Los programas sociales que instrumentó el gobierno al inicio del sexenio permitieron que mucha gente sobreviviera e incluso pudiera salir adelante durante los largos meses de la pandemia por Covid-19, asegura el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez.
Si hubiésemos estado en el régimen anterior, habríamos tenido problemas sociales muy fuertes, considera.
En una de las escasas entrevistas que concede el funcionario, May Rodríguez habla con La Jornada y subraya también que la pensión para adultos mayores superará el próximo año 10 millones de beneficiarios con un monto individual de 6 mil pesos bimestrales al final del sexenio. Pero no duda: este derecho constitucional es viable a largo plazo porque las políticas de austeridad y de combate a la corrupción aportarán los recursos suficientes para sostenerlo.
De ese modo, para May Rodríguez la estrategia de dispersar recursos en efectivo entre los grupos vulnerables busca respaldar a quienes nunca han sido sujetos de crédito, lo cual los ha ayudado a sortear los efectos de la pandemia de Covid-19 y reactivar el consumo desde abajo.
Admite que es probable un crecimiento de los índices de pobreza para 2020, debido a la contingencia sanitaria, pero ahí mismo expresa su cautela respecto a los indicadores: No tenemos mucha confianza en el diagnóstico que en breve dará a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (Fernando Camacho Servín, La Jornada, P.p)
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Agentes municipales de 69 de las 85 comunidades de Pantelhó, presidentes de cuatro comisariados ejidales, representantes de diferentes denominaciones religiosas y 3 mil habitantes, según los promotores, exigieron la renuncia de la alcaldesa interina, Delia Yaneth Flores Velasco, y del edil electo, Raquel Trujillo Morales, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En un documento firmado después de una asamblea realizada el sábado en la comunidad de San José Tercero, dijeron que acordaron elegir sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres y no reconocerán al alcalde electo.
Es verdad el surgimiento de autodefensas en Pantelhó por la presencia del crimen organizado, la ausencia total de los gobiernos federal y estatal y por las amenazas y los asesinatos, manifestaron.
El grupo Autodefensas del Pueblo El Machete irrumpió el 7 de julio en la cabecera de Pantelhó con el argumento de que pretende expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado para evitar más muertes de campesinos tseltales y tsotsiles.
Un día después, hombres armados emboscaron a militares y agentes que pretendían desbloquear la carretera Pantelhó-San Cristóbal, en un punto situado a cuatro kilómetros de la cabecera, con resultado de nueve uniformados heridos de bala.
Los firmantes del documento no precisaron cuándo elegirán a las autoridades municipales (el cambio de ayuntamientos en el estado se realizará el 30 de septiembre), pero exigieron a los gobiernos federal y estatal que el Congreso las reconozca. (Elio Henríquez, La Jornada, P.p)
A casi un año de que fuera extraditado a México, Emilio Lozoya no ha cumplido lo prometido a la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de demostrar las acusaciones de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esto se debe a reveses que ha sufrido el ex director de Pemex en este tiempo; el último fue de dos de sus testigos estrella, quienes negaron los señalamientos de Lozoya.
Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.
En su denuncia realizada en agosto de 2020, Lozoya ofreció “presentar” al Ministerio Público de la Federación a Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez para que “el primero aportara los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos mencionados, y el segundo, un video en el que se apreciará el momento exacto de una de las entregas de dinero al enlace de (Partido) Acción Nacional”.
Pero en entrevistas a las que tuvo acceso MILENIO y que son parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, tanto Rodrigo Arteaga como Francisco Olascoaga negaron los dichos del ex director de Pemex.
Arteaga Santoyo rechazó tener “recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo”; mientras que Olascoaga Rodríguez negó contar con un video de entrega de dinero a este mismo personaje.
En agosto de 2020 se filtró parte de este video en el que se ve a Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, colaboradores de los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, recibiendo fajos de dinero de presuntos sobornos para aprobar la reforma energética.
