a partir de datos de raza/etnia, a pesar de que representan 16% de los trabajadores de la salud y 14% de los residentes de asilos, según los conteos publicados la semana pasada.
En el mismo sentido, los hispanos/latinos recibieron 11.5% de las vacunas, aunque representan 13% de los trabajadores de la salud y 5% de residentes en asilos.
Ambas comunidades se encuentran entre las más afectados por covid-19 por lo que funcionarios de salud pública han pedido ampliamente equidad en la distribución de vacunas.
Los datos sobre raza o etnia sólo estuvieron disponibles para la mitad de los 12.92 millones de personas vacunadas en Estados Unidos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 14 de enero de 2021.
Los blancos recibieron 60.4% de las dosis y representan 60% de los trabajadores de la salud y el 75% de los residentes en asilos.
Esto es similar a las cifras de la ciudad de Nueva York durante el fin de semana, que mostraron que, si bien los afroamericanos constituían 24% de la población, según los datos de 2019, hasta ahora han pedido y recibido solo el 11% de las vacunas contra el coronavirus.
Los CDC explicaron que las cifras son limitadas por la extensión de los datos de raza/etnia reportados, y porque los estados y los puntos de vacunación no emplean los mismos criterios para medir las aplicaciones de las dosis.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, detalló que prevé incrementar los recursos federales para los centros de vacunación comunitarios, así como desplegar clínicas móviles y expandir la fuerza laboral de salud pública para acelerar las inmunizaciones. (Reuters, Excélsior, P.p)
El gobierno federal, a través de la CFE, tiene en la mira pagos millonarios que hace para comprar energía eléctrica a productores independientes y a los que está atado, en varios casos, por 25 años.
La iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica considera sentar a la mesa de negociaciones a empresas que operan 32 centrales de productores independientes y revisar convenios por casi 1.6 billones de pesos.
El plan es reducir el mayor porcentaje posible de esos pagos con ajustes en los términos de los contratos que se empezaron a firmar desde 1997, explicó un alto funcionario del sector energético que solicitó el anonimato.
Detalló que se analizará la rentabilidad de esas centrales. La construcción de un complejo representa en promedio una inversión de 400 millones de dólares, por lo que el levantamiento de 32 asciende a 12 mil 800 millones —256 mil millones de pesos—.
Hasta 2020, CFE les compró energía por 934 mil millones de pesos, lo que indica que estas empresas ya amortizaron sus inversiones iniciales y obtuvieron ingresos de hasta 678 mil 544 millones más, sin considerar que en varios casos hay compromisos hasta 2044, dijo el funcionario.
El gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), va por los millonarios pagos que hace por la compra de energía eléctrica a productores independientes y que tiene comprometidos, en algunos casos, hasta por 25 años más.
Con las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica busca sentar a la mesa a las empresas que operan 32 centrales de productores independientes para “negociar” casi un billón 570 mil millones de pesos.
Estos recursos están comprometidos para la compra de electricidad que cubre los siguientes cuatro años de esta administración y dos décadas más, por lo que se revisarán los términos de los contratos firmados en gobiernos pasados, precios, cargos fijos y variables que se establecieron en las pólizas de compra-venta y que representan para CFE una fuerte carga financiera.
El objetivo es “reducir en el mayor porcentaje posible esos pagos con ajustes en los términos de los contratos que se empezaron a firmar desde 1997, con el primer permiso de generación de electricidad bajo el esquema de productor independiente que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a AES Mérida III para la construcción de una planta de generación con una capacidad de 531.5 Mewagatts (Mw), para su venta exclusiva a CFE”, informó a EL UNIVERSAL un alto funcionario del sector energético que solicitó el anonimato.
Se busca analizar la rentabilidad de estas centrales, añadió, pues “considerando que la construcción de una central de ciclo combinado representa una inversión de 400 millones de dólares, se presume que las inversiones para construir las 32 centrales podrían ascender a 12 mil 800 millones, 256 mil millones de pesos a la paridad actual”.
Hasta 2020, la “CFE les ha comprado energía con un valor de 934 mil 544 millones de pesos, es decir, ya amortizaron sus inversiones iniciales y han obtenido 678 mil 544 millones más, sin considerar lo que todavía les falta por el cobro de la entrega de energía eléctrica comprometida, en algunos casos, hasta 2044”, añadió.
¿Qué porcentaje de reducción de los pagos o de cargos fijos y variables por compras de energía eléctrica estarían esperando? Se le cuestionó al alto funcionario. (Noé Cruz Serrano, El Universal, P.p)
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana buscan a cinco bandas dedicadas al robo a casa habitación que están encabezadas por personas de origen colombiano.
De acuerdo con el trabajo de inteligencia y el seguimiento a las carpetas de investigación, estas organizaciones operan en las alcaldías de Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc.
