Luis Videgaray, secretario de Hacienda y canciller en el sexenio anterior, aseveró que las acusaciones “son absurdas, inconsistentes, temerarias y falsas”. En una carta que publicó en Twitter, sostuvo que se trata de una “venganza política” con la que Lozoya busca evadir la justicia. También dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades por los dichos del extitular de Pemex.
Desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal debido al mal manejo financiero de Pemex”, indicó.
En tanto, Felipe Calderón afirmó que “no se puede andar acusando a lo tonto” y descartó contratar abogados para defenderse.
Ricardo Anaya presentó una demanda por daño moral contra el exdirector de Pemex y Ernesto Cordero reiteró que nunca recibió dinero de Lozoya y que las acusaciones contra él son falsas y sin sustento. (Héctor Figueroa, Excélsior, P.p. Redacción, La Jornada, P.p.)
Un general y dos personas muertas forman parte del bloque de testigos que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que presenciaron diversos momentos clave del entramado de sobornos que, denunció, era encabezado por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
El funcionario detalla, en su denuncia filtrada la víspera, que el general Roberto Miranda, exjefe del Estado Mayor Presidencial, atestiguó en 2012 una reunión entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht en la casa del empresario en Sao Paulo, Brasil.
También menciona que Fabiola Tapia, socia de Odebrecht, y su jefe de ayudantes, José Velazco, fallecidos en mayo de 2014 y diciembre de 2013, respectivamente, atestiguaron el trasiego de efectivo para sobornar legisladores.
Para acreditar sus dichos, se comprometió a presentar como testigos a su secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo; Francisco Olascoaga, exjefe de departamento en Pemex, y Norberto Gallardo, miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su jefe de escoltas. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
Cd. de México (21 agosto 2020).- Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió en 2015 dinero en efectivo, envuelto en bolsas y sobres para campaña, según dos videos y un audio difundidos por Latinus, sitio del periodista Carlos Loret de Mola.
La persona que le entregó el dinero fue David León, ex Coordinador Nacional de Protección Civil y recientemente nombrado titular de la nueva distribuidora de medicamentos del Gobierno federal.
En uno de los videos, que habría sido grabado por el propio David León en 2015, según la versión de Loret, se ve al hermano del Presidente recibiendo, en el dicho del propio León, una bolsa con un millón de pesos para apoyar al “movimiento” (presuntamente Morena) en Chiapas, donde radica y ha hecho actividad política Pío López Obrador.
David León se desempeñaba entonces como asesor en el Gobierno de Manuel Velasco.
En la conversación, León solicita que le transmita el mensaje “al licenciado” de que se le apoya para “el 2018”. (Redacción, Reforma, P.p. Redacción, El Universal, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los ciudadanos a que lean la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex –y que fue filtrada en medio del proceso que se le imputa–, para que se conozca la forma en que se perpetraron desfalcos en administraciones anteriores, ya que el pueblo se cansa de tanta pinche transa.
Tras calificar el caso de tragicomedia y una situación escandalosa, indicó que el documento es auténtico, pero no significa que todo sea cierto, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar lo que ahí se señala y llamar a declarar a todos los involucrados.
En el caso de los tres ex presidentes a quienes menciona el ex director de Pemex (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari), insistió en que debe hacerse una consulta, y atajó que no busca que se piense que yo soy el verdugo; ahora sí que, ¿yo por qué?
Durante su conferencia matutina de ayer, que se realizó en Zacatecas, el mandatario se refirió a la denuncia que presentó Lozoya Austin y apuntó que comenzó a leer el documento que circula en redes sociales, sin haberlo concluido hasta ayer por la mañana. Expresó que se trata de un caso más fuerte que una serie de televisión y una denuncia grave. (Redacción, La Jornada, P.p.)
Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción, al mantener un modus vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus ingresos.
De acuerdo a las investigaciones que acaba de iniciar la UIF y a las que MILENIO tuvo acceso, el sistema financiero detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro ex legisladores, cercanísimos a Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de “senadores rebeldes”.
Aunque las indagatorias de la UIF no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle también aparecen en la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como presuntos responsables de recibir fuertes sumas de dinero para aprobar la reforma energética. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p.)
