Cd. de México (20 abril 2023).- El Presidente pretende ignorar y minimizar las revelaciones de Guacamaya Leaks, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca un resguardo informático y pide una millonada.
La Sedena admitió que sus equipos informáticos están en estado crítico y con rezagos que ameritan una inversión para el resguardo de información del Estado mexicano.
La Dirección General de Informática del Ejército solicitó 3 mil 900 millones de pesos para incrementar las capacidades de su Centro de Almacenamiento de Datos (CAD).
“(Existen) limitaciones en las tareas sustantivas, de seguridad nacional, seguridad pública, ayuda a la población para el cumplimiento de las misiones asignadas a las Regiones Militares”, admitió la Sedena en su diagnóstico de inversión. (Benito Jiménez., Reforma, Ocho Columnas)
Con una denuncia pública de hostigamientos, presión e intimidaciones para resolver este caso, el Tribunal Electoral rechazó invalidar la dirigencia de Mario Delgado en Morena y con ello someter al partido a una renovación interna en medio de la organización de la elección presidencial, pues coincidieron en que éste tiene libertad de establecer sus estrategias políticas y organización rumbo a 2024.
El líder de Morena y la secretaria general, Citlalli Hernández, celebraron que el Tribunal avaló su prórroga para que se mantengan en sus cargos hasta 2024.
“Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional; hemos trabajado incansablemente para que el movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere”, sostuvo Delgado.
A través de un comunicado, destacó que es mucho lo que ha logrado el partido, ya que ahora gobiernan en más de 20 entidades, así como 13 de 29 capitales y las principales ciudades del país. (Silvia Arellano y Jannet López Ponce, Milenio, Ocho Columnas, M. Juárez y C. Arellano, La Razón, Ocho Columnas, Misael Zavala, El Heraldo de México, Ocho Columnas, Fernando Merino y Rafael Ramírez, El Sol de México, Ocho Columnas, Otilia Carvajal, El Universal, P.p. Guadalupe Irisar, Reforma, P.p. Fabiola Martínez, La Jornada, P.p.)
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refrendó que la Guardia Nacional debe ser civil y pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la corporación policiaca mantendrá un mando militar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, a mantener como comandante de la Guardia al general en retiro David Córdova Campos.
En su conferencia matutina, López Obrador dijo que su instrucción busca “no afectar la buena marcha y la consolidación” de la GN, además de reconocer que el militar ha tenido un “buen desempeño”.
Agregó que la Guardia Nacional conservará el sello castrense. “Continuará recibiendo, porque esto no lo impidió la Corte, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en labores de seguridad pública”, destacó. (Isabel González, Excélsior, Ocho Columnas)
Frente a la decisión de la Corte que declaró inconstitucional el paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador citicó que prevalecieron criterios políticos sobre los jurídicos.
Advirtió que la corporación mantendrá un mando militar –su actual comandante, el general en retiro David Córdova Campos–, que sus elementos seguirán siendo capacitados por el Ejército y que al inicio de la próxima legislatura, el primero de septiembre de 2024, enviará una iniciativa de reforma constitucional para insistir en que dependa de la Sedena.
Para lograr ese cambio, “que me importa mucho”, desde la mañanera de ayer llamó a la ciudadanía a no sólo votar por el candidato de la 4T a la Presidencia, sino también por los aspirantes a legisladores de su movimiento, a fin de tener mayoría calificada en el Congreso y así, estimó, esas modificaciones constitucionales puedan aprobarse antes de que termine su sexenio, el 30 de septiembre del próximo año.
Expuso en cinco puntos su posición en torno al fallo del máximo tribunal, que –con los votos de ocho ministros contra tres– invalidó la reforma legislativa con la que se daba a la Sedena el control operativo y administrativo de la GN (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Tras anunciar que no habrá cambios en el mando militar de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar de manera facciosa y política al decidir que ese cuerpo de seguridad no pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
También aseguró que se va a mantener la orientación, la formación profesional y el respaldo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le brinda a la Guardia Nacional (GN) y anunció que presentará, en la parte final de su administración, el próximo año, un nuevo intento de reforma constitucional para que la GN pueda pasar al control del Ejército.
“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional, por su buen desempeño”, señaló el mandatario.
En opinión de López Obrador, los ministros de la Corte actuaron al estilo del expresidente Felipe Calderón, lo que provocó una asociación de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p. N. Gutiérrez e I. Saldaña, El Heraldo de México, P.p.)
