Los gobiernos de México y Estados Unidos lanzarán una campaña binacional “sin precedentes” contra el fentanilo.
Luego de una reunión en Palacio Nacional entre funcionarios de seguridad de ambos países, el canciller Marcelo Ebrard indicó que se coincidió en la necesidad de realizar más acciones, de manera conjunta, para combatir el tráfico y el consumo de drogas.
Detalló que la campaña se enfocará en informar a los jóvenes qué significa el fentanilo, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
Ebrard rechazó que haya tensión en la relación bilateral, luego de que legisladores republicanos han presentado iniciativas para que militares combatan a los cárteles de la droga. Explicó que esas acciones no son realizadas o impulsadas por funcionarios de la administración Biden, sino que se trata de una “campaña electoral” de los republicanos. (Isabel González, Excélsior, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador y congresistas republicanos de Estados Unidos se subieron al ring electoral.
Ayer el Jefe del Ejecutivo mexicano amagó con pedir a connacionales que viven en EU no votar por el Partido Republicano, luego de que legisladores de ese instituto propusieran el uso de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico.
“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido”, argumentó el Presidente.
Este no es el primer amago que el Titular del Ejecutivo federal hace en contra de legisladores estadounidenses.
En diciembre de 2021, advirtió que ante la eventual discusión de una reforma migratoria en Estados Unidos para regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otros países, si uno de los dos partidos —Demócrata o Republicano— vota en contra o no la apoya, se manifestaría para que nuestros paisanos no respaldaran a ese partido en las urnas. (Alberto Morales y Pedro Villa y Caña, El Universal, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó ayer la iniciativa republicana en la Cámara de Representantes que propone una intervención militar en México que combata al narcotráfico y dijo que es irresponsable, una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía.
En su conferencia del jueves, calificó esa postura de prepotente, alevosa, majadera, intervencionista y anunció que, de continuar, la denunciará en la Organización de Naciones Unidas. A México se le respeta, enfatizó.
Al elevar el tono de rechazo a la idea, sostuvo que si algunos políticos pretenden utilizar al país como plataforma para campañas electorales, llamará a los mexicanos en Estados Unidos a no votar por los republicanos.
Ante la pretensión de usar las fuerzas armadas estadunidenses en territorio nacional, con el pretexto de frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos, de una vez fijamos postura, no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio, señaló. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “invasión” las propuestas de los senadores republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy para combatir a cárteles mexicanos con el Ejército de Estados Unidos.
Advirtió que México hará campaña contra ese partido frente a los connacionales. “Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.
“Lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta”.
Señaló que “no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y menos Fuerzas Armadas, y vamos a iniciar una campaña de información a los trabajadores de Estados Unidos e hispanos para informarles lo que estamos haciendo en México, y cómo esta iniciativa es una ofensa a nuestra soberanía”. (Diana Benítez, El Financiero, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó un informe sobre el combate que hace México contra el tráfico de fentanilo y también designó a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como enlace con las autoridades de EU para dar seguimiento a los trabajos conjuntos.
Durante una visita de la delegación estadounidense, encabezada por Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el jefe del Ejecutivo nacional destacó los decomisos de esta droga y la baja en homicidios en nuestro país.
Al concluir la reunión de más de tres horas en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, informó que el presidente designó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como la contraparte de Sherwood-Randall para el Entendimiento Bicentenario.
En entrevista, anunció que México y Estados Unidos alistan una campaña binacional contra el consumo de fentanilo que será puesta en marcha a la brevedad y cuyos detalles se darán a conocer este viernes. (Noemí Gutiérrez y París Alejandro Salazar, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
Informes de la corte de Carolina del Sur, obtenidos por autoridades mexicanas, refieren que tres de los cuatro ciudadanos estadunidenses atacados por integrantes del cártel del Golfo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, han sido procesados en su país por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios federales, Letavia Lateefa Washington, Zindell Zaquille Mckinley Brown y Shaeed Hakim Woodard cuentan con registros delictivos por posesión, venta y manufactura de drogas.
Todos ellos, junto con Eric Williams, viajaron a Matamoros con la presunta intención de que uno de ellos se realizara una cirugía estética. Tras arribar a Matamoros fueron atacados con armas de fuego y privados de su libertad, hasta que el pasado martes fueron localizados.
