Al respaldar la decisión de la FGR, de exonerar de delitos relacionados con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la DEA “fabricó” delitos contra el general en retiro.
“Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia.
“Entonces, resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, señaló.
En su conferencia en Palacio Nacional, el Jefe de Estado fijó la postura de su gobierno sobre la investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), con la información proporcionada por autoridades de Estados Unidos, acerca de los presuntos vínculos del general con grupos del crimen organizado, indagatoria que inició desde 2013. (Alberto Morales y Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p. P. Salazar e I. Saldaña, El Heraldo de México, P.p.)
WASHINGTON.- El Gobierno mexicano violó el Tratado de Asistencia Legal con Estados Unidos al difundir materiales confidenciales sobre el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reclamó el Departamento de Justicia de EU.
La dependencia replicó anoche al Presidente Andrés Manuel López Obrador su dicho de que la DEA “fabricó pruebas” contra el militar.
“Los materiales difundidos hoy por México muestran que el caso contra el General Cienfuegos, de hecho, no fue inventado”, dijo la dependencia.
“La información en la que se basó para acusar al General Cienfuegos fue recopilada legalmente en EU, de conformidad con una orden judicial apropiada de EU, y en pleno respeto de la soberanía de México”, insistió.
“Publicar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y EU, y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México”, aseguró la dependencia. (Abel Barajas, Claudia Guerrero, José Díaz Briseño y Antonio Baranda, Reforma, P.p. J. Chaparro y A. López, La Razón, p.p. Jannet López, José A. Belmont y Rafael Montes, Milenio, P.p. Arturo paramo y Manuel Ocaño, Excélsior, P.p.)
La FGR descalificó el expediente de la DEA que incrimina al General Salvador Cienfuegos, pero nada dijo de menciones a otros militares y políticos ahí contenidas.
Hecha pública ayer, la relatoría de conversaciones de presuntos narcos salpica a Eruviel Ávila, quien supuestamente le pidió al grupo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El Patrón”, intervenir en el Estado de México para calmar la situación de inseguridad y operar venta de droga.
También refieren a Miguel Ángel Osorio, quien era Secretario de Gobernación, como alguien conocido y los presuntos delincuentes revelan su intención de tener contacto con Arely Gómez, entonces titular de la PGR.
En las conversaciones aparecen también los nombres del General Javier Cruz Rivas, comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León durante la era de Cienfuegos y del ex subsecretario de la Defensa Virgilio Daniel Méndez Bazán, de quien refieren ayuda. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
París. El número de muertos a escala global por Covid-19 superó ayer 2 millones, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, que registró además un total de 93 millones 518 mil contagios.
Según la entidad, un total de 2 millones 905 personas han muerto debido a la enfermedad, 15 mil 121 de ellas en las últimas 24 horas.
La cifra se alcanzó poco más de un año después de que se detectó por primera vez el coronavirus en la ciudad china de Wuhan. El número de fallecimientos es casi igual a la población de ciudades como Bruselas, La Meca, Minsk o Viena.
El mundo tardó nueve meses en llegar al primer millón de muertes por el Covid-19, pero sólo tres meses para sumar un segundo millón, lo que muestra una aceleración de los decesos. (Afp, Ap, Reuters, Europa Press y The Independent, La Jornada, P.p.)
Al argumentar que la vacunación contra el Covid-19 requiere una organización y coordinación de emergencia ante “un reto sin antecedentes similares”, el gobierno federal busca emitir un acuerdo que le permita designar en cada entidad a un coordinador de las brigadas especiales, quien a su vez tendrá a su cargo la estrategia operativa que se implemente a nivel estatal para llevar a cabo la vacunación, una especie de superdelegado.
En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se indica que será Jorge Alcocer Varela, secretario de la Ssa, quien designará a esos funcionarios, que estarán a cargo de las estrategias y coordinarán a brigadistas asignados, así como a autoridades estatales y municipales.
En el documento a revisión se señala que será la Secretaría de Salud (Ssa) la que coordine toda la estrategia de vacunación y dirija a los cerca de 120 mil funcionarios públicos que integrarán las 10 mil brigadas en el país.
Pero también la Secretaría de Salud será la que esté por encima en la toma de decisiones sobre las demás dependencias del gobierno federal que colaboren en la campaña de inmunización, como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), Bienestar, entre otras. (Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p.)
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por mayoría de votos, ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores y servidores públicos, abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso durante sus diversos actos públicos.
Tras más de tres horas de discusión, con nueve votos a favor y dos en contra (de los consejeros Norma de la Cruz y José Roberto Ruiz), el Consejo General advirtió que no puede haber pronunciamientos sobre aspirantes electorales, partidos nacionales y locales, así como tampoco de coaliciones, sondeos, entre otros.
Esta medida permanecerá vigente hasta que la Sala Regional Especializada correspondiente se pronuncie al respecto.
Al iniciar la sesión para discutir el proyecto mediante el cual se ordena al Presidente de la República no hacer pronunciamiento alguno sobre el proceso electoral en curso y todo lo que ello conlleva, la representación de Morena ante el INE presentó una recusación, mediante la cual se pretendió que tanto el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama se abstuvieran de participar en la discusión y votación del proyecto. (Ariadna García, El Universal, P.p. Andrés Becerril, La Jornada, P.p.)