Cd. de México (20 abril 2023).- Otra vez AMLO confrontó una decisión de la Corte
Luego que el máximo tribunal del País anuló el martes el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a dejar al General David Córdova Campos como Comandante de la Guardia Nacional.
“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación de acuerdo con lo que se decidió, que mantenga al General Córdoba Campos como comandante de la GN por su buen desempeño”, indicó.
Además, tronó contra la Corte por el fallo y dijo que actuó como Felipe Calderón y Genaro García Luna. (Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
El titular de Gobernación, Adán Augusto López, y los gobernadores de Morena arremetieron contra la Corte por impedir el traspaso del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
El funcionario federal consideró “lamentable que ocho ministros de la Suprema Corte actuaran como constitucionalistas de ocasión (y tuvieran) una decisión con un criterio político y no un criterio jurídico”.
Entrevistado al acudir al Senado, añadió: “Ahora que vayan a la calle y les digan a los ciudadanos, al pueblo de México, el porqué no están de acuerdo en que se construya la seguridad de todos desde una formación, un ejemplo de institucionalidad, como son los miembros de las fuerzas armadas”.
Mientras, en un pronunciamiento conjunto los 21 mandatarios locales de ese partido y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, acusaron que los ministros faltaron a su deber al analizar la ley de manera política. (Silvia Arellano y Alma Paola Wong, Milenio, P.p.)
Ante el rechazo y reticencia de un sector de la bancada de Morena en el Senado para nombrar a los comisionados del INAI, su coordinador Ricardo Monreal, les vaticinó que hay una “alta probabilidad” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorice a ese órgano autónomo sesionar con menos de cinco comisionados por la afectación que genera esa situación a los derechos fundamentales de la población en materia de derechos de acceso a la información y protección de datos personales, consagrados en la Constitución.
En días pasados el INAI pidió a la corte que le permitiera sesionar con cuatro Comisionados.
En un documento que circuló a los senadores de Morena en el Senado, titulado “Consideraciones en torno al INAI”, Monreal les explicó que la falta de comisionados no sólo afecta al órgano autónomo, sino también el desempeño de los sujetos obligados de todo el país y de los órganos garantes locales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en detrimento de los derechos fundamentales.
Detalló que esta situación de un INAI con un pleno incompleto, lleva a los sujetos obligados, (dependencias gubernamentales en su mayoría) a atender las solicitudes de información a través de sus respectivas unidades de transparencia y en caso de que las personas solicitantes se inconformen con las respuestas o falta de ésta , la resolución a esta reclamación quedará pendiente hasta que el pleno del instituto pueda volver a sesionar con quórum legal. (Alejandro Páez, La Crónica de Hoy, P.p.)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para entablar “un diálogo plural, abierto y democrático”, con el objetivo de llegar a acuerdos que favorezcan a la institución.
El Inai externó su preocupación “por las constantes descalificaciones del titular del Poder Ejecutivo y ahora del secretario de Gobernación sobre las funciones de este organismo”.
El pleno del Inai, conformado actualmente por la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena y los comisionados Josefina Román Vergara, Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez, lamentó las descalificaciones y señalamientos en su contra.
Dijeron que descalificar denota desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del instituto y atentan contra su autonomía e independencia. (Claudia Arellano, La Razón, P.p.)
De aprobarse las propuestas de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia administrativa y en el sector minero, se podrían generar nuevas disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá bajo el amparo del T-MEC.
Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC), dijo en entrevista que dichas reformas no brindan certeza jurídica para las empresas nacionales y extranjeras que invierten o busquen hacerlo en el corto y mediano plazo.
“Las reformas administrativas son una iniciativa que viola los tratados comerciales y a la protección de la inversión; afectaría a las empresas que ya invirtieron en México y a las que van a invertir”, aseguró von Wobeser a El Sol de México.
A finales de marzo y a poco más de un año de concluir su gobierno, López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa que busca modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa con las que amplía la posibilidad de que el Estado pueda revocar contratos o licitaciones sin tener que indemnizar a la parte afectada, esto bajo el argumento de defender derechos de la nación. (Diego Aguilar | El Sol de México, P.p.)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó como uno de sus principales ideólogos y referentes al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en la elaboración del contenido de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, que se basa en romper la visión “neoliberal” y “utilitaria” en la educación mexicana.
Esta semana el sociólogo y pedagogo de 82 años de edad fue acusado de acoso sexual por al menos tres investigadoras del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Estos señalamientos fueron considerados válidos por la institución educativa, que decidió suspenderlo de sus cargos.
Como parte de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por este gobierno, la SEP editó el Libro sin recetas para la maestra y el maestro, obra en la que se destaca a De Sousa como una de las referencias relevantes “que han sido pensadas y gestadas desde y para América Latina”.
