En un escenario donde la violencia se mantiene al alza, México está inundado de armas ilícitas de todo tipo de calibres y modelos : el gobierno federal tiene registro de al menos 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad, pues no se sabe a ciencia cierta donde pueden estar o quienes las poseen y menos darles un seguimiento.
Deficiencias en las políticas internacionales, así como errores en la revisión en el ingreso de estos artefactos entre ambas fronteras han permitido el arribo masivo de pistolas, rifles y municiones que dañan a la sociedad mexicana
Además, el tráfico ilegal de armas hacia México, ha contribuido a un elevado número de homicidios e ilícitos efectuados con esos artefactos. De hecho los reportes oficiales de incautación de estos artefactos son otra muestra de un problema que ha dañado el tejido social por el número de muertes ocasionadas.
La existencia de armas de fuego sin control en la sociedad mexicana genera un riesgo en cuanto a posibles homicidios o accidentes, el uso en la realización de diferentes delitos, además del flujo financiero ilegal en la compra – venta de este tipo de artefactos, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
“Existe una asociación ineludible entre las armas que existen en México, con los hechos ilícitos que a diario se registran, ya sean denunciados o no”, establece (Alejandro Páez, La Crónica, P.p)
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la nueva “Conasupo” de la 4T, operó con desorden en 2019 y no pudo comprobar el destino de 3 mil 27 millones de pesos, equivalentes al 37.5 por ciento del presupuesto público que ejerció ese año.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo no acreditó con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna el gasto del dinero.
Pero no fue la única irregularidad.
Según la solicitud de intervención que la ASF hizo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para aclarar la Cuenta Pública de ese año, Segalmex tampoco tiene registro de los apoyos y subsidios entregados a productores de leche, además de que pagó 134 millones de pesos a 691 “grandes” productores que excedieron el tonelaje permitido.
Segalmex tampoco tiene un padrón de productores de arroz y trigo ni el volumen y precio de venta de maíz y frijol.
En la revisión se detectó además duplicidad de beneficiarios con el programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader).
También le fueron señaladas inconsistencias en estados financieros y exceso de gasto administrativo y de operación. (Redacción, Reforma, P.p)
El Alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, de Movimiento Ciudadano (MC), compró en el lapso de 7 meses, cuatro bienes por los que pagó 21 millones de pesos, cuando sus ingresos mensuales ascienden a alrededor 230 mil pesos.
Las transacciones que hizo el Edil emecista entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 se encuentran reflejadas en su declaración de bienes patrimoniales correspondiente a 2019, y publicada en la página oficial del Ayuntamiento de Tlajomulco, conforme constató Grupo REFORMA.
Cuando asumió el cargo de Alcalde en 2018, Zamora ya era propietario de 9 inmuebles, 8 de los cuales, aseguró, eran producto de una herencia de su abuelo. Mientras que no aclara la adquisición de un terreno de 13 mil metros cuadrados.
Ya como Edil sumó los cuatro bienes que compró al contado, aunque en la declaración patrimonial donde las asentó, no especifica el tipo de bienes adquiridos, ni superficie de terreno o de construcción. Tampoco señala a quién se los compró, a pesar de que el formato marca espacios para integrar esa información. (Francisco de Anda, Reforma, P.p)
En 2019, autoridades de Salud adquirieron 56 por ciento menos vacunas respecto a 2018, según un análisis del Instituto Farmacéutico, y, a decir de especialistas en el sector, para el próximo año disminuirá el presupuesto en ese rubro.
Mientras en 2018 se adquirieron 45 millones de piezas de distintas vacunas, durante 2019 se compraron 20 millones de piezas, indica el Instituto Farmacéutico (Inefam), organismo especializado en el análisis de compras públicas en salud.
“Vemos con preocupación esta situación de una reducción importante de 2019 y que parece que 2020 no va a estar ajena a esta situación”, advirtió Enrique Martínez, director del Inefam.
