El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que el nuevo cuerpo de seguridad no se eche a perder, como sucedió con la Policía Federal.
El titular del Ejecutivo federal explicó que analiza presentar dicha reforma constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia Nacional, y que busca integrar este cuerpo de seguridad al Ejército, como una rama similar a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
“No quiero que suceda lo que pasó a la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, al grado que está preso [en Estados Unidos] el que fue secretario de Seguridad Pública [Genaro García Luna] en el gobierno de Felipe Calderón, y además esa policía no cumplió y no actuó con profesionalismo”, sostuvo.
En su edición impresa del pasado 11 de junio, EL UNIVERSAL adelantó que durante un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el presidente López Obrador compartió que en lo que resta de su sexenio buscaría tres reformas constitucionales, una de las cuales es incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. (Alberto Morales y Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p.)
En el trienio por venir, el Ejecutivo propondrá tres reformas constitucionales: una en materia energética para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE); otra electoral para renovar la composición del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el presupuesto de éste y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y desaparecer las 200 diputaciones plurinominales; y la última para que la Guardia Nacional se integre a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al abordar diversos tópicos de la vida nacional, reiteró que sólo el ministro Arturo Zaldívar podría reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF). Aclaró el panorama en torno a la reforma fiscal anunciada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual no implica aumento de impuestos.
Aseguró que coincide con el gobierno de Estados Unidos sobre la libertad sindical y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores porque México está sometido al escrutinio del exterior.
En el desglose de lo que habrán de ser sus propuestas de modificaciones a la Constitución, ponderó las reformas aprobadas en menos de tres años, me siento muy contento de su aprobación, se sinceró. (Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la segunda mitad de su mandato propondrá tres nuevas reformas constitucionales.
En su conferencia matutina, explicó que la primera reforma, que estaría lista a finales de este año o inicios del siguiente, es para que la CFE mantenga 54% del suministro de la energía del país. Esto no implica desaparecer a las empresas privadas de generación eléctrica, aclaró.
También planteará en 2022 modificar la conformación del Consejo General del INE.
“Tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el Presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, el conservadurismo, que dependan básicamente del pueblo”, dijo.
Respecto a la Guardia Nacional, adelantó que su intención es que una vez que esté afianzada esa corporación, sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma podría presentarse en 2023, a un año de concluir su sexenio.
Alista reformas en CFE, INE y Guardia
Busca que el Instituto Nacional Electoral lo integren “demócratas”; la Comisión Federal de Electricidad, tema prioritario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que las reformas constitucionales que enviará al Congreso serán en materia de energía eléctrica, electoral y para integrar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. (Arturo Páramo, Excélsior, P.p.)
El Gobierno federal armó otro decretazo en fast-track para facilitar las compras por adjudicación directa, sobre todo las del sector salud.
El Ejecutivo federal reformó el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, para establecer que la figura del “abastecimiento simultáneo” puede ser utilizada en adjudicaciones directas e invitaciones al menos a tres proveedores, y no sólo en licitaciones públicas.
El “abastecimiento simultáneo” consiste en que cada partida de un contrato se puede dividir entre dos o más empresas, es decir, no tiene que ser adjudicada a una sola, siempre y cuando el primer lugar provea al menos 40 por ciento de los bienes o servicios.
El anteproyecto de reforma fue publicado el pasado lunes a las 10:52 horas en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y, unas horas después, el decreto que el Presidente López Obrador firmó ese mismo día, fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial con entrada en vigor inmediata. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
La Fiscalía General de la República (FGR) trasladará más fragmentos óseos a la Universidad de Innsbruck para realizarles nuevas pruebas genéticas en busca de identificar algún otro caso de normalistas de Ayotzinapa que pudieron haber sido privados de la vida en diversas zonas del municipio de Cocula.
Lo anterior fue informado al dar a conocer que los peritajes que se realizaron en la universidad con sede en Austria arrojaron resultados positivos y se reconfirmó que los restos localizados en la barranca La Carnicería, en el municipio de Cocula, corresponden a los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
En un mensaje a medios, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa informó que como resultado de las indagatorias realizada el año pasado en un lugar conocido como barranca La Carnicería, Ejido Cocula, en el estado de Guerrero, se logró que la Universidad de Innsbruck, llegara a la reconfirmación.
En esa barranca recuperaron alrededor de 180 fragmentos óseos en el último año y de ellos solamente 16 pudieron ser analizados en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck. Tras cuatro meses de investigación, el doctor Walther Parson, jefe de departamento de genética forense de dicho instituto, dio a conocer los resultados. (Gustavo Castillo García, La Jornada, P.p.)
