En férrea convicción por la necesidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aprobación de ésta no provocará una inestabilidad económica, y reprochó que se quiera “confundir” con ello.
A 23 días de dejar la silla presidencial, López Obrador inauguró el Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, en Tulum, Quintana Roo, donde dijo que esta reforma constitucional que se propone llevar a cabo tiene una “fórmula muy sencilla” al tratarse de una elección por el voto popular para designar a jueces, magistrados y ministros, igual que se elige al Presidente.
“Y le están metiendo (miedo), queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad (económica) porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial. ¿Qué miedo van a tener, si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción?”, dijo. (Eloisa Domínguez, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
Aunque la oposición presentará reservas al dictamen de la Reforma al Poder Judicial, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado prevén aprobar este domingo el documento tal como lo envió la Cámara de Diputados, es decir, sin mover una coma.
Así lo advirtió el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, quien adelantó que si en la dictaminación se generan cambios, estos tendrían que volver a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que implicaría más tiempo en el proceso.
Para esto, Morena cuenta con la mayoría en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, incluso son presididas por las senadoras morenistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, respectivamente.
El calendario que presentó Morena es que se apruebe el dictamen en las Comisiones Unidad este domingo. Posteriormente, el martes se presentará en el Pleno del Senado para una primera lectura y el miércoles continúa el trámite en el Pleno para su discusión y votación. (Misael Zavala, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
(Andrea Becerril, La Jornada, Ocho Columnas)
La reforma al Poder Judicial de la Federación avanzará este domingo en la sede del Senado de la República, inmueble que quedará libre de bloqueos una vez que concluyan las diversas manifestaciones de trabajadores del ramo que se oponen a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de pedir a los legisladores de oposición “poner en su más alto interés el futuro de la República”.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (JUFED) y otras organizaciones que se oponen a la reforma prometen, incluso ante notario púbico, dar paso a los legisladores para que ingresen de manera libre a la sede del Senado, ubicada en Reforma, casi esquina con Insurgentes, para que puedan continuar con el trámite legislativo a la minuta del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados la madrugada del pasado miércoles.
“La JUFED y las organizaciones hermanas que participan en éstas (protestas) informan a la opinión pública, a las personas legisladoras y trabajadoras, que se ha replegado la presencia en todas las calles y vías de acceso para garantizar su libre paso. Asimismo, se hace del conocimiento que se tiene un diálogo fluido con el personal de custodia de dicho recinto para mantener esa garantía”, aseguraron. (Eloisa Domínguez, La Crónica de Hoy, P.p.)
Como si estuvieran dispuestos a enfrentar la batalla legislativa más importante de su vida, los senadores del PAN, PRI y MC, y sus suplentes, se mantuvieron este fin de semana en la Ciudad de México a fin de mantener la cifra de 43 legisladores de oposición que les permita frenar la mayoría calificada que requiere Morena para aprobar la reforma judicial.
La coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, informó desde Querétaro, que el acuerdo con el PRI y Movimiento Ciudadano es que todos sus senadores estén desde este domingo en la Ciudad de México.
Vamos a asistir a la sesión y vamos a votar en contra de la reforma del Poder Judicial, algo similar se ha hecho en el PRI y en Movimiento Ciudadano. He estado en comunicación con los coordinadores de estos dos grupos y están en eso, y estaríamos buscando que nadie se doble, el que no haya un traidor. Falta un voto y tenemos que sostenernos. (Héctor Figueroa, Excélsior, P.p.)
En el marco del arranque del proceso legislativo en el Senado para sacar la reforma al Poder Judicial, senadores de oposición denunciaron el presunto acoso de algunas fiscalías estatales para presionarlos a fin de que salga adelante ese dictamen ya aprobado en la Cámara de Diputados.
En Querétaro, Marko Cortés, líder nacional del PAN y senador plurinominal, hizo un llamado al gobierno federal a que “deje de usar a las fiscalías” para presionar a legisladores del blanquiazul.
“Quiero hacer un firme llamado, una exigencia al gobierno federal, que ya deje de estar usando las fiscalías para presionar a nuestros senadores y senadoras. Están buscando delitos, les están generando diferentes carpetas de investigación y están amenazando a ellos y a su familia”, declaró Cortés, al tiempo que Guadalupe Murguía señaló que pese a ello hay unidad en la oposición. (María Cabadas, El Universal, Ocho Columnas)
Al presentarse a apoyar el plantón de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y corear consignas contra la reforma constitucional en la materia, la presidenta de la Corte, Norma Piña, actuó de forma imprudente y provocadora; pasó por encima de su propia investidura y dejó claro que juega un papel central en ese movimiento que tiene un trasfondo político”, advirtió el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.
La ministra Piña se ha alejado completamente de su obligación constitucional de impartir justicia para convertirse en actor político, señaló.
Otros senadores morenistas deploraron también que la presidenta del máximo tribunal se haya sumado a las arengas contra la reforma judicial. En una actitud ridícula; estuvo sólo 20 minutos para tomarse la foto y ponerse una camiseta que debió usar hace mucho, pero en favor de la justicia, no para defender sus privilegios y prebendas, agregó Oscar Cantón Zetina. (Andrea Becerril, La Jornada, P.p.)
En vísperas de la sesión en el Senado para discutir la reforma al Poder Judicial, legisladores de Oposición acusaron que Morena y el Gobierno federal buscan comprar el voto que les falta para aprobar el ajuste legal. Incluso, sostuvieron que algunos legisladores han recibido amenazas.
