Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó cuando despegaba del Aeropuerto Nacional El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en los límites con la capital, Xalapa. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que sus seis tripulantes, todos militares, fallecieron.
El accidente ocurrió a las 9:45 de la mañana de ayer, cuando la aeronave, un Learjet 45XR, con matrícula 3912, intentó despegar de la terminal veracruzana rumbo a Villahermosa, Tabasco, pero no logró tomar altura; se estrelló al terminar la pista y estalló en llamas.
La Sedena también informó que serán la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la dependencia junto con Inspección y Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea las instancias que harán los peritajes para conocer las causas del percance.
De acuerdo con la bitácora del avión, al mando estaban el piloto Germán Flores y el copiloto Aldo Miranda, ambos con licencia de vuelo castrense.
En un comunicado, la Sedena lamentó la muerte de sus elementos y expresó condolencias a los familiares. Aseguró que verificará que se otorguen los beneficios que por ley correspondan a sus derechohabientes, así como el acompañamiento necesario para apoyarlos en todas sus necesidades durante este difícil momento. (Eduardo Murillo y Eirinet Gómez, La Jornada, Política, P.p)
(Jocelyn Estr Ada y Rubén Mosso, Milenio, Política, P.p)
(Roxana Aguirre, Excélsior, P.p)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal.
En una informe de desempeño, parte de la revisión de la cuenta pública 2019 que se entregó el sábado ante diputados, el órgano fiscalizador detectó que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza, se resistió al proceso de fiscalización –al argumentar la suspensión de labores debido al Covid-19–, aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales, y ocultó información de un dirigente sindical, entre otras.
El haberse resistido a la fiscalización, agregó la ASF, resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades.
En la auditoría en la que se evaluó el control interno y la gobernanza de los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, se detectaron irregularidades como la inexperiencia en el personal de la dependencia, falta de claridad en los objetivos que se persigue, así como carencia de elementos para integrar un diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el control interno en la Auditoría. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Mundo, P.p)
El Gobierno de Ciudad de México destacó la reducción de 52 por ciento en los delitos de alto impacto, al pasar de 5 mil 237 en enero de 2019 a 2 mil 510 en enero de 2021.
En homicidio doloso, entre enero de 2019 a enero de 2021 hubo un decremento de 16.4 por ciento; el promedio diario fue de 4.4 homicidios en enero 2019; en 2020, de 3.5, y en 2021, de 3 por ciento, informaron autoridades.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la reducción en la incidencia delictiva es posible gracias a la atención de las causas que generan la violencia, el mejoramiento y fortalecimiento de la policía, así como la coordinación con las autoridades de seguridad federal y local.
“Es una disminución importante, pero el objetivo es disminuir aún más, como lo dijimos cuando entramos al gobierno, el objetivo es una ciudad segura y en eso trabaja todos los días el gabinete de seguridad; de mi parte hago un enorme agradecimiento al equipo que lo compone”, señaló.
De enero 2020 a enero 2021, el robo de vehículo con violencia disminuyó 41 por ciento; el robo a cuentahabiente, 39 por ciento, y el robo a casa habitación, 42 por ciento, posteó en redes sociales.
Sheinbaum adelantó que el próximo 25 de febrero presentará el informe sobre violencia de género 2020, previo a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
El coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego, informó que los delitos de alto impacto en la capital disminuyeron 52.1 por ciento si se compara enero de 2019 con enero de 2021. De acuerdo con las gráficas, los datos de enero de 2021 son preliminares y se encuentran en proceso de validación final. (Alma Paola Wong, Milenio, Política, P.p)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, mostró resistencias durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 e incluso impidió el acceso a sus instalaciones y archivos.
En un inusual informe sobre el proceso de revisión, el órgano fiscalizador indicó que, además, funcionarios de la SFP se negaron a comparecer y a entregar información para un expediente de investigación en contra de un líder sindical, al que no identificó.
“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencia al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”, apunta el informe.
La Secretaría a cargo de Sandoval impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias con el pretexto de la suspensión de labores por la pandemia, expuso.