El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega, considera ridículo que se piense que su bancada venderá caro su amor a Morena en la próxima Legislatura.
“Nos han tachado que íbamos con el PAN, que íbamos con el PRI, pero la última vez que íbamos con el PAN fue en 2001. Los niños que nacieron en ese año hoy tienen 20 años y están a la mitad de su carrera profesional o están trabajando. ¡Hace 20 años que nos aliamos con el PAN! Luego con el PRI, de los 15 años que tuvimos una alianza, fuimos gobierno sólo seis, y que nos digan que somos oportunistas se me hace ridículo ”, dice en entrevista a El Sol de México.
Afirmó que sigue su respaldo a la Cuatroté excepto por temas como la desaparición de los organismos autónomos. “Hay temas intocables, como la autonomía del Banco de México (y) la salvaguarda del Instituto Nacional Electoral”.
Tras las elecciones del domingo 6 de junio, el político del PVEM calificó la jornada electoral como muy positiva tras ganar la gubernatura de San Luis Potosí, con Ricardo Gallardo, y elevar su número de diputaciones federales de 16 que tuvo en 2018 a 46 que tendrá a partir de septiembre. Con dos millones 800 mil votos, se convertirá en la cuarta fuerza política. (Rafael Ramírez | El Sol de México, P.p.)
Las elecciones del 6 de junio mostraron un sólido apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus aliados, quienes con una mayoría simple en el Congreso se mantienen bien posicionados para impulsar la agenda política en la segunda parte de su sexenio, consideró este martes Standard and Poor’s (S&P). La firma emitió un reporte en el que ratificó en BBB la calificación de riesgo deuda soberana de México en moneda extranjera –que la ubica en grado de inversión– y dejó la perspectiva en negativa.
Al mantener el grado de inversión, detalló que las calificaciones de México se basan en las fortalezas y debilidades de su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios de gobierno en las últimas dos décadas. Sin embargo, la perspectiva negativa advierte que puede haber una baja en los próximos 12 meses si se observa un debilitamiento de las finanzas públicas, probablemente derivado del apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) o de iniciativas gubernamentales que lleguen a presionar aún más el entorno empresarial.
Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, comentó en redes sociales que con la nota emitida por S&P este martes se acumulan siete ratificaciones de la deuda soberana de México en la primera mitad de 2021, lo cual beneficia a la economía mexicana en su totalidad al permitir acceso a financiamiento. (Dora Villanueva, la Jornada, Contraportada)
Standard & Poor’s (S&P) confirmó la calificación de México en “BBB/perspectiva negativa” ante la “cautelosa gestión macroeconómica que mantiene a la deuda estable en torno al 48% del PIB”.
No obstante a la ratificación, analistas de la agencia precisaron que “la perspectiva negativa indica el riesgo de un recorte de calificación en los próximos 12 meses ante el debilitamiento de las finanzas públicas probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales relacionados con Pemex”.
Y subrayaron que esta perspectiva señala también “la posibilidad de que algunas iniciativas gubernamentales puedan presionar aún más el entorno empresarial”.
De acuerdo con el comunicado, el recorte de la nota se puede presentar también si se incrementa la incertidumbre en torno a la autonomía de entes regulatorios y del poder judicial, si se continúan renegociando contratos particularmente en el sector energético y al echar para atrás algunas políticas económicas. (Yolanda Morales, El Economista, P.p.)
GUADALAJARA.- El Gobernador Enrique Alfaro se pronunció por la creación de un nuevo bloque de Gobernadores que estén dispuestos a servir de contrapeso al poder presidencial.
Sería, explicó en entrevista, un grupo de Mandatarios de varios partidos, como ocurre con la Alianza Federalista -que integraron 10 Gobernadores, incluido Alfaro-, pero con otra denominación, y no con el objetivo de pelear con el Presidente ni para descarrilar a la 4T.
“Un bloque de esta naturaleza tiene que ser para defender a nuestros estados y para defender el pacto federal. Si lo convertimos en un bloque antipresidente, me parece que estaríamos fallando. Hoy nosotros tenemos que actuar como Gobernadores, no como líderes de oposición del País”, señaló.
Reconoció que con la reorganización de este bloque existe el riesgo de que el Gobierno federal responda con golpeteo político, como ocurrió con el proceso legal en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. (Francisco de Anda, Reforma, P.p.)
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se desmarcó de las iniciativas de reforma anunciadas por el Presidente.
