Morena en la Ciudad de México denunció la existencia de una “guerra mercenaria digital”, que mediante cuentas de Twitter y una presunta inversión cercana a 7 millones de pesos a la semana, busca atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
A su vez, Manuel Padrón, egresado de la UNAM y especialista en análisis de datos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que la semana pasada fueron analizados 161 mil 418 tuits en los que se identificaron seis cuentas, entre ellas la del medio de comunicación Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y de Mexicanos contra la Corrupción –cuyo dueño es Claudio X. González–, que promueven conversaciones negativas y éstas son reproducidas por bots o cuentas de reciente creación u otras que no cuentan con seguidores, cuyo fin es propagar de manera masiva los mensajes.
En conferencia de prensa, el experto indicó que del total de mensajes analizados, 49 por ciento implicaban conversaciones negativas contra el gobierno, que son promovidas por las diversas cuentas vinculadas con personajes que apoyan y halagan al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al panismo y a la derecha en general. (Sandra Hernández García, La Jornada, Ocho columnas)
El Instituto Nacional Electoral (INE) se confrontó ayer con gobernadores de Morena, al ordenarles que retiraran de sus redes sociales y sitios web el desplegado que subieron el domingo pasado en favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que constituye propaganda gubernamental que está prohibida en el actual proceso de revocación de mandato.
En el nuevo choque entre el INE y los militantes morenistas, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral resolvió el reclamo que presentó el PAN en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de los 17 mandatarios estatales morenistas para que se les aplicaran medidas cautelares por la publicación en favor del titular del Ejecutivo federal.
Por unanimidad, los integrantes de la comisión —Adriana Favela y Claudia Zavala y Ciro Murayama— determinaron la procedencia de las medidas cautelares porque, a su juicio, se trata de una acción concertada y consentida por servidores públicos para difundir logros y acciones del Presidente, lo que se considera propaganda gubernamental.
Los consejeros anotaron que los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno se deben ajustar, en sus actos y conductas, a los límites y parámetros constitucionales establecidos para la revocación de mandato. (Magali Juárez, La Razón, ocho Columnas, Aurora Zepeda y Enrique Sánchez, Excélsior, Ocho Columnas, Jessica Xantomila, La Jornada, P.p.)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que no tiene facultades legales, ni constitucionales para investigar a Carlos Loret de Mola, esto tras la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de febrero, en la que pidió hacer públicas las percepciones y bienes del comunicador.
Respuesta del INAI a petición de AMLO
“A su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones y bienes de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con las facultades constitucionales, ni legales para llevar a cabo investigaciones como la solicitada”, informó la comisionada presidente del instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien leyó la carta que el organismo envió esta mañana al Presidente López Obrador para informarle que su solicitud no podía ser atendida.
La comisionada explicó que la petición de información, requiere documentos que posee el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros, por lo que el INAI sugirió al titular del ejecutivo acudir con las instituciones mencionadas.
“Para que el Inai esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o eventual clasificación de la información(…) es necesario que los sujetos obligados resuelvan sobre la existencia de esa información en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene, de conformidad con sus atribuciones legales. Es así toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los entes públicos a nivel federal”, puntualizó. (Yazmín Veloz, La Razón, P.p. Antonio López, El Universal, P.p. Alejandro páez Morales, La Crónica de Hoy, P.p.)
CIUDAD DE MÉXICO. La reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de poder bloquear cuentas bancarias sin previa resolución judicial, permite que las personas involucradas tengan acceso a audiencias, alegatos y presentación de pruebas.
La iniciativa aprobada este martes por el pleno de los diputados señala que, en cuanto a la garantía de audiencia el artículo 116 bis 2 declara que se podrá incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, las modificaciones plantean que, previa solicitud del acusado, se le otorgará audiencia para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito le notifique los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, puede ofrecer pruebas y formular alegatos.
Transcurrido el plazo para que la persona involucrada presente pruebas y formule alegatos, la UIF tendrá 15 días hábiles a partir de que esté integrado el expediente para emitir una resolución en la que fundamente y motive si el investigado se incluye en la lista de personas bloqueadas o si procede eliminarlo de la lista. (Ximena Mejía, Excélsior, P.p.)