“Esto a pesar de que las actividades de revisión de la Auditoría durante el periodo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación durante el ejercicio fiscal 2020”.
“La posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal tiene entre sus facultades”, acusó.
Parte de lo que la ASF auditaba eran los procesos de coordinación implementados por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, por delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos Internos de Control para eficientar el control interno de la Administración Pública Federal (APF) y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En esas condiciones, dice el informe, la SFP no acreditó si implementó o no los mecanismos de coordinación y control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y de las metas de las dependencias y entidades de la APF, ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en áreas que son proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.
Lo que sí se encontró, adelantó, fueron irregularidades y deficiencias en procesos de contratación y gestión profesional de servidores públicos que ocupan plazas en la coordinación de órganos de vigilancia. (Martha Martínez, Reforma, P.p)
En su primer año de operaciones, el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) causó un posible daño al erario por 3 mil 396 millones de pesos, señaló la ASF
La Auditoría documentó pagos a personal fantasma, compras no acreditadas de trigo, maíz y frijol y pagos en exceso por servicios, entre otras irregularidades.
Además, Segalmex no aclaró el pago de gastos de operación y no registró recepción de materiales.
Por ejemplo, no han sido comprobados 295.4 millones de pesos por el Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales, que se refiere a la subcontratación de personal que proporcionan conjuntamente seis empresas.
No se entregaron áreas de ubicación del personal, reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina timbrados, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados y órdenes de servicios.
Tampoco se proporcionaron los documentos que amparen la compra de trigo panificable por 516.1 millones de pesos.
En el rubro “Inventarios de maíz y frijol” no se acreditó la existencia física de mil 496.2 millones de pesos de esos productos.
Selgamex es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura, creado en enero de 2019 para hacerse cargo tanto de la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía como de coordinar importaciones, promover el acopio y abasto de alimentos básicos, e incluso se hacer cargo de comprar y distribuir fertilizantes.
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de bienes y servicios, para verificar que los procesos de programación, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, se concluye que, en términos generales, Seguridad Alimentaria Mexicana, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, concluye la ASF sobre el organismo dirigido por Ignacio Ovalle.
En la revisión a los gastos del 2019, se detectó que la cantidad de 295.4 millones de pesos no han sido comprobados en la prestación del Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales, subcontratación de personal, proporcionado conjuntamente por seis empresas.
Segalmex no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara el cumplimiento de los servicios, con base en los términos estipulados en el contrato CSS/018/2019 y anexos.
En el rubro “Inventarios de maíz y frijol”, el organismo presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por mil 819.5 millones de pesos.
Sin embargo, el organismo sólo pudo presentar los inventarios físicos de maíz por 323.3 millones de pesos, por lo que no se acreditó la existencia física de mil 496.2 millones de pesos. (Claudia Salazar, Reforma, P.p)
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se enfila a ser aprobada en la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados legislativos que ven en la propuesta presidencial una forma de poner fin al “periodo de saqueo y de la política neoliberal que tanto afectó al sector energético del país”.
La propuesta, que ya fue aprobada en comisiones y está previsto que sea discutida mañana en el pleno, no requiere de mayoría calificada para ser aprobada.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, subrayó que las modificaciones propuestas por el Presidente establecerán un piso parejo para los participantes en la generación de energía. Además, consideró que permitirán recuperar la soberanía energética nacional.
“No se va a generar un monopolio de la CFE, ya que, de conformidad con el artículo 28 constitucional, se establece que no se consideran como monopolio las áreas estratégicas sobre las que el Estado ejerce la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”, indicó el diputado morenista. (Aurora Zepeda, Excélsior, P.p)
Ante la inminente aprobación, sin modificaciones por parte del Legislativo, de los cambios en el sector eléctrico promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 41 mil 904 millones de pesos de recursos de las Afore invertidos a través de bonos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se verían impactados, en un efecto que llevaría a minusvalías o menor apetito de inversionistas.
De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), enviado al Congreso, la cifra incluye mil 752 millones de pesos invertidos a través de Eurobonos emitidos por la CFE, con lo que hay mucha expectativa sobre cómo recibirá el mercado los cambios en el sector eléctrico que se aprobarán por el Legislativo.
