Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y se le dictó prisión preventiva justificada debido a su “falta de arraigo en la Ciudad de México”, por mentir acerca de su domicilio y porque existe el riesgo de que se dé a la fuga.
Así se manifestó durante la audiencia en la que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sugirió al Ministerio Público Federal (MPF) que investigue y aclare si el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade pudieron haber incurrido en encubrimiento respecto de los desvíos de recursos que se cometieron en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de que la ex funcionaria afirmó haber informado al ex mandatario y al ex candidato presidencial priísta de las irregularidades detectadas por más de 5 mil millones de pesos.
En las primeras horas de una audiencia que duró casi 12, la defensa de Robles Berlanga señaló que el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas en la Sedesol al recibir el acta de entrega-recepción que recibió al tomar posesión de esa secretaría, y que ello consta en el anexo 21 folios 630 y 633, de la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) y que sirvió de base para imputar a la ex funcionaria. (César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, P.p.)
El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó retadoramente: “Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12 horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya.
“Qué bueno que dijo que vino a dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo después de que nos vieran la cara a todos los mexicanos”. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se han detectado otros 105 convenios irregulares entre la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades por 800 millones de pesos, por lo que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles.
La impunidad se acabó, afirmó Nieto, y el hecho de que una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, se encuentre con una medida cautelar de prisión preventiva, en razón de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben volver a ocurrir en el país.
Los 105 convenios detectados por la Secretaría de Bienestar, precisó, son por 800 millones de pesos, que se suman a los que ya habían reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, P.p. Leticia Robles de la Rosa y Juan Pablo Reyes, Excélsior, P.p.)
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna puso de plazo hasta el próximo viernes para que la defensa de Rosario Robles entregue al Ministerio Público de la Federación una copia “auténtica” “que dé certeza” del acta de entrega-recepción de la Sedesol entre la ex funcionaria y su sucesor José Antonio Meade.
Dicha acta fue exhibida como dato de prueba por los abogados de Robles durante la audiencia de vinculación a proceso que concluyó la madrugada de ayer en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur.
Durante la diligencia, Óscar Ramírez, integrante de la defensa de Robles, reveló que en este documento, la ex titular de la Sedesol y Sedatu hizo saber a Meade los pliegos de observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pendientes por solventar y que contenían las posibles irregularidades en esa dependencia. (José Antonio Belmont, Milenio, P.p.)
Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal (MPF) por el desvío de más de 800 millones de pesos de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol, actual Secretaría de Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2014 y 2018, involucran a 60 ex funcionarios de ambas dependencias, se han iniciado cinco procesos penales y están en curso más de 20 investigaciones, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los funcionarios de mayor nivel de la administración federal señalados como responsables de desviar recursos mediante convenios firmados con las universidades de Morelos, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas y estado de México, se encuentran Rosario Robles Berlanga, como secretaria de Estado, y el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa.
Los reportes del MPF refieren que de octubre de 2015 a abril pasado se integraron 21 carpetas de investigación y se han obtenido seis vinculaciones a proceso. Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público ha logrado que tres ex servidores públicos participen como testigos colaboradores, lo que ha permitido fortalecer las pruebas contra los imputados en el desvío de recursos millonarios a empresas fachada, la realización de obras inexistentes o la adquisición de bienes que no se entregaron. (Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, P.p.)
Un par de horas después de que Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la administración federal pasada fue vinculada a proceso como medida cautelar, y trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es un logro que no haya impunidad y que exista en el país un auténtico estado de derecho.
Subrayó que es un tema que les corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial, los cuales, ratificó, en su gobierno son totalmente independientes del Poder Ejecutivo
A éstos les corresponderá definir si llaman a otros ex funcionarios posiblemente involucrados con las irregularidades millonarias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en las dos dependencias durante el tiempo en que Robles Berlanaga las encabezó. (Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz, La Jornada, P.p.)
Horas después de que la defensa legal de Rosario Robles Berlanaga señaló que José Antonio Meade tuvo conocimiento de las anomalías detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social, cuando la ex funcionaria le entregó la titularidad de la dependencia en 2015, el ex candidato presidencial del PRI desayunó en Palacio Nacional con el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.
Herrera primero ironizó sobre el encuentro que ayer tuvo lugar, y al que además acudió José Antonio González Anaya –también ex titular de Hacienda–, pero después lo confirmó.
