Dos años después de que fuera creada, con la idea de convertirla en un super ministerio de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emprendió una limpia de funcionarios vinculados al durazismo y desde noviembre se ha dado de baja al quince por ciento de todos los servidores públicos del sector central de la dependencia, en particular mandos medios y altos.
La barredora ha alcanzado a prácticamente todas las áreas, desde la dirección general de Comunicación Social hasta las de Análisis Criminal, Coordinación Estratégica, Recursos Humanos y Recursos Materiales, entre otras. Los ceses, renuncias voluntarias, retiros, jubilaciones y despidos se han concentrado en niveles jerárquicos superiores, como directores generales, generales adjuntos y hasta jefes de unidad.
Una relación de bajas laborales, elaborada por la Dirección General de Recursos Humanos de la SSPC, obtenida por MILENIO gracias a una solicitud de transparencia, da cuenta de que el incremento sustancial en salidas –más del 300 por ciento en algunos casos– coincide con la renuncia de Arturo Durazo de la dependencia y la llegada en noviembre de Rosa Icela Rodríguez .
Desde entonces, de un total de mil 689 plazas para el sector central de la SSPC, según el análitico de plazas de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para 2021, 252 funcionarios han pasado por el cuchillo, aunque en el documento no se especifica si han sido reemplazados por nuevas contrataciones. (V. H. Michel y A. Martínez, Milenio, P.p.)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal de más rápida expansión en México y, junto con el Cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos dominantes en el tráfico de droga, según el más reciente informe de la DEA sobre amenazas a la seguridad de EU.
En ese país, el CJNG tiene presencia en 26 de las ciudades más importantes, incluyendo Honolulu, en las islas de Hawái, y San Juan, en Puerto Rico.
En México, según un reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, este cártel tiene presencia en 27 de los 32 estados del País.
De acuerdo con la DEA, el CJNG controla el puerto de Manzanillo, clave para la importación de precursores químicos para elaborar fentanilo, metanfetaminas y otras drogas que están inundando el mercado estadounidense. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Las bandas criminales dejaron de ordeñar ductos y ahora contrabandean gasolinas.
El crimen intensificó su operación en las aduanas fronterizas y puertos marinos, en colusión con funcionarios de Aduanas, para introducir los combustibles de manera ilegal.
Las redes operan principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Fuentes federales informaron que, cada día, decenas de pipas ingresan con combustible adquirido en Texas que no es reportado en las aduanas, además de que hay importación con documentación falsa para disfrazar el combustible y evadir pago de impuestos.
Las bandas criminales también embarcan la gasolina que roban y la llevan en barcos a mar abierto y luego regresan a los puertos mexicanos con pedimentos de importación irregulares o falsos para “legalizar” las gasolinas. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
El SAT reportó una afectación en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por importación de gasolinas y culpó al crimen organizado.
Reportó que en el primer trimestre del año hubo una caída del 35.7 por ciento del cobro de IEPS, en relación con el mismo periodo del 2020, y que representó una disminución de 20 mil 306 millones de pesos.
En el primer trimestre del año pasado hubo 15 días de cuarentena (la última quincena de marzo), mientras que en el 2021 el País ha operado con restricciones por la pandemia.
La venta de gasolinas en enero y febrero de este año sumó 48 mil 557.3 millones de pesos, monto 25.1 por ciento inferior a los 64 mil 879.6 millones registrados en el mismo periodo de 2020. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Al subrayar que durante su gobierno no habrá montajes que en el pasado representaron complicidad y hasta asociación delictuosa entre el poder político y los medios de comunicación, el presidente López Obrador subrayó que hace falta una renovación del Poder Judicial.
Dedicó al tema la mayor parte de la conferencia de prensa de ayer, con énfasis en lo que significó hace 15 años la transmisión en televisión de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta. A pregunta sobre la situación de éste, quien aun no recibe sentencia, externó que de haber elementos que demuestren inocencia se solicitará su libertad.
Instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, revisar el caso aunque previamente la funcionaria, conocedora del expediente porque cuando fue ministra votó en favor de la liberación de Cassez, informó que el implicado tiene otras dos causas penales por secuestro, aunque se investiga si son acusaciones falsas.
