Mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador trasladará toda la estructura de la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que en ejercicio de sus facultades, por la vía administrativa, la Guardia Nacional, completa, pasa a la Sedena. La cuestión operativa ya está a cargo de esta dependencia, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo dependa de la Sedena.
Descartó que esta vía administrativa implique una violación constitucional, que no lo voy a hacer nunca. Consideró que no hay ningún problema jurídico, porque sólo utiliza los márgenes legales que tenemos para avanzar, sobre la premisa de que el objetivo es entregar buenas cuentas al pueblo y un bloque opositor que no ayuda en nada, pues así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores conservadores ahora todo lo que beneficia al pueblo lo rechazan. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Ocho Columnas)
Líderes parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto, como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “es inconstitucional” y adelantaron que de ser así acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijeron en entrevista con EL UNIVERSAL los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC. (Antonio López y Víctor Gamboa Arzola, El Universal, Ocho Columnas)
El nuevo “decretazo” anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional (GN) pase al Ejército viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del País, por lo que deberá ser impugnado y frenado por la Corte, consideraron investigadores, especialistas, activistas y políticos.
López Obrador informó ayer que publicará un acuerdo para que el control de la GN pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque la Constitución establece que se trata de una institución policial de carácter civil. (Antonio Baranda y Mayolo López, Reforma, Ocho columnas)
El 16 octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra Enrique Peña Nieto. Ese día, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales empezó a solicitar información del ex presidente, la cual clasificó como “confidencial” porque sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante su sexenio.
Casi dos años después, el Ministerio Público de la Federación ya cuenta con documentación personal y pública de quien fuera jefe del Ejecutivo de 2012 a 2018, tal es el caso de ingresos y salidas del país, CURP, pasaporte, INE, acta de nacimiento, así como ubicación de sus domicilios y hasta licencia de manejo, entre otra información que podría utilizarse para una posible imputación de algún delito y, posteriormente, incluso para un juicio. (José Antonio Belmont, Milenio, Ocho Columnas)
Los ingresos excedentes que obtuvo el sector público, principalmente por la parte del petróleo y el Impuesto sobre la Renta (ISR), no compensaron el costo que tuvo para el erario otorgar los estímulos fiscales, tanto normal como complementario, a las gasolinas en la primera mitad del año.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el primer semestre del año los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) a gasolina fueron por 117,398 millones de pesos, mientras que por los complementarios, que se empezaron a implementar desde marzo pasado, la renuncia recaudatoria fue de 44,047 millones de pesos.
En total, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó de captar 161,445 millones de pesos por estos estímulos, esto como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca evitar incrementos fuertes en el precio de los productos. (Belén Saldívar, El Economista, Ocho columnas)
La inflación es el tema que más preocupa a los directivos de las principales empresas en México, ya que es un factor que ha tenido un impacto negativo en la operación de sus negocios y prevén que seguirá afectando.
En una revisión de los reportes del segundo trimestre de 50 compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 74 por ciento resaltó a las presiones inflacionarias como principal factor de preocupación; le siguieron los contagios y cierres en China por la propagación del Covid-19, con un 50 por ciento de menciones, y las interrupciones en las cadenas de suministro con 36 por ciento. (Valeria López, El Financiero, Ocho Columnas)
Si México optara por salirse del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como hizo Gran Bretaña de la Unión Europea, las consecuencias para su economía serían devastadoras, advirtieron especialistas.
Si bien el escenario es poco probable, anticiparon que la consecuencia inmediata sería una crisis financiera por el freno a las inversiones y la salida masiva de capitales. (Frida Andrade, Reforma, P.p.)
La industria cervecera de México es crucial para la economía de la región norte del país, pues cinco estados de esa zona representan 61.2 por ciento del total de producción nacional, de acuerdo con datos del Inegi.
En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ante el estrés hídrico crítico que vive la zona no se darán permisos para elevar producción, pidiendo que se vayan a otras entidades del sur.
“No se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya veda. ¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua”, dijo el mandatario. (Cristina Ochoa, Milenio, P.p.)
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analizará un acuerdo elaborado por su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que los siete partidos políticos nacionales recibirán para el 2023 un importe conjunto de 6,233 millones 510,798 pesos.
Con base en la fórmula que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la elección federal del 2021, cada partido recibiría en 2023:
Morena 1,837 millones 562,623 de pesos para actividades ordinarias y 55 millones 126,879 pesos para actividades específicas.
El PAN, 1,101 millones 341,954 pesos para actividades ordinarias y 33 millones 40,259 pesos para actividades específicas.
El PRI, 1,079 millones 140,147 pesos para actividades ordinarias y 32 millones 374,205 pesos para actividades específicas. (Jorge Monroy, El Economista, P.p.)
San José. – Si las redes narcotraficantes colombianas aceptan la oferta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les envió el domingo anterior de “dejar las armas”, negociar la paz y recibir beneficios judiciales, los cárteles mexicanos del contrabando internacional de estupefacientes enfrentarán el mayor desafío de producción y suministro de cocaína desde que Estados Unidos lanzó en 1971 la guerra global contra las drogas.
Un eventual desmontaje de suelo colombiano como gran proveedor de cocaína obligaría a los cárteles mexicanos a mudarse a Perú, que en el siglo XX fue el principal productor mundial de esa droga y ahora es segundo solo precedido por Colombia, o a Ecuador, hoy base crucial del tráfico de drogas del sur al norte de América.
“Sí sería un gran impacto para los mexicanos que Colombia deje ser la más importante plaza de producción de cocaína”, afirmó el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro. (José Meléndez, corresponsal, El Universal, P.p.)
