Nueva York y Washington., Ismael El Mayo Zambada se presentó ante el juez federal Brian Cogan para una breve audiencia preliminar sobre los 17 cargos en su contra –incluido uno que es elegible para potencialmente aplicar la pena de muerte, aunque eso aún está por determinarse–.
En el mismo tribunal del distrito del este de Nueva York donde fueron enjuiciados, primero, Joaquín El Chapo Guzmán y más recientemente Genaro García Luna, y ante el mismo juez en ambos casos, Zambada, con barba y bigote y en uniforme de reo café claro, escuchó sin mostrar alguna emoción los detalles sobre el inicio de su caso en preparación para un posible juicio.
La próxima audiencia preparatoria fue programada para el 15 de enero de 2025, sólo el inicio de lo que será un largo proceso todavía antes de un juicio –si es que hay uno–.
Entre los principales cargos están administrar de manera continua entre 1989 y 2024 una organización criminal, que conlleva una sentencia de cadena perpetua, y acusaciones de narcotráfico, portación de armas de fuego ilícitas y lavado de dinero, cada una de las cuales llevan condenas de 10 a 30 años de prisión. Los cargos presentados en este caso fueron ampliados a incluir tráfico de fentanilo, así como también incluir que estas actividades realizadas por el acusado continuaron hasta mediados de este año.
El juez Cogan y los fiscales señalaron que el caso es elegible para aplicar la pena de muerte –indicando que la actividad criminal de narcotráfico encabezada por Zambada llevo a múltiples decesos en Estados Unidos– pero aún no se determina si los fiscales promoverán ese castigo. (David Brooks y Jim Cason, La Jornada, Contraportada, Agencias, El Universal, P.p. Agencias, Excélsior, P.p. Reforma Staff, Reforma, P.p.)
No hay nada que impida a la fiscalía estadunidense solicitar la pena de muerte para Ismael Zambada García, El Mayo, según se detalló durante la primera audiencia del ex capo en la corte federal de Brooklyn.
La razón es que el ex líder del cártel de Sinaloa no fue entregado por el gobierno mexicano, sino secuestrado y entregado a manos de agentes federales de aquel país por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en una operación clandestina.
“¿Hay algún impedimento por extradición para que se solicite la pena de muerte?”, preguntó el juez.
“No”, respondió la fiscalía.
También se detalló que entre el cúmulo de evidencia que hay contra Zambada se encuentran “grabaciones, registros de aseguramientos, intercepciones” y que, por la relevancia del caso, se prevé que se lleven a cabo “audiencias secretas”. (Ángel Hernández, Milenio, Ocho Columnas)
La jueza Nancy Juárez, quien dio un ultimátum para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial, será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la orden de la titular del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, carece de sustento jurídico y rebasa sus atribuciones.
En su conferencia matutina, manifestó que la publicación del decreto no se eliminará del DOF, ya que “una jueza no está por encima del pueblo de México” y ratificó que habrá elección el próximo 1 de junio. Consideró pertinente que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, solicite al Tribunal Electoral aclarar qué instancia tiene la facultad final para determinar si procede o no la elección.
Luego de darse a conocer la intención de denunciar a la jueza, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) advirtió que el orden constitucional y el Estado de derecho se han roto en México. (Ximena Mejía, Excélsior, Ocho Columnas)
El gobierno mexicano anunció ayer que procede solicitar la extradición de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, luego de que el ex secretario de Seguridad Pública fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que sobre el ex funcionario sentenciado por narcotráfico pesan al menos tres órdenes de aprehensión aquí. Hay temas jurídicos, denuncias, contra el criminal García Luna en México, afirmó en su rueda de prensa en Palacio Nacional, y agregó que Felipe Calderón sí sabía de los nexos de su ex mano derecha con el crimen, incluso antes de invitarlo a su gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, puntualizaron que se trata de investigaciones que están vigentes por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el juicio llevado a cabo en Nueva York contra el ex alto funcionario y que están relacionadas con la operación Rápido y furioso, con contratos otorgados de manera directa a empresas privadas para la construcción de penales federales que derivaron en daños al erario y con una trama de lavado de dinero por la que se defraudaron a la hacienda mexicana más de 625 millones de dólares, caso en el que, además de García Luna, hay 60 imputados con órdenes de captura, algunos en la cárcel y otros prófugos en Estados Unidos.