“Están generándoles diferentes carpetas de investigación y están amenazándolos a ellos y a su familia y están buscando sobornarlos con múltiples ofrecimientos desde sus estados y desde la Federación, esto es inaceptable”, afirmó en conferencia de prensa Marko Cortés, líder nacional del PAN.
“He escuchado, dentro de mi propio grupo y en otros grupos parlamentarios, que han tenido una presión muy fuerte para votar a favor de la reforma y esto, pues, es algo delicado”, declaró en entrevista la coordinadora de los 22 senadores del PAN, Guadalupe Murguía. (Jorge Ricardo, Reforma, Ocho Columnas)
Al inicio del sexenio, el Gobierno federal se propuso la meta de reducir de 39.4 a 36.1 el porcentaje de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional respecto al total de personas no localizadas en el país.
A unos días de que termine la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el objetivo no sólo no se cumplió, sino que en lo que va de 2024 el porcentaje subió a 40.1, de acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno, publicado el 1 de septiembre.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que, al 5 de septiembre de 2024, se acumulan 329 mil personas desaparecidas, de las cuales 213 mil 784 ya fueron localizadas y otras 115 mil 307 permanecen sin paradero identificado.
La divulgación de los datos que acreditan el incumplimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coincide con una carta enviada a la presidenta electa Claudia Sheinbaum por parte de la organización Amnistía Internacional, en la que alerta sobre la situación de los derechos humanos en México. (Carlos Tovar, El Sol de México, Ocho Columnas)
Morena y sus aliados ya cuentan con la mayoría en 23 Congresos estatales para que sea aprobado cualquier cambio a la Constitución Política como la reforma al Poder Judicial Federal, que está en el Senado.
El artículo 135 de la Constitución establece que las reformas o adiciones a la Carta Magna, luego de pasar por el Congreso de la Unión, deben aprobarse en la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, es decir, en 17 o más.
En cinco Congresos más, el bloque oficialista tiene la mayoría simple, lo que da un total de 23 estados que apoyan las iniciativas del actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, como las de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo. La oposición sólo tiene nueve congresos locales con mayoría: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila. (Violeta Huerta, El Sol de México, P.p.)
Emilia Esther Calleja, la primera mujer que será directora general de la Comisión Federal de Electricidad, enfrentará grandes retos al frente de la empresa: obras inconclusas, una elevada dependencia de gas natural, débil infraestructura de transmisión y distribución, y litigios millonarios.
Las cinco centrales de generación consideradas como prioritarias por la CFE (Tuxpan, San Luis Río Colorado, Riviera Maya, Valladolid y González Ortega) están inconclusas, según reconoció el actual director de la paraestatal, Manuel Bartlett, en la conferencia mañanera del pasado 25 de julio.
Arturo Carranza, experto en temas de energía, sostuvo que además de la dificultad de concluir los proyectos, otros temas por resolver serán el suministro de gas para alimentar las centrales y el esquema bajo el cual podrán operar en caso de que la energía se quiera vender a los usuarios de suministro básico, después de que la Administración saliente canceló las subastas eléctricas. (Diana Gante, Reforma, P.p.)
En México, perder el registro de partido político significa seguir recibiendo dinero público hasta que concluya el año de la elección en la que no se alcanzó el mínimo de votos y, en algunos casos, litigar con autoridades y acreedores, lo que significa años de juicios laborales, mercantiles y penales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el más reciente informe del estado que guardan los procedimientos en curso de la extinción de partidos como el Humanista, que perdió su registro hace nueve años y todavía no se concluyen los litigios que permitirían cerrar ese capítulo y devolver al erario al menos una parte del patrimonio generado con financiamiento público.
El caso más reciente es el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya pérdida de registro será declarado oficialmente en la sesión de Consejo General del 19 de septiembre, pero desde ahora un interventor está a cargo del control de cuentas bancarias. Se presume un largo procedimiento por los años de operación del partido del sol azteca, fundado en mayo de 1989. En todos los casos, estas fuerzas políticas no alcanzaron 3 por ciento en alguna votación nacional. (Fabiola Martínez, La Jornada, P.p.)
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrieron sendas investigaciones por la agresión de un grupo de choque en contra de activistas que se manifestaban en la Alcaldía Xochimilco, el jueves pasado, y por la falta de actuación de policías que se encontraban en el lugar.
Los manifestantes protestaban por el proceso contra una activista de San Gregorio acusada de despojo, cuando los agresores, alrededor de 30, llegaron al lugar. Agentes de la SSC, contratados por la Alcaldía, observaron los hechos a la distancia sin intervenir, lo que quedó registrado en video.
Tras el zafarrancho, la SSC reportó la detención de cinco de los manifestantes, quienes fueron trasladados a una agencia del Ministerio Público en Tlalpan, donde se registró otra confrontación entre activistas y agentes. Ayer, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que la FGJ abrió una carpeta por la agresión, y la SSC por negación del servicio público en contra de los agentes. (Bernardo Uribe, Reforma, P.p.)
Venezuela otorgó un salvoconducto a Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro, que reclama su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio, informó ayer la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el opositor abandonó el país.
“El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político (…) Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país”, señaló Rodríguez. No fue posible contactar inmediatamente con la oposición.
González era buscado por las autoridades luego de que la Fiscalía ordenó una orden detención en su contra, tras ausentarse a tres citaciones en el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web que las autoridades consideran una “usurpación de funciones”. (AFP y Reuters, Excélsior, P.p.)