El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el mayor apoyo popular en su estado natal, Tabasco, en donde alcanza 86 por ciento de aprobación y apenas 13 por ciento de desaprobación. Le siguen los estados de Nayarit y Oaxaca, donde el mandatario goza de una aprobación de 84 y 81 por ciento, respectivamente.
En contraste, el Presidente encuentra el mayor rechazo a su gobierno en la Ciudad de México y en Guanajuato, donde le aprueba el 50 y 48 por ciento de los entrevistados, y le desaprueba el 49 y 47 por ciento, respectivamente. En esas dos entidades, la opinión está dividida.
Así lo revela la encuesta a nivel estatal que El Financiero realizó en las últimas semanas para evaluar la labor de los gobiernos de los estados y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sondeo se hizo por vía telefónica a 15 mil entrevistados.
De acuerdo con el estudio, el presidente de la República registra un nivel de aprobación promedio de 69 por ciento en las 32 entidades y una desaprobación promedio de 28 por ciento. Veracruz aparece en cuarto lugar de la popularidad presidencial, con 79 por ciento de aprobación, seguido por Tlaxcala, con 77 por ciento. (Alejandro Moreno, El Financiero, P.p.)
“Hay quien cree que ser disruptor es tener que entrar a un debate que no nos corresponde. Nosotros somos el poder equilibrador. Nosotros somos el poder que defiende los derechos y la Constitución. La arena partidista no le toca a la Corte, eso le toca a los partidos. Quienes perdieron en las urnas no pueden pretender que la Corte los sustituya”, refiere en entrevista con Organización Editorial Mexicana.
El ministro afirma que, por el momento, no le preocupa ni le ocupa un debate sobre la intención de establecer en la Constitución la reelección y mantiene un diálogo con el Poder Legislativo, en donde prevé que no prosperará la tercera sala de la Corte que propone Morena y cambiaría el equilibrio interno del tribunal.
Zaldívar Lelo de Larrea es considerado un ministro de la llamada ala liberal progresista del Pleno de la Corte. Por ello, ha iniciado una batalla al interior del PJF para combatir la corrupción y el nepotismo. También ha reforzado los requisitos para que magistrados y jueces conserven su permanencia en un determinado tribunal.
El ministro abrió las puertas de la oficina de la Presidencia de la Corte, donde al fondo se ven un teléfono rojo y un mazo. A Zaldívar le llevó más años de lo previsto presidir el máximo tribunal. El 2 de enero del 2015 protagonizó una votación histórica en la que después de 32 rondas de empate su principal impulsor, el entonces ministro presidente Juan Silva Meza, cambió su voto a favor de Luis María Aguilar. (Elena Michel | El Sol de México, P.p.)
El gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos.
Documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso indica que en el caso conocido como la Estafa maestra las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 147 mil 617 pesos de manera irregular.
Por ello, estas empresas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y lavado de dinero, entre otros posibles delitos.
La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ve con buenos ojos el paquete fiscal 2020 y está listo para instrumentarlo, pese a las resistencias y una falta de solidaridad salvaje con el cumplimiento de obligaciones, dice la jefa del organismo recaudador de impuestos, Margarita Ríos-Farjat.
Ahora, la decisión está en la cancha del Congreso, del que espera se pongan más candados contra la evasión y defraudación fiscal, y de esta manera lograr ingresos tributarios por 3.5 billones de pesos para el próximo año, pondera la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Vemos con buenos ojos el paquete; la expectativa que se tiene es que son buenas propuestas, celebramos que se hayan incorporado al Paquete Económico 2020; dependemos mucho de la sensibilidad del Congreso para que comprendan la necesidad de eso, y que incluso ellos mismos pongan más candados y cierren más las filas”, manifiesta. (Leonor Flores y Mario Alberto Verdusco, El Universal, P.p.)
Las nuevas medidas aprobadas por el Senado para tipificar como crimen organizado el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma no deben tomarse como “terrorismo fiscal”.
De ninguna manera, no lo hay; (estas leyes) son consecuencia de las acciones porque hubo una relajada procuración de justicia fiscal en años anteriores”, aseguró Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La funcionaria dijo que han detectado casos de delincuencia organizada con compañías que se coordinaron para dañar al fisco.
Sería difícil no hablar de delincuencia organizada porque encontramos que son socios aquí, accionistas acá y representantes legales. Todos triangulan y se venden y todos se hacen”, expresó.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que seguirá insistiendo en hacer cambios a dicha ley con el objetivo de no dañar a los empresarios que actuaron sin dolo al haber adquirido facturas falsas. (Lindsay H. Esquivel, Excélsior, P.p.)
Con la aprobación en el Senado de la reforma que vuelve delito penal la defraudación fiscal, el SAT obtuvo un mecanismo de intimidación para hacer que los contribuyentes cumplan sus obligaciones, aseguran expertos.