REFORMA publicó ayer que el desabasto de vacunas ha impactado en la atención de salud de los niños y ha agravado el cumplimiento de metas de vacunación de sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis y tuberculosis, en medio de la epidemia de Covid-19. (Natalia Vitela, Reforma, P.p)
La información sobre las 745 hectáreas del municipio mexiquense de Nextlalpan 617 que el gobierno se comprometió a repartir entre 722 comuneros de San Miguel Xaltocan y las 128 cedidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles fue clasificada como “reservada” por cinco años, hasta el 15 de septiembre de 2025.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) así lo resolvió, ante la solicitud de información hecha por Sergio González Tostado, unas de las personas que reclaman la propiedad privada de parte de estos terrenos, sobre el expediente 831506, que contiene la declaración de terrenos nacionales del 26 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Excélsior, en su edición de ayer, publicó que el conflicto de las tierras donde se construirá la nueva terminal aérea había concluido, una vez que un grupo de comuneros entregó a la Sedena las 128 hectáreas que tenían ocupadas desde el pasado 8 de junio.
De esta manera, los trabajos para la construcción de lo que será la entrada principal del aeropuerto ya empezaron, aunque siguen pendientes de resolverse varios puntos: uno de ellos es conocer si las 745 hectáreas que desde el 26 de abril son terrenos nacionales, tienen propietarios privados o no; eso lo determinará un juez; si se otorga propiedad a particulares, la declaratoria quedaría sin efecto; eso tendría dos vías: una, a la expropiación, el pago de las respectivas indemnizaciones a los propietarios y entonces el reparto entre 722 comuneros, y la otra, que, acreditada la propiedad, se dé posesión a los propietarios reclamantes y los comuneros queden sin lo comprometido el 10 de marzo de 2019. (Andrés Becerril, Excélsior, P.p)
Los hechos de tránsito causan estragos físicos, económicos y emocionales en las víctimas y en sus familias, de acuerdo con un análisis de organizaciones civiles por la seguridad vial.
El primer Informe Anual Ni Una Muerte Vial indica que 75 por ciento de las personas que han vivido un siniestro padecen alguna discapacidad, por lo que no vuelven a encontrar empleo, es decir, es un detonante importante para bajar en el nivel socioeconómico e incluso llegar a la pobreza.
En cuanto a los impactos emocionales, 66 por ciento de las víctimas vive con miedo de que ellos o sus seres queridos protagonicen un accidente.
Además, 47 por ciento evita lugares, cosas o personas asociadas con un choque y 43 por ciento experimenta depresión, desesperanza, ira, pesadillas, recuerdos, ataques de pánico, trastornos del sueño o poca concentración.
De manera directa, un hecho de tránsito impone pérdidas que impactan en la economía familiar con gastos que van de 300 mil a tres millones de pesos.
El Informe Anual Ni Una Muerte Vial fue desarrollado por Céntrico con el apoyo de Reacciona por la Vida y la participación de Manu Vive y México Previene. (Jonás López, Excélsior, P.p)
El gobierno federal tiene identificados a 25 funcionarios federales, estatales y trabajadores de Pemex en activo, presuntamente involucrados en una red de huachicoleo en plataformas petroleras y en altamar (así como en un caso de evasión fiscal) en Campeche, Tabasco y Veracruz.
De acuerdo con un informe de inteligencia del gobierno federal obtenido por MILENIO, al menos en un caso participó el fiscal de Campeche, específicamente en el robo de miles de litros de combustible, delito en el que también está involucrada la empresa Tagal, ligada al ex director de Pemex Emilio Lozoya.
También, en otro caso de comercio ilegal de hidrocarburos se ubica al titular de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco y al Vicefiscal en Villahermosa.
La lista con los nombres de los funcionarios incluye además a capitanes de buques mercantes, funcionarios de la FGR en Tabasco, jefes de la policía en Campeche e ingenieros de Pemex, así como personal administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenía bajo su mando el control del tráfico marino y la emisión de matrículas y permisos, además de administradores de aduanas y jefes de departamento de vigilancia. (Armando Martínez, Milenio, P.p)
El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se decidió no inundar la capital Villahermosa, lo que perjudicó a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla, “a los más pobres“, pero justificó que “se tenía que tomar una decisión”.