En el pasado parlamento abierto sobre la iniciativa preferente para modificar la ley eléctrica en México, el vocero de las empresas generadoras de energías solar y eólica en México, Julio Valle, alertó sobre los efectos que podría tener en activos financieros los cambios a la legislación en materia eléctrica, los cuales no afectarían sólo a activos invertidos en el sector privado.
“La inversión privada en el sector eléctrico no solamente contiene recursos de capital privado, también cuenta con recursos de la banca de desarrollo y de las Afore, tanto nacionales como internacionales, por lo que la banca nacional e internacional, sea comercial como de desarrollo, tendrían afectaciones directas por esta iniciativa”, aseguró el especialista. (Antonio Hernández, El Universal, P.p)
Autoridades de la policía capitalina identificaron 12 bandas delictivas que son consideradas como las principales responsables de delitos como homicidio doloso, cobro de piso, extorsión y venta y distribución de droga.
De acuerdo con el trabajo de inteligencia, de esas organizaciones se desprenden 20 células delictivas que se ubican en diversas alcaldías de las cuatro zonas de la Ciudad de México.
El documento refiere que ya no hay presencia del cártel de La Anti-Unión Tepito, que durante muchos años operó y que en la disputa por el territorio dejó decenas de muertos.
El golpe a los cárteles por parte de las autoridades capitalinas generó que actualmente 12 organizaciones delictivas se disputen las calles de la Ciudad de México por el control de la venta y distribución de droga, cobro de derecho de piso y homicidios, además de la extorsión.
De esas bandas se desprenden 20 células distribuidas en cuatro zonas.
En un mapa delictivo generado por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se revela la lista de las estructuras criminales, en la que ya no figura la Fuerza anti-Unión Tepito, antagonista de La Unión.
Se destaca que los enfrentamientos entre esas bandas criminales desencadenaron hechos violentos como los cuerpos desmembrados abandonados sobre Insurgentes, o el multihomicidio en Garibaldi el 14 de septiembre de 2018, en donde presuntamente sicarios buscaban ejecutar a Jorge Flores Concha, El Tortas, actualmente preso en un penal federal.
Fuentes consultadas por esta casa editorial precisaron que detrás de todos estos grupos y células también encontraron que hay injerencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El documento de la SSC enuLas mera las organizaciones que más violencia generan y las que se dedican al homicidio, extorsión, cobro de derecho de piso y narcomenudeo.
Por ejemplo, en la lista aparece el grupo de El Fabián de La Ronda 88, ligado con La Unión Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, quienes distribuyen drogas y dirigen extorsiones. Una de las zonas donde presuntamente suelen reunirse es el estacionamiento de la Unidad Habitacional Quiroga, en esa demarcación.
En la lista también se encuentran las ocho facciones en las que se dividió La Unión Tepito, las cuales actúan de la siguiente manera: en la zona norponiente que incluye alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, y la zona Centro.
En Azcapotzalco, la facción de La Unión es liderada por El Pegaso; en Miguel Hidalgo se ubica la estructura que dejó El Robert tras ser ejecutado en la colonia Anáhuac; también la de El Kalusha y El Chepe Raider.
Las facciones en la zona Centro son lideradas por El Chori, El Huguito, El Dilan y por Andrés Flores, El Lunares, actualmente preso en un penal federal.
En Miguel Hidalgo otro generador de violencia es la organización que dejó El Balín, ejecutado en el Estado de México, y presuntamente ligado con el CJNG, que se pelean el territorio con El Robert. Este hecho generó tres multihomicidios.
operaciones del CJNG en la ciudad también han desencadenado eventos como la desaparición forzada de los jóvenes Christopher y Karla Ramírez, quienes acudieron al bar El Barquito, lugar en donde el grupo liderado por El 20 comenzó a disparar, esa noche ambos desaparecieron en Azcapotzalco.
El grupo delictivo de El 20 también tiene presencia en Miguel Hidalgo, que tras la muerte de El Balín busca continuar la pelea por el territorio.