El paquete de leyes contra la defraudación se suma a la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, indicó Ricardo Martín González del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
“Estamos hablando de una cadena que está promoviendo nuestro Congreso de la Unión, que va encadenada una ley con otra. Detrás de esto se amedrenta al contribuyente”, afirmó. (Jorge Cano, Reforma, P.p.)
Mientras toma forma el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, el gobierno federal tiene planeado invertir 3 mil 563 millones de pesos para mejorar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Se trata de una cantidad 23 veces mayor que la que se programó entregar para el presente año.
De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, hay ocho propuestas de inversión tanto para la Terminal 1 (T1) como para la Terminal 2 (T2).
El que requerirá mayor presupuesto es la reubicación de las instalaciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina hacia otra superficie dentro del mismo polígono del aeropuerto para mejorar su eficiencia, lo que costará 2 mil 142 millones 312 mil pesos.
También se rehabilitarán las subestaciones eléctricas del AICM, para lo cual se comprarán 85 subestaciones eléctricas encapsuladas en gas SF6, cuya función principal es separar, transformar, medir y distribuir la energía eléctrica en los sistemas de potencia. (Sara Cantera, El Universal, P.p.)
El Presidente puede criticar y debatir con los medios de comunicación, pero no puede estigmatizarlos, señala contundente la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez Lloreda.
En entrevista con El Gran Diario de México, la también periodista y directora del diario El País, de Cali, Colombia, asegura que más allá de llamar fifí a un sector de la prensa que critica al nuevo gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador debe tener cuidado en la forma en cómo se refiere a los medios de comunicación.
“Esto es importante, porque los medios de comunicación y el periodismo son claves para la democracia. El Presidente de la República es el pilar de la democracia, debe haber una convivencia sana, obviamente con distintos criterios y opiniones”. (Alberto Morales, El Universal, P.p.)
Tras un encuentro con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes lo más pronto posible.
A través de sus redes sociales, el Mandatario compartió que su gobierno se está aplicando a fondo para lograr localizar a los normalistas: “Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo”, indicó.
El Presidente y los padres de los normalistas se tomaron una fotografía frente al mural de Diego Rivera Epopeya del pueblo mexicano, e hicieron el pase de lista de los 43.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, fue cuestionado si había indicios y si los estudiantes podrían estar en Guerrero: “Sí”, respondió el también presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, quien agregó que seguirán buscando a los muchachos hasta encontrarlos. (Misael Zavala, Alberto Morales y Alexis Ortiz, El Universal, P.p.)
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador proceder contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y contra otros funcionarios a nivel estatal y militar por su presunta participación en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, a lo que el mandatario federal se comprometió a realizar las Investigaciones pertinentes.
En conferencia de prensa desde el Centro Pro, los padres y sus representantes legales dieron a conocer los compromisos que hizo el mandatario con ellos durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional ayer por la mañana.
Como parte de los acuerdos, el jefe del Ejecutivo sostendrá una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a quien solicitara información sobre el caso. (Redacción, Milenio, P.p. Emir Olivares Alonso, La Jornada, P.p.)
La presión y los bloqueos tanto en la CDMX como en las entidades donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le está dando resultados.
Después de dos días consecutivos de plantón en la Cámara de Diputados y de protestas en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, el magisterio disidente reveló que el Gobierno federal accedió a sus peticiones.
Después de reunirse en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con otras autoridades, dirigentes de la Coordinadora aseguraron que las autoridades aceptaron entregar plazas automáticas a los egresados de las normales y cubrir bonos y salarios atrasados de maestros.
Tan sólo en Michoacán se estima que dichos adeudos suman 810 millones de pesos. (Iris Velázquez y Jorge Ricardo, Reforma, P.p.)
Hacienda anunció ayer una inyección de 5 mil millones de dólares para Pemex, al tiempo que la petrolera planteó un nuevo plan de emisiones de deuda, una fórmula que no convenció totalmente a las calificadoras.
Moody´s dijo que Pemex tendrá un alivio financiero temporal, pero podría ser necesario apoyo adicional para cumplir con otros vencimientos de deuda.
Además, eso no cambia la perspectiva negativa para la calificación de la deuda soberana, agregó.
Fitch calificó el apoyo como “moderado” y estimó que el apoyo total del Gobierno a la petrolera podría sumar 9 mil 500 millones de dólares en 2019 y 11 mil 400 millones de dólares para 2020-2021.
También advirtió que Pemex sigue invirtiendo menos de lo que requiere en exploración y producción, lo que contribuiría a una caída de producción y reservas. (Jorge Cano, Reforma, P.p. Y. Ordaz y S. Rodríguez, Milenio, P.p., Israel Rodríguez, La Jornada, P.p. Nayeli González, Excélsior, P.p.)