“Ese río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas.
“Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos aislando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor”, señaló.
En un video difundido en sus redes sociales del sobrevuelo que realizó esta mañana, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la situación del desfogue ya es diferente respecto a la semana pasada, pues aseguró que es menor. (Pedro Villa y Caña y Alexis Ortiz, El Universal, P.p)
Un adolescente de 13 años, y un niño de siete, fueron asesinados por otro menor de 14 años, luego de una pelea entre los asistentes a una fiesta en la colonia Moctezuma.
El presunto agresor fue detenido en el domicilio donde ocurrieron los hechos.
Los menores fueron apuñalados al igual que otra niña de 10 años y la madre de las víctimas mortales, de 27.
El ataque ocurrió en un domicilio de la calle Oriente 176 en donde la noche del sábado comenzó una fiesta. Ahí una familia convivió durante la noche y la madrugada, ya que hoy por la mañana realizarían un paseo, pero al amanecer, tras horas de convivir algunos integrantes de la familia comenzaron a discutir.
Con un cuchillo, un adolescente de 14 años apuñaló a sus primos de 13, 10 y 7 años de edad. Además atacó a su tía cuando esta intentaba ayudar a los menores lesionados y defenderlos.
Tras lo ocurrido, los testigos pidieron ayuda de los paramédicos y policías que llegaron al lugar para detener al agresor.
Dentro de la casa, los rescatistas hallaron a uno de los adolescentes muertos. Los dos niños heridos fueron trasladados al hospital en donde uno murió. (Yara Silva, El Universal, P.p)
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, rechazó que las autoridades que investigan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan fracasado en obtener la detención de dos militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los jóvenes.
El funcionario federal, quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, aseveró que esta información no corresponde a la investigación.
Ayer, La Jornada publicó que la Fiscalía Especial para el Caso Iguala de la Fiscalía General de la República (FGR) no logró obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisas para evitar la desaparición de los 43 normalistas.
Lo anterior, de acuerdo con funcionarios federales con acceso al caso. Las fuentes agregaron que los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la FGR está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada. (De La Redacción, La Jornada, P.p)
San Raymundo Jalpan, Oax., El gobernador Alejandro Murat Hinojosa entregó este domingo su cuarto Informe de actividades ante el pleno del Congreso local. En ese acto pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Covid-19 y otro de aplausos para reconocer a los profesionales de la salud que enfrentan la pandemia.
El mandatario se presentó a las 7:50 horas en la sede del Legislativo. Como parte del protocolo de sanidad, se le tomó la temperatura y se le ofreció gel antibacterial; luego lo recibieron diputados de las diversas fracciones parlamentarias.
A continuación se inauguró el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio de la 64 Legislatura, y se decretó un receso para recibir a Murat Hinojosa en el pleno.
El priísta Jorge Villacaña Jiménez, presidente de la mesa directiva, recibió el Informe del gobernador, quien ofreció un mensaje breve, en respeto a las medidas de mitigación aplicadas por los consejos de salubridad federal y estatal.
Expuso que en Oaxaca el índice de letalidad de la enfermedad es de 7.8 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional, de 9.8. Señaló que la ocupación hospitalaria se ha mantenido en menos de 50 por ciento. (Jorge A. Pérez Alfonso, La Jornada, P.p)
El pago de deuda pública para el próximo año absorberá más de medio billón de pesos. La cifra en conjunto rebasa lo que se ejercerá en los ramos de salud y educación, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
Sólo al costo financiero para Petróleos Mexicanos (Pemex), que se contempló en 141 mil 758 millones de pesos, es equivalente a los 145 mil 414 millones de pesos que se enviarán al ramo de salud, exhibe la información oficial.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto discutido y elaborado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Las modificaciones fueron mínimas y, con ciertas reasignaciones, el gasto se ciñó a 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.
El margen de recursos públicos para impulsar la economía el próximo año está acotado por el pago de pensiones y deuda, ambos rubros rebasan los recursos expresamente etiquetados a inversión física que suman 431 mil 412 millones de pesos. (Dora Villanueva, La Jornada, P.p)
En promedio, cada hora, un grupo de 210 personas se vieron en la necesidad de retirar recursos de su Afore porque se quedaron sin empleo, ante el impacto que generó el COVID-19 en el mercado laboral.