“Siguen siendo ocurrencias y dislates, y siguen sin concentrarse en la agenda que realmente necesita el País”, dijo en entrevista.
Castañeda planteó que, en lugar de modificar al INE, hay que fortalecerlo; que en materia energética promoverán la transición del sector, y que no respaldarían que la Guardia Nacional sea absorbida por la Sedena.
Confió en que Samuel García, como Gobernador de Nuevo León, no se sumará a la lista de políticos corruptos y fantoches que ha padecido esa entidad. (Roberto Zamarripa, Reforma, P.p.)
La “Estafa Verde” del Gobierno de Manuel Velasco Coello y “La Estafa Maestra” del sexenio de Enrique Peña Nieto, están vinculadas.
Ambos esquemas de saqueo de fondos públicos utilizaron una misma red de empresas fantasma asentadas en Chiapas, revelan documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El Gobierno que encabezó Velasco Coello en Chiapas pagó 60 millones de pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México S.A. de C.V., una empresa creada en Tuxtla Gutiérrez que tenía como supuestos dueños a un mensajero y a un chofer, a quienes les habían robado la identidad.
Esa misma empresa había recibido el mismo año, en forma triangulada, más de 146 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en aquel entonces encabezada por Rosario Robles, actualmente presa por ese y otros desvíos de fondos públicos.
En los nuevos documentos obtenidos por MCCI consta que, el 20 de noviembre de 2014, la empresa Factibilidad Empresarial emitió una factura por 126 millones 210 mil pesos a la Universidad de Morelos por concepto de “prestación de servicios de apoyo administrativo”. (Vanessa Cisneros y Raúl Olmos, Reforma, P.p.)
Querétaro.— “En este momento ya debemos quitarnos la camisa de un partido político”, dice el gobernador electo de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González, quien se comprometió a tener una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “debido a que México necesita a Querétaro y Querétaro necesita a la Federación”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Kuri González señaló que es indispensable llevar una buena relación con el gobierno federal, aun cuando militan en partidos políticos distintos.
“Buscaremos que Querétaro siga siendo punta de lanza a nivel nacional, para que nos ayuden [desde el gobierno federal] a atraer más inversión, en el tema económico, para tener mejor infraestructura; en seguridad y también de salud”, dice. (Francisco Flores, El Universal, P.p.)
Layda Sansores y Alfonso Durazo, gobernadores electos de Campeche y Sonora, respectivamente, acudieron ayer a Palacio Nacional para sostener un encuentro con Andrés Manuel López Obrador.
A las 17:00 horas, ambos morenistas arribaron al recinto para ser los primeros ganadores de las elecciones del pasado 6 de junio en reunirse con el Presidente.
Sansores entró y salió sin dar declaraciones a la prensa. En tanto, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, abordó diversos temas, entre ellos la seguridad, la Guardia Nacional y la modernización del puerto de Guaymas.
En entrevista al término de la reunión, Durazo dijo que los elementos de la Policía Estatal y los municipales se van a articular y complementar con la Guardia Nacional para combatir la delincuencia y la violencia en la entidad. (París A. Salazar, El Heraldo de México, P.p.)
La degradación a Categoría 2 de la aviación civil mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en ingles) se debió, principalmente, a la falta de inspectores para supervisar incidentes y accidentes aéreos en México, de acuerdo con la firma Baker McKenzie.
El pasado 25 de mayo, la FAA degradó a la aviación mexicana a Categoría 2 por no cumplir con los estándares de seguridad impuestos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
De manera no oficial, se habla de un recorte de por lo menos 100 inspectores dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) como consecuencia de la reducción presupuestaria que recibió en 2021, de acuerdo con foros de aviación y pilotos.
Los recursos aprobados para la AFAC fueron de 379.7 millones de pesos para este año, 104 millones menos que en 2020, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con Baker Mckenzie, los inspectores se encargan de analizar los incidentes y accidentes aéreos, pero también el tráfico aéreo, horarios, itinerarios, mantenimiento de aeronaves, deben hablar un inglés técnico aeronáutico y estar capacitados conforme a los estándares de la OACI. (Sara Cantera, El Universal, P.p.)
Con ocho meses de vida, los partidos Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FXM) y Redes Sociales Progresistas (RSP) tuvieron un costo para el país de 564.6 millones de pesos que utilizaron para sus primeras semanas de existencia y para las campañas electorales.
Pese a que cada una de estas tres fuerzas políticas recibió 161.9 millones de pesos para participar en el pasado proceso electoral federal con el objetivo de conservar su registro, no alcanzaron el 3 por ciento de la votación requerido para seguir como partidos políticos nacionales.