En un primer momento Herrera negó la reunión con los ex titulares de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y bromeó que seguramente han de haber venido a hablar entre ellos. Más tarde, en su cuenta de Twitter reconoció que se trató de un encuentro informal, sin agenda y con un diálogo abierto. Sólo hubo dos problemitas, añadió, no hubo chilaquiles en el menú y les tomaron una foto al salir y se chivearon mucho. (Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.)
La detención de Rosario Robles confrontó posturas en diversos sectores políticos y sociales. En el Senado, legisladores del PRI advirtieron que se violó el principio de presunción de inocencia de la ex funcionaria, al haberla encarcelado de manera preventiva, sin que ello se justifique, mientras los de Morena sostuvieron que no hay ningún afán de venganza política y se respetará el debido proceso.
Por su parte, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Accceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), consideró que la aplicación de la justicia por los desvíos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, hoy del Bienestar) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no sólo debe quedarse en Robles, sino llegar hasta las últimas consecuencias.
Al mismo tiempo, legisladores del PAN y el PRD dijeron esperar que la detención de la ex funcionaria no sea una cortina de humo y que la sociedad mexicana no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política. (Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Carolina Gómez y Georgina Saldierna, La Jornada, P.p.)
Han pasado más de 10 horas. Frente a ella estaban su hija Mariana, el juez, los fiscales, sus abogados y una torre de papel. Entonces, Rosario Robles fue directa al pedir que no la llevaran a prisión.
Tras enfrascarse en un diálogo tenso, áspero, violento con los fiscales, fue franca: “No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones de pesos para irme a vivir a Canadá”.
A punto de que el juez decidiera vincular a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, se defendió, aunque para algunos sonó a ruego: “Mi única cuenta bancaria está congelada y cuando hablo de que doy la cara es porque siempre la he dado (…) no hay razón para que se pida esa medida cautelar por parte del Ministerio Público”. (Diana Lastiri y Manuel Espino, El Universal, P.p.)
La posible colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en los millonarios desvíos de la Sedesol debe ser investigada, sugirió el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
En la madrugada del martes, el juez vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público supuestamente cometido durante su administración en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El juez impuso a la exfuncionaria prisión preventiva de oficio justificada debido a que consideró que representa un riesgo de fuga y que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México porque afirmó que falseó los datos relacionados con su domicilio, por lo que no existe certeza de que habite en la capital del país. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
El Paquete Económico 2020 tendrá una mayor presión fiscal que llevaría a ajustar el superávit primario por debajo del 1 por ciento del PIB, debido a un gasto incremental por programas sociales y apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), consideraron expertos consultados por El Financiero.
Si bien se anticipa un paquete que mantendrá la disciplina y estabilidad fiscal y, en principio, mantendría variables macroeconómicas como petróleo y tipo de cambio apegadas a la realidad, un factor que estará presente en el armado del paquete será el gasto social de los programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, previeron.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró en entrevista con Pablo Hiriart en El Sillón de Pensar, que se tendrán los ingresos a partir de todos los esquemas de recaudación. (Zenyazen Flores, El Financiero, P.p.)
El Cobro Digital (CoDi) también puede representar una eficaz alternativa para facilitar a contribuyentes el pago de impuestos, opinó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de CPA Visión, proveedora de soluciones tecnológicas para asuntos fiscales, destacó que con el uso intensivo y generalizado de la factura electrónica, el país se coloca a la vanguardia en almacenamiento de datos.
“México está muy a la vanguardia, pues es el que más utiliza la factura electrónica”, señaló.
Dijo que la autoridad fiscal están cazando talentos para encontrar ese tipo de expertise, que normalmente son matemáticos, actuarios, y ahora a los egresados de una nueva carrera: Ciencia de Datos. (Leonor Flores, El Universal, p.p.)
De las más de 900 firmas que se dedican al outsourcing en el país, apenas 100 cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significa que la mayoría ayuda a empresas de diversos sectores a evadir impuestos por los salarios de los trabajadores, “delito que ameritaría prisión preventiva oficiosa”, de aprobarse un paquete de reformas que tiene sobre la mesa la Cámara de Senadores.
Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), explicó que el outsourcing no es un delito cuando las empresas contratan firmas que hacen el trabajo de reclutamiento, administración y pago de personal con los impuestos correspondientes. Sin embargo, reconoció que casi 90% de las firmas que proporcionan este servicio recurren a prácticas simuladoras para ayudar a sus contratantes a reducir costos a través de los impuestos o prestaciones sociales.