En sus entrevistas ministeriales, Lozoya reveló que este video fue grabado por Francisco Olascoaga; mientras que Caraveo declaró que dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de agosto de 2014 y que Olascoaga Rodríguez le entregó el dinero.
Sin embargo, Francisco Olascoaga declaró que respecto a la reforma energética, no le “tocó participar de ninguna manera en las gestiones o actividades relacionadas, pues esa no era mi función”.
“Tampoco tuve interacción alguna con las personas que desde fuera de Pemex participaban en las actividades de la promoción de la reforma, o sea, no tuve trato ni con senadores, ni con empresarios, ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la reforma (energética), ni siquiera como acompañante del director general”, declaró el pasado 25 de enero. (José Antonio Belmont, Milenio, Política, P.p)
En la inauguración de la Línea 1 del Cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que es un transporte eficiente y también un proyecto de redignificación social.
“Estoy muy contenta porque, cuando uno imagina lo que puede llegar a ser un transporte, un proyecto, y tiene la dicha, la oportunidad de convertirlo en realidad, pues se convierte en un sueño, pero no un sueño personal.
“Llegamos aquí, al Gobierno de la Ciudad de México, a servir al pueblo, particularmente a quien más lo necesita, así que este es un sueño cumplido para Cuautepec, que se merece todo”, expresó.
Acompañada de las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, Sheinbaum destacó la reducción de hasta 60 por ciento en los tiempos de traslado para las personas que transitan en esa zona del norte de la ciudad.
Entre vítores de “¡Presidenta!” estrechó manos, se tomó fotografías y recibió peticiones de las personas que acudieron desde las partes altas de Cuatepec al acto inaugural, realizado en la explanada de la estación Campos revolución.
Esta línea del Cablebús contó con una inversión de 2 mil 925 millones de pesos, en una construcción de 52 mil metros cuadrados. La jefa de Gobierno destacó que se trata de la más larga de América Latina, con 9.2 kilómetros y seis estaciones, además de que es segura.
“No solo es una forma de transporte eficiente, digna, moderna, ecológica, sino que es también un proyecto social porque dignifica, porque recupera el orgullo y hace de Cuautepec uno de los mejores lugares para vivir en la Ciudad de México; eso es el Cablebús: es justicia, es dignidad”, señaló.
En al acto congregaron a casi 3 mil personas que aprovecharon para usar de manera gratuita el nuevo medio de transporte. Asimismo, la mandataria capitalina presumió las acciones del gobierno federal e incluso promovió el proyecto presidencial para distribuir gas LP.
“No sé si han oído de este nuevo proyecto del presidente de la República que se llama Gas para el Bienestar, de tal manera que el gas LP lo va a proporcionar directamente Pemex en las zonas más necesitadas de la ciudad y va a costar más barato de lo que cuesta el gas LP”. Así que Gas para el Bienestar es un nuevo proyecto de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador”, lanzó. (Alma Paola Wong Y Nilsa Hernández, Milenio, P.p)
En lo que va de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 56 activistas han sido asesinados en México.
De acuerdo con la organización Frontline Defenders, en 2019 fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos y en 2020 otros 20; mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contabiliza, en lo que va de este año, 12 activistas más ultimados.
Sin embargo, la cifra del 2021 podría ser mayor, ya que al cotejar los reportes sobre activistas asesinados generados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la organización Derechos de los Pueblo Indígenas Internacional (IPRI), se obtiene una lista de 19 víctimas.
Los crímenes de este año se cometieron en Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima, entre otros estados.
“Hoy en día México es uno de los países más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras cifras de 2020”, indicó Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
“Esto es muy alarmante y al mismo tiempo no hay señales que las cosas vayan a mejorar este año”.
Agregó que Frontline Defenders tiene conocimiento de un caso en Jalisco que no ha sido denunciado, ni a las autoridades ni públicamente, ya que al hacerlo se ponía en riesgo a otros defensores que trabajaban con la víctima.
Mientras que la ONU-DH dio cuenta de otro caso distinto, que por los mismos motivos tampoco ha sido denunciado formalmente.
