Amenos de una semana de dejar el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó por segunda ocasión a un juicio político ( impeachment) en el Congreso de su país. Pero, a diferencia del primer proceso, que fue bloqueado por un Senado con mayoría republicana en febrero del año pasado, en esta ocasión diversos legisladores del partido del presidente en ambas cámaras se han adherido a la demanda demócrata de destitución, la cual tiene posibilidades de triunfar en la cámara alta.
Los cargos, esta vez, son mucho más graves que el abuso de poder presidencial y la obstrucción al Congreso por los que fue acusado el 18 de diciembre de 2019 con 230 votos a favor y 198 en contra. Ayer, la Cámara de Representantes imputó formalmente al mandatario por incitación a la insurrección con un par de votos aprobatorios más, entre ellos los de una decena de republicanos, algunos de cuyos señalamientos sobre la responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero por una turba de ultraderechistas compitieron en dureza con los de sus colegas demócratas.
Así, mientras la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, acusó al aún mandatario de “incitar esta insurrección armada contra nuestro país” y lo describió como “un claro y real peligro para el país que todos amamos”, la republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, afirmó que “nunca hubo mayor traición a su cargo y a su juramento por parte de un presidente”, en tanto que el líder de la bancada republicana, Kevin McCarthy, reconoció que Trump “es responsable” de la asonada de la semana pasada. Por su parte, el jefe del partido del presidente en el Senado, Mitch McConnell, quien desea aprovechar la circunstancia para extirpar del Partido Republicano la influencia del magnate, ha dejado saber mediante filtraciones a medios que en esta ocasión no detendrá el proceso y que hay una docena de senadores republicanos dispuestos a apoyarlo. (David Brooks, La Jornada, P.p.)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos.
Ésto, luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.
Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del exlegislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó crear una red social nacional para evitar que haya censura contra los ciudadanos.
En la conferencia mañanera de ayer, instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad de comunicación en México.
“Analizar esto que tiene que ver con las redes, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad, es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, la Secretaría de Comunicaciones, que se busquen opciones alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, para que en México no haya censura, un país sin censura. México, país de libertades”, expresó. (P. Domínguez y A. Martínez, Milenio, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una maquinación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2010, al entregar en adjudicación directa ocho contratos a la iniciativa privada para levantar igual número de reclusorios con un costo total 266 mil 300 millones de pesos. Una vez finalizado el trato, las instalaciones continuarían perteneciendo a los empresarios. Fue “un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal”, dijo el mandatario, quien destacó que, en una de esas prisiones, sostener a un interno cuesta 3 mil 500 pesos diarios.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional también dio a conocer que recibió una carta de Julio Villarreal, propietario de Altos Hornos de México, proponiéndole el pago de cuatro parcialidades de 50 millones de dólares, que suman los 200 millones del quebranto al erario con la compra de la planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.
Además se refirió a la crisis de Interjet, donde hubo malos manejos –dijo–, y exhortó a los propietarios a rescatar su empresa, porque el gobierno no está diseñado para salvar de la quiebra a nadie, pues su interés es atender al pueblo. (Roberto Garduño y Alonso Urrutia, la Jornada, P.p.)
El modelo penitenciario diseñado y ejecutado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, además de generar una asociación públicoprivada para duplicar la existencia de espacios carcelarios, generó que las obras que costarían individualmente 4 mil millones de pesos tengan en la actualidad un impacto financiero superior a 32 mil millones de pesos por cada centro.
Cada proyecto fue adjudicado de manera directa y los datos financieros de cada prisión fueron clasificados entre 2009 y 2014 como de seguridad nacional, para evitar que se transparentara la información.
El proyecto que supuestamente pretendía “lograr reinserción social” mediante trabajo (que las propias empresas constructoras supuestamente les darían), educación, capacitación, salud y deporte, fue un fracaso, señalaron funcionarios federales consultados en torno a la situación que vive el sistema carcelario federal.