Washington resultó ilesa y Williams fue lesionado en una pierna, y sus compañeros murieron. Los dos primeros fueron entregados a autoridades estadunidenses el martes, y luego de los estudios periciales, las autoridades tamaulipecas enviaron ayer los restos de Brown y Woodward. (Gustavo Castillo, La Jornada, Contraportada)
Más de medio billón de pesos de dinero de origen público, equivalente a 7 por ciento del gasto de la Federación del año pasado, se encuentra en fideicomisos sin estructura orgánica que se manejan bajo el cobijo de diversas dependencias del gobierno federal, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo, así como poderes y organismos autónomos, al margen de las reglas de transparencia aplicables a los recursos fiscales, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El resguardo de dinero en instrumentos financieros tiene diversos objetivos, los cuales van desde la estabilización de las finanzas públicas o el apoyo a la inversión productiva, hasta el pago de seguros médicos privados o el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Este último, por ejemplo, al cierre de 2022 contó con disponibilidades 2 mil 305 por ciento más altas que el de apoyo a familiares de mujeres víctimas de homicidio en Juárez, Chihuahua.
Los fideicomisos públicos sin estructura orgánica –como se denomina a los instrumentos que no son una paraestatal, pero en teoría sirven para apoyar áreas prioritarias de la administración pública– no reportan sus estados financieros al cierre de año ni tienen un órgano dentro de la función pública que les dé seguimiento; además, pese a que también reciben recursos públicos, éstos no vuelven a la Tesorería de la Federación al cierre de un año fiscal.
La actual administración buscó eliminar la mayoría con el inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, muchos de los fideicomiso están atados a una legislación, otros apoyan actividades productivas y unos más son mecanismos de emergencia para estabilizar las finanzas públicas, por lo que se acotó a 109 los sujetos a extinción. (Dora Villanueva, La Jornada, Ocho Columnas)
“Nos tardamos porque nos hicieron una limpia, una sahumada…”, ironizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar ayer su conferencia diaria, esta vez en el mismísimo búnker concebido por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Cuánta prepotencia, una faramalla, una extravagancia, resumió López Obrador sobre la que fuera la obra insignia de otros tiempos.
En ese lugar, que hoy es la sede del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, el Presidente encabezó primero la reunión del gabinete de seguridad.
Ya en la conferencia, dijo que el espacio estaba acorde con las concepciones autoritarias que (piensan que) todo lo van a resolver con robocops, con armas, sometiendo por la fuerza. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
Dentro de la trama de corrupción que Genaro García Luna operaba en alianza con su círculo más cercano, se usaba una empresa a su nombre con la que se triangulaban de manera irregular millonarias sumas con la ruta México-Barbados-Miami, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien enfatizó que esto forma parte del núcleo central del juicio que se ha emprendido en Florida para recuperar los recursos del erario.
Entre 2006 y 2018 ese entramado, que incluía a tres empresas internacionales y una nacional, el ex secretario de Seguridad Pública facturó una cantidad espeluznante de más de 700 millones de dólares por servicios (alrededor de 14 mil millones de pesos) por una treintena de contratos con dependencias de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y otras instancias, como el Partido Acción Nacional, con el que firmó un servicio por más de un millón de pesos en abril de 2015, cuando el presidente del albiazul era Gustavo Madero.
Durante la conferencia presidencial de ayer, Gómez detalló información sobre la gama de complicidades de cuatro empresas ligadas a quien fuera la mano derecha de Calderón en materia de seguridad y que días atrás fue declarado culpable de cinco cargos por narcotráfico y crimen organizado en una corte de Estados Unidos.
En la red están involucrados miembros de su familia, como su esposa Linda Cristina Pereyra; su ex colaborador Luis Cárdenas Palomino, y una familia estadunidense de apellido Weinberg, entre otros, que pudieran estar implicados en actividades irregulares. Las triangulaciones se habrían dado entre Barbados, Israel, Panamá y Miami. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Cd. de México (10 marzo 2023).- Un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por unanimidad, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedieron a Jacobo una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral conocida como “Plan B”, publicada el 2 de marzo, en la cual se ordenó removerlo del cargo para que el Consejo General del INE designe a un sustituto en mayo.
La Magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, quien presentó el proyecto de sentencia, advirtió que Jacobo había sido designado como Secretario Ejecutivo para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026, y que el “Plan B” no dio alguna razón para cesarlo en sus funciones.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, explicó. (Víctor Fuentes, Reforma, Ocho Columnas Raúl Flores y Ximena Mejía, Excélsior, P.p.)
