En un acuerdo “por consenso y unanimidad”, el gobierno federal, empresarios y dirigentes sindicales anunciaron un aumento de 20 por ciento al salario mínimo para 2020, que será de 3 mil 746 pesos al mes, y de 5 por ciento en la zona libre de la frontera norte, donde será de 5 mil 641 pesos mensuales, el mayor incremento logrado en 40 años.
Con ello, para el próximo año, el salario se incrementará de 102.69 pesos al día a 123.22 pesos, y en la zona libre de 176.72 a 185.56 pesos.
La recuperación del poder adquisitivo, que perdió 75 por ciento en más de tres décadas, “llevará tiempo, no se resuelve por completo”, pero con el aumento anunciado en Palacio Nacional, “estoy seguro que en 2020 vamos a crecer y consolidará la economía porque se fortalece el mercado interno”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Néstor Jiménez y Enrique Méndez, La Jornada, P.p. Vwerónica Gascón y Zedryk Raziel, Reforma, P.p.)
Los organismos cúpula del sector empresarial celebraron el incremento de 20 por ciento al salario mínimo porque, por primera vez desde 1992, supera la línea de bienestar y contribuye a abatir el rezago histórico en que se encontraba el indicador. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) atribuyeron este resultado al diálogo y concertación alcanzado por patrones y trabajadores con la colaboración del gobierno federal y del Banco de México (BdeM).
En el acto efectuado ayer en Palacio Nacional para dar a conocer el aumento salarial, destacó la asistencia del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien ha sido crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista al término del acto, el empresario recordó que como candidato presidencial, el tabasqueño firmó un acuerdo con el fin de asumir el compromiso de la Coparmex para generar una nueva cultura salarial, y ahora como Presidente de la República se concretó gracias a que el mandatario fue respetuoso de los acuerdos de organizaciones sindicales y empresariales. (Néstor Jiménez, Enrique Méndez y Susana González, La Jornada, P.p.)
Los agregados laborales no son inspectores, pero pueden colaborar con sus homólogos mexicanos, trabajadores y organizaciones civiles para implementar la reforma laboral de México, respondió Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, a Jesús Seade Kuri, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.
Aclaró que el mecanismo de respuesta rápida en materia laboral que se acordó y agregó la semana pasada al Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y miembros y puede solicitar “verificaciones in situ” en cualquiera de los tres países asociados cuando una empresa niega derechos a sus trabajadores.
Así que las verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales, puntualizó Lighthizer al responder a Seade Kuri sobre el extrañamiento que le hizo el fin de semana de que la iniciativa de implementación del T-MEC que el gobierno del presidente Donald Trumpo mandó al Congreso de su país incluye mecanismos laborales adicionales que, según el subsecretario, no fueron aceptados por México. (Susana González G., La Jornada, P.p. Carolina Rivera, Milenio, P.p.)
Luego de la presión causada por una iniciativa en la que presuntamente Estados Unidos insistía en la inspección laboral a México, ayer se disipó de nuevo la tensión en torno al T-MEC debido a una misiva en la que el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, aclaró que dichos funcionarios no fungirán como inspectores, sino que proveerán asistencia técnica y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas.
En la carta enviada a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, asegura que las verificaciones serán realizadas exclusivamente por panelistas independientes, como se acordó en el protocolo modificatorio del T-MEC.
Seade celebró la aclaración y dijo que no observa algún otro tema que pueda ser visto con preocupación, ahora que cada uno de los países somete a su Congreso las iniciativas de implementación del tratado comercial. (Enrique Sánchez y Lindsay E. Esquivel, Excélsior, P.p.)
El Protocolo Modificatorio del T-MEC incluyó en una nota al pie —también conocida como letra chiquita— en la que refiere que el gobierno de Estados Unidos tendrá su propio proceso interno para complementar las revisiones iniciales que se necesiten cuando una exportadora mexicana niegue los derechos sindicales a un trabajador.
De acuerdo con especialistas en temas comerciales federales, esa anotación fue la que le abrió la puerta a los cinco agregados laborales.
En el texto de implementación que envió la Casa Blanca el viernes 13 de diciembre al Congreso de Estados Unidos, se define que habrá cinco agregados laborales que monitorearán el cumplimiento de la reforma laboral en libertad sindical y contrato colectivo en México. (Ivette Saldaña, El Universal, P.p.)
La figura de inspectores laborales no se acordó en el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la iniciativa que se envió al Congreso estadunidense en la materia se propuso de manera clandestina, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon anticipó que el país no permitirá jamás que representantes de ese tipo ingresen a empresas para hacer verificaciones.