Explicó que las amenazas vienen del crimen organizado, pero que no se puede descartar la complicidad de autoridades.
Además hay casos de activistas desaparecidos, como sucedió en Oaxaca con Claudia Uruchurtu Cruz, quien fue privada de su libertad el 26 de marzo cerca del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán y después de ello no se ha vuelto saber nada de ella. (Redacción, Reforma, P.p)
Al menos 12 nuevos grupos armados ligados a bandas criminales se han creado en la actual Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el análisis de un especialista del CIDE.
Aunque según el Mandatario operan los mismos tres cárteles que estaban antes de iniciar su sexenio, el experto Jorge Roa señala que en 2018 surgió el Cártel del Tabaco con presencia en Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Veracruz.
En 2019 surgió Sangre Nueva Zeta, en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y San Luis Potosí; además del Cártel del Fantasma, en Guerrero; el grupo del Comandante R10, en Edomex, y el Cártel Nueva Plaza, en Jalisco.
Flechas MZ, surgió en 2020 en Zacatecas y Durango; el Cártel de los Correa en Michoacán, y el Cártel Zicuirán Nueva Generación, en ese mismo estado.
También nació Gente Nueva de la Bandera y Los Rusos, en Guerrero, y El Moreno, en Baja California.
Este año, de acuerdo con Roa, comenzó a hablarse del grupo Pañuelo Negro en Michoacán. (Redacción, Reforma, P.p)
La tercera ola de covid-19, reconocida por las autoridades de Salud, ha impactado en mayor medida a las personas de 18 a 39 años. Este grupo poblacional no sólo enfrenta mayor número de contagios actualmente, sino que, en muchos casos, tiene que hacerlo con recursos limitados, debido a la falta de ingresos y servicios de salud.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 22.9% de la población joven no tiene acceso a servicios de salud. Ello convierte un contagio de coronavirus en todo un reto económico, debido a que es de los sectores más afectados por el cierre de empresas o ajustes en el interior de éstas para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia.
Ante ello, el acceso a la seguridad social debe garantizarse como una estrategia de salud, considera Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM. (Clelia Hidalgo, Excélsior, P.p)
Quieren profundizar reparto de la riqueza; convocan a comisiones
De manera sorpresiva, sin consensuarlo con todas las fuerzas políticas, Morena convocó a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para que la noche de este lunes se cambie la Constitución, a fin de modificar los parámetros de distribución de la riqueza en México y lograr que “la población del país cuente con una seguridad económica básica”.
Ayer, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado recibieron la convocatoria a reunirse hoy lunes, en una sesión extraordinaria a las 19 horas, para analizar seis dictámenes, entre ellos una modificación al artículo 25 constitucional, con el propósito de cambiar los parámetros de distribución de la riqueza, el ingreso y el acceso a los bienes y servicios.
“La rectoría del Estado en materia social se expresará en la conformación de un Estado de bienestar, mediante instituciones y políticas orientadas al interés general. Su fin será garantizar el acceso de toda la población al goce efectivo, universal, indivisible, independiente, progresivo y gratuito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que establecen esta Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
“Se buscará con ello que la población del país cuente con una seguridad económica básica y un conjunto de garantías y certezas en el acceso a las distintas fuentes del bienestar, un nivel de vida adecuado y la mejora continua de sus condiciones de vida”, dice el proyecto de dictamen.
Añade que “ello redundará en una mejor redistribución de la riqueza, el ingreso y el acceso a los bienes y servicios públicos con el propósito de transformar las condiciones socioeconómicas de todos los habitantes del país y, con ello, reducir la desigualdad económica y social, así como promover la cohesión, la solidaridad y la fraternidad entre todas las personas.
“Para lograr dichos fines, se implementarán las medidas económicas, fiscales y presupuestales que resulten necesarias, acompañadas de los mecanismos de diálogo social, deliberación pública, democracia directa y participativa establecidas en la Ley, a efecto de promover la participación social en las políticas públicas”, dice.