¿Qué procede? Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa, dijo Gómez, quien expuso que con ello se evitaría que ante una eventual liberación del sentenciado éste pudiera eludir a la justicia mexicana. (Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
El Gobierno federal presentará denuncias en contra de las y los jueces que han emitido suspensiones en contra de la elección judicial a realizarse el próximo año, particularmente la jueza que antier ordenó a la Presidenta eliminar el decreto de la reforma respectiva y lo cual la mandataria descartó atender.
La consejera jurídica, Ernestina Godoy, informó que el proceso se hará ante el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación de los juzgadores, a los cuales acusó de usurpar funciones del Poder Legislativo y atribuirse facultades que no tienen.
“Un juzgado no se puede auto facultar para someter a revisión un cambio constitucional… resulta inverosímil que un juez de distrito no sólo pretenda intervenir en las facultades del Congreso, sino de los congresos estatales”, criticó.
No vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura… es una ocurrencia de una que no tiene ningún sustento jurídico. Ya se votó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Sergio Ramírez, Yulia Bonilla, La Razón, Ocho Columnas)
Ante la resolución de un juzgado que le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial sobre la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró: no vamos a bajar la publicación, porque no tiene sustento jurídico.
Dijo que aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no sancione a los jueces, vamos a presentar una queja, porque está fuera de sus funciones. Un juez también debe cumplir la ley, la Carta Magna; esa es su función primordial.
Consideró que la decisión de la jueza Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, es una ocurrencia sin fundamento legal. Por ello, ratificó que la enmienda judicial no se detendrá, porque ningún juez ni ocho ministros pueden echar atrás la voluntad del pueblo: la reforma va. Criticó que el CJF no cumpla su responsabilidad de verificar el desempeño de los jueces, a pesar de lo cual promoverán la queja para que haya un antecedente y no quede en la impunidad.
En la conferencia, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que en el marco jurídico, no hay disposición alguna que permita otorgar amparos contra una reforma constitucional, y con ello eliminar la capacidad del Congreso de modificar la Constitución. La norma prevé expresamente la improcedencia de los amparos y demás contra las enmiendas a la Carta Magna, la actuación de estos jueces usurpa atribuciones conferidas al poder reformador. (Alonso Urrutia y Arturo Sánchez, La Jornada, P.p. Rafael Montes, Milenio, P.p.)
El atentado contra Diana Sánchez Barrios, ocurrido el jueves en el Centro Histórico, sucedió en medio de la disputa por el control del cobro de piso entre La Unión Tepito y el grupo de comerciantes que lidera la diputada local suplente.
Vendedores de la zona denunciaron que la activista y legisladora ex priista, y hoy aliada a Morena, encabeza el cobro de piso a comerciantes.
La madre de Diana, la lideresa Alejandra Sánchez, había responsabilizado a La Unión del ataque armado.
Al revisar el video y fotografías del ataque a balazos contra Sánchez Barrios y sus colaboradores, vendedores de la zona, quienes pidieron anonimato, dijeron a REFORMA que el fallecido en el ataque era uno de los sujetos enviados por la diputada para cobrar cuotas a comerciantes y, si no pagaban, recibían represalias.
Los testimonios de vendedores indicaron que grupos criminales disputan territorios y esos pleitos se reactivaron con el cambio de Gobierno en la Alcaldía Cuauhtémoc. (Reforma Staff, Reforma, Ocho Columnas)
La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad entre la población y Gobierno para que no haya olvido entre uno y el otro, así como para garantizar el cumplimiento de los compromisos hechos.
‘’Nos tenemos que mantener muy unidos, Gobierno y pueblo, no puede haber divorcio. Porque en el momento en el que el Gobierno mira para otro lado, olvida a su pueblo y el pueblo tiene que estar atento a lo que pasa con el Gobierno para exigirnos, que todo lo que nos comprometimos lo cumplamos. Esa es la gran alianza entre el Gobierno y el pueblo de México”, dijo desde Balancán, Tabasco.
Desde el estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria se refirió a él para asegurar que se guardará el legado que dejó en cuanto a cumplir lo que se promete. También compartió que el expresidente sigue trabajando, ahora en escribir un libro que posiblemente estará listo en tres años.
“Él cerró su ciclo, terminó su gobierno y no crean que dejó de luchar, su vida es eso, luchar por su pueblo… Ahora se está dedicando al pensamiento, se fue a vivir a Palenque y ahí está escribiendo un libro, un libro que va a hablar sobre la grandeza cultural de México. Ya como en unos tres años más o menos vamos a estar leyendo su libro”, comentó. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p.)