En su conferencia matutina, el Presidente dijo que la ratificación del T-MEC es un paso hacia la cooperación entre los tres países y ayudará mucho a la economía de México, e informó que la intención de enviar hasta cinco inspectores por parte de Washington se aborda con el mismo método utilizado en nuestras relaciones con Estados Unidos: el diálogo y la cooperación.
Aclaró, no obstante, que dar el visto bueno a los inspectores depende más de la decisión de Estados Unidos como país soberano y de su Congreso de aprobar, modificar o rechazar” sus leyes. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.)
En medio de las investigaciones que realiza Estados Unidos relacionadas con la detención del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, señalado por las autoridades de ese país por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno mexicano no iniciará indagatorias al respecto para que no se interprete como represalia o linchamiento político, pero cooperarán con toda la información que se solicite.
Afirmó que hay columnistas nerviosos porque estuvieron involucrados con el ex funcionario, a quienes recalcó que la justicia estadunidense permite reducir penas a cambio de información.
Durante su conferencia de prensa también se presentaron los resultados de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, en la que 93 mil 142 personas –de las 100 mil 940 que votaron– respaldaron el proyecto, tras lo cual en enero se harán las primeras licitaciones. Se presentó también un balance de la subasta efectuada en Los Pinos, en la que se recaudaron 78.3 millones de pesos con la oferta de autos de lujo, casas, joyas y dos aeronaves, que serán destinados para obras en caminos de Nayarit y Guanajuato. (Néstor Jiménez y Enrique Méndez, La Jornada, P.p.)
En México, 22.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2018 fue generado por trabajadores que se desempeñaron en actividades informales, es decir, de cada 100 pesos de bienes y servicios que se crearon el año pasado en el país, 22.5 fueron gracias a ese sector de la economía, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la Actualización de la Medición de la Economía Informal, elaborada anualmente por el Inegi, el año pasado 56.7 por ciento de la población ocupada lo estuvo en condiciones de informalidad, o sea, sin pagar los respectivos impuestos, pero también sin contar con las prestaciones de ley.
El 77.5 por ciento del PIB es generado por 43.3 por ciento de las personas ocupadas que se encuentran en esquemas laborales formales. (Braulio Carbajal, La Jornada, P.p.)
Con un total de 2 mil 19 iniciativas pendientes de dictaminar y apenas 812 aprobadas, desechadas o retiradas, la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados acumula un rezago equivalente a 71 por ciento de las 2 mil 831 propuestas presentadas por el Presidente, diputados, senadores y legislaturas locales durante los pasados 15 meses.
Al concluir tres de sus seis periodos ordinarios, la primera legislatura de la 4T superó el récord de iniciativas presentadas durante ese lapso en anteriores trienios del Congreso de la Unión, aunque mantuvo la inercia de acumular proyectos de ley sin consenso en los archivos de las comisiones ordinarias.
De acuerdo con la más reciente actualización de registros de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, entre las 2 mil 19 iniciativas pendientes de dictaminar destaca una del presidente Andrés Manuel López Obrador para elevar a rango constitucional los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad permanente y estudiantes en situación de pobreza. (Fernando Damián, Milenio, P.p.)
Al cierre de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan.Estas estrategias significan que este año se asignaron 11 vehículos blindados para los juzgadores; 12 servicios de escoltas; 11 recibieron chalecos antibalas y ocho obtuvieron apoyos provisionales tales como teléfonos con botón de pánico.
De este modo, según el Primer Informe de Labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un total de 91 jueces y magistrados cuentan con vehículos blindados; 89 tienen servicio de escoltas y 89 usan chaleco antibalas.
Fuentes federales explicaron que es posible que un mismo juez o magistrado cuente con chaleco antibalas, escolta y vehículo blindado, y por razones de seguridad no se especifica qué juzgadores son los que tienen asignadas las medidas de seguridad. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que en los últimos nueve años se han robado 50 mil armas de cargo de depósitos oficiales y “otras tantas” se han rentado para cometer crímenes.
Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, instó a estados y municipios a materializar los acuerdo y planes de trabajo para erradicar la corrupción pues de lo contrario no tendrán éxito.
“En nueve años se han robado 50 mil Armas de depósitos oficiales y otras tantas se han rentado para actos criminales. Todo esto tiene que ver con la corrupción y hagamos lo que hagamos lo que acordemos si no nos metemos a fondo en combate a corrupción poca funcionalidad o materialización tendrán acuerdos que tomemos”, dijo. (Pedro Domínguez, Milenio, P.p.)
De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de manera acumulada en el año, los retiros parciales por desempleo sumaron 11 mil 194.3 millones de pesos.