Grupo Vidanta, consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, amigo y asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en 2019 y 2020 la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero.
Además, obtuvo dos nuevas concesiones en Acapulco y en Puerto Vallarta, según documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El mismo año en que el Gobierno de AMLO otorgó las concesiones, su hijo José Ramón López Beltrán obtuvo visa de trabajo en Estados Unidos por gestión de una empresa en Houston de los hijos del fundador de Vidanta.
La mayor concesión que fue refrendada está ubicada en Bahía de Banderas, Nayarit, sede del bastión de grupo Vidanta, y abarca 84 mil 447 metros cuadrados de playa y terrenos donde hay un muro de contención, palapas, restaurante, albercas, áreas verdes, regaderas, accesos a la playa, embarcadero y un campamento tortuguero. (Mauricio Rubí y Vanessa Cisneros, Reforma, Ocho Columnas)
Durante los tres primeros años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda neta del país, incluyendo interna y externa, aumentó 28.5% respecto a la heredada por Enrique Peña Nieto.
En 2018, el Gobierno anterior dejó un saldo de 8 billones de pesos de deuda y, al corte de diciembre de 2021, el total es de 10.3 billones, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El incremento de 2.3 billones de pesos entre 2018 y 2021 fue mayor al registrado en el mismo lapso del sexenio anterior, cuando creció 1.8 billones de pesos entre 2012 y 2015.
Un análisis de los reportes financieros entregados al Congreso de la Unión de los últimos nueve años, da cuenta de que la administración de Felipe Calderón, en 2012, heredó 4.3 billones de monto neto a pagar, lo cual para diciembre de 2015 se elevó a 6.2 billones de pesos. (Ángel Cabrera, 24 Horas, Ocho Columnas)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta dos guerras: la ofensiva iniciada por el Ejército en su contra en estados como Michoacán y Colima con sus elementos de élite, instruidos en el extranjero, que ha derivado en la detención de algunos de sus líderes, y también su fragmentación interna.
En las últimas semanas, los operativos de inteligencia del Ejército han derivado en la detención de una decena de cabecillas integrantes de esta organización, que a su vez, se ha traducido en una escalada de violencia en Michoacán, Zacatecas y Colima.
La ofensiva del gobierno federal para enfrentar y eliminar al Cártel Jalisco Nueva Generación incluye el despliegue de sus militares de élite para enfrentar, neutralizar y detener a sus líderes en la Tierra Caliente, a donde había avanzado desde el año pasado y mantenía un enfrentamiento con los cárteles michoacanos que incluso se unieron para enfrentarlo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta una de sus peores crisis, no sólo vive bajo el asedio de las fuerzas castrenses, también, de sus enemigos que le respiran la nuca. (Jorge Martínez, Gaspar Vela, Amílca Salazar y Rubén Mosso, Milenio, Ocho Columnas, Diana Benitez, El Financiero, P.p.)
A unas horas del histórico fallo legal en Estados Unidos contra la comercializadora de armas Remington, la cual deberá pagar 73 millones de dólares a familias de nueve de las 26 víctimas de la matanza en una escuela de Connecticuc (2012), y de la propuesta del presidente Joe Biden de implementar nuevas medidas para el control de armamento, Wilma Gandoy, uno de los principales cerebros de la inédita demanda del gobierno mexicano contra siete armerías estadounidenses, comparte con Crónica detalles del litigio desconocidos hasta ahora, así como la estrategia a seguir.
México, por ejemplo, contrató a Lucy Allen, una renombrada economista especializada en tráfico de armas, quien determinó -mediante progresiones estadísticas- los alcances del trasiego a nuestro país: según el estudio, cada año ingresan a territorio mexicano 700 mil armas en cuya manufactura están involucradas las siete compañías demandadas; 250 mil, casi el 36 por ciento, provienen de Massachusetts.
