El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propósito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria zSAT) podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de prisión.
Al hacer el anuncio del grupo de trabajo contra este delito –en el que participan las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores– el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que más de 14 mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 380 mil personas ese mes.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, e hizo un llamado a los empresarios a tener dimensión social, con la finalidad de cumplir con los derechos de los asalariados. (Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz, La Jornada, P.p. Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
El sector privado argumentó que los despidos efectuados en diciembre pasado fue de plazas temporales –como ocurre cada año– y apegados a la ley, por lo cual no hay preocupación por que haya mayor vigilancia a las empresas que emplean bajo el esquema de subcontratación, anunciada por el gobierno federal.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que la liquidación de 64 mil trabajadores el último mes de 2019 no fue producto de malas prácticas de subcontratación, a pesar de que el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) indicó que más de 14 mil empresas finiquitaron a toda su plantilla.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios indicaron que se perseguirá como delincuencia organizada los casos de compañías que utilizan la subcontratación ilegal, pues bajo esa figura las cotizaciones de los trabajadores en el IMSS no corresponden con el sueldo que perciben y no reciben todas las prestaciones, entre otros perjuicios para los trabajadores, así como la falta de pago de impuestos. (Alejandro Alegría, La Jornada, P.p.)
El Senado de la República no recibió la iniciativa de reforma constitucional ni las de procuración de justicia que entregarían ayer el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, porque el presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), ministro Arturo Zaldívar, y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se quejaron de que no se les tomó en cuenta.
En reunión privada, al llegar al Senado, Ricardo Monreal (Morena) habló con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Gertz Manero y Scherer Ibarra, y les pidió: Mejor no presenten las propuestas de ley. No pueden presentar iniciativas sin consenso en el gobierno federal. Yo no voy a cargar con sus desencuentros. Lleguen a un consenso y lo platicamos. ¿Cómo hacen una reforma a la Ley de Amparo y no toman en cuenta a la Corte?
En dicho encuentro, celebrado a puerta cerrada, el legislador morenista pidió que cualquier propuesta de reforma al Poder Judicial no la presenten hasta después de que la Corte haga lo propio. (Víctor Ballinas y Gustavo Castillo, La Jornada, P.p.)
Desencuentros entre el gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República trabaron ayer la presentación del paquete de reforma en materia de administración y procuración de justicia, por lo que el Senado se negó a recibir el proyecto destinado a crear una superfiscalía.
En una decisión de última hora que causó sorpresa, el fiscal Alejandro Gertz Manero desglosó el contenido de las nueve iniciativas y anunció que hasta el 1 de febrero intentará someter de nuevo el plan al Poder Legislativo, donde ya hay voces que advierten que viola la presunción de inocencia.
“Será el 1 de febrero cuando yo pueda, si ustedes me lo permiten, ya tener una visión completa para someterla a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y, si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público”, expresó.
Antes de la presentación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recibió en privado al consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal para informarles que el Senado no se puede hacer cargo de una iniciativa sin consenso ni de los desencuentros en el gabinete. (Angélica Mercado, Milenio, P.p.)
La empresa mexicana Neurona Consulting, a la que Evo Morales pagó 1.3 millones de euros (cerca de 27 millones de pesos) en 2017 por una campaña en redes sociales, trabajó en 2015 con los partidos Morena y PRD en estados como Michoacán, Querétaro y Campeche, según consta en la red social Vimeo.
Además, en 2013, tras la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, fundó Revolución 3.0, un medio digital que surgió para “repeler el embate de los medios hegemónicos que construían mensajes ad hoc para proyectar una imagen positiva de una presidencia espuria en México”, promocionaba la propia empresa.
Neurona participó en 2015 con Morena en las campañas a la gubernaturas de Querétaro y Campeche. Lo hizo con Celia Maya, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y en 2019, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la terna para ocupar un lugar en la Suprema Corte. (Liliana Padilla, Milenio, P.p.)
La propuesta de reforma al sistema judicial abre la puerta a que el gobierno intervenga teléfonos para combatir delitos fiscales y electorales.
“La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”, señalan los borradores.
El cambio consiste en que se quitan los conceptos “fiscal” y “electoral” del listado que detalla en qué no pueden autorizarse escuchas.
