Nueva York. Un juez estadunidense autorizó la incautación de cinco propiedades en México de uno de los hombres más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus sigas en inglés): Rafael Caro Quintero, o RCQ, quien fue cofundador del cártel de Guadalajara y ahora es jefe de una facción criminal que lleva su nombre, y es buscado por el asesinato de un agente federal estadunidense.
La orden de confiscación fue presentada ante una corte federal en Brooklyn. La fiscalía del distrito este de Manhattan identifica cinco inmuebles –casas y condominios en y alrededor de Guadalajara con valor de varios millones de dólares– supuestamente comprados con dinero producto del narcotráfico y puestos a nombre de parientes de Caro Quintero.
La adquisición de esas propiedades se hizo con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, una facción del cártel de Sinaloa, se asegura en documentos judiciales.
Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos, indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano. (Afp y Ap, La Jornada, Contraportada)
La capacidad real de búsqueda de la Alerta Amber para localizar a niños y adolescentes es insuficiente, reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En su intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2021, también dijo que el Protocolo Alba –el cual permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para la localización de mujeres con reporte de extravío– no está homologado en todas las entidades federativas.
Ante esta situación, la funcionaria solicitó que se homologuen los criterios para las entidades federativas.
Este jueves 24 HORAS publicó que, en promedio, desde 2019, cada 48 horas ha desaparecido un menor sin dejar rastro de su paradero en la Ciudad de México.
Y es que desde enero de ese año al 31 de marzo pasado, no aparecen 442 niños y adolescentes, en un rango de cero a 17 años de edad, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Durante la sesión virtual, en la que participaron representantes de organismos internacionales y familiares de víctimas, se aprobó el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que intentará prevenir las desapariciones y que la búsqueda de menores de edad sea pronta, eficaz y eficiente. (Marco Fragoso, 24 Horas, P.p.)
Nada justifica el uso de menores en el combate al crimen, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los hechos ocurridos el fin de semana en una comunidad de la Montaña Baja de Guerrero, donde 31 niños de entre seis y 11 años, fueron integrados a la policía comunitaria y armados con escopetas.
Aceptando, sin conceder, que hay razón (en los problemas de inseguridad y violencia o pobreza), con los niños, no, expresó en conferencia de prensa. Subrayó que en el pasado se distorsionó la función de las policías comunitarias y algunos grupos criminales tienen al mismo tiempo autodefensas.
Añadió ¿qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses? Que seguirá actuando la Guardia Nacional (GN), que lo de las autodefensas se creó en una circunstancia muy especial. Fue un error haberlo alentado, como se hizo en el gobierno anterior, porque la seguridad pública corresponde al Estado garantizarla.
Propuso que si hay vacíos se llenen con la GN, con tal de no utilizar a los niños, porque ahora la situación es distinta y no hace falta tomar un video con menores, ya no, eso fue otro tiempo, pero aclaró que no caerán en la trampa de la provocación (al acudir al sitio y desarmar a los menores). (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.)
El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recibió un regalazo del Senado de la República. Su mandato fue prolongado dos años más, a pesar de que la Constitución dice que su periodo en la presidencia es de cuatro años y no puede reelegirse.
La gestión de Zaldívar -quien ha mostrado afinidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador- debía concluir en enero de 2023 y ahora terminará hasta noviembre de 2024.
El senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, introdujo de último momento un artículo en el dictamen de la reforma al Poder Judicial y fue votado con 85 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones. Opositores dijeron que era un “golpe de Estado judicial” pues el transitorio se conoció hasta la sesión, sin previo aviso.
También se extendió de 5 a 7 años el periodo para los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. La reforma pasó a la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría. (Mayolo López y Víctor Fuentes, Reforma, P.p. Teresa Moreno, Víctor Gamboa y Diana lastiri, El Universal, P.p. S. Ramírez y J. Chaparro, La razón, P.p. Gabriel Xantomila, El Sol de México, P.p A, Becerril, La jornada, P.p..)
El Senado aprobó reglas para que dentro del Poder Judicial se castigue con mayor severidad a los juzgadores, desde la menor hasta la mayor jerarquía, que incurran en actos de corrupción, nepotismo o acosen sexualmente.
Esta reforma modificó las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que se acompañan de reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el Poder Judicial pueda resolver internamente los casos de conflicto laboral.
A propuesta del verdeecologista Raúl Bolaños y con el apoyo de cuatro priistas, tres panistas y tres perredistas, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron ampliar el periodo de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que concluya en 2024, no en 2022, como ordena la Constitución Política.
Con 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, el Senado también amplió de cinco a siete los años de trabajo de los 7 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; entre ellos los cinco nombrados por el actual jefe del Ejecutivo federal. (Leticia Robles de la rosa, Excélsior, P.p.)