Ayer mismo, la convocatoria no consensuada despertó inquietud entre las y los legisladores de oposición, ante un posible albazo de Morena para abrir un extraordinario en el Senado. (Leticia Robles De La Rosa, Excélsior, P.p)
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hace una revisión sobre las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ofrecieron durante el periodo de campaña electoral y en las que se presume que existen infracciones.
De acuerdo con fuentes judiciales electorales, la totalidad de las mañaneras en periodo electoral fueron materia de denuncia por una supuesta intromisión en el proceso.
Esta situación es revisada por la sala regional para determinar exactamente cuántas son las quejas y en cuáles procede una infracción y en cuáles no.
Hasta el momento, la sala que preside el magistrado Rubén Lara Patrón ha dado salida a 11 impugnaciones en contra de las conferencias matutinas del Mandatario federal, en las cuales se señaló que el Titular del Ejecutivo federal cometió actos de propaganda gubernamental en un periodo en el que estaba prohibida y que incluso pudo haber cometido actos de campaña.
Son cuatro son los casos en los que la sala declaró existencia de alguna infracción.
Una de las primeras acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su coordinador de Comunicación Social y Vocería del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, fue por la exposición que se hizo del documento denominado Rescatemos a México, atribuido supuestamente al Bloque Opositor Amplio (BOA), ello durante la conferencia de prensa matutina del 9 de junio de 2020, previo al inicio del proceso electoral.
La denuncia fue presentada por el PAN y otras instancias, las cuales acusaron promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, violación al principio de imparcialidad, así como calumnia. El sentido de la resolución fue que se declaró inexistentes las infracciones atribuidas al Presidente de la República, así como al vocero Ramírez Cuevas. (Ariadna García, El Universal, P.p)
Mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezarán la presentación de la nueva edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las modificaciones aprobadas en la 64 Legislatura.
Se trata de una versión impresa con 18 reformas que implicaron modificaciones a 55 artículos de la Carta Magna, cambios entre los que destacan la entrega de pensiones, becas, paridad en todo y prisión preventiva a corruptos, entre otras.
Para Morena se trata de los cimientos del Estado del bienestar impulsado por la llamada Cuarta Transformación.
“Son modificaciones que nosotros consideramos los cimientos del Estado del bienestar de esta Cuarta Transformación del Estado mexicano, es muy importante porque fueron reformas de gran calado que hacen regresar el sentido social a nuestra constitución”, expuso a EL UNIVERSAL la diputada Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien estará dirigiendo el evento.
Entre las reformas destacan las modificaciones a los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio para decomisar bienes relacionados con investigaciones por hechos de extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, entre otros, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de marzo de 2019.
También está la creación de la Guardia Nacional (publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019), corporación que hoy cuenta con 101 mil 746 elementos en activo; además de los cambios al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa (publicada en el DOF el 12 de abril de 2019), que endureció las causales para que un juez dicte como medida cautelar la prisión preventiva hasta por dos años en casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, y enriquecimiento ilícito, entre otros. (Antonio López y Horacio Jiménez, El Universal, P.p)
La tercera ola de contagios de COVID-19 va a alcanzar su pico en agosto, y se proyecta para ser mayor que la primera, en 2020, de acuerdo con expertos en matemáticas y salud.
El actual incremento de contagios de COVID-19 seguirá su curso y alcanzará su pico alrededor del ocho de agosto, estimó Arturo Erdely, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM.
El doctor en ciencias matemáticas elaboró, con datos de la Secretaría de Salud, una proyección de las infecciones activas de coronavirus, que al 10 de julio ascenderían a 2.3 millones de personas, y seguirá el ascenso hasta llegar a poco más de tres millones.
“Pinta para tener un pico de este repunte que supere el primer pico del año pasado, que también fue entre finales de julio e inicios de agosto de 2020; sí trae fuerza para eso”, comentó Erdely Ruiz.
El pico que se acerca coincide con las vacaciones de verano, con lo cual se espera el desplazamiento hacia lugares turísticos.