Para el primer trimestre de 2012 el proyecto penitenciario ya se había definido; seis grupos empresariales que se encargarían de la construcción y operación de los inmuebles, y además cobrarían extra por los servicios de alimentación, limpieza, recreación y capacitación para los reclusos.
Ex colaboradores de García Luna informaron entonces que “la idea del secretario era que la iniciativa privada se hiciera cargo de ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de seguridad nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta, mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’”. (Gustavo castillo, la Jornada, P.p.)
Para evitar la censura en plataformas como Facebook y Twitter, como sucedió con el mandatario de EU, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Conacyt, a las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Relaciones Exteriores, así como a la Consejería Jurídica, explorar alternativas de redes sociales propias.
“Sí es un tema que va a ser tratado y no descartamos que el Conacyt, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, busquen opciones, alternativas, aclaro, para garantizar la libertad”, dijo.
En la mañanera, el Presidente siguió con su crítica respecto a que particulares, como los dueños de Facebook y Twitter, hayan bloqueado las cuentas de su homólogo estadounidense desde el día de la irrupción del Capitolio.
Consideró que es negativo que una empresa particular se erija en la institución mundial de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos. (Francisco Nieto, El Heraldo de México, P.p.)
Durante los 10 meses de la pandemia, 13 mil 626 personas han fallecido por Covid-19 en sus casas, en el trayecto a una unidad médica o en otro lugar, sin alcanzar a recibir atención hospitalaria.
La frecuencia de las defunciones aumentó durante el pico de ocupación hospitalaria. En los estados con más decesos, ésta fue de 75 a 377 por ciento, en comparación con las cifras reportadas durante el tiempo que hubo menos hospitalizaciones.
Las entidades con más de mil muertes en esta situación fueron Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Estado de México. Mientras que en Puebla, Tabasco, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí, los decesos oscilaron entre los 600 y 900.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) revisados por La Razón, hasta el 10 de enero esto representó un 10.1 por ciento de las 133 mil 706 personas que perdieron la vida. Es decir, en promedio 43 personas al día murieron fuera de los hospitales destinados a la contingencia sanitaria. (O. Carvajal y E. Cabrera, La Razón, P.p.)
De los 324 Municipios de la Esperanza que el gobierno de México anunció que serían los primeros en “abrir” actividades económicas durante mayo pasado, sólo quedan 80, es decir, poco menos de 25% del total.
Originalmente, los más de 300 municipios que fueron considerados “de la Esperanza” por no reportar contagios de coronavirus ni colindar con comunidades a las que ya hubiese llegado el SARS-CoV-2, se encontraban en 14 estados, pero ahora son sólo cinco entidades federativas las que tienen por lo menos un ayuntamiento libre de Covid-19.
De las 14 entidades federativas que concentraban más de los Municipios de la Esperanza, Oaxaca lideraba la lista, con 213; le seguían Jalisco, con 23; Sonora, con 16; Puebla, con 13; Veracruz y Guerrero, con 12, respectivamente; Chihuahua, con 8; Nuevo León, con 7; San Luis Potosí, con 6; Chiapas, con 5; Tamaulipas, con 4; Michoacán, con 3, mientras que Hidalgo y Yucatán tenían uno, respectivamente. (Perla Miranda, El Universal, P.p.)
El INE solicitó a la Vocería de la Presidencia de la República informar si los reporteros que preguntaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso electoral, en la conferencia del pasado 23 de diciembre, reciben algún pago del Gobierno.
“Indique si la Presidencia realizó algún pago o prestación a la/el periodista que participaron y efectuaron las preguntas al Presidente en la conferencia de prensa, y cuál fue el concepto de pago; indique si el Gobierno de la República utilizó o no tiempos asignados al Estado para la transmisión de la conferencia denunciada”, indica el requerimiento.
En la conferencia de ese 23 de diciembre, un reportero del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano preguntó a AMLO su opinión sobre la alianza que concretaron un día antes el PRI-PRD-PAN.