Las fallas comenzaron el 6 de enero, pero las víctimas se dieron un día después cuando dos trenes chocaron entre las estaciones La Raza y Potrero dejando 128 personas lesionadas y una fallecida. El accidente ocurrió por algo que no hubiera ocurrido en años anteriores: la quema y el corte doloso de una serie de cables de alta tensión encargados de la comunicación, la señalización y el pilotaje automático de trenes.
Datos obtenidos por MILENIO vía transparencia revelan que de diciembre de 2014 a diciembre de 2018 ocurrieron cinco accidentes graves, una tendencia que cambió de enero de 2019 a enero de 2023, cuando se registraron 28 “incidentes atípicos”, como los llamó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sólo en enero de este año se produjeron ocho percances presuntamente provocados por trabajadores del Metro.
Desde 2020 las autoridades capitalinas detectaron incidentes dictaminados como “relevantes” dentro de las instalaciones del sistema de transporte y en lo que va de la presente administración suman 28, que son desde fallas mecánicas poco convencionales hasta acciones premeditadas o malintencionadas en vías, andenes y trenes de la red. Dicha cifra resulta cinco veces mayor a los casos registrados en los cuatro años anteriores (2015-2018).
El punto más alto llegó en 2021, año en que Guillermo Calderón asumió como nuevo director del Metro, cuando se reportaron 11 eventos que el gobierno de la ciudad cataloga como fallas atípicas. Para 2022 esas acciones cayeron a cuatro casos, pero 2023 pinta para ser el año con más percances, pues únicamente en enero sumaron ocho que pueden catalogarse como “sabotaje”. (Alma Paola Wong, Milenio, Ocho Columnas)
Ni los centros de atención médica escapan del control de los cárteles en esta ciudad.
Así lo evidenció el caso del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales murieron y uno resultó herido.
Con toda impunidad, tras balear a los estadounidenses el pasado viernes y presuntamente darse cuenta de que los confundieron con narcotraficantes rivales, los sicarios del Cártel del Golfo (CDG) usaron una clínica privada y una ambulancia para atender a los heridos.
Ni el personal del Centro Médico Español, en donde fue atendida una de las víctimas, ni el chofer de la ambulancia informaron a las autoridades del hecho, pese al escándalo internacional que se desató en la búsqueda de los estadounidenses hasta el martes, cuando se les localizó en una casa de seguridad. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
En la Ciudad de México le sale muy barato a los partidos políticos resistirse a la transparencia y la rendición de cuentas, pues en 13 meses las multas por incurrir en estas faltas suman 41 mil 805 pesos, pero los tres partidos con registro que cayeron en estas conductas recibieron 332 millones 440 mil 593 pesos por concepto de prerrogativas.
En 2022, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aplicó seis multas a tres institutos por no cumplir con sus obligaciones de acceso a la información.
Cuatro de las sanciones fueron para el PAN por un monto total de 22 mil 375 pesos; una para Movimiento Ciudadano, por 4 mil 224 pesos, y otra para Morena, por 5 mil 491 pesos. En enero de este año se le aplicó otra sanción al PAN por 4 mil 224 pesos, y una más a Morena por 5 mil 491 pesos, aunque esta aún no se cobra.
De hecho, la mayor parte de las sanciones económicas que reciben los partidos locales se debe a incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. (Omar Díaz, El Universal, P.p.)
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas vinculadas a los desvíos de recursos en el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para la supuesta compra de más de 7 mil toneladas de azúcar.
Las acusaciones contra ex funcionarios de Segalmex y directivos de la empresa Servicios Integrales Carregín son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refieren que los desfalcos cometidos entre 2019 y 2020 en contra de Segalmex, cuando su director era Ignacio Ovalle Fernández, ascienden a más de 10 mil millones de pesos.
Hasta ahora en ningún expediente hay responsabilidades fincadas contra el ex director del organismo. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Contraportada, Jorge Butrón, La Razón, Ocho Columnas)
Cd. de México (10 marzo 2023).- Los puertos mexicanos iniciaron 2023 con 606 mil 510 contenedores, una caída del 6.8 por ciento comparado con lo que movieron en el primer mes de 2022.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, los puertos del Pacífico registraron una caída de 7.6 por ciento durante el primer mes del año, al mover 442 mil 081 contenedores, contra los 478 mil 526 que movilizaron en enero del año pasado.