Esta casa editorial dio a conocer que los cárteles de Jalisco y de Sinaloa tienen presencia en la capital como distribuidores de armas y droga, para que entre los grupos y células delictivas haya una disputa por las calles.
Información de autoridades federales contaron que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en la capital del país desde hace varios años, pero no para controlar el narcomenudeo, sino porque es la ruta tanto para las drogas como el dinero que generan.
Estos cárteles prefieren tener el control financiero de una plaza como la capital. (Kevin Ruiz, El Universal, P.p)
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha logrado avances en la creación de una vacuna mexicana contra la COVID-19, la cual está en la segunda fase de desarrollo y se prevé que esté lista para su uso en octubre próximo.
Este es el quinto proyecto mexicano para un biológico en el que participan casas de estudios. En los otros cuatro, la UNAM está en dos proyectos (uno con el IMSS y en otro con el Cinvestav); el Tec de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de Baja California y el IPN en uno, y otro es de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
En el caso de Michoacán, se trata de un biológico tipo “mosaico” conformado por diferentes fragmentos de las distintas proteínas del virus. “Armamos una proteína híbrida. Se espera que el sistema inmune del paciente tome esos péptidos y genere anticuerpos”, explicó Alejandro Bravo Patiño, profesor investigador, quien está a cargo de este proyecto.
La ventaja de esta vacuna mexicana frente a las creadas en el extranjero es que, al componerse de diversos fragmentos del virus, tiene mayor posibilidad de ser efectiva frente a mutaciones.
Está prevista la aplicación de una dosis anual por tres años consecutivos para inmunizar de por vida. Su desarrollo, costeado sólo por la universidad, está en la fase 2, en pruebas con animales. En la fase 3 será con humanos y se prevé que en octubre esté el prototipo.
Desde marzo pasado, la UAQ trabaja en la vacuna QUiVAX, cuyo proyecto es liderado por el doctor Juan Joel Mosqueda. Hasta ahora, este biológico tiene un avance lento, debido a la falta de recursos, por lo que han solicitado donativos, e incluso una subasta de obras de arte; han reunido casi tres millones de pesos.
La UAQ va a presentar a la Secretaría de Relaciones Exteriores los avances en el desarrollo de la vacuna, en próximas fechas.
La rectora Teresa García Gasca consideró necesario crear un plan nacional para el desarrollo de vacunas mexicanas. Afirmó que, con los fondos suficientes, la vacuna puede estar lista en un año. (Francisco Nieto Balbino, El Heraldo de México, P.p)
En la Secretaría de Cultura, falta por aclarar destino de $1,707 millones; “en feminicidios, falta estrategia integral”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) costará, por lo menos, 331,996.5 millones de pesos, más del triple de lo estimado por el actual Gobierno Federal (100,000 millones de pesos) porque solamente se había considerado la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos.
En su revisión del ejercicio 2019 también encontró que la información entregada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que estuvo a cargo del proceso, es insuficiente para estimar con mayor precisión el costo total y que no existe un mecanismo para darle seguimiento, el cual era necesario para que el monto no se elevara por encima de lo previsto.
La auditoría incluyó las razones de la cancelación del proyecto de inversión y sus costos económicos, legales y financieros.
En los costos financieros se analizaron, por ejemplo, las estrategias instrumentadas por el grupo para la recompra de una parte de bonos (el grupo hizo una colocación por 6,000 millones de dólares) y la liquidación de los certificados bursátiles de la Fibra-e.
De los 331,996.5 millones de pesos previstos como costo, el 49.3% corresponde a gastos que fueron erogados en el 2019 e incluyen: 70,497.4 millones de pesos de costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 20142018, 50,887.8 millones de pesos por costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0% de los bonos emitidos, y 34,027.2 millones de pesos por la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-e.
El resto del monto estimado por la ASF, 168,455.8 millones de pesos, “son costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso)”.
De acuerdo con el informe de la auditoría, están vigentes dos demandas de arbitraje internacional de la empresa Parsons ante la Corte Internacional de Justicia de la Cámara de Comercio Internacional, por un monto de 1,696.9 millones de pesos.