Ayer, un reportero de Grupo Cantón, empresa que recibió 41.6 millones de pesos en publicidad oficial el año pasado, y que se ubica como la sexta con más ingresos por ese rubro, preguntó si era procedente la destitución del presidente del INE, Lorenzo Córdova. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
La crisis por Covid-19 golpea las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México que acumula pérdidas por 16 mil 500 millones de pesos en recaudación.
De acuerdo con informes oficiales, los ingresos capitalinos acumulaban un déficit de más de 11 mil millones de pesos a septiembre de 2020.
Esto debido a que todos los impuestos cayeron con respecto a 2019, incluyendo predial, tenencia, impuesto sobre adquisición de inmuebles, sobre hospedaje y sobre espectáculos públicos, entre otros.
Además, el pago de hologramas de verificación, de licencias de conducir, de permisos de conducción, de impuestos sobre automóviles nuevos y otros servicios bajaron en al menos 2 mil millones de pesos, revela el Tercer Informe de Avance Trimestral de 2020. (Iván Sosa, Eduardo Cedillo y Nallely Hernández, Reforma, P.p.)
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmará hoy un contrato con la empresa Corporativo Sag de To S. de RL de CV para la subcontratación de 450 empleados que serán asignados a distintas áreas de la dependencia, incluidas las representaciones en el extranjero.
El contrato por 161 millones 460 mil 648 pesos, publicado en el portal de compras gubernamentales Compranet, fue asignado el 30 de diciembre de 2020, a menos de dos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en conferencia de prensa que se eliminarían todos los esquemas de subcontratación en su administración.
El contrato asignado por la Cancillería, tras una licitación pública, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Corporativo Sag de To tendrá participación conjunta con las empresas de outsourcing Aurus Nivel Total, S. de RL de CV, Imago Centro de Inteligencia de Negocios, SA de CV, Gurges Implementación de Negocios, SA de CV y Consultoría del Bajío INC, SA de CV
Los subcontratados se desempeñarán en prácticamente toda la red de la SRE. Serán ubicado en el Edificio Tlatelolco, ubicado en el centro de la Ciudad de México, así como en el edificio Triangular que está en Ricardo Flores Magón. También en casi todas las delegaciones de la capital, el Instituto Matías Romero, las oficinas de enlace y organismos internacionales y la sección mexicana de Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) tanto en la frontera norte como sur. (Roxana González | El Sol de México, P.p.)
La absorción de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por parte del Gobierno federal, contraviene con lo estipulado en el capítulo 18.17 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo que podría ser motivo para que empresas estadounidenses dedicadas a las telecomunicaciones activen un mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado.
Gustavo Uruchurtu, panelista del T-MEC y ex negociador del TLCAN, consideró que los asesores del presidente “no han estado leyendo bien el T-MEC”, ya que las telecomunicaciones fueron uno de los temas que quedaron blindados en el acuerdo.
“El tratado se firmó con un marco jurídico existente que no se puede cambiar más que para mejorar, la desaparición que se pretende del IFT se puede interpretar como una cuestión que puede afectar la inversión extranjera que ingresa al país”, detalló a El Financiero. (Héctor Usla, El Financiero, P.p.)
Pese a la crisis sanitaria, en 2020 el gobierno tuvo ingresos adicionales por 492 mil 928 mil millones de pesos.
De acuerdo con el SAT, al cierre del año pasado los ingresos tributarios fueron de tres billones 336 mil 876 millones de pesos, un alza de 0.7% real respecto a 2019.
Este incremento se debió a la estrategia de recaudación, fiscalización y el comercio exterior, destacó. Agregó que del excedente, 44% fue obtenido por fiscalización a grandes contribuyentes, quienes aportaron a las arcas del gobierno 215 mil 659 millones de pesos.
Por auditorías y fiscalizaciones, los ingresos fueron 150 mil 978 millones de pesos o 31% del excedente.