Más de la mitad de los productores del campo en Tabasco y Tlaxcala son víctimas del robo de sus animales e insumos, así como de amenazas, extorsiones y secuestros, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tabasco, donde el morenista Javier May Rodríguez comenzó a gobernar este mes, es el estado en que la inseguridad limita más el abasto de alimentos, pues 51.9% de sus agroproductores han sido víctimas de estos problemas que, según empresarios, terminan subiendo los precios al consumidor.
En segundo puesto aparece Tlaxcala, que rige Lorena Cuéllar Cisneros, también de Morena, con una tasa de 51.3%, y en tercer lugar se encuentra Aguascalientes, a cargo de María Teresa Jiménez Esquivel, del PAN, donde la delincuencia pasa factura a 46.5% de sus productores agropecuarios.
La distribución de frutas, verduras y proteína animal presenta problemáticas —como la inseguridad— que desequilibran su disponibilidad en las localidades, explicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. (Rubén Migueles, El Universal, Ocho Columnas)
Los contratos para la construcción del Tren Maya, los homicidios perpetrados durante el proceso electoral 2023-2024, detalles sobre la captura y liberación de Ovidio Guzmán en 2019 y pormenores de la investigación sobre la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, son algunos de los acontecimientos que marcaron el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que permanecerán en secreto durante los próximos años
La última actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) de los sujetos obligados a nivel federal muestra que hay 90 mil 33 asuntos que no se darán a conocer por lapsos que oscilan entre uno y cinco años, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Sol de México revisó los IECR de algunas dependencias federales —que por ley están obligadas a reportar cada semestre el listado de expedientes reservados— y detectó que uno de los asuntos con más información resguardada es la construcción del Tren Maya, la obra de infraestructura más relevante en el sexenio pasado, y que ha suscitado críticas por los daños al medio ambiente, los sobrecostos y los contratos poco transparentes.
A la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le solicitaron “copias íntegras de todos los documentos (contratos con anexos, convenios, acuerdos de buena voluntad) firmados por el ciudadano Jorge Amílcar Olán Aparicio y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Frente 5 del Tramo 6 del Tren Maya”. (Carlos Tovar / El Sol de México, Ocho Columnas)
Entre 2020 y 2024, la CFE, encabezada por Manuel Bartlett, otorgó contratos por más de 6 mil millones de pesos para la compra de carbón, por asignación directa, a empresas vinculadas con el diputado local de la 4T en Coahuila, Antonio “Tony” Flores Guerra.
De acuerdo con un listado, proporcionado por fuentes de la CFE, los negocios ligados a Flores, que protagoniza una polémica por pasearse en un Lamborghini, se realizaron a través de por lo menos nueve compañías, en 2020, 2021, 2022 y 2024, durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al llamado “Rey del Carbón”, a familiares y personas vinculadas con el coahuilense se les relaciona con las empresas Minerales Don Chilo y Sierra Minería y Transporte que, en conjunto, habrían facturado unos 5 mil millones de pesos en ese periodo.
El polémico personaje está relacionado con otros proveedores de carbón como Coal de Sabinas, Consorcio Oasis Minería y Transporte, Minera El Retoño, Minera Flores de Carbonífera, Minerales Amarani, Cia Yepal y Grupo Industrial Guerra y Asociados.
El legislador está hoy en la mira de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió el miércoles que cualquiera que ostente un cargo de elección popular no debe mantener contratos con el Gobierno. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se reforzará la seguridad en el Centro Histórico con la implementación de un Mando Único de la Policía y el rediseño de los cuadrantes de la zona, luego del ataque armado en contra de la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, que tuvo lugar el jueves pasado en la calle de Motolinía.
“Vamos a reforzar la seguridad en el Centro Histórico, que es un lugar fundamental para nuestra Ciudad y para el país. El Centro Histórico es el epicentro comercial, económico, cultural y político de esta Ciudad, y el gobierno, con todas las fuerzas que se tienen, vamos a seguir trabajando para mejorar la seguridad, con un plan específico”, afirmó.
En conferencia de prensa, la mandataria adelantó que se trabajará de la mano con los comerciantes y sectores económicos para lograr mayor seguridad en sus calles y combatir diversos delitos, particularmente el de extorsión.
A su vez, señaló que se establecerán tres sectores de la policía en el Centro Histórico —actualmente hay dos—, se hará una reestructuración y se instalará un Mando Único de la Policía para lograr mayor eficiencia en la prevención del delito. (Frida Sánchez, El Universal, P.p.)