Esta cantidad es mayor a la registrada en el mismo periodo de 2018 en 2 mil 301.4 millones de pesos, cuando los retiros parciales por desempleo fueron por un monto de 8 mil 892.9 millones de pesos.
De los 11 meses del año fue octubre el que mayor monto retirado registró con mil 383.6 millones de pesos, según las cifras del órgano regulador. (Sonia Soto Maya, Excélsior, P.p.)
Cd. de México (17 diciembre 2019).- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) metió reversa a la competencia en la venta de combustibles.
Ayer, el órgano regulador dejó sin efecto un acuerdo vigente desde diciembre de 2018 que impedía a Pemex imponer libremente los precios de venta de primera mano en gasolina y diesel a empresas privadas mayoristas que, a su vez, son su competencia.
Si bien su competencia establece sus propios precios, Pemex estaba sujeta a reglas debido a que posee un poder dominante de mercado, al venir de un modelo monopólico; solo se liberaría hasta que las empresas privadas alcanzaran una participación de 30 por ciento en el mercado.
Según datos de la Secretaría de Energía, al mes de septiembre esa participación era apenas de 8.8 por ciento en gasolinas. (Karla Omaña, Reforma, P.p.)
Sin afectar las actividades académicas y administrativas, alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) realizaron ayer un paro activo, en demanda de generar una estrategia de atención en temas de salud mental, integral y accesible para la comunidad estudiantil, luego de que la semana pasada se conociera la muerte de la alumna Fernanda Michau Gantus, quien presumiblemente se quitó la vida por presiones académicas.
Pancartas y cartulinas con las leyendas Primero es la salud, Hasta que los humanos sean más importantes que lo productivo, y Por un ITAM más humano, además del pliego petitorio de 10 puntos, fueron colocados desde temprano en las puertas de las instalaciones del campus universitario de Río Hondo, en la alcaldía de Álvaro Obregón.
El paro activo aprobado en la Asamblea de Alumnos el pasado domingo, donde participaron el Consejo Estudiantil Contigo, el Consejo Universitario de Honor y Excelencia, y el Fondo de Organizaciones Estudiantiles, señala que éste durará toda la presente semana, hasta el que el viernes se realice la reunión solicitada con las autoridades para la entrega del pliego petitorio, el cual fue revisado y modificado en la misma asamblea para ponerlo a consulta de la comunidad. (José Antonio Román, La Jornada, P.p.)
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró ayer que uno de los factores de la muerte de más de un policía al día, principalmente municipales, obedece a que los grupos criminales están reclutando sicarios sin experiencia ni entrenamiento.
REFORMA publicó ayer cómo los policías estuvieron entre los principales blancos del crimen, sumando 415 agentes asesinados en 28 entidades durante 2019, de los cuales 219 fueron municipales, 178 estatales y 18 federales.
De continuar la tendencia, al cierre de este año sumarán al menos 435 policías (federales y locales) ultimados. (Antonio Baranda, Reforma, P.p.)
Policías de Investigación de la procuraduría capitalina analizan la participación de al menos otras cinco personas en el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón. Las imágenes de las cámaras del gobierno local revisadas tras el homicidio revelaron que no sólo fueron dos homicidas los que participaron en el crimen, aparentemente habían dos vehículos que sirvieron como “muro” el día de los hechos.
En las imágenes se revela que los autos compactos también siguieron a Abril desde el búnker de la procuraduría capitalina y sostuvieron comunicación con el motociclista que le disparó en cinco ocasiones a la mujer.
Luego de la agresión, los gatilleros y los dos vehículos, ya identificados, se ocultaron en las inmediaciones de la colonia Doctores. (David Fuentes, El Universal, P.p.)
El 05 de junio de 2009 México entero se cimbró con la noticia del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora: 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. Diez años después sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. Tres familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), centro creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de las víctimas de esta tragedia, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios en el tiempo en el que Marcela estuvo a cargo de las finanzas de este organismo, de acuerdo con información entregada vía transparencia.
Estos tres personajes no sólo lucraron con la tragedia que enlutó a un país completo, sino también vendieron productos farmacéuticos a un sobreprecio exponencial, lo que hizo que sus ganancias se elevaran todavía más. Una parte de esta pequeña red estaba conformada por los hermanos Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la ex administradora del CAICE.
Ambos aparecen junto a la familia Fimbres Ibarra en la publicación del 15 de agosto de 2017 de la sección de Sociales del periódico Expreso, el segundo de mayor tiraje a nivel estatal en Sonora, durante la celebración de los XV años de la hija de Marcela. (Alan Aviña, El Universal, P.p.)