“Es un cálculo científico, no hablamos al tanteo”, dice Gandoy, directora de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Esa es la base de esta batalla contra las prácticas de negocio de las armerías, que no tienen control y favorecen al mercado negro: finalmente sus armas llegan a México vía contrabando”. (Daniel Blancas madrigal, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, de que México sea autosuficiente en gasolina y diésel, podría traer de vuelta, tan pronto como el próximo año, las importaciones de crudo que el Presidente criticó alguna vez, publicó la agencia especializada Bloomberg.
Pemex estima un déficit de suministro de petróleo de 47 mil barriles diarios en 2023 y de 97 mil en 2024, debido a la capacidad adicional de procesamiento de crudo en su planta de Cangrejera, según documentos de la compañía a los que tuvo acceso la agencia.
Este déficit, señaló, es a pesar de proyecciones de la petrolera de que la producción de petróleo aumentaría un 14 por ciento, a 2 millones de barriles diarios a partir de diciembre próximo.
Bloomberg señaló que López Obrador ha hecho de la independencia energética una pieza central de su agenda nacionalista. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Tijuana.- Desprotegidos por autoridades estatales y federales, los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado trataban de seguir sus vidas con normalidad pese a la amenaza que pendía sobre ellos; según líneas de investigación, no los asesinaron delincuentes comunes, sino sicarios ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).
Ambos dijeron públicamente que estaban en riesgo, lo que incluyó su actividad profesional, pero sólo hasta que criminales organizados los mataron, sus casos recibieron “atención prioritaria” de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece un panorama de estos crímenes que autoridades se han comprometido a esclarecer a través de la creación, por primera vez en los tres años de gobierno de López Obrador, de un grupo de alto perfil para dar con los autores intelectuales y materiales.
Aquí en Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, particularmente en coberturas de hechos delictivos. (Ignacio Alzaga, El Universal, Ocho Columnas)
TIJUANA. Desprotegidos por autoridades estatales y federales, los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado trataban de seguir sus vidas con normalidad, pese a la amenaza que pendía sobre ellos; según líneas de investigación, no los asesinaron delincuentes comunes, sino sicarios ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).
Ambos dijeron públicamente que estaban en riesgo, lo que incluyó su actividad profesional, pero sólo hasta que criminales organizados los mataron, sus casos recibieron “atención prioritaria” de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy está de gira en Tijuana.
La ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece un panorama de estos crímenes que las autoridades se han comprometido a esclarecer a través de la creación, por primera vez en los tres años de gobierno de López Obrador, de un grupo de alto perfil para dar con los autores intelectuales y materiales, y que se haga justicia.
Aquí en Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, particularmente en coberturas de hechos delictivos. (Ignacio Alzaga Sol de México, P.p.)
El polémico Ricardo Gallardo Cardona, actual Gobernador del Partido Verde en San Luis Potosí, tendrá que pagar al SAT 12.3 millones de pesos por omitir impuestos de ingresos que recibió en 2013.
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó ayer el crédito fiscal fincado por el SAT a Gallardo en junio de 2018.
La deuda fue determinada como resultado de una revisión de gabinete, durante la cual Gallardo no justificó depósitos bancarios por 1.9 millones de pesos, entre otras irregularidades.
En 2013, cuando recibió los depósitos, Gallardo era el Alcalde perredista del municipio de Soledad Graciano Sánchez. (Víctor Fuentes, Reforma, P.p.)
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está blindado dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y para desaparecer a ese organismo sería necesaria una renegociación entre los países, dijo Adolfo Cuevas Teja, presidente interino de la institución.
“El IFT está previsto en el T-MEC y se tendría que ir a una negociación para que exista un cambio, corresponde a otras instancias determinar su factibilidad, pero yo no lo veo cercano”, mencionó Cuevas en entrevista para El Heraldo Radio, con Mario Maldonado.