En el material educativo se indica que en la elaboración se inspiraron “en pensadores mexicanos y latinoamericanos, sobre todo aquellos que parten de la pedagogía crítica, las epistemologías del sur y la educación popular como De Sousa, Paulo Freire, Simón Rodríguez, Adriana Puiggrós y Estela Quintar”. (María Cabadas, El Universal, Ocho Columnas)
México es un país igual de riesgoso para ejercer el periodismo y para personas que vigilan el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Sólo que, según estadísticas de fuentes oficiales, el Estado ha descuidado a unos y puesto más énfasis en otros. La protección para personas que trabajan de manera formal o independiente en medios de información disminuyó en los últimos años de manera sustancial, mientras que los mecanismos para cuidar a activistas pro derechos humanos se duplicaron a lo largo de este sexenio.
Para evidenciar esta política desigual de protección, mientras en el periodo de 2015 a 2018 hubo 2 mil 253 medidas hacia periodistas, de 2019 a 2022 bajaron a mil 618, lo que representa una caída de 28 por ciento. Eso afecta, por ejemplo, a un menor número de escoltas y acompañamientos, inmuebles con infraestructura suficiente, botones de asistencia, patrullajes o números de contacto para emergencias.
En 2015 el número de medidas de protección para periodistas ascendía a 467. En 2021 disminuyó a 459 pero en 2022 la caída fue mayor: sólo se dieron 127 medidas. Casi la mitad de los agresores son servidores públicos como gobernantes, policías o militares.
En cambio, de acuerdo con información generada en la Secretaría de Gobernación (Segob), las cifras de medidas de protección ordinarias otorgadas a defensores de derechos humanos han aumentado –si bien ligeramente– en este sexenio, comparadas con el anterior. De 2015 a 2018 se otorgaron 2 mil 116 medidas, y de 2019 a 2022 fueron 2 mil 208. Fue notable que en 2019 el número de medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección tuvo un récord de mil 24. (Guillermo Rivera, Milenio, P.p.)
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presidencial para tipificar el delito de desvío e importación de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, así como sancionar la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.
La propuesta de reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, busca agregar atribuciones a la Guardia Nacional, así como a las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, para detectar y evitar el desvío de precursores químicos.
El presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes (Morena), señaló que con esta iniciativa se fortalecen las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de precursores químicos para asegurar su correcta disponibilidad para uso médico y científico”, pero también se combate el tráfico de drogas (Alma E. Muñoz y Enrique Méndez, La Jornada, Contraportda)
Cualquier licencia de conducir emitida en México debería cumplir requisitos mínimos para que se reconozca como documento oficial, sobre todo para que avale la identidad de la persona y su capacidad para conducir un vehículo motorizado, ya sea particular o de carga, coincidieron autoridades del ramo, tanto estatales como federal, así como de expertos, representantes de la iniciativa privada y legisladores que participaron en el foro La licencia de conducir en México.
Una de las preocupaciones centrales expuestas fue que hay municipios, claramente detectados, en estados como Guerrero y Quintana Roo que otorgan licencias sin ningún tipo de control, ni siquiera con una verificación de que la persona es quien dice ser y sin recopilación de datos mínimos sobre la misma. Lo peor es que estas licencias son válidas en todo el territorio, lo que se convierte en un riesgo a escala nacional.
La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados que preside el emecista Salomón Chertorivski, reunió por ello a funcionarios federales, secretarios estatales de Movilidad y de Transporte de Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Aguascalientes, además de titulares de oficinas donde se expiden licencias de conducir, y a expertos de la iniciativa privada que hablaron del problema de seguridad vial y ciudadana al existir estas licencias que se obtiene con criterios laxos.
Chertorivski, desde el año pasado, pidió voltear a ver qué pasa con este tema en México, señala para iniciar que esto es parte de las medidas para poner en “ceros” las muertes provocadas en accidentes viales evitables, “este foro nos refrenda la gran necesidad que hay en el país de contar con criterios homogéneos para expedir la licencia de conducir”. (Eloísa Domínguez, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
Con la frase “gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso”, la escritora Elena Poniatowska resumió su sentir ayer que recibió la Medalla Belisario Domínguez, en el salón de sesiones de la Casona de Xicotencátl, antigua sede del Senado.
Ataviada con un elegante huipil rojo con amarillo, el mismo que usó cuando fue galardonada con el Premio Cervantes en abril del 2014, la también periodista, luego de recibir la presea, quiso devolver el honor con la que consideró, la palabra “más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio, dos sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto: Gracias, gracias a México”.