Los documentos, cuyas versiones definitivas el Ejecutivo enviará al Senado el 1 de febrero, plantean que las víctimas de un delito soliciten cateos, eliminar a los jueces de control, retomar la prisión obligatoria para todos los delitos bajo la figura del arraigo y que las pruebas consideradas ilícitas por la manera como fueron obtenidas, sean valoradas por el juzgador. (Leticia robles de la Rosa, Excélsior, P.p.)
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), integrado por cerca de 50 empresas multinacionales presentes en México, llamó al gobierno federal a perder el miedo a trabajar juntos.
Para la presidenta de este organismo, Claudia Jañez, contar con mecanismos claros de inversión son piezas fundamentales para la atracción de inversión, ya que al organismo que representa le costó más trabajo convencer a sus agremiados de invertir en el país.
“Nos costó mucho más trabajo en la segunda mitad del año (2019) convencer a nuestros consejos de administración para ver a México como un destino de inversión, que tendría que ser natural y no está siendo así. Hay que perdernos el miedo a trabajar juntos, la IP ha demostrado que puede cambiar la ruta del país, que puede trabajar con reglas claras”, aseguró. (Eduardo de la Rosa, Milenio, P.p.)
Los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como diesel siguen al alza. En un mes —diciembre de 2019— y los primeros 15 días de este año, acumulan aumentos de 19 centavos por litro en el caso de la Magna, 13 centavos en la Premium, y 19 centavos por litro en el diesel.
De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los movimientos al alza son constantes. En 2019, los usuarios pagaron 19.35 pesos —promedio anual nacional— por cada litro de Magna, mientras que en 2018 su precio promedio anual fue de 18.32 pesos. (Noé Cruz Serrano, El Universal, P.p.)
Cd. de México (16 enero 2020).- En Andorra, Juan Collado era sospechoso de lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido realizadas entre el 2006 y 2015, pero en México fue exonerado por autoridades y jueces.
En el sexenio de Enrique Peña, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exculparon al abogado y resolvieron que no había indicios de lavado, ni delitos financieros en sus millonarias cuentas que llegaron a Andorra.
En marzo del 2017, la gestión del entonces Procurador Raúl Cervantes en la PGR cerró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016 y decretó el “no ejercicio de la acción penal” al estimar que no había ningún delito. (Redacción, Reforma, P.p.)
Cd. de México (16 enero 2020).- Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el ex Secretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.
María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales. (Raúl Olmos, Reforma, P.p.)
Cd. de México (16 enero 2020).- Diferencias entre miembros del Gabinete federal frenaron ayer la presentación en el Senado de una reforma al sistema de procuración de justicia.
Un documento sin autoría expresa y que circuló informalmente entre senadores, sugería cambios a 14 artículos de la Constitución, para expandir el arraigo a todos los delitos y facultar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a procuradurías locales para solicitar intervención de comunicaciones en temas fiscales y electorales.
Fuentes legislativas señalaron que dicha propuesta, presuntamente elaborada por la Dirección de Análisis Legislativo de la FGR, resta facultades a la Secretaría de Seguridad y a la UIF, e invade atribuciones de jueces. (Mayolo López y Víctor Fuentes, Reforma, P.p.)
El monto de ahorro para el retiro de los trabajadores cerró 2019 en 3 billones 996 mil millones de pesos, un aumento nominal de 20 por ciento respecto a los 3 billones 327 mil millones de 2018, reveló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De acuerdo con el organismo regulador y supervisor, de las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore) que operan en el sistema, la que resguarda la mayor cantidad de recursos es XXI Banorte, con un total de 882 mil millones de pesos.
Detrás se encuentran Citibanamex, con un monto de 724 mil millones de pesos; Profuturo, con 599 mil millones, y Sura, con activos por 590 mil millones. (Braulio Carbajal, La Jornada, P.p.)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que no tengo nada que reclamar a la Fiscalía General de Justicia local, luego de que ésta no ha logrado cumplir la orden de aprehensión en contra del ex director del Instituto de Vivienda capitalino, Raymundo Collins Flores, pese a que, según declaraciones de la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, se le tenia ubicado.
Tras darse a conocer que se solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para la localización en 194 países del también ex secretario de Seguridad Pública local, manifestó que la fiscalía está en un proceso de mejora permanente y que será ésta la que tenga que informar de todo este proceso.