El funcionario explicó que dentro de la legislación mexicana, la existencia del IFT está sustentada en la Constitución, por lo que se necesitaría una reforma a nivel constitucional para modificarlo o desaparecerlo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado martes que en su administración ya no tiene tiempo para realizar cambios legales sobre el regulador, pero opinó que los organismos autónomos “deberían desaparecer”. (Adrián Arias, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
La orden que a gritos dio la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue clara: ¡Denles en la madre, no salen de aquí!
Así fue como funcionarios de la alcaldía golpearon en repetidas ocasiones, con el puño y a patadas, a dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la noche del viernes pasado, cuando la alcaldesa estaba furiosa, recordó en entrevista con este diario el jefe García.
Junto con el mando Camacho fueron citados con engaños a la oficina de Cuevas, luego de que por la tarde ocurriera un conflicto entre personal de la demarcación y autoridades del gobierno capitalino por el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico.
Al llegar ocuparon una silla en una mesa redonda que está en la oficina de la funcionaria, quien ya los esperaba junto con al menos siete colaboradores, entre ellos el director de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y la directora de Mercados en vía pública. (Elba Mónica Bravo, La Jornada, Contraportada)
Con el Programa para el Bienestar en tu Unidad Habitacional, que la Procuraduría Social (Prosoc) resumió como “Bienestar en tu Unidad”, los habitantes de la capital mexicana que viven en este tipo de vivienda, podrán ser beneficiarios de acciones sociales para restituir el tejido social, promover el rescate, la revalorización, organización condominal mediante la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y mejoramiento de sus áreas comunes.
Sólo que ahora tendrán una nueva visión, luego de 20 años de operación. “Vamos a ir a las unidades habitacionales que no se han atendido en más de 10 años, porque tenemos información de qué los últimos 10 años se han atendido a las mismas unidades habitacionales, en la Ciudad de México , donde hay casi 7000, pero únicamente han atendido alrededor de 1000”.
En entrevista con La Prensa, Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Procuraduría Social, comentó lo anterior, tras reconocer que el porcentaje de unidades favorecidas ha sido bajo, un 14% del universo total del potencial de beneficiarios. “No es justo que siempre sean las mismas y sean las que tienen siempre tienen recursos y hay miles a las cuales no les llega un apoyo”.
Es necesario diversificar los apoyos y que no sólo se queden en Tlatelolco, la Unidad Independencia, Plateros, entre otras, “porque son un barril sin fondo”, cualquier recurso que se le meten a esas unidades es insuficiente ya que son muchos años de abandono, consideró. (Patricia Carrasco | La Prensa, Ocho Columnas)
Mientras las autoridades reportan una disminución de los delitos de bajo y alto impacto en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México tiene mapeados “los focos rojos” en materia de asaltos a transporte público y transeúntes, narcomenudeo, prostitución y trata de personas en el primer cuadro de la capital, en el que operan al menos 13 células delictivas, algunas vinculadas a La Unión Tepito y Anti Unión Tepito.
Según un diagnóstico de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno en enero pasado, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, el norte del perímetro B y parte del Eje Central que atraviesa esa zona de la alcaldía Cuauh- témoc, integrada por las calles Ignacio Allende, Perú, Honduras, Ecuador, Órgano, San Camilito, Rayón, son considerados los de mayor incidencia de robo a unidades de transporte público y a transeúntes
Las autoridades capitalinas detectaron, en menor medida, la presencia de ambos delitos en calles aledañas a Eje 1 Norte, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Avenida Hidalgo y República de El Salvador.
De acuerdo con el documento, La Unión y Anti Unión Tepito se disputan la venta de drogas al menudeo en los alrededores de Anillo de Circunvalación, Eje 1 Norte, Congreso de la Unión, Magnolia y Degollado. (Manuel Espino, El Universal, P.p.)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) activó un servicio de transportación aérea para sus funcionarios y para ello asignó un contrato por 16 millones de pesos —ampliable a 34 millones— a una agencia de viajes, que fue la única concursante y la cual también ofrece ese servicio a los diputados.
De 2019 a 2020, la ASF, encabezada por David Colmenares, no adjudicó ningún contrato para este tipo de servicio aéreo, sino únicamente terrestre, de acuerdo con una revisión de los documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
A pesar de ser una licitación pública, los documentos mostrados por la Auditoría revelan que Viajes Premier fue la única empresa en presentar una propuesta para este servicio, y por tanto, le dieron el fallo a favor.