Por recaudación de impuestos se obtuvieron 109 mil 157 millones de pesos y por comercio exterior, 17 mil 134 millones de pesos. (Lindsay H. Esquivel, Excélsior, P.p.)
Durante 2020, el año de la pandemia por el Covid-19 y que afectó las actividades productivas del país, el fisco logró recaudar de los grandes contribuyentes 215 mil 659 millones de pesos gracias a mayor fiscalización.
Lo anterior supera a la suma de lo que se obtuvo por el mismo concepto durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y del primero de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las cifras más recientes y disponibles, en 2018 el cobro a grandes contribuyentes derivado de la fiscalización ascendió a 93 mil 985 millones de pesos; para 2019 el monto fue de 95 mil 816 millones.
En 2020, la eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización generó 492 mil 928 millones de pesos, de los cuales 215 mil 659 millones fueron de grandes contribuyentes, es decir, 44% del total. (Leonor Flores, El Universal, P.p. Dora Villanueva, La Jornada, P.p.)
El ejército de funcionarios encargado de la entrega de apoyos sociales del Gobierno federal asumió su nueva función: llevar el registro de los vacunados contra Covid-19.
Desde ayer, los Servidores de la Nación participaron activamente en los centros de vacunación instalados en los 879 hospitales Covid de todo el País.
Su labor fue llevar el registro y dar el acceso al personal médico para obtener su vacuna, y luego enfermeras de distintas dependencias de salud la aplicaban.
“Me siento muy entusiasmado de poder participar en esta nueva tarea, una más de las que se nos asigna”, dijo Ramiro Gómez, de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero. (Iris Velázquez y Jorge Ricardo, Reforma, P.p.)
El sistema TecSalud reclamó al Gobierno federal la exclusión de personal de hospitales privados en la nueva etapa de vacunación contra Covid-19.
“Nos extraña que se haya modificado el criterio de vacunar al personal médico proporcionalmente al número de camas Covid-19, independientemente del tipo de institución en que laboren”, reprochó el TecSalud en un escrito.
Al cuestionamiento se sumó el Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. “Me molesta que sea excluido el sector privado, nos ha ayudado enormemente”, manifestó. (Leonardo González y Daniel Reyes, Reforma, P.p.)
El Covid-19 mermó las fuentes de empleos formales durante el año pasado en todo el país, registrándose 647,710 despidos; sin embargo, en este panorama de incertidumbre laboral, tres estados lograron mostrar saldos positivos: Baja California, Chihuahua y Tabasco.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Baja California fue primer lugar en generación de empleos formales, con 27,952 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La principal fortaleza del estado fronterizo, que es su vocación económica, fue el conjunto de industrias de transformación, con 29,023 altas; le siguieron agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza con 3,099; transportes y comunicaciones con 902; comercio con 541; industrias extractivas con 108, e industria eléctrica y captación y suministro de agua con 66. (Rodrigo A. Rosales Contreras, El Economista, P.p.)
El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá el jueves, con dos semanas de antelación, para analizar las variantes del nuevo coronavirus, mucho más contagiosas, que preocupan a las autoridades de todo el mundo.
El comité se suele reunir cada tres meses, pero “esta vez el director general invitó a los miembros dos semanas antes de lo previsto para estudiar los temas que requieren un debate urgente. Se trata de las recientes variantes y del uso de certificados de vacunación y test para los viajes internacionales”, explicó la OMS en un comunicado el miércoles por la noche.
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El comité de expertos se reunirá el 14 de enero y tras el encuentro se publicarán las recomendaciones para la OMS, agregaba el texto. (Agencias, Milenio, P.p.)
Las líneas 4, 5 y 6 del Metro trabajan a ciegas y sin comunicación entre trenes tras el incendio en una subestación que quemó el sistema de intercomunicación, por lo que los responsables han tenido que usar WhatsApp o Messenger de sus propios teléfonos para comunicarse con los conductores.