Algo similar ocurrió con Rafael Caro Quintero –explicó– quien estuvo 28 años en la cárcel, sin recibir sentencia. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño, La Jornada, P.p.)
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, advirtió hoy Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020/2021.
En el apartado sobre el país, AI advirtió que el propio Presidente López Obrador “estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia de las mujeres”.
La organización señaló que la reacción del gobierno de López Obrador ante la pandemia fueron “recortes del gasto público” que implicaron disolver fideicomisos públicos, “entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”. (EFE, El Universal, P.p.)
El Gobierno federal y el periodista Carlos Loret de Mola chocaron ayer luego de que en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador se retomó el montaje sobre la supuesta detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, ocurrido en diciembre de 2005, donde se señaló al comunicador de haberse prestado al engaño; también se anunció la revisión del caso Vallarta.
A través de Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), se lanzaron cuestionamientos a Loret de Mola y a lo difundido en aquella época cuando se recreó el operativo policiaco a cargo del entonces director de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AFI), Genaro García Luna, en el rancho “Las Chinitas”, en el Estado de México.
“Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la mañana le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de Las Chinitas, donde iban a atrapar a dos peligrosos secuestradores que formaban parte del grupo de Los Zodiaco, y a liberar a una familia”, dijo Villamil. (Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
Las aportaciones de enfermeras, personal de salud y médicos al país fueron reconocidas en la conmemoración del Día Mundial de la Salud. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 12 premios y condecoraciones al mérito 2021, y ponderó que es de ustedes y es también en honor a todos los trabajadores de la salud de nuestro país, que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas.
Miguel Malo Serrano, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), retrató la realidad de discriminación étnica y de género que subyace día a día: En todo el mundo algunos grupos no sólo tienen acceso limitado a servicios de salud de calidad, sino que luchan para llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios, tienen un acceso más deficiente a condiciones de vivienda y educación de calidad y sufren inseguridad alimentaria.
Enfrentar esas injusticias –subrayó el especialista en enfermedades mentales– implica retos en época de pandemia: asegurar el acceso equitativo de vacunas; planes y presupuestos pos-Covid-19 que prioricen la salud y la protección social; asegurar acceso equitativo a servicios e infraestructura comunitaria, tanto a nivel urbano como rural y fortalecer la atención primaria de salud como eje articulador de la transformación de los modelos de atención. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, Contraportada)
México y la región de América Latina tienen una grave crisis de derechos humanos, situación que se ha empeorado por la pandemia de Covid-19 y que afecta principalmente a grupos históricamente marginados, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas.
“Las graves crisis de derechos humanos por las que ya atravesaba nuestro continente crearon una suerte de tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo coronavirus. Esta situación empeoró también como resultado de las respuestas equivocadas y poco efectivas de los gobiernos propios ”, consideró Guevara durante la presentación del informe anual de la organización correspondiente al periodo 2020-2021.
Amnistía Internacional denunció en su informe violaciones graves a los derechos humanos como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y respuesta desproporcionada por parte de las autoridades, entre otros.
Por su parte, Tania Reneaum, dirección de AI México, Señalar que los delitos penales en nuestro país tienen un elevado índice de impunidad, que alcanza una tasa de hasta 99 por ciento.
Estas cifras se reflejan, por ejemplo, en que durante el año 2020 fueron asesinadas tres mil 752 mujeres en el país, es decir, 10 mujeres asesinadas cada día. De estos homicidios, sólo 969 casos fueron investigados como feminicidios. (Alfredo Maza | El Sol de México, P.p.)
Al arrancar las campañas, 153 diputados federales que buscan su reelección renunciaron a los apoyos económicos que reciben mensualmente, equivalentes a 32.1 millones de pesos, pero mantienen su pago de dieta mensual, de 74 mil pesos cada uno.
En conjunto, los legisladores siguen cobrando en San Lázaro 11.1 millones de pesos cada mes.
Los diputados notificaron a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que renuncian, desde el 1 de abril y hasta finales de junio, a los apoyos económicos de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje, así como a los que reciben por sus informes de actividades legislativas.
De acuerdo con Transparencia de la Cámara de Diputados, cada legislador federal recibe al mes 45 mil 786 pesos de asistencia, 28 mil 772 pesos por atención ciudadana y tres mil 540 pesos por transporte y hospedaje. Además, al año reciben 58 mil 297 pesos por apoyo a sus informes de actividades legislativas. (Misael Zavala, El Heraldo de México, P.p.)