“El incremento en la movilidad es como echarle un poco más de leña al fuego”, dijo Arturo Erdely.
Andreu Comas, médico e investigador de la facultad de Medicina de la UASLP advirtió que la epidemia actual ya tiene el mismo tamaño que el de la primera ola, hace justo un año.
Las proyecciones del doctor Comas García para las dos semanas siguientes muestran que seguirá el aumento de casos, a diferencia del año pasado, cuando ya estábamos cerca del pico de la primera ola.
“Es preocupante que la epidemia tenga la misma velocidad que en 2020, a pesar de que 60 por ciento de la población ya tiene anticuerpos y 25 por ciento tiene al menos una dosis de la vacuna”.
Ante ello, recomendó no visitar centros turísticos como la península de Yucatán, Golfo de México, península de Baja California, Riviera Nayarit, Vallarta, Manzanillo, Oaxaca y la Ciudad de México, ubicados en las entidades de mayor intensidad de la epidemia. (Gerardo Suárez, El Heraldo de México, P.p)
México se colocó en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la inversión pública que ejerce como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB), revelaron cifras divulgadas por la organización.
De acuerdo con el reporte “Goverment at Glance 2021”, elaborado por la OCDE y divulgado en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas del G20, la inversión pública en México representó 1.3% del PIB en el 2019.
“Esto es un decremento de 0.7 puntos desde el 2007, cuando la inversión pública en México era de 2.0% del PIB”, señaló la OCDE.
Este dato se ubica por debajo del promedio de los países de la organización, de 3.3% del PIB.
Apenas unos escalones arriba de México se encuentra Brasil, con 1.7% del PIB, y Portugal con 1.8 por ciento. En el otro extremo, los datos señalaron que Hungría fue el país con mayor inversión pública en el 2019, con 6.3% del PIB, seguido de Noruega con 6.0% y Corea con 5.4 por ciento.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda, en el 2019, México ejerció un gasto en inversión física por 564,467 millones de pesos, lo que representó una caída de 11.8% en comparación con el año previo. Luego, en el 2020, el gobierno destinó 653,331 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 11.9 por ciento. Sin embargo, el documento de la OCDE sólo hace referencia al 2019.
“La inversión pública puede mejorar la productividad y promover el crecimiento económico, así como fomentar el bienestar social (…) La inversión del gobierno a menudo incluye las compras necesarias para implementar políticas a largo plazo, como la inversión en infraestructura de energía verde para respaldar acciones contra el cambio climático”, señaló la OCDE.
La inversión pública que ejercen los gobiernos pueden ser la inversión en infraestructura para el transporte o energía, edificios para hospitales y escuelas, sistemas de información, sistemas de defensa e incluso activos intangibles que beneficien a la población. (Belén Saldívar, El Economista, P.p)
El repunte en los precios internacionales del crudo ha impulsado los ingresos petroleros del sector público y para todo el año se esperan recursos excedentes por este concepto, ante un precio de la mezcla mexicana de exportación muy por arriba de las estimaciones del gobierno.
El precio promedio del crudo mexicano en el año es de 60.47 dólares el barril, contra los 42.1 dólares contemplados en el presupuesto para 2021.
Si el precio del petróleo se mantiene elevado y llega a promediar en el año 62.3 dólares, con un tipo de cambio promedio de 20 pesos y una plataforma de exportación de 1.3 millones de barriles diarios, las finanzas públicas registrarían ingresos excedentes por 175 mil millones de pesos, estimó Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica. Detalló que se podrían tener ingresos por la exportación de crudo de 585 mil millones de pesos y esto permitiría alcanzar un diferencial de 175 mil millones de pesos adicionales.