Las prácticas de simulación generalmente están relacionadas con no reportar los salarios reales de los trabajadores ante el IMSS a fin de reducir el impuesto sobre nómina, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pagar bajo el régimen de derecho de autor o con pólizas de seguros, debido a que están exentas de ISR. (Karla Ponce, Excélsior, P.p.)
La generación de empleo formal cayó 51.7 por ciento en los primeros siete meses del año, comparado con el mismo periodo de 2018, según un análisis basado en datos del IMSS.
Medido con cifras ajustadas por estacionalidad, que permiten una comparación entre meses consecutivos, de enero a julio el número de plazas nuevas registradas en el IMSS fue de 215 mil 806, frente a la generación de 447 mil 215 plazas en 2018.
El mes pasado, la generación de empleo tuvo la segunda mejor alza en lo que va del año con 46 mil 513 nuevos trabajadores, cifra sólo superada por la generación de enero, cuando fueron 58 mil 145. (Redacción, Reforma, P.p.)
Senadores que impulsan reformas a la legislación federal para emprender un ataque frontal a las empresas fantasma, venta de facturas y la simulación de operaciones fiscales, plantean crear un régimen de excepción, el cual permita, como en el combate a la delincuencia organizada, el uso de testigos colaboradores y protegidos, así como la intervención de comunicaciones contra evasores y simuladores fiscales.
Advierten que las autoridades han identificado a células de delincuentes fiscales peligrosos, “las cuales son grupos organizados y sofisticados que promueven la evasión fiscal, generan daños extraordinarios a la hacienda pública y provocan un desequilibrio en la estabilidad económica del Estado”.
En un documento en poder de EL UNIVERSAL, en el que se exponen los argumentos de las reformas al Código Fiscal de la Federación, a las leyes contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la compraventa de facturas falsas y la simulación de operaciones fiscales, se hace notar que se busca “justicia fiscal y penal”. (Francisco Reséndiz, El Universal, P.p.)
En lo que va del año, el gasto para nueva infraestructura científica y mantenimiento de equipos en centros de investigación casi ha desaparecido, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
En el primer semestre, el Gobierno federal destinó 25 millones de pesos en inversión al área de ciencia, tecnología e innovación, un desplome frente a los 2 mil 154 millones de pesos pagados en el mismo periodo de 2018.
Con esos recursos, los centros de investigación y universidades pueden adquirir equipo de hasta 10 millones de pesos como microscopios electrónicos, espectrómetros, computadoras de alto desempeño, equipos de rayos X, entre otros, según registros del Conacyt. (Jorge Cano, Reforma, P.p.)
La Guardia Nacional tiene desplegados a más de 58 mil elementos en todo el país y ha rechazado a 5 mil 818 por obesidad, mala condición física, salud o por tener tatuajes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con este despliegue de la Guardia espera “pronto, muy pronto serenar al país”.
En su conferencia de prensa matutina manifestó: “Todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país desde muy temprano. Y estamos haciendo lo que nos corresponde. Pensamos que pronto, muy pronto van a cambiar las cosas en materia de seguridad, que vamos a serenar el país, porque esto es una parte pero lo fundamental es atender las causas que originan la violencia, lo fundamental es lo preventivo, el que no se abandone al pueblo… (Jannet López Ponce, Milenio, P.p.)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estimó en 8 mil 271 millones de pesos el costo de construir los cuarteles para la Guardia Nacional (GN) en todo el País.
Un proyecto de inversión enviado en julio pasado a la Secretaría de Hacienda, indica que la Sedena quiere los recursos para levantar 236 cuarteles entre lo que queda de 2019 y 2021..
La Dirección General de Ingenieros (DGI) de la Sedena prevé que las sedes tengan una vida útil de 20 años, con gastos anuales de mantenimiento y operación de 62 millones de pesos, es decir, mil 40 millones de pesos adicionales. (Víctor Fuentes, Reforma, P.p.)
De acuerdo con la medición sobre la presencia de los 16 alcaldes de la Ciudad de México en los medios de comunicación durante julio, los ediles que tuvieron más impactos negativos fueron (todas morenistas) la de Álvaro Obregón, Layda Sansores, por el doble asesinato en Plaza Artz. Le siguen Patricia Aceves, de Tlalpan, con el caso de la muerte de Daniela, y Patricia Ortiz, de Magdalena Contreras, quien tuvo que afrontar el tema del asesinato de una persona en Lomas de San Bernabé.