A dos días del acuerdo en Palacio Nacional, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados incorporó desde ayer al proyecto de dictamen las medidas que aplicarán en la subcontratación de personal sólo para servicios especializados.
Ratifica que poner fin a la tercerización indiscriminada busca evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones patronales.
La reforma, que se votará este jueves en esa comisión y se discutirá en el pleno de la Cámara el próximo martes, establece reglas precisas para evitar la simulación en las relaciones laborales, el perjuicio a los trabajadores –que recibirán utilidades de tres meses o el promedio de los últimos tres años– y al fisco, al cerrar el paso a la elusión y la evasión.
En este sentido, la reforma obliga a la empresa a entregar al contratante todos los recibos de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus trabajadores y se confirma el plazo de tres meses para que los empleados bajo el régimen de outsourcing pasen a formar parte de la nómina del patrón real. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez, La Jornada, Contraportada Verónica Gascón, Reforma, P.p.)
La Mesa Directiva del Senado solicitó anoche a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva prórroga para concretar la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas y adiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, ante los evidentes “yerros” e inconstitucionalidad que provocó la Cámara de Diputados con los cambios que le hizo.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior, la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, explica a la Suprema Corte que no existen las condiciones que permitan construir un acuerdo en torno de la nueva legislación, después de las modificaciones hechas a la minuta por parte de la colegisladora.
El Senado estará a la espera de la respuesta oficial de la Corte, pues de acuerdo con la Constitución y la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ejecución de una orden de sentencia, derivada de un amparo indirecto, no puede dejar de cumplirse en los plazos fijados judicialmente, salvo que se cuente con la prórroga de la instancia judicial que la emitió; en este caso el pleno de la Corte.
Después de que el lunes la Comisión de Justicia y el martes la Comisión de Estudios Legislativos del Senado aprobaran por separado el dictamen con la minuta modificada por la Cámara de Diputados, a pesar de reconocer que contiene 17 inconsistencias y que es inconstitucional, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, anunció que el Senado iba a estudiar el solicitar la prórroga del plazo judicial. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, P.p.)
México se ubicó como el primer socio en el comercio de productos de Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el Departamento de Comercio.
Con un comercio (importaciones más exportaciones) de 48,500 millones de dólares, México volvió a ocupar ese liderazgo que perdió frente a China desde abril de 2020, en términos mensuales.
En el comercio internacional, las cadenas mundiales de valor se vieron impactadas en febrero por la falta de suministro de chips semiconductores; mientras que México además enfrentó, en particular, problemas en su producción por la carestía de gas natural, derivada de afectaciones climatológicas en su principal proveedor, Texas.
Por su parte, China celebró el 12 de febrero el Año Nuevo Lunar, que marca el comienzo del calendario tradicional chino y es uno de los eventos más importantes a nivel nacional con celebraciones en todo el país que pueden durar hasta siete días y propicia la inactividad de muchas empresas. (Roberto Morales, El Economista, P.p. Héctor Usla, El Financiero, P.p.
En demanda de que se restituyan las candidaturas a gobernador de Guerrero, para Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, para Raúl Morón Orozco, así como de otros aspirantes retirados por el Instituto Nacional Electoral (INE) por incumplir su obligación de entregar informes de gastos de precampaña, Morena realizó una movilización a las puertas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Salgado Macedonio afirmó allí que el INE se prostituyó, insistió en que promoverá juicio político contra siete consejeros y consideró que el INE debe desaparecer.
Acompañado por el dirigente de Morena, Mario Delgado, alrededor de las 9 de la mañana se trasladaron de las inmediaciones del INE –donde pernoctaron– a la sede del TEPJF. El senador con licencia apareció entre gritos de hay toro, hay toro de decenas de sus simpatizantes. Al tomar la palabra sostuvo: yo pregunto al INE ¿en base a qué nos están quitando la candidatura? No vamos a permitir este atraco y tenemos la esperanza de que aquí en el tribunal resuelvan apegados a estricto derecho, no por consigna política o presiones de ninguna naturaleza.