Los delincuentes también han creado una red para vender de inmediato lo robado, para lo cual utilizan casas de empeño, joyerías establecidas en la zona Centro de la ciudad y, más recientemente, ofrecen todo en redes sociales, lo cual no deja rastro, pues la compra es casi inmediata.
También buscan a empresas que les adquieran los productos ilegales.
Cinco bandas que se dedican al robo de casa-habitación forman parte de los objetivos prioritarios del gobierno capitalino, por lo que la Fiscalía General de Justicia local (FGJ) ha establecido las alcaldías donde se concentran los delincuentes: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, demarcaciones donde, de manera constante, durante el año pasado se registraron los hurtos.
El atraco más reciente de una de estas bandas ocurrió el viernes pasado en la colonia Tlalpuente, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la ciudad.
Ahí, un oncólogo que descansaba con su familia y veían Netflix en la sala, fueron sorprendidos por los atracadores: “Tirénse al suelo o se los carga la chingada”, les gritaron una vez que tres sujetos armados entraron al domicilio, de donde se llevaron joyas, aparatos electrónicos, 100 mil pesos en efectivo y un vehículo.
Consta en la carpeta de investigación FITLP/TLP-2/UI-3 /C/D /00352/02-2021, que se inició por el delito de robo a casa-habitación con violencia, que quien dirigía el atraco tenía acento colombiano y a las víctimas les llagraron mó la atención que todos seguían instrucciones por una cuarta persona a través de un teléfono celular, por lo que el robo duró unos 10 minutos.
Una de las víctimas relató a las autoridades que los delincuentes ya sabían cuántas personas estaban dentro del domicilio y qué objetos robar, pues de inmediato le exigieron “el dinero ahorrado” y los documentos de una camioneta de reciente modelo.
Luego, a pesar de que el domicilio se encontraba en una calle privada, se retiraron y no fue hasta que las víctimas loliberarse de unas ataduras de plástico que les pusieron, que pidieron ayuda a la policía.
Con base a esta y otras denuncias similares, la fiscalía capitalina ha logrado determinar que las cinco bandas con más atracos son lideradas por presuntos colombianos, quienes han establecido un modus operandi que ha sido replicado por grupos de hampones mexicanos.
Los delincuentes también han establecido una red para vender de inmediato lo robado, y para eso utilizan casas de empeños, joyerías establecidas en la zona Centro de la ciudad y recientemente ofertan todo en redes sociales, lo cual no deja rastro, pues la compra es casi inmediata. (David Fuentes, El Universal, P.p)
El deterioro del consumo de las familias mexicanas a causa del impacto de la pandemia en el mercado laboral fue mayor al observado en las crisis de 2009 y 1995, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De enero a noviembre de 2020, el gasto en bienes y servicios de origen nacional e importado registró una caída anual promedio de 11.5 por ciento. Es la tercera baja en todo la historia, pero la de mayor magnitud.
Turbulencia financiera
En la crisis económica de 1995, en el mismo periodo, el consumo se contrajo 4.75 por ciento, mientras en la turbulencia financiera de 2009 tuvo una disminución de 6.59 por ciento.
“La entrada histórica de remesas, el gasto asistencial y los microcréditos que se dieron no lograron compensar la recesión en 2020”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico.
A consecuencia del coronavirus, 42 por ciento de los hogares registró una reducción de sus ingresos y más de 40 por ciento de la población ocupada tuvo, en algún momento, una reducción en sus remuneraciones, según el Inegi y la encuesta Encovid-19.
“La mayor parte del consumo depende de contar con una fuente de ingreso laboral. Las remesas y el gasto público asistencial no pueden sustituir los recursos que se obtienen a través del empleo”, agregó De la Cruz.
Recuperación paulatina
Pese a que el gasto de los hogares tiene una recuperación paulatina desde junio, que se intensificó con el Buen Fin, el indicador que mide el gasto de las familias aún está en niveles de 2016. Además, en noviembre hiló 12 caídas anuales consecutivas.
Las cifras revelan una “recuperación muy lenta”, expuso el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, vía Twitter.
“Se espera que el consumo muestre un estancamiento en su recuperación en los primeros meses de 2021, debido a la reintroducción de medidas sanitarias”, dijo Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. (Fernando Franco, El Heraldo de México, P.p)
Una encuesta para inversionistas de la firma suiza Credit Suisse reveló que hay optimismo para los activos mexicanos, tanto en renta fija como en renta variable, pues los operadores consideran que hay oportunidad para invertir en ellos.
El 55% de inversionistas considerados en un sondeo a enero de la entidad financiero dijo que es un buen momento para tomar posiciones largas en acciones mexicanas. El 62% de los operadores consideró esto, en comparación con un 42% de inversionistas foráneos.