Ello implicó que, de enero a octubre, un millón 541 mil 879 personas sacaron dinero de su cuenta de ahorro para el retiro, 32.9 por ciento más que en igual periodo del año anterior (un millón 160 mil o 159 por hora)
Los retiros por desempleo alcanzaron un máximo histórico de dos mil 95 millones de pesos en octubre, una cifra 68.9 por ciento superior a lo observado en igual mes de 2019, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
“Los resultados son consecuencia de la crisis causada por el COVID-19”, comentó Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, quien agregó que la salida de recursos va a continuar con números altos hasta la primera mitad de 2021.
De manera acumulada, en los primeros 10 meses del año, el flujo de recursos que salió fue por una cifra récord de 16 mil 472 millones de pesos, 68 por ciento más que en el mismo periodo de 2019.
Para que un trabajador pueda retirar dinero de su Afore debe tener 46 días naturales sin empleo; al menos tres años de estar registrado en una administradora; contar con más de dos años cotizados ante el IMSS y no haber efectuado esta operación en cinco años. (Fernando Franco, El Heraldo de México, P.p)
El índice de positividad de las pruebas de COVID-19 que se aplican en México aumentó de 39 a 42 por ciento, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Este es uno de los indicadores que utiliza el semáforo de riesgo para conocer si aumentan los contagios de coronavirus SARS-CoV-2, al mostrar qué porcentaje de las pruebas PCR dan un resultado confirmatorio de la infección.
Al dar a conocer este aumento, el subsecretario lo atribuyó a las fluctuaciones de dicho valor “que hemos tenido a lo largo de octubre y lo que llevamos de noviembre”.
En cuanto a las estimaciones sobre la epidemia, López-Gatell mencionó que, aunque se contabilizan un millón 6 mil 522 casos, a través del índice de positividad se calcula que ya habría un millón 166 mil 165 contagios acumulados de febrero a la fecha. (Gerardo Suárez, El Heraldo de México, P.p)
El 30 de noviembre termina el contrato de servicios de internet y telefonía que estableció la Secretaría de Cultura Federal con la empresa Axtel S.A.B. de C.V. y por el cual la dependencia pagó 31 millones 899 mil 787 pesos, de enero a julio de 2020, a pesar que en edificios como la Estela de Luz no hubo personal trabajando por la emergencia sanitaria o que las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas no están consideradas en dicho contrato.
Crónica presenta los detalles de la tecnología contratada y las facturas pagadas por la secretaría que dirige Alejandra Frausto Guerrero.
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. En los siete meses transcurridos del 2020, la Secretaría de Cultura pagó por una red digital integrada, es decir, internet de banda ancha, teléfonos operando, cableado y la línea 800 CULTURA 2858872.
Aunque la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones expresa que el internet costó 350 mil 182 pesos cada mes de marzo a julio, las facturas detallan que el pago a Axtel, durante los mismos meses, es de 4 millones 557 mil 112 pesos.
Es decir, en cinco meses la Secretaría pagó 22 millones 785 mil 562 pesos; y de enero a febrero una facturación de 9 millones 114 mil 225 pesos. La suma total es de 31 millones 899 mil 787 pesos. (Reyna Paz Avendaño, La Crónica; P.p)
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año canceló programas y partidas por dos mil 632 millones 606 mil 712 pesos, para promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, conocido como el Anexo 13, advirtió la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle.
En total 46 de los 57 programas analizados registraron una reducción o fueron dados de baja, según su análisis.
Por ello, organizaciones feministas anunciaron que acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exigir al Gobierno cumplir con las obligaciones adquiridas en la materia.
“Vamos a ir ante la ONU y el sistema Interamericano de derechos humanos ,porque el Estado mexicano también tiene compromisos internacionales que deben quedar plasmados en el presupuesto”, dijo Adriana Leonel de Cervantes, defensora de grupos feministas. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p)