Hacia el mediodía, Morón se presentó a la sede del TEPJF, donde, entre las consignas de los morenistas, sostuvo que al igual que los guerrerenses, también militantes del partido en Michoacán iniciaron una caravana a la capital para demandar la restitución de la candidatura. No nos vamos a dejar, no nos van a detener y se va a revertir esta decisión arbitraria e ilegal. Confiamos en que los magistrados van a regresar el derecho que tienen el pueblo de Michoacán y Guerrero a decidir quién los gobierna, porque quieren trastocar la voluntad popular. (Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada)
A pesar del compromiso de disciplina fiscal que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador, la deuda general del gobierno de México se mantendrá fluctuando por arriba de 60 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí al 2026, proyectaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al cierre del año pasado, la deuda del gobierno alcanzó el registro de 60.6% del PIB, que incorpora un aumento histórico de siete puntos del Producto en 12 meses, resultado del impacto de la depreciación cambiaria en las métricas de la deuda y del desplome de la actividad económica generado por la crisis del Covid-19.
La citada medición incluye las obligaciones de todas las instituciones públicas incluidos Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, fondos de seguridad social y deuda del gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y local.
Según los pronósticos del FMI, incluidos en el su reporte radiográfico semestral sobre la situación de las finanzas públicas, el Monitor Fiscal, la deuda general del gobierno de México tendrá una suave moderación en el indicador durante este año y el próximo, que llevará a promediar el equivalente a 60.5% del PIB. (Yolanda Morales, El Economista, P.p.)
La vacunación contra Covid-19 para personas entre 50 y 59 años de edad comenzará en mayo, sin embargo, hasta ahora no se tiene un mecanismo para el registro, aunque se está planteando hacerlo nuevamente a través de la página de mivacuna.gob.mx, y otras estrategias de campo, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
“El 30 de abril día del niño, terminaremos de vacunar a las abuelas y abuelos y enseguida, sin interrupción, empezaremos a vacunar a las personas del siguiente bloque de edad, 50 a 59 años, más toda aquella persona que tuviera más de 60 años y que por la razón, no haya sido vacunada durante la etapa uno”, refirió en la conferencia de prensa vespertina.
El funcionario federal enfatizó que, siempre y cuando se tenga evidencia de que el riesgo de una tercera ola “no parece un riesgo inminente”, las autoridades retomarán la vacunación al personal educativo, siguiendo los mismos criterios construidos junto con la Secretaría de Educación Pública, que establecen que esta vacunación se dará en entidades con semáforo de riesgo Covid color verde.
En este contexto, hasta ayer se habían aplicado en México, 10 millones 89 mil 420 dosis de vacunas contra Covid-19, de ellas 7 millones 155 mil 866 corresponden a primeras dosis para personas mayores de 60 años de edad y 760 mil 957 ya cuentan con el esquema completo de la vacuna, es decir dos dosis. (Karina Aguilar, 24 Horas, P.p.)
Al menos en cuatro entidades federativas del país, hasta 27 por ciento de los adultos mayores no acudió a ponerse la vacuna contra Covid-19 en los municipios donde ya se aplicaron las primeras dosis.
La Razón realizó un análisis del número de vacunas aplicadas por municipio con la población de más de 60 años, reportada en el censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Estado de México.
En Coahuila terminó la primera vuelta de la inmunización en 34 municipios con una población de 169 mil 873 adultos mayores. Sin embargo, al corte preliminar del 7 de abril, un 27.3 por ciento no asistió a las sedes de vacunación. Esto representa a 46 mil 407 personas de la tercera edad sin la protección y su equivalente en el número de dosis que sobraron en la entidad.
Por ejemplo, el 10 de marzo inició la vacunación en el municipio de Piedras Negras, pero de acuerdo con información del estado, sólo se aplicaron 12 mil 947 dosis de 17 mil 40 personas que habitan en el lugar. (Otilia Carvajal, La Razón, P.p.)
En 33 días, el Ejército mexicano baleó dos automóviles donde viajaban civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En febrero, cuatro jóvenes fueron rafagueados con 18 disparos, y resultaron dos personas heridas y una muerta. En marzo, un hombre acompañó a su esposa a realizarse una ecografía, pero a unas cuadras de llegar al lugar recibió disparos que le ocasionaron su muerte horas después.