El 20% de los entrevistados señala que podría ser un mal momento para comprar títulos mexicanos, mientras que el 25% no está seguro.
La encuesta se realizó entre Credit Suisse y Buendía & Laredo, S.C. entre el 22 de enero y el 1 de febrero de este año a 80 inversionistas institucionales, de los cuales 49 están localizados en México y 31 en el extranjero.
Respecto a renta fija, el 58% de los inversionistas considera que es un buen momento para invertir en deuda gubernamental mexicana, siendo más optimistas los operadores extranjeros, con 68% de los entrevistados, contra 52% de operadores con sede en México.
El peso, en contraste, no es tan atractivo, pues solo 37% considera que sería oportuno tomar posiciones largas, donde el 52% de los operadores extranjeros si lo cree, y solo 27% de operadores con sede en el país.
En tanto, el 73% de los entrevistados considera que el mercado accionario local tendrá un desempeño mucho mejor en los siguientes 12 meses, el 13% piensa que se mantendrá sin cambios, el 8% lo ve en un nivel peor, y 6% no sabe qué responder.
El sondeo también reveló que el 89% mencionó al desempeño de los mercados financieros internacionales como el factor más importante que determinará el retorno de las inversiones en activos financieros en México.
También con 89% está la incertidumbre sobre el panorama económico local, con 84% la incertidumbre política y con 38%, la volatilidad del peso mexicano.
Otra encuesta de la firma mexicana Black Wallstreet Capital también reflejó esta visión, aunque sugieren menor optimismo que en noviembre. En diciembre, las posturas bullish, o de mercado alcista, se mantienen en niveles altos, para diciembre se ubicó en 56%, una disminución desde el máximo en 67% del mes anterior.
“Para el cierre del año pasado, la mayoría de los encuestados presentan un sentimiento optimista sobre el mercado accionario nacional, las fuertes ganancias de las últimas semanas provocan que los participantes consideren tomas de utilidades lo que se refleja en disminución de las posturas bullish e incremento de bearish”, detalla el reporte de BWC. (C. Tejeda y Y. Morales, Economista, P.p)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para mantener estable el precio y evitar los gasolinazos, con el objetivo de proteger la economía de las familias de un aumento acumulado de casi ocho por ciento en el precio de la gasolina, sostuvo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.
“El estímulo del IEPS tiene un diseño contracíclico que estabiliza el precio de los combustibles y evita incrementos abruptos por alzas en precios internacionales del petróleo, referencias de combustibles y tipo de cambio: en tanto estas variables suban, el estímulo aumenta”, explicó el funcionario en Twitter.
Hacienda aplicará por primera vez, desde la primera semana de marzo de 2020, un estímulo fiscal a la gasolina regular, o Magna en el caso de la que vende Pemex, ante el repunte en el precio del petróleo en los últimos días, lo que algunos consumidores comenzaron a registrar esta semana al ir a cargar el tanque en alguna de las más de 12 mil estaciones de servicio que hay en el país.
La dependencia publicó el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que para la semana del 6 al 12 de febrero aplicará a la ‘gasolina verde’ un estímulo fiscal de 2.79 por ciento a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Lo anterior quiere decir que, con el estímulo fiscal, en lugar de pagar la cuota completa del IEPS vigente en 2021, que es de 5.1148 pesos por litro, los consumidores pagarán 4.9719 pesos por litro, es decir, 0.1429 pesos menos por cada litro de este tipo de combustible.
La medida se da tras 47 semanas al hilo sin estímulo fiscal a la Magna y ante el repunte en el precio de la mezcla mexicana durante enero y los primeros días de febrero que, incluso, ya supera los precios previos a la pandemia de COVID-19.
En tanto, la Secretaría de Hacienda no aplicó estímulo fiscal a la gasolina Premium y Diésel, por lo que los consumidores continuarán pagando completas las cuotas del IEPS vigente para esos combustibles, que son 4.3192 y 5.6212 pesos por litro. (Zenyazen Flores, El Financiero, P.p)
El Banco del Bienestar recortó su plan de construcción de sucursales, discretamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 3 de enero del 2020 que tendrían dos mil 700 sucursales en dos años, es decir, mil 350 en 2020 y mil 350 en 2021. Pero en realidad tendrán, si bien les va a los militares que las construyen, mil sucursales al cierre del 2021.
“Vamos a iniciar, puedo decirles aquí y anuncio a nivel nacional, ya comenzó el programa de construcción de dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar en el país y se van a construir las dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, las va a construir el Ejército, los ingenieros militares, este año ya tienen cinco mil millones para hacer la mitad de las dos mil 700 sucursales y el próximo año otros cinco mil millones”, anunció López Obrador. Pero eso no se cumplirá.