La Secretaría de Marina (Semar) informó que en días pasados, personal naval en una operación considerada la más grande en materia de aseguramientos en la mar, logró el decomiso de aproximadamente 8 mil 361 kilogramos de carga ilícita y 8 mil 700 litros de combustible.
Además, fueron detenidos 23 presuntos transgresores de la ley y aseguraron seis embarcaciones menores al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Durante patrullajes de vigilancia marítima y con el apoyo de un helicóptero Panther de la Armada de México localizó una primera embarcación con tres motores fuera de borda y ocho tripulantes a bordo, quienes al percatarse de la presencia de los marinos, arrojaron al mar bultos balizados, mismos que en su interior contenían presunta carga ilícita.
Por lo que, elementos de la Armada de México dieron alcance a dicha embarcación, logrando la detención de citadas personas, así como el aseguramiento de 94 bultos de presunta carga ilícita con un peso aproximado de 2 mil 105 kilogramos, así como 38 bidones con un volumen estimado de 1 mil 250 litros. (Jorge Butrón, La Razón, P.p.)
La representación obrera y patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) rechazó la propuesta de que ese organismo tripartita constituya una empresa constructora propia para la edificación de un millón de viviendas, como lo propone el nuevo gobierno federal.
En la 132 Asamblea General Extraordinaria, Octavio Romero Oropeza director del Instituto afirmó estar abierto al diálogo y defendió la propuesta de que el organismo pueda constituir una empresa estatal y garantice el acceso a una vivienda digna y social. Recalcó que la iniciativa está enfocada principalmente en jefas de familias, jóvenes y adultos mayores.
Al ratificar que durante su administración será prioridad el Programa Nacional de Vivienda y Regularización, el director del Infonavit aseguró que a través de la constructora estatal se disminuirían los costos con la adquisición consolidada de materiales y servicios, lo que generará empleos directos e indirectos en cada estado y región del país. (Jared Laureles, La Jornada, Contraportada)
Enfrentamientos, bloqueos y tiroteos han sido el escenario en las últimas horas en Sinaloa, producto de la guerra que tienen las facciones del Cártel de Sinaloa por el control del estado.
La noche de este jueves fueron atacadas las instalaciones del diario El Debate, luego de que sujetos armados y a bordo de automóviles, se aproximaron a las instalaciones del medio de comunicación, accionando por lo menos en 12 ocasiones sus armas.
“Las instalaciones de esta casa editora fueron objeto de un atentado a balazos por parte de sujetos que se desplazaban a bordo de vehículos”, reportó el medio en sus redes.
Pese a que no se reportaron personas heridas, el saldo fue de cuatro automóviles con impactos de bala. (Jorge Butrón, La Razón, P.p.)
El diario El Debate de Sinaloa afirmó ayer que no cederá ante amenazas o actos de violencia, al tiempo que reiteró su compromiso de informar, pues creemos firmemente que la libertad de prensa no es sólo un derecho de los periodistas, sino de toda la sociedad, expresó.
La noche del jueves sus instalaciones en Culiacán fueron atacadas a balazos. Afortunadamente, nuestro equipo está a salvo y los daños sólo fueron materiales.
Sin embargo, la madrugada del viernes describió que, en otro acto intimidatorio, un individuo dejó una pistola de plástico en la puerta de sus oficinas en Guasave. Condenó la agresión y exigió a las autoridades una investigación a fondo, el esclarecimiento del ataque y que se lleve ante la justicia a los responsables de estos y otros atentados.
Quienes actúan desde las sombras intentan sembrar miedo y caos, aseveró; sin embargo, “EI Debate sigue firme en su propósito de informar con integridad, objetividad, y con el más alto rigor periodístico publicamos los hechos comprobables del día a día con imparcialidad y transparencia, conscientes de nuestra responsabilidad con la verdad”. (De La Redacción, La jornada, Contraportada)
Con una bandera nacional monumental desplegada frente a uno de los accesos de la Secretaría de Gobernación, un centenar de integrantes de diversos colectivos y comunidades indígenas realizaron ayer un mitin para exigir un alto a los ataques contra las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En una carta que entregaron a la dependencia y a la que dieron lectura durante la protesta, miembros del Congreso Nacional Indígena, la comunidad otomí, el Congreso Popular de la Ciudad de México y la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, entre otras, apremiaron a que el gobierno federal frene las agresiones que ponen en grave riesgo las vidas de los habitantes del poblado zapatista 6 de Octubre, gobierno autónomo local (GAL), en el municipio de Ocosingo.