Depresión, ansiedad y consumo de sustancias, son los tres grandes problemas de salud mental que afectan a los mexicanos, advierte Eduardo Ángel Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Mientras que, entre los más graves, detalla el especialista, sobresalen la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Madrigal estima que sólo el número de personas deprimidas en México ronda los 5 millones.
Es un grave problema, si se considera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la depresión como la principal causa de años perdidos con calidad de vida, incluso por encima de los trastornos cardiovasculares. (Natalia Vitela, Reforma, P.p.)
Basura por doquier, olores putrefactos, áreas sin iluminación, filtraciones en paredes y techos es lo primero que se observa y se percibe al ingresar al hospital público Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en el oeste de Caracas, Venezuela. Pero la situación es aún más compleja dentro de la institución, una de las principales en la capital del país petrolero.
Trabajadores del centro hospitalario, dependiente del Estado venezolano, coinciden en que no hay garantía de condiciones mínimas y necesarias de salubridad. Desde hace un par de años tienen acceso al agua, por ejemplo, una vez por semana y por unas cuantas horas.
El personal de limpieza no cuenta con cloro, detergentes o algún tipo de desinfectante requeridos para mantener el ambiente libre de bacterias. La situación dejó sin baños operativos tanto a usuarios como al personal que ahí labora. De los sanitarios clausurados salen olores putrefactos, producto de las heces y orina humana que reposan ahí. (Manuel Corro, El Universal, P.p.)
La Jornada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se suman a la conmemoración por el centenario del asesinato de Emiliano Zapata con la edición del libro Zapata. Documentos. Arte. Gráfica, que reúne una vasta recopilación de la iconografia alusiva al Caudillo del Sur.
Esa obra incluye el texto ‘‘Zapata, de corrido’’, en el que el escritor Pedro Ángel Palou (Puebla, 1966) narra la vida del jefe rebelde, entrelazando corridos zapatistas que se estaban perdiendo y que gracias al trabajo del antropólogo y etnomusicólogo Carlos Barreto Mark, recientemente fallecido, ahora acompañan la ruta de esta nueva revisión de uno de los personajes esenciales para México.
En entrevista con este diario, Palou, autor de la mejor novela histórica dedicada a Zapata –como lo afirmaba Carlos Fuentes–, considera que en el país, al hablar del revolucionario, se debe considerar que existe una tarea pendiente: ‘‘la más urgente, repensar al campo”. (Mónica Mateos-Vega, La Jornada, Contraportada)
Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer un bono de 5 mil pesos (unos 83.69 dólares) para todos los jubilados, que se pagará en próximos días, y acordó con las cámaras farmacéuticas rebajar 8 por ciento y congelar los precios de los medicamentos al menos hasta el 31 de enero; dispuso otras medidas claves como aplicar 30 por ciento de impuesto a la compra en dólares y revisar el impuesto a las exportaciones de las empresas rurales, que suspendió la administración de Mauricio Macri, permitiendo además que pagaran en las fechas que desearan, lo que enriqueció sustantivamente a ese sector en desmedro de la población.
Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, se reunieron con representantes de las cámaras farmaceúticas y los laboratorios locales y extranjeros para que rebajen los precios al nivel del 6 de diciembre, cuando se volvieron a disparar.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó la aplicación del impuesto de 30 por ciento para las compras en moneda extranjera, medida destinada a incentivar el turismo local, que es algo que queríamos hacer porque es una actividad muy dinámica que en este momento genera empleo estacional, pero es empleo al fin y es importante. (Stella Calloni, La Jornada, Contraportada)
Nueva York. Donald Trump fue acusado de traicionar a la nación por la Cámara de Representantes, al arrancar la semana histórica en la que se convertirá en el tercer presidente en ser formalmente sometido a un juicio político para su destitución.
El Comité Judicial de la cámara baja presentó el caso de impeachment contra Trump en un informe que sostiene que el presidente traicionó a la nación al abusar de su alto puesto y por ello recomienda que sea destituido (https://rules.house.gov/sites/ democrats.rules.house.gov/files/CRPT-116hrpt346.pdf ).
El informe difundido ayer detalla los delitos cometidos que llevaron al comité a aprobar los dos cargos formales –conocidos como artículos de impeachment– de abuso de poder y obstrucción al Congreso en su investigación. Trump, acusa, impuso sus intereses personales y políticos sobre nuestra seguridad nacional, nuestras elecciones libres e imparciales, nuestro sistema de límites y equilibrios y por lo tanto “el presidente Trump debería ser impeached y removido de su puesto”. (David Brooks, La Jornada, Contraportada)