Estados Unidos flexibilizó sus regulaciones internas para poder cancelar los permisos a las empresas mexicanas que prestan servicios de transporte transfronterizo por carretera.
Ante todo, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluyó por primera vez el concepto de “daño” a un país como consecuencia de la prestación de estos servicios.
Pero además la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) publicó el 8 de abril pasado la manera en cómo implementará las disposiciones del T-MEC sobre las investigaciones de los servicios de transporte transfronterizo de México.
“Estos cambios pudieran facilitar que se suspendan los permisos a empresas mexicanas”, opinó Israel Morales, director de tratados internacionales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). (Roberto Morales, El Economista, P.p.)
Al menos 76 mil médicos privados están en condiciones de ofrecer cotidianamente, en pequeños consultorios ubicados al lado de farmacias, en barrios y colonias populares o en edificios médicos, la primera atención a pacientes que presentan síntomas Covid. Hoy este sector exige al gobierno federal que se le considere prioritario para ser vacunado contra el virus.
Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) indican que en México existen más de 16 mil consultorios adyacentes a farmacias (CAF) y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-19, al menos 43% de las consultas médicas en el país se brindan en consultorios privados. De este universo, los pequeños consultorios de farmacia atienden 17% del total de consultas ambulatorias.
Las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que hasta 2019 había 76 mil 286 médicos clasificados como “personal médico por acuerdo”, es decir, que no trabajan directamente para un hospital, pero ofrecen servicios sanitarios por los que pagan los pacientes; en este rubro se contabiliza a los profesionales de la salud que atiende tanto en CAF como en consultorios particulares.
Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc), con sede en el Estado de México, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que hasta marzo de 2021 han registrado 137 casos de defunciones de médicos que laboran en consultorios particulares. (Perla Miranda, El Universal, P.p.)
Representantes de trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron la pasividad de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para llevar a la práctica la reforma laboral de 2019, así como la injerencia de su padre, Arturo Alcalde Justiniani, quien lleva una labor de asesoría de muchos años con diferentes gremios y difícilmente buscará cambios al modelo sindical de México.
La omisión, demostrada ante las demandas y problemáticas, que “impera en la mayoría de los gremios, apuntaron, “no es algo fortuito, es producto de una relación estrecha entre las diferentes direcciones sindicales arcaicas y desfasadas con el padre y representante de facto de la secretaria de Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani”, comentó José del Refugio Cano Miramontes, del Frente Telefonista Alternativo (FTA).
En conferencia de prensa, junto a otros grupos disidentes de trabajadores de distintas organizaciones, señaló que continúan los enormes rezagos con múltiples demandas que la justicia laboral no ha podido resolver, así como la falta de seguimiento a la aplicación de las leyes, para la implementación de una verdadera democracia en las organizaciones sindicales.
Sobre el particular, manifestó su rechazo al charrismo sindical, cuyos secretarios generales se han perpetuado, sin que la autoridad laboral haga valer la ley. (Jared Laureles, La Jornada, Contraportada)
Un juez federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, decretó la vinculación a proceso penal en contra de 30 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos de prueba suficientes para establecer esta medida jurídica y con ello que los integrantes de las fuerzas armadas que formaban parte de un grupo de operaciones especiales sean llevados a juicio por estar involucrados en la desaparición de cuatro personas, en hechos ocurridos entre enero y junio de 2018.
Tras la resolución judicial, la FGR señaló que en un acto ejemplar de apego a la ley, el titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, coadyuvó con toda eficacia para el cumplimiento de los mandamientos judiciales que se han llevado con prontitud y absoluta legalidad.
El órgano ministerial indicó que de esta manera logró obtener del juez federal de control con sede en Reynosa la vinculación a proceso de los 30 elementos señalados, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria. (Gustavo Castillo García, la Jornada, P.p.)
Médicos privados que mediante amparos pelean ser vacunados contra Covid-19 están topando con criterios opuestos de los tribunales federales donde realizan sus trámites.
Para algunos jueces y magistrados, estos profesionales de la salud no enfrentan un “riesgo inminente” de perder la vida, incluso si se contagian de Covid-19, por lo que no hay razón para ordenar su vacunación inmediata.
Para otros, en contraste, sí está en riesgo su vida y existe trato discriminatorio en su contra, pues ya se vacunó a los del sector público.
Al menos 2 personas en la CDMX, y 14 en el Estado de México, obtuvieron esta semana suspensiones por las que, en teoría, tendrían que ser vacunadas en 24 horas. (Víctor Fuentes y Antonio Baranda, Reforma, P.p.)
Más de 60 exjefes de Estado y un centenar de premios Nobel firmaron una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que respalde una exención de las normas de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, de manera que estas puedan llegar a todos los rincones del planeta lo más rápido posible para derrotar la pandemia.