En contraparte, quienes tuvieron una opinión positiva fueron el perredista Julio César Moreno, de Venustiano Carranza; el morenista Víctor Romo, de Miguel Hidalgo, y el panista Santiago Taboada, en Benito Juárez.
Layda Sansores, Álvaro Obregón. Lugar 1/16 en cobertura. Opinión efectiva: 16 de 16.
La mafia israelí al parecer está presente en México; 24% de la cobertura de la alcaldía estuvo enfocada en los asesinatos perpetrados en la lujosa Plaza Artz del Pedregal. Los microsismos también representaron parte importante de la cobertura. Tras cobrar el rescate, secuestradores dejaron en libertad a un niño de 3 años en la demarcación y Juan Osorio fue asaltado en su domicilio. La alcaldesa presentó junto con Víctor Hugo Romo la Ley de Extinción de Dominio en el Congreso. (Juan Ricardo Pérez-Escamilla G., El Universal, P.p.)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en la última década ingresaron al país, de manera ilegal, alrededor de dos millones de armas de fuego.
De acuerdo con Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, la estadística en este rubro es una estimación tomada del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (AFT), organismo a partir del cual se calcula que, por año, ingresan a México 200 mil armas de fuego.
El flujo de armas —aquí lo ven— adquiridas, lo que se ha comercializado, el total, lo que ingresa ilegalmente con la estimación de 200 mil armas por año, en los 10 años serían dos millones de armas”, señaló en conferencia desde Palacio Nacional.
En este mismo periodo, las fuerzas federales lograron asegurar 193 mil 413 armas, destacó el alto mando al reconocer que aún hay más de un millón y medio de armas fuera del control de la autoridad. (Isabel González, Excélsior, P.p.)
Una banda delictiva que estafa a personas a través de ofertar en sitios de internet autos, motocicletas, terrenos, casas, televisores, celulares de alta gama y computadoras portátiles fue detectada por la procuraduría capitalina. Incluso, se le imputa el homicidio de tres personas en los últimos dos meses, entre ellas una mujer y un adulto de la tercera edad, quienes cayeron en su trampa, llegaron a comprar un vehículo “en remate” y los mataron.
Bajo esta modalidad de robo y fraude online, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México detectó un total de 300 actos que se cometieron entre el 1 de enero y el 12 de agosto pasados, todos con el mismo modus operandi: publican productos muy por debajo de su precio normal y con la leyenda “urgente”, por lo que conminan a que el pago se haga “en caliente” y en efectivo.
“Son varias bandas, en algunas ocasiones estas agrupaciones son muy sofisticadas y tienen toda una estructura para engañar y estafar a sus víctimas; en otras, nos damos cuenta de que son más improvisados, pero están también los que son sumamente violentos, esos fueron los que cometieron el homicidio más reciente”, comentó en entrevista Salvador Guerrero Chiprés, director del Consejo Ciudadano local. (David Fuentes, El Universal, P.p.)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que seis elementos de la policía capitalina fueron suspendidos de sus funciones por su presunta participación en la violación de una joven de 17 años en Azcapotzalco en tanto la investigación por esos hechos sigue abierta.
Por medio de un video publicado ayer por la tarde en su cuenta de Twitter @Claudiashein, la titular del Ejecutivo local insistió en su compromiso de que no habrá impunidad, pero advirtió que tampoco se van a fabricar culpables.
Manifestó que la violencia contra las mujeres y niños es inadmisible e inaceptable, por lo que no estoy dispuesta a tolerarla, al tiempo que admitió que los procedimientos de denuncia y acceso a la justicia para las víctimas de violencia implican un camino largo, situación que debe cambiar. (Alejandro Cruz Flores y Rocío González Alvarado, La Jornada, Contraportada, J. Almazán y V. Díaz, Milenio, P.p.))
Madrid. El tenor Plácido Domingo, una de las voces míticas de la ópera y figura estrechamente vinculada a México –su sobrino murió en el terremoto de la Ciudad de México de 1985– fue denunciado por nueve mujeres de supuesto acoso sexual.
La mayoría de las acusaciones públicas son anónimas, salvo la de la mezzosoprano Patricia Wulf, quien confirmó la supuesta actuación vejatoria del cantante.
Domingo se limitó a responder con el argumento de que los hechos que se le atribuyen son ‘‘inexactos” y que lamenta ‘‘oír que he podido molestar a alguien”. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Contraportada, Richard Drew, Milenio, P.p.)