De acuerdo con datos del Gobierno federal, a través del programa La Escuela es Nuestra se destinan 500 millones de pesos para la recuperación de los planteles públicos tras la pandemia del Covid-19, casi el mismo monto de las prerrogativas que se les otorgaron a estos partidos durante ocho meses. (Magali Juárez, La Razón, P.p.)
Las áreas de inteligencia del gobierno federal rastrean presuntos vínculos de al menos seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, entre los que destacan los gobernadores electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, además de tres diputados federales reelectos.
El Centro Nacional de Inteligencia comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas que participaron en el proceso electoral 2020-2021 para gubernaturas y la Cámara de Diputados con el objetivo de detectar la intervención del crimen organizado en este proceso, a la par de las indagatorias que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el mismo sentido.
Los datos, a los que MILENIO tuvo acceso, destacan que se indagan vínculos del crimen organizado con candidatos de al menos cinco partidos políticos nacionales, incluidos aspirantes a tres gubernaturas por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, así como de diputados federales de la coalición Morena-PT-PVEM y PAN.
De acuerdo con esta lista de carácter confidencial del CNI, a la cabeza se ubica Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y gobernador electo de Sinaloa. De él se tienen documentados presuntos nexos con el cártel de Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Rocha Moya nació en Badiraguato, tierra del Chapo Guzmán. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p.)
Hasta el 8 de mayo en México se registraron 348 mil 435 muertes asociadas a Covid-19, de acuerdo con el informe del exceso de mortalidad, dado a conocer ayer con base en datos del Registro Nacional de Población (Renapo).
Esta cifra es superior en 121 mil 267 fallecimientos reportados por la Secretaría de Salud en esa misma fecha, que fue de 227 mil 168.
Por lo tanto para el 15 junio, la cifra de fallecidos por Covid-19 alcanzaría a 351 mil 691 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, pues ayer Salud reportó 230 mil 424 muertes a lo que habría que sumar los 121 mil 267 casos extras registrados por el Renapo.
El gobierno de México reportó ayer un exceso de mortalidad de 488 mil 109 personas por todas las causas, entre el 1 enero de 2020 y el 8 de mayo de 2021, de las cuales 71.4% están asociadas a Covid-19, de acuerdo con datos del Renapo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). (Karina Aguilar, 24 Horas, P.p.)
Entre el gobierno local y la Unión de Alcaldías capitalinas (UnaCDMX), que crearon ocho demarcaciones de la coalición Va por la CDMX (PAN, PRI y PRD), habrá un trato normativo, aseguró Claudia Sheinbaum.
“Habrá un trato institucional… está establecido en la Constitución de la República una distribución justa de los recursos, de acuerdo con una fórmula que por primera vez transparentamos. No se va a hacer un uso político de los recursos y habrá un trato institucional”, aseguró.
La UnaCDMX está conformada por los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Lía Limón; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; Benito Juárez, Santiago Taboada; Coyoacán, Giovani Gutiérrez; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Tlalpan, Alfa González. Se espera que se sume a los acuerdos la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. (Cinthya Stettin y Carlos Navarro, El Heraldo de México, P.p.)
Este miércoles se dará a conocer el primer dictamen de la empresa DNV sobre las causas del desplome de una trabe en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro, el 3 de mayo.
La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no es política de su gobierno andar filtrando noticias, ya que siempre se da la información de manera directa, por lo que si hubo alguna filtración, la Fiscalía General de Justicia capitalina tendrá que hacer su investigación, porque es la que tenía resguardada la zona del accidente.
Comentó que continuará hablando de la línea 12 por la atención que se está dando a las víctimas y debido a los trabajos para su reparación, pero, acotó, en esta confrontación política a la que nos quieren llevar, ahí sí no, no vamos a entrar, porque eso no nos lleva a nada y, además, me parece que no tiene sentido politizar este tema, insistió.
Es importante que se conozca el dictamen que realizó la empresa noruega DNV, porque a veces hay muy mala información, sostuvo, al señalar que este día, además, se adelantarán algunas de las acciones de lo que viene a futuro para la llamada línea dorada. (Rocío González Alvarado, La Jornada, P.p. D. S. Vela, El Financiero, P.p.)
A seis semanas del accidente en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro donde cayeron dos vagones y que provocó la muerte de 26 personas, familiares de las víctimas denuncian presión y acoso por parte del Gobierno capitalino para que firmen diversos documentos, entre ellos, la indemnización de 650 mil pesos por cada fallecido.