Germán Palomares, encargado de vinculación del organismo, dijo a este diario que el ajuste en el plan fue a causa de los impactos que ha tenido la pandemia.
Hasta el 3 de diciembre pasado, el Ejército había construido 372 sucursales en todo el país, de acuerdo con la respuesta del banco a una solicitud de transparencia de El Sol de México.
Lo anterior significa que a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le llevó 11 meses concluir el trabajo que, en principio, debió concluir en poco menos de cuatro meses. Al cierre de esta edición, la Sedena no había explicado los motivos del retraso en las obras. No respondió las solicitudes de información de este diario.
En junio del año pasado, Rabindranath Salazar, entonces director de la institución financiera creada por la Cuatroté, atribuyó el retraso en el avance de la construcción de las sucursales a que el personal del Ejército, encargado de las obras, fue removido a la reconversión de hospitales por la pandemia.
El Banco del Bienestar (BanBien) recortó su plan de construcción de sucursales. De las dos mil 700 instalaciones nuevas que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cierre de 2021 se tendrán mil.
Germán Palomares, encargado de vinculación del organismo, dijo a este diario que el ajuste en el plan fue causado por los impactos que ha tenido la pandemia.
Hasta el 3 de diciembre, el Ejército había concluido 372 sucursales a nivel nacional, de acuerdo con la respuesta del banco a una solicitud de transparencia de El Sol de México.
Lo anterior significa que a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le llevó 11 meses concluir el trabajo que, en principio, debió concluir en poco menos de cuatro meses. A principios de 2020, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que el Ejército construiría 100 sucursales del banco en promedio al mes, meta que no se alcanzó, pues en promedio se construyeron 33 sucursales por mes.
Al cierre de esta edición la Sedena no había respondido los motivos del retraso en las obras.
En junio del año pasado, Rabindranath Salazar, entonces director de la institución financiera creada por la Cuatroté, atribuyó el retraso en el avance de la construcción de las sucursales a que el personal del Ejército, encargado de las obras, fue removido a la reconversión de hospitales por la pandemia.
Debido a esta situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortó casi dos tercios la meta programada.
Las sucursales construidas hasta el 3 de diciembre estaban además por debajo de lo acordado con la Sedena.
De acuerdo con datos del portal Compranet, el Banco del Bienestar firmó siete contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional el año pasado por 948.7 millones de pesos para construir 427 sucursales, es decir, 55 más que las que se habían terminado hasta el 3 de diciembre.
Los trabajos asignados incluían la elaboración de los proyecto ejecutivo y arquitectónico, planos y análisis de costos.
Además, el 10 de agosto el presidente López Obrador informó que el Ejército también sería el encargado de equipar las dos mil 700 sucursales bancarias.
El anuncio se dio unos días después de que el gobierno informó que se había cancelado un contrato de 10 mil millones de pesos con VivColmex, empresa que se encargaría de instalar y dar mantenimiento a ocho mil cajeros automáticos para el Banco del Bienestar. (Juan Luis Ramos, El Sol de México, P.p)
Al tercer trimestre de 2020 la inversión privada representó 14.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un retroceso de 2.7 puntos por centuales desde el nivel previo de 17.3 por ciento con el que cerró su último año, la administración de Enrique Peña Nieto, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el caso de la inversión pública, la cual ya se situaba en una posición desventajosa con una inversión de apenas 2.9 por ciento del PIB en 2018, registró una caída de 0.4 puntos porcentuales hacia el tercer trimestre del año pasado, al ubicarse en un nivel de 2.5 por ciento.
De acuerdo con la Iniciativa Privada, la cifras son claras y reflejan la falta de certidumbre jurídica que en México se le otorga a las inversiones.
“La caída de la inversión se ha agudizado fuertemente en este gobierno. Parecería que las acciones del Gobierno y las propuestas e iniciativas de su partido tuviesen como objetivo debilitar la certidumbre jurídica y el marco institucional que protegen la inversión”, sostuvo el CEESP.
En 2008 la inversión privada ascendía a 22.8 por ciento, por lo que en casi 12 años se desplomó 6.0 puntos porcentuales, de los cuales 3.2 puntos porcentuales se esfumaron en los dos años de la actual administración.
El CEESP aseveró que la caída en la inversión que ha impulsado el sector privado mexicano, se ha visto mermada por las decisiones políticas que ha lanzado el partido del Presidente López Obrador que “atentaron y actualmente amenazan” la confianza de los inversionistas, en un momento en el que se requiere para impulsar la recuperación económica.
Recordó que en 2018 y antes de tomar posesión de la Presidencia se llevó a cabo una consulta popular para detener la construcción del Aeropuerto de Texcoco, además de la iniciativa de reformas a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en Materia de Comisiones Bancarias.. (Ana Martínez, La Razón, P.p)