Javier y Jacob ahora descansan a menos de 50 metros de distancia en el panteón Jardín de los Ángeles, a las afueras de la ciudad fronteriza. Ambos estaban casados, tenían hijos, eran jóvenes: 20 y 26 años, respectivamente, y eran el sostén de sus familias.
Uno no acabó la carrera y el otro dejó la escuela en secundaria, pero ambos se dedicaban al comercio, uno de autos y otro de ropa. Ambos recibieron disparos del Ejército y pasaron más de 40 minutos para que una ambulancia les ayudara a detener la hemorragia. A los dos los vieron morir los soldados mientras sostenían sus armas, sin brindarles ayuda. Los dos casos ya tienen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por una probable ejecución a manos del Ejército.
En los últimos ocho meses, el Ejército ha cometido, al menos, tres ejecuciones extrajudiciales en esta ciudad fronteriza: tres jóvenes secuestrados por el crimen organizado que murieron el 3 de julio por tiros de soldados y los dos casos narrados. En ninguna de estas situacione hay militares procesados, a pesar de las pruebas y de los señalamientos de abogados, familia y testigos. (Íñigo Arredondo, El Universal, P.p.)
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá un proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos que contempla la posibilidad de expropiar empresas que tienen permisos, sin que la redacción use el término “expropiación”.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo modifica el artículo 57 de la Ley e incluye el 59 bis, que permite la intervención de la autoridad.
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender los permisos expedidos cuando “se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
“La autoridad que haya emitido el permiso (de importación de hidrocarburos) se hará cargo de la administración y operación del permisionario para la continuidad en la operación de las actividades”, señala el texto que se prevé sea discutido el próximo miércoles. (Mayela Córdoba, Reforma, P.p.)
Dos estallidos y un incendio ocurridos ayer por la tarde en una bomba de transferencia de gasolinas de la refinería Lázaro Cárdenas, en el municipio de Minatitlán, provocaron una gigantesca columna de humo, la movilización de cuerpos de auxilio, el desalojo preventivo de 2 mil trabajadores y heridas a dos obreros y cinco bomberos, reportó Petróleos Mexicanos (Pemex).
La empresa productiva del Estado aseguró que alrededor de las 20:30 horas se logró controlar la conflagración en 85 por ciento y que ya no había riesgos para la población, pero al cierre de esta edición las llamas no cesaban.
Según los cuerpos de emergencia, el trabajador Dekar Israel Hernández Soto sufrió quemaduras de segundo grado en las manos y Jorge Palacios Caba, bombero de la petrolera, fue atendido por sofocamiento; ambos fueron trasladados al hospital regional de Pemex en Minatitlán.
La secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, y la titular de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, encabezaron la reunión de evaluación de la emergencia, mientras hasta ayer por la noche continuaban ingresando bomberos para enfriar el área. (Sayda Chiñas y Eirinet Gómez, La Jornada, P.p.)
Hoy existen 53 proyectos mineros activos en áreas naturales protegidas (Anps) federales y seis en áreas catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellas se encuentran las reservas de la biosfera el Vizcaíno, la Mariposa Monarca y el Alto Golfo de California, señaló Manuel Llano, de la organización Cartocrítica. Estas zonas poseen alta diversidad biológica, se encargan de mantener los hábitats naturales y la biodiversidad.
Durante el videoforo Hacia una protección efectiva de las Anps, convocado por diversas agrupaciones sociales, se urgió al Senado a aprobar una minuta para proteger éstas áreas con la prohibición de las actividades mineras, el establecimiento de nuevos centros de población, extracción de hidrocarburos y la introducción de especies exóticas. Esto ya se encuentra planteado en forma general en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), pero se requiere hacerlo de manera explícita, advirtieron expertos.
Llano apuntó que hay 885 proyectos mineros activos en el país y hasta julio de 2020 había 24 mil 75 títulos de concesiones mineras en 17.5 millones de hectáreas, lo que equivale a la extensión de la Península de Yucatán y Puebla. Apuntó que hay concesiones mineras en 27 zonas núcleo de Anps. A esto se suma que en el inventario nacional de sitios contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta 2015 las actividades mineras habían dejado 11 sitios altamente contaminados en siete Anps, entre ellas el Vizcaíno, Mariposa Monarca y el Pinacate. (Angélica Enciso L., La Jornada, Contraportada)