“El presidente Biden ha dicho que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, y ahora, con el G7 por delante, hay una oportunidad sin precedentes para proporcionar el liderazgo que sólo Estados Unidos puede ofrecer”, dijo uno de los firmantes, el exprimer ministro británico Gordon Brown, en referencia a una próxima reunión de los países más ricos del mundo, donde espera que el asunto sea abordado.
“Estamos esperanzados por las informaciones según las cuales su Administración está examinando una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de la OMC durante la pandemia, como lo propuso Sudáfrica y la India”, piden en una carta también firmada por Francois Hollande, Mary Robinson, Fernando Henrique Cardoso, Juan Manuel Santos y Ellen Johnson Sirleaf -expresidentes de Francia, Irlanda, Brasil, Colombia y Liberia-, así como el premio Nobel de Economía, Jospeh Stiglitz, el de Medicina, Françoise Barré-Sinoussi, o el de la Paz, Muhamad Yunnus.
“Una exención de patente impulsaría la fabricación de vacunas y aceleraría la respuesta a la pandemia en los países más pobres, que de otro modo tendrían que esperar años”, dijeron en la carta conjunta a Biden, coordinada por la People’s Vaccine Alliance, una coalición de más de 50 organizaciones de desarrollo. (Fran Ruiz, La Crónica de Hoy, P.p.)
Para la implementación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue aprobado por el Congreso, los prestadores de servicios de telecomunicaciones celulares deberán invertir, en conjunto, entre 378 millones y mil 126 millones de dólares, estimó Carlos Chavarría, director ejecutivo y experto en Biométricos de la firma mexicana NA-AT Technologies.
Explicó, en entrevista con Excélsior, que el costo puede variar entre 3 y 10 dólares por usuario, dependiendo del nivel de seguridad que se le quiera dar al padrón; pero que, incluso, existen sistemas que permiten que el mismo consumidor realice la captura de sus datos biométricos desde el smartphone, sin tener que trasladarse hasta un centro de atención o tienda para realizar el proceso, sin intervención humana y en conexión directa con las telefónicas; además de las soluciones que existen en la nube, lo cual bajaría los costos de manera significativa.
De acuerdo con datos oficiales de los prestadores de servicios móviles, en la actualidad hay alrededor de 126 millones de líneas móviles activas en el país.
En tal sentido y ante el temor de la población de proporcionar sus datos biométricos, consideró que, una vez que el Congreso aprobó la construcción del padrón, la sociedad deberá exigir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, en sus directrices, establezca claramente los estándares y capas de seguridad y biometrías que se dará a la base de datos, misma que los operadores deberán construir.
Observó que si bien es verdad que existe cierta desconfianza de los ciudadanos para proporcionar los datos al gobierno, se debe tener en cuenta que tal información estará en manos de las empresas telefónicas que pertenecen al sector empresarial; por lo que el IFT deberá establecer con claridad los mecanismos para proporcionar la información. (José de Jesús Guadarrama, Excélsior, P.p.)
El peso rompió el jueves el piso de las 20 unidades para cerrar operaciones en su mejor nivel desde finales de enero, ante el debilitamiento global del dólar y un aumento en el apetito por el riesgo por parte de los inversionistas, ante el optimismo generado por indicadores positivos de la economía estadounidense y los reportes corporativos.
De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se apreció 0.62 por ciento, por cuarto día consecutivo, a las 19.937 unidades por dólar. Con ello, acumuló cuatro jornadas con ganancias, en las que acumuló una apreciación de 1.31 por ciento, equivalente a 26.6 centavos.
Desde su máximo en el año, del 8 de marzo, a la fecha, la divisa local ha recuperado 7.1 por ciento, es decir, un peso con 52 centavos.
“La apreciación del peso sigue siendo resultado de un mayor optimismo en los mercados financieros, en donde se observan ganancias en los mercados de capitales”, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.
En ventanilla bancaria, el precio de la divisa estadounidense se ubicó en 20.42 pesos a la venta, 11 centavos menos que en la jornada previa, según datos de Citibanamex. (Rubén Rivera, El Financiero, P.p.)
TIJUANA.- El Gobierno de Baja California impulsa la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre, un inmueble privado ubicado en el corazón de Tijuana, aunque esta ciudad fronteriza cuenta con aproximadamente 300 parques, la mayoría deteriorados y sin mantenimiento desde hace años.
Las áreas verdes de algunos de estos parques, como El Morelos o La Amistad, han disminuido para dar paso a juegos, locales de comida y hasta fraccionamientos, lamentaron usuarios y académicos ambientalistas.
En el parque Morelos, por ejemplo, el área destinada para un lago luce actualmente sin agua. En tanto, en La Amistad, en el sector de Mesa de Otay, familias entrevistadas explicaron que en anteriores administraciones panistas se construyó hasta un fraccionamiento en terrenos que eran del parque público. (Aline Corpus, Reforma, P.p.)