El pasado 16 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que el asedio a la autonomía zapatista es continuo, ya que en diversas ocasiones personas desconocidas llegaron a la comunidad, portando armas de distintos calibres, intimidando a las familias del caracol IX de Nuevo Jerusalén.
El poblado es sometido a agresiones y amenazas de las autoridades comunales y pobladores de Palestina bajo la presión del crimen organizado, quienes aseguran tener el apoyo de las autoridades municipales de Ocosingo y del gobierno de Chiapas. (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Contraportada)
Por tercera ocasión, al menos, el Gobierno federal pretende prohibir la venta de comida “chatarra” en las escuelas.
El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo el anuncio ayer en Tabasco, pero el Gobierno quiere prohibir lo que de por sí ya no debería permitirse en todo el sistema educativo.
Desde mayo de 2014, se hizo público en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas.
A instancias de la entonces Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, otro acuerdo se publicó a finales de la Administración de AMLO, para establecer otros lineamientos con los que “deberán sujetarse la preparación, distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel”. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Un año después del principio de la guerra más letal de Israel en Gaza, 54 por ciento de los palestinos expresan apoyo a la decisión de Hamas de lanzar ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron mil 200 israelíes, entre soldados y civiles.
Este apoyo ha sido citado repetidas veces por el gobierno israelí para justificar el asesinato en masa de más de 42 mil palestinos en Gaza durante los 12 meses pasados, entre ellos 17 mil niños, y la destrucción de 70 por ciento del territorio sitiado.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha considerado posible que las acciones de Israel constituyan genocidio, mientras la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como para tres líderes de Hamas, entre ellos Yahya Sinwar (asesinado el jueves), por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Si bien han sido usadas por Israel para justificar la destrucción de Gaza, las actitudes palestinas hacia el ataque de Hamas revelan un cuadro más complejo: ¿qué es exactamente lo que los palestinos apoyan respecto a ese día fatídico? ¿Por qué? ¿Y en qué contexto se da ese apoyo? (Muhammad Shehada, La Jornada, P.p.)
Gaza. Hamas confirmó ayer en un comunicado la muerte de su líder, Yahya Sinwar, y condicionó la liberación de los rehenes a que Israel cese su guerra y al retiro de sus tropas de la franja de Gaza.
Por su parte, las Brigadas Al-Qassam (el brazo armado de Hamas) expusieron en un comunicado que la resistencia continuará y se intensificará hasta que se logren los objetivos legítimos de nuestro pueblo, Khalil al Hayya, el segundo al mando de Hamas, con sede operativa en Qatar y que representó a la organización en varias rondas de negociaciones de alto el fuego, afirmó ayer que Sinwar murió confrontando al ejército de ocupación hasta el último momento de su vida.
Hamas calificó a Sinwar de héroe por no retroceder, blandir su arma, participar y confrontar al ejército de ocupación al frente de sus tropas, mensaje que parecía referirse a un video que hizo circular el ejército israelí sobre los aparentes últimos momentos de Sinwar, en el que se ve a un hombre sentado en un sillón en un edificio, gravemente herido y cubierto de polvo, señaló la agencia informativa Ap; en las imágenes se aprecia que el hombre levanta la mano con un palo contra un dron israelí que lo videograba. Intentó escapar y nuestras fuerzas lo eliminaron, fue la versión del vocero militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari. (Xinhua, Ap, The Independent, Reuters, Sputnik y Afp, La Jornada, P.p.)
La Habana., Cuba sufrió ayer una caída total del sistema eléctrico a raíz de la salida de servicio de su principal central termoeléctrica, informó el ministerio de Energía y Minas, y se declaró en emergencia energética, con buena parte de su territorio en la oscuridad.
La salida de servicio de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en la occidental provincia de Matanzas provocó una falla total en la red del país que dejó a aproximadamente 10 millones de personas sin electricidad.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que está muy incipiente todavía el proceso de restauración, pero ya en estos momentos tenemos un nivel de generación de energía que servirá para arrancar las termoeléctricas y las plantas flotantes en varias regiones del país.
Horas antes, el presidente Miguel Díaz Canel señaló en la red social X que la principal causa de la emergencia energética fue el arreciamiento de la guerra económica y persecución financiera y energética de Estados Unidos por el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962. (Afp, Reuters y Xinhua, La Jornada, Contraportada)