Cd. de México (15 enero 2021).- Con 9 votos a favor y 2 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ordenar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y funcionarios, abstenerse en sus actos públicos de opinar sobre el proceso electoral de 2021.
Así, el Primer Mandatario no podrá hablar, en sus conferencias mañaneras, giras o eventos gubernamentales, sobre el financiamiento público a los partidos; vida interna de éstos, tanto a nivel nacional como local; ni sobre candidaturas partidistas o de independientes.
Tampoco sobre postulaciones a cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y local; frentes, coaliciones, fusiones, alianzas electorales nacionales o locales; plataformas; campañas; o encuestas de intención de voto o preferencias electorales. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, aseguró este viernes que la relación con Estados Unidos en materia energética es de respeto a las normas establecidas por cada uno de los países socios del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De esa forma la funcionaria respondió –en su cuenta de Twitter– al señalamiento del gobierno estadunidense, que señaló presuntas violaciones al pacto comercial por la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético.
Nahle García comentó que en el marco de sus atribuciones, el gobierno de México implementa un adecuado balance energético dentro del territorio nacional.
La relación con Estados Unidos dentro del T-MEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado, agregó. (Alejandro Alegría, La Jornada, P.p.)
A partir del lunes los restaurantes y negocios esenciales que se ubican en el Centro Histórico podrán reanudar actividades al aire libre, con las medidas de seguridad sanitarias recomendadas por las autoridades, como parte del programa Reactivar sin Arriesgar que difundió el Gobierno de la Ciudad de México.
La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que ante el crecimiento en el número de hospitalizaciones se mantendrá el semáforo epidemiológico del Covid-19 en rojo, pero se determinó flexibilizarlo ante la difícil situación económica que viven diversos sectores.
La finalidad es aguantar hasta que lleguen las vacunas, que estarán en la ciudad en un mes o dos, dependiendo del suministro, y mantener en esta época un balance entre la reapertura de la actividad económica con menos riesgo de contagio y la capacidad de atención para quienes enfermen, expresó. (Rocío González Alvarado, La Jornada, P.p.)
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó su consternación por el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley Minera que negó el amparo interpuesto por el pueblo indígena maseual, toda vez que la legislación referida establece actos de autoridad que podrían afectar a las comunidades y a los ecosistemas en los que se encuentran asentados.
La Semarnat manifiesta su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a los pobladores asentados en la Sierra Norte de Puebla que demandaba la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que no consideran el deber de consultar a los pueblos originarios cuando puedan afectarse sus derechos e intereses, sostuvo la dependencia en un comunicado.
La SCJN resolvió el miércoles pasado negar la protección de la ley a la comunidad maseual y aprobó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que rechazó los argumentos de los habitantes de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso. (Jared Laureles C., La Jornada, Contraportada)
Nueva York., Fiscales federales presentaron cargos contra varias de las figuras más prominentes en el asalto al Capitolio y podrían llegar a acusar a más de 300 sospechosos, y también se investiga la posible complicidad de algunos legisladores con los golpistas, todo mientras testigos y nuevas revelaciones indican que algunos golpistas llegaron preparados para secuestrar y hasta asesinar a políticos, así como varios expresaron su deseo de colgar al vicepresidente.
A cinco días de lo que ya no podrá ser un traslado pacífico del poder ejecutivo, se siguen ampliando las múltiples investigaciones sobre el asalto al Capitolio de la semana pasada –las criminales sobre los participantes, otras sobre el papel de legisladores que podrían haber colaborado en la intentona de golpe de Estado y otras por los fracasos en la seguridad del Capitolio– hecho que sigue sacudiendo a Washington y que ha llevado al despliegue de lo que podrían llegar ser 25 mil tropas de la Guardia Nacional y nuevas medidas de seguridad, que hacen que partes de la capital luzcan como zona de guerra.
Este viernes, fiscales federales que persiguen a los responsables presentaron argumentos iniciales ante un tribunal, e indican que algunos de quienes ingresaron al Capitolio tenían la intención de capturar y asesinar a funcionarios electos. Según el senador republicano Ben Sasse, los investigadores cuentan con evidencia de que algunos de los golpistas deseaban secuestrar y posiblemente asesinar al vicepresidente. Pero al final del día, por alguna razón aún no explicada, buscaron retirar esas palabras explosivas, aunque no los cargos. (David Brooks, La Jornada, Contraportada)
Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó ayer en una lista de sancionados al Ministerio del Interior (Minint) de Cuba y a su titular, el general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, por graves abusos contra los derechos humanos.
La medida (que ocurre a menos de una semana de que el presidente Donald Trump termine su mandato) prevé bloquear sus cuentas bancarias en Estados Unidos, en caso de tenerlas, y privarlo de realizar operaciones comerciales con estadunidenses.
Un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro indicó que las sanciones contra el militar y su dependencia gubernamental se aplicarán en virtud de la ley Magnitsky, y está dirigida contra los perpetradores de graves abusos de los derechos humanos y corrupción en todo el mundo por perseguir o castigar a los disidentes. (Ap, La Jornada, Contraportada)