Aunque algunas de las familias ya aceptaron el pago —pues no quieren saber nada más del tema— otras, al menos 14, cuestionan los métodos del Gobierno de la Ciudad, siguen esperando justicia y, ante el retraso en las investigaciones y peritajes, no descartan seguir con el proceso legal en tribunales internacionales, donde esperan que se castiguen a las firmas que construyeron la Línea Dorada, y de manera local confían en que algún funcionario sea responsable.
Los afectados dicen estar sorprendidos de que todos los trámites y acercamientos que han tenido es con personal del Gobierno capitalino y nadie del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sostenido un diálogo con ellos. Reclaman que la directora del organismo, Florencia Serranía, no les ha dado las condolencias o se ha disculpado por lo sucedido. (David Fuentes, El Universal, P.p.)
En agosto de 2013, diez meses después de su puesta en marcha (octubre de 2012), y ante el empeoramiento de las 3 mil 105 fallas en obra, y el surgimiento de otras más, el director del Metro, Joel Ortega, determinó como medida provisional, un paliativo, la reducción de velocidad en la operación de la siete de las 11 estaciones del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro.
De acuerdo con la consultoría Manuel Barrera y Asociados, que realizó el estudio “Proceso de contratación y puesta en marcha del material rodante de la Línea l2”, a través de la modalidad de PPS en septiembre de 2015, la medida se tomó para reducir el riesgo de un posible descarrilamiento y por ser el menor riesgo a los usuarios.
Sin embargo, el dictamen de la consultoría consideró que la medida adoptada sólo fue de carácter preventivo, porque no se corregía el ámbito operacional.
“Las medidas tomadas por la administración de Joel Ortega Cuevas como director del STC, a efecto de reducir el riesgo de un posible descarrilamiento y a fin de asegurar el menor riesgo a los usuarios, fue aplicar la reducción de velocidad en algunos tramos de la línea”, detalla. (Israel Navarro, Milenio, P.p.)
Un grupo de padres de niños con cáncer salieron a protestar ayer nuevamente; bloquearon el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante más de nueve horas en protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos para sus hijos.
Alrededor de las seis de la tarde llegó una funcionaria de la Unidad de Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa) para entregarles copias de documentos en los que, supuestamente, se acredita la compra de los fármacos. Pero eran de los meses de febrero y marzo pasados, y sólo de algunos de los faltantes.
Los inconformes representan a pacientes de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, estado de México, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, donde no hay metotrexate, ciclofosfamida, citarbina, vincristina, L. asparaginasa, mercaptopurina, ifosfamida, daunorrubicina, vinflastina, doxorrubicina, entre otros (Ángeles Cruz y Elba Mónica Bravo, La Jornada, Contraportada)
Mahahual, Qr., La Asociación de Empresarios de Costa Maya solicitará a los tres niveles de gobierno decretar alerta sanitaria para que se atienda de inmediato el problema del arribo masivo de sargazo a las costas de la entidad, lo cual desalienta al turismo, informó Rodolfo Espadas, vicepresidente de la organización.
Las grandes cantidades de alga ya afectan a la zona turística de Mahahual –ubicada en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), al sur de la entidad–, por los olores nauseabundos que provocan al descomponerse, además de arribar a la franja de arena con peces muertos.
Espadas lamentó en entrevista que el poco turismo que ha visitado Mahahual recientemente acortó sus vacaciones, y expresó su desagrado por el mal olor y las playas llenas del alga en descomposición.
Agregó que la llegada masiva de sargazo es similar a la de 2018; es decir, ya se sabía con tiempo suficiente que el problema existía, pero no se aplicaron las medidas preventivas necesarias para evitar una nueva arribazón de planta acuática. (Patricia Vázquez, La Jornada, Contraportada)
Washington. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer, con cuatro votos en contra y cinco abstenciones, entre ellas la de México, una resolución de condena al arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a precandidatos presidenciales y a los partidos políticos en Nicaragua, y pidió además la inmediata liberación de todos los presos políticos.
En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el cual expresó su alarma ante el reciente deterioro político y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
De los 34 países miembros, 26 votaron a favor de la resolución, mientras Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas lo hicieron en contra.
México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron.
Los representantes de México, Luz Elena Baños, y de Argentina, Carlos Raimundi, argumentaron en la sesión que se abstuvieron de votar porque a pesar de que les preocupan las detenciones de opositores, piensan que deberían respetarse los asuntos internos de Nicaragua. (Ap y Afp, La Jornada, Contraportada)