Además de la reducción de precios del etanol en favor de la empresa Braskem (filial de Odebrecht), a sabiendas de que Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaría afectada, durante el gobierno de Felipe Calderón la compañía sudamericana obtuvo préstamos por 400 millones de dólares a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que sirvieron para afianzar la inversión que la constructora realizaría en Etileno XXI, señala la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, ex director de la petrolera mexicana, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex funcionario refiere que le llamaba la atención saber qué tenían el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en cuanto a la negociación de Pemex con Braskem, cuando en términos de importancia para la empresa del Estado no representaba ni siquiera 0.5 por ciento de la totalidad del presupuesto anual de inversiones.
En la página 46 del documento señala que Nafin prestó (a Braskem) 280 millones de dólares y Bancomext otros 120 millones, y agregó que además de esos créditos es de dominio público que el Banco Interamericano de Desarrollo le concedió un crédito de hasta 600 millones de dólares. (Gustavo Castillo y Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría de seis votos contra uno, desechar la petición de prórroga hasta 2021 solicitada por el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para posponer las elecciones internas de ese partido. Además, aprobó que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea quien organice la renovación de la dirigencia, mediante encuesta abierta a la ciudadanía.
De acuerdo con la sentencia, la elección deberá de ser abierta a militantes y simpatizantes, mientras que el método será determinado por los consejeros del INE, quienes tendrán “45 días naturales a partir de la notificación de la resolución”, para concluir el proce-so interno.
“El INE se deberá encargar de la realización de la encuesta nacional abierta a la militan-cia y simpatizantes del partido, para la elección de dichos cargos. Será una encuesta abierta a la ciudadanía bajo el método y condiciones que libremente determine el INE”, señala el Tribunal.
El sondeo abierto, reitera el mandato, se deberá entender como aquel que se realice entre la ciudadanía respecto de personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena, dado que el propio partido ha falta de certeza y confiabilidad con un padrón diverso al previamente validado por el INE, “además que en ella podrá participar como candidato cualquier militante que cumpla los requisitos estatutarios, salvo el de ser consejero nacional”. (Antonio López, La Razón, P.p. Redacción, La Jornada, Contraportada)
Se prevé que a partir de marzo de 2021 esté lista para su aplicación en México la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, informó Alfredo Rimoch, director general de los Laboratorios Liomont, responsable de su producción en América Latina en colaboración con la empresa biotecnológica argentina mAbxience, la cual enviará a nuestro país la sustancia activa del biológico a partir de diciembre próximo.
En tanto, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que se está a la espera de recibir más de 2 mil dosis para iniciar en México la aplicación de la fase tres del ensayo clínico del proyecto de la vacuna rusa Sputnik V, y destacó que hasta la fecha el país participa en seis ensayos clínicos –dos con China, dos con Estados Unidos, uno en alianza Francia-Inglaterra y con Rusia– para la obtención de la inmunización contra el Covid-19.
Indicó que se analiza con la Secretaría de Salud de qué tamaño tiene que ser el protocolo para la fase tres del ensayo clínico de la vacuna rusa, y adelantó que en septiembre próximo se aplicarán más ensayos clínicos fase tres, uno de ellos con los laboratorios Johnson & Johnson. (Laura Poy Solano, La Jornada, P.p.)
Cd. de México (21 agosto 2020).- Ahora resulta que ninguno de los políticos acusados por Emilio Lozoya recibió sobornos de Odebrecht.
El ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó haber orquestado la recepción y entrega de sobornos, y promovido contratos ilegales que derivaron en millonarios daños patrimoniales para Pemex.
Desde Cambridge, Massachusetts, Videgaray advirtió que responderá jurídicamente.
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, planteó.
El ex senador del PRI, David Penchyna, negó ser enlace para repartir pagos por la reforma energética.
“No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya está mintiendo para salvarse de la cárcel”, señaló. (Claudia Guerrero y Mayolo López, Reforma, P.p.)
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un avance mínimo en materia de prevención y combate de estos ilícitos, de acuerdo con los últimos resultados del Basel AML Index, elaborado por el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza.