En dicho contexto, destaca que el GACM no tiene director desde que en noviembre del año pasado renunció a su cargo Gerardo Ferrando Bravo, quien por cierto hasta ayer por la noche aparecía aún en el sitio web del grupo con el puesto que tenía.
Una costosa cancelación
En noviembre del 2015, un año después de que inició la construcción del NAICM, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, presentó su propuesta para construir un aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía y conservar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en lugar de seguir con el proyecto de Texcoco.
Luego de ganar la elección Presidencial, en 2018, instruyó a Javier Jiménez Espriú, posteriormente titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a realizar las tareas necesarias para la cancelación.
Dicho funcionario, que también renunció a su cargo el año pasado, presentó en abril del 2019 el documento Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, en donde refirió la cifra estimada y que hoy se estima será mayor.
“La decisión de la cancelación debió asumir un costo que se ha estimado en 100,000 millones de pesos, 60,000 millones ya erogados y 40,000 millones por gastos no recuperables, que en virtud de los resultados de las negociaciones y por el aprovechamiento de materiales y equipo existentes, debería resultar menor. Por el contrario, el continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto, habría requerido una inversión del orden de 400,000 millones de pesos”, quedó escrito en el documento. Finalmente, ese monto fue rebasado.
Ante la falta de una metodología para dar seguimiento a la cancelación, la ASF sugirió incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un apartado que regule el procedimiento para llevar a cabo la cancelación de los programas y proyectos de inversión que son registrados ante la SHCP, en el cual se establezca la obligación de elaborar una evaluación económica, que incluya las causas y motivos de la cancelación. (Alejandro de la Rosa, Economista, P.p)
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica puede ser un elemento que genere incertidumbre entre la comunidad de inversionistas, pero el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo que la iniciativa presidencial no representa un freno para las inversiones, ya que hoy en día el principal elemento de preocupación está relacionado con la pandemia.
En entrevista con Guillermo Ortega para El Financiero Bloomberg, el funcionario consideró que la iniciativa de reforma y los apagones que padecieron entidades y empresas en días pasados, reflejan que se debe hacer un replanteamiento del sector energético, por lo que es bienvenido el diálogo con los actores involucrados.
El funcionario también defendió los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y negó que las ayudas fiscales se vayan a “un hoyo negro”. Asimismo, se dijo confiado de que el país alcanzará un crecimiento de 4.6 por ciento en 2021 y de la estrategia de vacunación que proyecta tener en junio a 80 millones de mexicanos inoculados.
Cuestionado sobre si le preocupa que la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica puede generar incertidumbre entre inversionistas, Herrera aseguró que cualquier elemento que genere incertidumbre le preocupa, y por eso, parte de su responsabilidad es explicar la iniciativa en los espacios de discusión que se han propiciado en los últimos días.
“Dicho lo cual, yo creo que estos no son los principales frenos a la inversión hoy, el principal freno para la inversión hoy es la pandemia y ya vamos de salida en México y en el mundo, pero la pandemia sí generó una incertidumbre brutal (…) Pensemos en alguien que fuera un inversionista potencial de un cine, hoy no deja de invertir o toma una decisión de invertir en función de la iniciativa de energía”, afirmó Herrera.
En cuanto a los apagones originados ante la falta de gas natural, señaló que el país debe empezar a prevenirse en la materia mediante la diversificación en cuanto al origen del gas y no depender solo de Texas, pero sobre todo se debe apostar a una cobertura por el lado de construir terminales de almacenamiento que permitan tener reservas de gas.
“La iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica, que tiene unos cuantos días, justo se dio antes de los problemas del gas, yo creo que si las ponemos juntas (ambos eventos) claramente esto nos hace pensar que tenemos que rehacer un replanteamiento de lo que se está haciendo con el sector energético”, sostuvo el titular de Hacienda. (Redacción, El Financiero, P.p)
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó apoyos económicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios que ya habían fallecido, a Servidores de la Nación, empleados de Gobierno, de la iniciativa privada y hasta a estudiantes, cuando su población objetivo son los jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis.