Adrián García, coordinador del área de Ingresos e Impuestos, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que la cotización del barril de petróleo de exportación está alrededor de los 70 dólares, muy por encima de los 42 dólares estimados en el Paquete Económico y del precio ajustado de 55 dólares en los PreCriterios de 2022. “De mantenerse elevado el precio se obtendrían ingresos por exportación por encima de lo presupuestado”, recalcó. (Felipe Gazcón, El Financiero, P.p)
Tras un vistoso operativo desplegado ayer, elementos de la Guardia Nacional no tuvieron éxito en recuperar el armamento que les fue arrebatado por habitantes de la comunidad Crucero Majomut, del municipio de Chenalhó, el pasado 8 de julio.
De acuerdo con miembros de este cuerpo de seguridad federal, que prefirieron omitir sus nombres, el armamento constaría de 48 armas, entre ellas, ocho fusiles Fx05 calibre 5.56 x 45 mm, conocido como Xiuhcóatl, un fusil HKG3, una ametralladora Negev calibre 5.56 x 45 mm y una pistola Px4 calibre 9 mm.
También accesorios bélicos, un cañón de repuesto calibre 5.56 x 45 mm, 50 cargadores Fx-05, un cofre metálico, mil 950 cartuchos Fx-05, 100 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm, 800 cartuchos eslabonados de 5.56 x 45 mm, 12 chalecos antibalas con cuatro placas, 12 cascos antifragmento con dotaciones y accesorios orgánicos, ocho fornituras negras, ocho ponchos de color negro, una mochila y dos sacos de dormir.
Según una tarjeta informativa de la GN en poder de este medio, personas de las comunidades de Acteal y Majomut, y otras del municipio de Pantelhó, retuvieron el jueves 8 de julio a un oficial y 12 elementos de esta corporación cuando estos se disponían a salir de Chenalhó, a quienes les pidieron dejar sus armas y fornituras sobre las camionetas.
Los uniformados no entendían la lengua originaria del pueblo tzotzil y fue hasta las 22:00 horas que fueron puestos en libertad y regresaron a San Cristóbal de Las Casas desarmados.
El sábado, los elementos declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un día después se montó un operativo para recuperar las armas que concluyó sin éxito.
La incursión de la GN, de acuerdo con testigos presenciales, puso más tensa la ya de por sí complicada situación en Chenalhó, por lo que el alcalde de la demarcación, Abraham Cruz, intervino y controló a la población, que por temor se preparaba para defenderse.
La Guardia Nacional espera que las autoridades estatales y municipales de Chenalhó sean quienes intermedien para que los pobladores les devuelvan las armas y su equipo militar para evitar enfrentamientos. El alcalde Cruz Gómez se reuniría con los agentes municipales para la devolución de dicho armamento, dando como plazo el próximo martes. (Óscar Gómez, El Sol de México, P.p)
Tras el aumento de contagios por la tercera ola de la pandemia de Covid-19 en México, el número de hospitales saturados pasó de 23 a 61 en menos de dos meses; es decir, 165 por ciento más. Además, el número de personas hospitalizadas aumentó 73.4 por ciento desde mediados de mayo, de acuerdo con una revisión de los datos de la Red IRAG realizada por La Razón.
El 18 de mayo se registró la cifra de ocupación hospitalaria más baja del año con sólo dos mil 549 pacientes ingresados por la enfermedad; sin embargo, esta cifra subió a cuatro mil 420, al corte del 9 de julio.
Las unidades médicas con 100 por ciento de ocupación se ubican en 21 de las 32 entidades del país, siendo la Zona Metropolitana del Valle de México la más afectada, con 20 hospitales al máximo de su capacidad.
Algunos de estos son el Hospital de Especialidades de La Raza y el General de Tláhuac, en la Ciudad de México, así como el Hospital General de Toluca, en el Estado de México.
En total, hay 93 hospitales Covid con una ocupación por encima de 70 por ciento; es decir, en alerta por el número de ingresos.
En contraste, el 18 de mayo —el punto más bajo de hospitalizaciones en 2021—, las autoridades reportaron 28 unidades en esta situación, apenas un 3.1 por ciento de los 886 hospitales habilitados a nivel nacional para atender la pandemia. (Otilia Carvajal, La Razón, P.p)