El contrato tiene por objetivo la reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos para el transporte de funcionarios de la ASF dentro o fuera del país, entre el 1 de abril del 2021 al 31 de diciembre del 2022. (Otilia Carvajal, La Razón, P.p.)
Las tasas de interés en los créditos de la banca muestran una tendencia al alza en los últimos meses, principalmente en la cartera al consumo, que en diciembre pasado se ubicaron en 29.2 por ciento, su mayor nivel en 19 meses.
El encarecimiento del crédito va a tono con el inicio del ciclo restrictivo por parte del Banco de México, desde junio del año pasado, que obliga a la banca a elevar sus tasas, lo que aunado a las presiones inflacionarias, tendría un efecto negativo sobre el consumo, advirtieron analistas.
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en diciembre de 2021 los créditos personales tuvieron una tasa de interés del 30.81 por ciento, un nivel que no se veía desde junio del 2020. A éstos le siguieron los créditos de nómina, con intereses de 25.19 por ciento, mientras que los créditos automotrices registraron intereses por 13.22 por ciento.
Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, aseveró que “las presiones al alza sobre las tasas de interés al consumo se entienden en un contexto no solo caracterizado por un ciclo de alzas en la tasa de referencia dictado por Banxico, sino también por el reconocimiento de un entorno más incierto y riesgoso que afecta tanto a los oferentes como a los demandantes de crédito”. (Guillermo Castañares, El Financiero, Ocho Columnas)
En lo que va del año, el número de trabajadores que han pasado de un régimen de subcontratación a uno de contratación directa por su patrón se detuvo; la dinámica que se presentó al inicio con la aprobación de la reforma en materia de subcontratación –abril de 2021– se frenó en diciembre y no se ha rebasado la cifra de tres millones de trabajadores migrados a un esquema de contratación directa.
Así lo comentó a El Economista Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, tras explicar que al cierre de 2021 el número de trabajadores que salieron de la subcontratación se ubicó en 2.9 millones de personas.
“Está migración (de trabajadores) prácticamente ha sido estable en los últimos cuatro meses, al principio (de la reforma) sí empezó a ocurrir un boom muy fuerte la migración y después empezó a estabilizarse a 200,000 trabajadores por mes hasta que llegamos ya a los 2.9 millones” detalló López Castañeda.
La información que ha presentado el IMSS refiere que desde noviembre de 2020 se identificó un universo de alrededor de cinco millones de trabajadores subcontratados (de los cuales, 4.3 millones estaban vigentes), de modo que ahora solo 59% está contratado por un patrón de forma directa. (María del Pilar Martínez, El Economista, Ocho Columnas)
Las empresas “RGL Arrendadora de Inmuebles” y “Desarrollo Marina Vallarta”, que forman parte de Vidanta, están a cargo de la construcción del teleférico que servirá como vía de comunicación entre dos complejos hoteleros en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.
Las compañías presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el teleférico ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 6 de diciembre de 2019. Tres meses después, en marzo de 2020, el director de Riesgo Ambiental de la dependencia, Juan Manuel Torres Burgos, aprobó el proyecto.
La MIA fue aprobada a pesar de que los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no habían enviado su opinión técnica a la Semarnat, según indica el dictamen firmado por Torres Burgos. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Caminos y Puentes Federales (Capufe) suspendió hasta nuevo aviso el aumento al peaje de las autopistas que administra, el cual sería hasta de 14 por ciento.
Precisó que el cambio obedece a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En promedio, los peajes aumentarían 7.36 por ciento como resultado de la inflación en los últimos dos años.
El alza en la tarifa de algunas carreteras, como la de Cuernavaca-Acapulco, sería de 14 por ciento respecto a febrero del año pasado, con 595 pesos para los automóviles. (Reforma Staff, Reforma, P.p. Juan Luis Ramos, El Sol de México, Ocho Columnas)