Los puertos con mayores caídas en carga contenerizada fueron Chiapas, con 41 por ciento; Mazatlán, con 32 por ciento y Lázaro Cárdenas, con una baja de 24 por ciento. (Saraí Cervantes, Reforma, P.p.)
La inflación en México tocó en febrero su nivel más bajo en 11 meses al ubicarse en 7.62 por ciento anual, dato que resultó mejor al 7.67 por ciento esperado por el mercado.
Sin embargo, los analistas consideran que la cifra se debe analizar con cautela ante la persistencia de presiones en los servicios.
Los datos le dan un margen de tres semanas al Banco de México para su anuncio de política monetaria, en la que instituciones financieras prevén que suba la tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a 11.25 por ciento.
Además, analistas coinciden en que si bien esta es la estimación actual, todavía quedan datos por delante que deberán ser analizados, tanto en la economía mexicana, como en la estadounidense y lo que haga la Reserva Federal. (Alejandro Moscosa, El Financiero, Ocho Columnas)
Los precios a los productores en México continuaron moderando su alza durante febrero, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), incluyendo petróleo, mostró una disminución mensual de 0.03%, lo cual llevó a que, en comparación anual, los precios a los productores se encarecieran en 3.36 por ciento.
Si bien lo anterior significa un continuo aumento en los precios al productor, el dato de febrero significó su décima desaceleración consecutiva, además de ser el menor nivel desde junio del 2020, cuando se ubicó en 2.68 por ciento.
“Se desaceleró de 4.80 a 3.36% anual, su menor variación desde junio del 2020, en línea con una menor cotización de materias primas respecto al año pasado (inicio de la guerra en Ucrania), así como ante menores costos logísticos”, destacó Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+). (Belén Saldívar, El Economista, Ocho Columnas)
La inflación general moderó su avance el mes pasado, pero no fue así en el caso de las colegiaturas, libros y útiles escolares.
El Inegi dio a conocer que la inflación escolar llegó a 5.5% en febrero y se trata del mayor registro en 14 años, desde julio de 2009, cuando fue de 5.8%.
En particular, las colegiaturas en instituciones privadas se encarecieron 4.8%, el incremento más alto en cuatro años.
Para el profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio, esto tiene que ver con los mayores sueldos de maestros, los cuales representan un costo directo importante en los centros educativos desde preescolar hasta profesional. (Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
Juchitán.— El 7 de julio de 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) enfrentó la primera oposición por parte de cuatro ciudadanos indígenas, quienes se ampararon contra el decreto que creó dicho organismo el 14 de junio de ese año. Desde entonces se advertía la resistencia de la comunidad que actualmente crece frente a las amenazas gubernamentales para lograr destrabar y que avance este megaproyecto.
A partir de ese año, las autoridades responsables de diseñar el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2019-2024 y de ejecutar las acciones del CIIT desdeñaron los reclamos de los pueblos originarios, acusa el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
Bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en enero de este año dio a conocer los resultados de sus investigaciones correspondientes a 2021 y 2022, el CIIT debe fortalecer sus mecanismos de coordinación con 24 dependencias federales responsables de dicho plan de desarrollo. La cifra sube a 35 si se considera a aquellas que deben atender las peticiones derivadas de los procesos de consulta indígena para la creación del PDIT 2019-2024.
Debe hacerlo, explica el organismo fiscalizador, para que “se definan responsables, tiempos de ejecución, asignación de recursos y mecanismos de seguimiento, a fin de contribuir a evitar protestas sociales que limiten los trabajos”. (Alberto López, El Universal, P.p.)
Los inversionistas extranjeros y nacionales lo tienen claro: México es el lugar que debe de recibir todas las inversiones este 2023, afirmó Felipe García Ascencio, director general de Santander.
Para aprovechar la gran oportunidad que tiene el país de traer flujos de capital es necesario que el gobierno y el sector privado demuestren que existen las condiciones necesarias en materia de educación, salud e infraestructura; además que se deben combatir dos factores: inflación e inseguridad.
García Ascencio fue nombrado director general de Santander en julio de 2022, en sustitución de Héctor Grisi, pero se incorporó al banco desde 2020 como jefe de banca y finanzas corporativas. Antes, permaneció 18 años como responsable de ventas corporativas para Latinoamérica en Credit Suisse.
En meses recientes ha visitado todas las zonas del país donde la institución financiera tiene presencia, y describe que la situación económica este 2023 pinta mucho mejor a como se anticipaba a finales del año pasado (Julio Gutiérrez, La Jornada, Contraportada)