Aunque el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró ayer por la mañana que no se permitirán en el país ejecuciones extrajudiciales e irán a fondo en las investigaciones en el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, más tarde mandos del Ministerio Público Federal señalaron que las pesquisas quedarían “por el momento” en el ámbito local, por “tratarse de delitos del fuero común”.
Encinas Rodríguez adelantó que, “en caso de ser necesario”, se planteará la posible atracción por parte de la Fiscalía General de la República del caso, que calificó de “gravísimo” y contrario a la política de defensa de los derechos humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales de ocho personas llevadas a cabo por policías de Tamaulipas fue dado a conocer por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), que presentó evidencias de la supuesta comisión de esos crímenes, tras un un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos criminales del cártel del Noreste (una escisión deLos Zetas), el pasado 5 de septiembre en el municipio de Nuevo Laredo. (Néstor Jiménez, Alonso Urrutia y Gustavo Castillo, La Jornada, Contraportada)
En medio del paradero de Pantitlán, donde cada día 1.5 millones de personas transbordan para dirigirse a sus destinos, una gasera recién entró en operación.
A menos de tres metros del Centro de Transferencia, a 10 metros de accesos de la Línea 5 y a 100 metros de las vías de las Líneas 1, 9 y A del Metro, el establecimiento abastece de gas LP a combis y microbuses.
El personal a cargo también llena tanques de uso doméstico o comercial de 20 y 10 kilos, se confirmó en distintos recorridos.
Asimismo, REFORMA observó en tres visitas diferentes que el tanque era abastecido por pipas de la empresa Luxor, incluso, en horarios de alta afluencia de pasajeros, como la salida y entrada de escuelas. (Dalila Sarabia, Reforma, P.p.)
Nueva York. Ayer se conmemoró el 18 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero aunque los ritos solemnes anuales procedieron aquí y en el Pentágono, imperó la sombra de una Casa Blanca disfuncional que, además de las mentiras cotidianas, ha expulsado ya a un número sin precedente de sus más altos funcionarios desde que Donald Trump empezó su estancia.
El despido, según Trump, o renuncia, según John Bolton, de su asesor de Seguridad Nacional, es el tercero en ese puesto en menos de tres años. También han sido cesados –o huyeron– dos previos asesores de seguridad, dos jefes de gabinete, un secretario de Estado, otro del Tesoro, uno de Defensa, uno de Seguridad Interna, otro de Trabajo, una más de Salud, otro del Interior, un procurador general y un director de la FBI, y otros más de segundo y tercer niveles; por lo menos 51 altos funcionarios en total.
El fin de Bolton no fue sorpresa, y la forma en que se hizo, por tuit, ya no es novedad. Se sabía, como lo declaró el presidente, que había marcadas diferencias de opinión entre los dos, y de la guerra cada vez más abierta entre el famoso bigote blanco y el secretario de Estado Mike Pompeo (quien ayer no lograba ocultar su sonrisa al hablar de su ex contrincante). (David Brooks, La Jornada, Contraportada)
Washington. Doce países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) votaron ayer en favor de convocar a los cancilleres de las 19 naciones signatarias para que aborden la crisis venezolana, durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que abre la puerta a una intervención armada regional a la república bolvariana, que a su vez consideró “nula” la decisión.
Varios países que no integran el TIAR se pronunciaron contra invocar el tratado. Bolivia se retiró de la sala y México y Uruguay dijeron que el TIAR es inapropiado para responder a una crisis interna como la venezolana. Más aún, México rechazó de forma “rotunda” la propuesta al argumentar: “consideramos que no hay un conflicto armado en el continente que amerite” su aplicación.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tuiteó que su país “repudia” la infame pretensión de un reducido grupo de gobiernos belicistas de la OEA que pretenden alterar la paz de nuestra patria y la región valiéndose de un írrito instrumento para satisfacer la ansias de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Venezuela”. (Ap y Notimex, La Jornada, Contraportada)
Buenos Aires. Una operación policial impactante, con desplazamiento de vehículos, efectivos en motocicletas fuertemente armados y uniformados de la infantería con escudos, dispararon gas lacrimógeno e irrumpieron la tarde de ayer en la manifestación de miles de integrantes de movimientos sociales, que comenzaban a acampar afuera del Ministerio de Desarrollo Social, con saldo de varios heridos y cuatro detenidos.
Horas antes, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, advirtió: “si pasan hambre tienen comedores y cantidad de lugares a dónde ir”, a pesar de que en los últimos días se denunció que estos sitios están totalmente desbordados por la emergencia social que vive el país. Y añadió: “yo diría que en Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer”. (Stella Calloni, La Jornada, Contraportada)