En la tercera entrega de su informe a la Cuenta Pública 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en dos auditorías diferentes diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
Al revisar los apoyos a los beneficiarios del programa, el órgano fiscalizador determinó “un probable daño, o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” de 57 millones 92 mil 400 de pesos en un informe y de 9 millones 662 mil 800 pesos en el otro.
Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas estrella de la actual administración. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Cuando inició el programa, en enero de 2019, la beca era de tres mil 600 pesos mensuales pero se ha ido incrementando y actualmente es de cuatro mil 310 pesos.
En la auditoría la ASF encontró que la STPS realizó pagos a 68 beneficiarios posteriores a la fecha de su defunción por 482 mil 400 pesos. También destinó dos millones 721 mil 600 pesos en becas a 341 beneficiarios que se capacitaron en las empresas INAEP S.A.S. de C.V. y Construcciones y Servicios Lukman S.A. de C.V., pero los domicilios de éstas estaban abandonados o eran casas habitación.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó apoyos económicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios que habían fallecido, servidores de la Nación, empleados de gobierno, de la iniciativa privada y estudiantes, cuando su población objetivo son jóvenes que no estudian ni trabajan.
En la tercera entrega de su informe a la Cuenta Pública 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en dos auditorías diferentes diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
Al revisar los apoyos a los beneficiarios del programa, el órgano fiscalizador determinó “un probable daño, o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” de 57 millones 92 mil 400 pesos en un informe y de 9 millones 662 mil 800 pesos en el otro.
Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas estrella de la actual administración. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Cuando inició el programa, en enero de 2019, la beca era de tres mil 600 pesos mensuales pero se ha ido incrementando y actualmente es de cuatro mil 310 pesos. (Saúl Hernández, El Sol de México, P.p)
Absorbido el 80 por ciento de su personal y con erogaciones hasta ahora de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, la pandemia le ha impuesto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un desafío que deberá seguir atendiendo centralmente al menos otros dos meses.
“Nos ha, literalmente, raptado el Covid, y no nos queda más que hacerle frente”, señala en entrevista con La Razón el director de esa institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien, sin embargo, tiene definidos otros retos que el organismo que encabeza habrá de seguir acometiendo, algunos de ellos “cuesta arriba”.
Es el caso del abasto de medicinas, en el que confía que la estrategia de adquisiciones a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) habrá de eliminar el intermediarismo y evitar que los precios sigan escalando, “porque nos estamos gastando una barbaridad de dinero en medicamentos”.
Otro es la atención al rezago quirúrgico que estima en unas 30 mil cirugías, aunque la cifra crece semana con semana, en el cual vincula la situación de la pandemia con otro problema: la falta de inversión en personal y equipo de la que señala a decisiones en el pasado.
Yo, como director de Finanzas, lo vi en el sexenio pasado. Desafortunadamente no había inversión en capital, en equipamiento, y esto tiene que ver porque no nos permitían, a pesar de que teníamos dinero, invertir en equipamiento, en infraestructura y mucho menos contratar personal.
En la charla refiere también el caso de la excesiva subrogación de servicios, al grado de que, precisa, “yo te diría que el ISSSTE es una institución que subroga todo, absolutamente todo. Se perdió el control completo de la prestación de los servicios”.
En el tema de la pandemia, ¿qué porcentaje de las atenciones ha atendido el ISSSTE y qué ha representado esto en términos de recursos? A la fecha, hemos atendido a casi 75 mil pacientes a nivel nacional, de los cuales de cinco mil 800 a seis mil son no derechohabientes, y 69 mil son derechohabientes. Un volumen importante de población que hemos atendido y por supuesto seguiremos atendiendo. Esto obviamente nos ha hecho que tengamos que ir gastando cantidades importantes de recursos, porque tenemos que comprar ventiladores, contratar más personal, comprar medicamentos, adaptar camas y equipos de protección personal. En este momento estimo que hemos destinado entre 15 mil y 20 mil millones de pesos en atender el Covid, y esto para el ISSSTE es una carga muy importante dado el tamaño de la institución. (Adrian Castillo-, La Razón, P.p)