De acuerdo con la metodología aplicada por dicho organismo, la calificación otorgada a cada país evaluado se basa en: calidad del marco jurídico contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el riesgo de soborno y corrupción, transparencia y normas financieras, rendición de cuentas, así como riesgos legales y políticos.
Según los resultados del Basel AML Index 2020, México se ubicó en el lugar 68, de una lista de 141 países, con una calificación de 5.2, donde 10 representa el riesgo más alto. Prácticamente, es la misma calificación que ha registrado el país en las evaluaciones del Basel AML Index tanto del 2018, donde obtuvo una calificación de 5.13, como del 2019, donde registró 5.17. (Fernando Gutiérrez, El Economista, P.p.)
Omar y Federico, dos cafeteros en triciclos, no sólo enfrentan los embates económicos de la contingencia sanitaria por Covid-19, sino que, acusaron, deben pagar “rentas” para seguir vendiendo en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, de lo contrario, las autoridades les decomisan sus pertenencias.
De acuerdo con sus testimonios, así como el de otros comerciantes en triciclos, cada semana tienen que dar una cuota para que las autoridades de la demarcación los dejen trabajar; y no solamente eso, también contaron que quienes venden en la zona de Polanco han tenido que pagar “derecho de piso” a la policía capitalina.
Lo comerciantes señalaron que los montos varían dependiendo del giro; por ejemplo, un cafetero da 100 pesos, algunos hasta 200 a la semana.
Además, para que policías capitalinos no los quiten, desembolsan 50 pesos diarios. (Kevin Ruiz, El Universal, P.p.)
Por falsear información dolosamente para obtener un contrato de publicidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, que publica la revista Nexos, que dirige el escritor Héctor Aguilar Camín.
La sanción establece que durante dos años esa empresa no podrá tener convenios para propaganda oficial o algún otro servicio con instancias gubernamentales y debe pagar una multa por 999 mil 440 pesos.
La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, mandata a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a empresas productivas del Estado y a los estados abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la editorial Nexos por el tiempo que determina la inhabilitación. Funcionarios de la SFP detallaron a La Jornada los documentos falsos con que omitió un adeudo que en ese momento tenía con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). (De La Redacción, La Jornada, P.p.)
El indicador de confianza del consumidor aumentó 2.4 puntos en julio, respecto de junio, con ello se ubicó en 34.4 unidades, reportaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México.
El repunte mensual no logró compensar las caídas que tuvo el indicador antes y durante la contingencia sanitaria que lo llevaron a un paso de su nivel mínimo registrado en enero de 2017. Respecto de julio de 2019, la confianza del consumidor se encuentra 8.9 unidades abajo.
Menor capacidad de compra
De acuerdo con analistas financieros, hay un mayor optimismo en la economía vinculado a la apertura parcial de actividades, a mayor movilidad y a las noticias que comenzaron a surgir sobre los avances en el desarrollo de vacunas. Sin embargo, estos indicadores de confianza apuntan a pérdidas significativas en la capacidad de compra de los hogares. (Dora Villanueva, La Jornada, Contraportada)
Un grupo de hombres armados atacó a Guillermo Alberto Pérez Moreno, coordinador Operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, quien más tarde falleció en un hospital. El atentado provocó una gran movilización policiaca en las inmediaciones de las oficinas del funcionario, cerca de la Feria Nacional Potosina, en el sur de la capital del estado.
En tanto, Gonzalo N, comandante de la policía municipal de Acatepec, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, fue ejecutado cuando era trasladado en una ambulancia a Chilpancingo. En Jalisco, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Encarnación de Díaz, Germán López Serrano, fue ultimado de ocho tiros.
Pasadas las 11:40 horas, Pérez Moreno circulaba en su automóvil, un Volkswagen Jetta blanco, por la calle San Miguel y avenida Juárez, en la colonia Tepeyac de la capital potosina. Se aproximaba a la sede de la FGR cuando los ocupantes de una camioneta gris le cerraron el paso y abrieron fuego en su contra.
Los pistoleros (la autoridad no precisó cuántos) hirieron de muerte al funcionario federal, de 55 años de edad, quien, con tres lesiones, dos en el tórax y una en el cuello, fue trasladado al hospital Lomas, pero horas más tarde murió. (De Los Corresponsales, La Jornada, Contraportada)