–¿No hubo ineficacia de la fiscalía para cumplir con la orden de aprehensión contra Raymundo Collins? –se le preguntó. (Alejandro Cruz Flores, La Jornada, Contraportada)
“Avísale a mi mamá que mi hermano se quemó”. A sus 52 años de edad, Alberta Montiel perdió a su hijo mayor y al mismo tiempo “volvió a ser madre”. La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero de 2019, le arrebató la vida a su primogénito: Santos Preciado, hombre dedicado al campo, esposo, hermano, extrabajador de Pemex y padre de dos pequeñas.
Tras la muerte de Santos, la madre de las menores, Nelly, de siete años, y Georgina, de cinco, se ha tenido que dedicar de lleno a trabajar para ofrecerle sustento a sus hijas. Las niñas, por su parte, ahora están prácticamente de tiempo completo al cuidado de su abuelita, doña Alberta.
—Ahora sí que tuve que regresarme, volver a acompañar a mis nietas a la escuela, ir a las juntas, darles de comer y hasta hablar con las maestras. Las niñas no van bien en la escuela, se distraen, juegan, no hacen sus tareas completas, a veces hasta son groseras; yo le digo a su mamá, pero ella me ignora. (Alicia Pereda Martínez, El Universal, P.p.)
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá dar marcha atrás a su decisión de permitir que las gasolinas que se venden en la mayor parte del territorio nacional contengan hasta 10 por ciento de etanol, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta medida.
Con el único voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la segunda sala de la SCJN declaró inválidas las reformas a la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, que permitieron elevar el nivel de etanol en las gasolinas Magna y Premium que se venden en todo el país, con excepción de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
El uso de este alcohol como aditivo en las gasolinas abarata su costo y mejora su combustión al aportar oxígeno a la mezcla, pero también provoca que los automotores produzcan mayores cantidades de ozono. (Eduardo Murillo, La Jornada, Contraportada)
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, puntualizó que el tema de la salud no se politiza y los gobernadores del PAN no están en complot para bloquear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), simplemente quieren claridad sobre los recursos que se requieren para atender el tema.
En entrevista, el mandatario estatal y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) subrayó que la semana próxima buscarán reunirse con el secretario de Salud federal para que resuelva las dudas que existen sobre el esquema de salud que se quiere implementar.
El tema, expuso, es que el padrón de beneficiarios de lo que ha sido el Seguro Popular evidentemente se va a incrementar, lo mismo que las enfermedades a atender, y para todo ello se requieren recursos. (Ariadna García, El Universal, P.p.)
En 30 de los 50 mercados más grandes inspeccionados se ha detectado que las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, incluso que algunas son ilícitas, revela el avance Visitas de Supervisión 50 mercados públicos, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El documento indica que durante las revisiones que se realizaron del 2 al 14 de enero las autoridades observaron que las instalaciones eléctricas están operando con sobrecarga, así como que en la mayoría de los mercados hay cables expuestos y en malas condiciones, con calentamiento de los mismos. (Salvador Corona, El Universal, P.p.)
Nueva York. Los cargos contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción fueron entregados formalmente ayer por la Cámara de Representantes al Senado, con lo cual dará inicio el tercer juicio político contra un presidente en la historia de Estados Unidos.
En un ritual simbólico para marcar el carácter solemne de este acto, los siete diputados nombrados por la cámara para actuar como fiscales en el juicio político entregaron físicamente los dos documentos con los cargos formales llamados “artículos de impeachment” al Senado, caminando en silencio por el Capitolio desde el lado de la cámara baja al otro extremo, donde se encuentra la cámara alta, pasando por la famosa rotonda al centro de la sede legislativa. Todo fue transmitido en vivo por los principales medios nacionales del país.
Horas antes, la cámara baja votó a favor (228 contra 193) de enviar los dos artículos de impeachment al Senado y aprobó el nombramiento de los siete diputados –encabezados por los presidentes de los comités de Inteligencia, Adam Schiff, y Judicial, Jerry Nadler– encargados de presentar el caso y argumentar por la destitución del presidente ante el Senado cuando empiece el juicio la próxima semana. (David Brooks, La Jornada, Contraportada)