Confesó que “después de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan, muchos recuerdos zumban en mí como abejas, me repito en voz baja que hoy ustedes senadores de la República me conceden la Medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada”.
Belisario Domínguez sería el más feliz de saber que se le entrega la medalla a una mujer que siempre ha hablado libremente y con absoluta convicción, que se ha distinguido porque lo que dice es lo que piensa (Adriana Roche, La Razón, P.p. Misael Zavala, El Heraldo de México, P.p. A. Becerril y Georgina Saldierna, La Jornada, Contraportada)
Las exportaciones de productos agrícolas de Brasil a México registraron un crecimiento interanual de 61.2% en 2022, a 1,706 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía brasileño.
Brasil es el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo, superado por Estados Unidos, mientras que México es el principal destino de las ventas externas brasileñas de estos bienes en América Latina.
Un impulsor de las compras de productos primarios brasileños fue el Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) del gobierno de México, que inició el 4 de mayo de 2022.
En su primera etapa, el Pacic estableció la suspensión durante seis meses de los aranceles a la importación de 21 de los 24 productos que componen la canasta básica (aceite de maíz, arroz con cáscara, leche, carne y aves de corral, etc.) y cinco productos básicos para la transformación de alimentos (harina de maíz, trigo y harina de trigo, entre otros). (Roberto Morales, El Economista, Ocho Columnas)
Para efectuar la compra de 13 plantas eléctricas a la española Iberdrola, el gobierno mexicano cuenta apenas con 20% de los recursos necesarios, por lo que precisa levantar el resto a la brevedad entre inversionistas institucionales, bancos e inversionistas en general, de acuerdo con lo explicado este miércoles por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.
El funcionario acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tribuna desde la cual confirmó que la operación anunciada a inicios de este mes asciende a 5,943 millones de dólares, monto equivalente a unos 111,500 millones de pesos.
Apoyado en una presentación electrónica, el secretario explicó que, de esa cantidad, 45,000 millones de pesos (40%) se obtendrán a través de una aportación de capital de riesgo del gobierno, mientras que 66,500 millones de pesos (el restante 60%) se buscarán a través de financiamiento de la banca y el mercado.
“La aportación de capital de riesgo será de 40% y el financiamiento de 60%; financiamiento posible porque las plantas ya generan sus propios ingresos”, expuso en su presentación ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. La operación se pagará a 10 años, según detalló. (Karol García, El Economista, P.p. Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Contraportada)
Manifestantes increparon ayer en el Casino de Mexicali a los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y su presencia fue calificada de no grata, durante la “conferencia magistral” que impartieron a los agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local con costo de recuperación de mil 500 pesos por persona.
Encabezados por Aracely Piña, activista en pro del agua y simpatizante de Morena, los inconformes consiguieron que se les permitiera hablar antes de la exposición programada y reclamaron la poca credibilidad del INE, además de considerar no gratos a los ex funcionarios.
Los activistas que estuvieron en la Coparmex formaron parte del grupo Mexicali Resiste, que no olvida la negativa de la autoridad electoral para realizar una consulta popular sobre la presencia de la planta cervecera Constellation Brands.
El INE en Baja California consideró que la consulta no era relevante, aunque el movimiento recopiló las firmas exigidas para el ejercicio democrático. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que lo realizara la Secretaría de Gobernación y triunfó el rechazo, y la cervecera recibió la orden de retirarse. (Mireya Cuéllar, La Jornada, Contraportada)
En 2022, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) becó a 2 mil 480 estudiantes para cursar alguna maestría, doctorado o especialidad en el extranjero, lo que representa una caída de 40% con respecto al 2018 cuando se entregaron 4 mil 91.
Según el padrón de beneficiarios del Conacyt, ésta es la mayor disminución de becas otorgadas en la administración al extranjero, pues en 2021 se dieron 2 mil 805, en 2020, 3 mil 709, y en 2019, 4 mil 93.
Las becas para estancias posdoctorales al extranjero también sufrieron un desplome al pasar de 490 en 2018, a 74 en 2022, lo que significa una reducción de 84.8%
En cuanto a las estancias sabáticas en instituciones nacionales y del extranjero se registró una disminución de 57.7 entre 2018 y 2022 al pasar de 265 a 112. (Pedro Díaz, Excélsior, P.p.)
Extorsionadores han doblegado tanto a dueños de comercios establecidos como a personas que trabajan en la vía pública en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Desde los voceadores hasta los vendedores de bebidas, dulces o cigarros e incluso, los limpiaparabrisas tienen que pagar para poder ocupar un espacio en cruceros y camellones.