Estas líneas, que han tenido que improvisar su operación para desahogar la demanda de transporte no sólo en la capital del país sino en todo el Valle de México, trabajan en condiciones muy lejanas a la normalidad y los trabajadores advierten del peligro que se corre.
Para evitar contratiempos, los trabajadores del Metro, instalados en mesas improvisadas en lugar de los tableros de control, buscan comunicarse para conocer la ubicación de los trenes a lo largo de la ruta y deben detenerlos casi en cada una de las estaciones, lo que hace más lento el avance de los trenes que dan servicio en las rutas que corren de Martín Carrera a Santa Anita; de Politécnico a Pantitlán, y de El Rosario a Martín Carrera. (Isabel Navarro, Milenio, P.p.)
El año pasado, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez concentraron cuatro mil 606 denuncias de robo de vehículo con y sin violencia que fueron registradas por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en la Ciudad de México.
7,149 denuncias de robo de vehículo con y sin violencia registró la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados el año pasado en la CDMX
Esta cifra representa 64 por ciento del total de carpetas de investigación, que ascienden a siete mil 149.
De acuerdo con el reporte anual de OCRA, Iztapalapa encabeza la lista de robo de vehículos con mil 183 ilícitos, 616 con violencia y 567 sin violencia; en segundo lugar se encuentra Gustavo A. Madero con 932 carpetas de investigación, de las cuales 562 fueron con violencia y 370 sin violencia.
En tercer sitio está Benito Juárez con 644 denuncias, (257 robos con violencia y 387 sin violencia); en el cuarto sitio está Coyoacán al registrar 628 robos de coches, 250 con violencia y 378 sin violencia; en quinto lugar está Tlalpan con 575 casos, 291 denuncias con violencia y 284 sin violencia. (Gerardo Jiménez, Excélsior, P.p.)
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
La captura del equipo jurídico del entonces ex director del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México y el domingo pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la prisión preventiva de oficio.
Cedillo y Cerda firmaron en 2017 un convenio que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios por la cancelación de un contrato que no tenía viabilidad jurídica y financiera, además de que la empresa, contratada sin licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura para ejecutarlo.
Por ese mismo caso, la FGR busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos. Autoridades federales realizaron el sábado un operativo de vigilancia en un condominio de Acapulco en busca de los Zaga, pero no tuvieron éxito. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
Washington.— Este miércoles, Donald Trump volvió a hacer historia: es el único presidente de Estados Unidos en haber sido imputado dos veces por la Cámara de Representantes. Dos impeachments en algo más de un año que serán una huella imborrable en un mandatario totalmente sui generis, que tendrá en su legado haber sido acusado en sus últimos días de gobierno de “incitación a la insurrección” tras arengar a sus seguidores para que asaltaran el Congreso, en uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense.
Tras cuatro años de un Trump que nunca tuvo cadenas y siempre desafió lo establecido, finalmente hace una semana cruzó la última frontera espoleando el ataque al Capitolio, y los congresistas tuvieron que actuar de manera expedita para poner remedio a los últimos coletazos de una presidencia que se evaporará en una semana exacta.
“[Trump] tiene que marcharse. Es un peligro claro y presente para esta nación”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en un discurso durante el debate para aprobar la acusación contra Trump. Una vez se hizo evidente que el gabinete no iba a invocar la Enmienda 25 de la Constitución para destituir al mandatario, fue el turno del Congreso de tomar las riendas de un país en caos, con una democracia tiritando.
Era momento de rendir cuentas o hacer borrón del pasado bajo el escudo de la unidad. Y los congresistas, por amplia mayoría (232-197), apostaron por no dejar que la historia recordara que no hicieron nada para condenar la pasividad de un presidente para frenar el asalto al templo de la democracia estadounidense. (Víctor Sancho, El Universal, P.p AFP y AP, Excélsior, P.p. David Brooks, La Jornada, P.p.)