Los integrantes del cártel de Sinaloa usan los billetes de 20 pesos como clave o token para autorizar las transacciones y la entrega de droga y de dinero entre las personas que intervienen en la distribución de sus bienes.
Las líneas de investigación que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia local (FGJ) señalan que esta clave fue descubierta entre el 24 y 26 de octubre, cuando el Cártel de Sinaloa manejó la venta de droga de 562 kilos en diferentes estados del país, coordinando los envíos desde Tapachula, Chiapas y tras la captura de uno de los principales colaboradores en la ciudad, identificado como Iván Pérez Serrano. (Noel F. Alvarado / La Prensa y El Sol de México, Ocho Columnas)
Sabinas.— Héctor Díaz escuchó tres, cuatro estallidos y un soplido fuerte antes de que el agua de la mina de Agujita cubriera el pozo, como un tsunami que brotaba de las entrañas de la tierra.
Cuando escuchó el ruido, Héctor se comunicó con el malacatero, la persona que se encarga de la máquina para tirar las cargas en lo profundo de una mina. “No pares el malacate”, le dijo por radio.
Un compañero se subió al bote con el que se transportaban, Héctor y otro más subieron a los costados. Al escuchar el ruido se bajó del bote y empezó a subir, pero el agua lo alcanzó. (Francisco Rodríguez / Corresponsal, El Universal, P.p.)
El Juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, levantó hoy dos de las tres suspensiones que permanecían vigentes en contra de las obras del Tramo Cinco del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, al negar las suspensiones definitivas en los amparos 820 y 821.
Los recursos fueron presentados por habitantes del Quintana Roo y la asociación Cenote Republic, a quienes el juez Novelo Pérez les concedió la suspensión el 18 de abril, cuando las obras del Tren Maya se realizaban aun cuando el gobierno federal no había presentado las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). (David Vicenteño, Excélsior, P.p.)
Luego de permanecer 11 años presa sin sentencia, cuyo caso viola la Constitución, finalmente el juez determinó condenar a Verónica Razo a 25 años de cárcel por un supuesto secuestro; su hermano, que estaba acusado por la misma causa, fue exonerado y liberado un mes antes.
Todo inició el 8 de junio del 2011, cuando elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron en la calle de Lucas Alamán, en la colonia Obrera, de la Ciudad de México, a Verónica Razo Casales, una comerciante y madre de familia a la que acusaron de secuestradora.
Pasó en prisión todos estos años sin que se resolviera su caso, hasta que el pasado 27 de mayo el Juez Octavo de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, le dictó sentencia de 25 años de prisión por su presunta responsabilidad en ese delito. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p.)
Zacatepec.— A más de dos años de que los tacuates fueron reconocidos por el Congreso de Oaxaca como el decimosexto pueblo indígena que integra la diversidad cultural del estado, el último en obtener esta distinción, los pobladores de Zacatepec se dicen orgullosos de haber recuperado legalmente su identidad.
“Más de allá de lo que ha cambiado o no Zacatepec, el reconocimiento ha sido más en lo moral y el orgullo, lo que ahora nos sostiene. Esto nos dio orgullo y recuperó la identidad, porque siempre nos decían mixtecos y no tacuates”, expresa a EL UNIVERSAL Pedro López Merino, encargado de la Casa de los Lienzos de esta comunidad. (Juana García / EL UNIVERSAL Oaxaca, P.p.)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., En medio del marcado incremento de la violencia y las actividades de grupos criminales que aqueja a Chiapas, un aspecto preocupante son las amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos y del territorio.
En primer lugar, en días pasados se cumplió un año de la ejecución por sicarios en plena calle en Simojovel del dirigente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro. Su asesinato se dio en un contexto de criminalidad desatada en Chenalhó y Pantelhó, municipios de los Altos donde son recurrentes las pugnas entre grupos armados, y las agresiones de éstos a la población civil y pacífica. (Hermann Bellinghausen / Enviado, La Jornada, contraportada)
Washington.— El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizó un allanamiento ayer en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el exmandatario en un extenso comunicado en el que denunció que incluso le abrieron una caja fuerte.
“Son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación. Mi hermoso hogar, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, irrumpido y ocupado por un gran número de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, dijo Trump, primer expresiente de EU en ver cateado su hogar. Alegó “persecución política” que busca impedirle contender por la Casa Blanca en 2024 y evitar el triungo republicano en las legislativas de este año. (Agencias, El Universal, P.p.)
Un incendio acabó con un puente de madera de unos 895 años de antigüedad en el sureste de China, informó la prensa local ayer.
Conocido como el Puente de la Paz Universal o Puente de Wan’an, esta edificación hecha totalmente de madera data de la dinastía Song (960-1127) y se localizaba en el condado de Pingnan de la provincia de Fujian. (Vanessa Arteaga, Excélsior, P.p.)
La Habana., Un incendio de grandes proporciones en una base de almacenamiento de crudo en la provincia cubana de Matanzas se complicó ayer luego de que un tercer tanque quedó envuelto en llamas, informó el gobernador de la provincia, Mario Sabines, mientras un cuarto tanque corre riesgo, aunque no ha sido alcanzado por el fuego.
El desastre ocasionado por la caída de un rayo sumó tensión a la crisis energética en Cuba, con apagones diarios de varias horas en medio de un duro verano. La Unión Eléctrica de Cuba previó más apagones por déficit de 924 MW en horario pico. (Afp y Reuters, La Jornada, P.p.)