Las “cuotas” son fijas y van desde los 10 pesos diarios hasta los 50 o 70 a la semana por persona.
Los afectados denuncian a dos organizaciones que operan sin que las autoridades intervengan en vialidades principales, como Eje 8 Sur- Calzada Ermita Iztapalapa, Periférico Oriente-Canal de Garay, Eje 6 Sur-Trabajadores Sociales, Eje 5 Oriente-Javier Rojo Gómez y Calzada Ignacio Zaragoza.
Una de ellas se autodenomina Unión de Mujeres de Oriente, aunque los comerciantes aseguran que en realidad la integran hombres ligados con una célula de delincuentes, en su mayoría de origen colombiano, conocida como “Los Pacos”. (Elthon García, Reforma, P.p.)
En marzo del 2023, el 62.1 por ciento de la población mexicana mayor de 18 años consideró vivir insegura en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, y las ciudades con mayor porcentaje de población que se consideraron inseguras por sus habitantes son Fresnillo (96 por ciento), Zacatecas (94.3 por ciento) y Naucalpan de Juárez (88 por ciento).
Respecto a la encuesta realizada en diciembre del 2022, Fresnillo bajó en su percepción de inseguridad 1.7 puntos y Naucalpan lo hizo 1.7, mientras que Zacatecas aumentó un punto.
Por el contrario, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron San Pedro Garza García (18.3 por ciento), Benito Juárez (19.4 por ciento), Piedras Negras (19.9 por ciento), Los Cabos (22.7 por ciento), Saltillo (23.9 por ciento) y Tampico (24.1 por ciento).
Los espacios públicos en donde la población mexicana percibió mayor inseguridad son el cajero automático en la vía pública (72.9 por ciento), transporte público (65.2 por ciento), banco (55.9 por ciento) y las calles que habitualmente usa (54.4 por ciento). (Jorge Butrón, La Razón, P.p.)
Uno de cada cinco adultos estadunidenses ha tenido un familiar que murió por arma de fuego, según un sondeo, estadística que ofrece la dimensión de la violencia por armas sin igual entre los países supuestamente “avanzados”.
Más aún, uno de cada seis estadunidenses ha sido testigo de un tiroteo; entre afroestadunidenses esa estadística es uno de cada tres y entre latinos uno de cada cinco, según el sondeo nacional realizado por el Kaiser Family Foundation. Uno de cada cinco dice que ha sido personalmente amenazado con una arma.
Ante la prevalencia de la violencia de armas en Estados Unidos, el sondeo registró que la gran mayoría de residentes del país no se sienten seguros: 51 por ciento de los adultos respondieron que los delitos, heridos y muertes por armas de fuego son una “amenaza constante” o una preocupación grave en sus comunidades, y esa cifra es mucho más elevada entre los afroestadunidenses y latinos encuestados, llegando a 62 por ciento. La vasta mayoría indica que a diario se preocupan de que una persona cercana será víctima de violencia con armas; entre afroestadunidenses y latinos uno de cada tres dice que es una preocupación diaria.
A la vez, el sondeo registra que 44 por ciento de padres con hijos menores de 18 años informaron que tienen un arma de fuego en la casa. Uno de cada cuatro adultos reporta que vive en un hogar con un arma de fuego. (David Brooks y Jim Cason, La Jornada, Ocho Columnas)
Los mandatarios de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) llegaron ayer a un acuerdo en torno a un plan para prohibir las armas de asalto, la mayoría de las cuales son fabricadas en Estados Unidos, con el fin de frenar el aumento en la violencia y el contrabando de armas en el bloque de 15 naciones.
La decisión se tomó al término de una cumbre de dos días sobre delincuencia que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago. Las prohibiciones requerirían una combinación de trabajo legislativo y cambios en la normativa sobre licencias.
Los dirigentes caribeños habían convocado a una mesa redonda para debatir el tema en medio de las quejas de varios gobiernos sobre el aumento de la violencia de las pandillas, impulsada por la disponibilidad de armas de alta potencia de tipo militar que se trafican principalmente desde Estados Unidos. Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Santa Lucía y Barbados se han quejado del aumento de los asesinatos con armas de fuego en los últimos años (AF, La Jornada, P.p.)
Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadunidense (DEA), bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a antiguos colegas, revelaron a la agencia de noticias Ap personas con conocimiento de la pesquisa.
Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia hay uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas; trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos (AP, La Jornada, P.p.) . (Redacción, Excélsior, P.p.)