Hoy inician las consultas sobre la política energética de México con Estados Unidos bajo los acuerdos firmados en el T-MEC, del que dependen directamente 7.8 millones de trabajadores de ambas naciones, de acuerdo con la Oficina del Censo estadunidense (Census, por su sigla en inglés).
Arrancan con una reunión virtual entre Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y la subsecretaria de comercio exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.
La solicitud de un proceso de consulta comenzó el pasado 20 de julio, cuando gobierno de Estados Unidos acusó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de excluir al capital extranjero y dar preferencia los proyectos de las empresas estatales Pemex y CFE. Un argumento que también sirvió a Canadá para pedir su propio recurso de consulta hacia México.
“Todo inició por la cancelación de permisos para importar combustibles, es algo que preocupa al país vecino del norte porque mucha de la inversión en esos proyectos viene de esa nación. A partir de ahí empezó la molestia”, explicó la asesora jurídica del sector energético, Sayonara Jarillo. (Yeshua Ordaz y Rafael López Méndez, Milenio, Ocho Columnas, Lorena Becerra y Rodrigo León, Reforma, P.p.)
El hecho de que más de la mitad de la población ocupada trabaje de manera informal, sin prestaciones y con muy bajos salarios, es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza laboral en México, afirmó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Desafortunadamente, subsiste la problemática estructural y no coyuntural, del amplio porcentaje de la población que labora en la informalidad”, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL.
“Mientras los empleados formales ganan en promedio 9 mil 311 pesos al mes, los informales ingresan 4 mil 544 pesos, menos de la mitad. Esa es la mayor obstrucción para que haya una mayor reducción de la pobreza laboral derivada de los incrementos del salario mínimo”.
El porcentaje de población en el país cuyo ingreso por trabajo es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica (pobreza laboral) fue de 38.3% en el segundo trimestre de 2022, cifra ligeramente menor a la registrada en los primeros tres meses del año (38.8%), pero se mantiene por arriba del nivel de 36.6% observado en el primer trimestre de 2020, antes de la crisis sanitaria, según el Coneval. (Rubén Migueles, El Universal, Ocho Columnas)
La Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa no investiga al expresidente Enrique Peña Nieto ni al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, por la desaparición de los 43 normalistas y el montaje de la llamada verdad histórica, y, por ahora, no hay elementos para responsabilizarlos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, el mandatario señaló que, aunque en las indagatorias figuren muchos nombres, como el del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, quien aparece en el informe como uno de los personajes que participaron en una reunión en Guerrero, en 2014, para acordar la verdad histórica, eso no significa necesariamente que sean responsables.
Se dice, por ejemplo, Peña, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes. —¿A Cienfuegos? —Tampoco, por eso hay que leer el informe”, indicó durante su conferencia matutina.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, engañó a la población al tratar de encubrir lo ocurrido con los normalistas e intentar adjudicar la responsabilidad de su desaparición sólo a policías locales, quienes eran parcialmente responsables, utilizando métodos de abuso en contra de los integrantes de esas corporaciones. (Enrique Sánchez, Excélsior, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) no contempla órdenes de aprehensión en contra del expresidente Enrique Peña Nieto ni de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
“Se mencionan muchos en toda la investigación, incluso está en los documentos. Por eso invito a que los conozcan, pero no sólo el informe, sino los anexos, porque ahí vienen las declaraciones y se habla de muchos personajes, pero en el informe la Comisión da a conocer quiénes considera son responsables.
“Porque se dice, por ejemplo, Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí, a (Jesús) Murillo Karam, sí a otros personajes, y también militares”, dijo el primer mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Rafael Ramírez | El Sol de México, Ocho Columnas)
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa.
Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero, de manera respectiva.
La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al Ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles.
El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares.
En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo. (Eduardo Murillo, La Jornada, Ocho Columnas)
Omar García Harfuch continuará al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues “ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio para los capitalinos”, aseveró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Tras ser cuestionada sobre las versiones que aseguran que García Harfuch participó en una reunión en la que se acordó la verdad histórica del caso Ayotzinapa, la mandataria capitalina fue tajante.
“(Omar García Harfuch) desde que se integró al Gobierno de la Ciudad de México ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él, en ese momento, no estaba en Guerrero. Lo ha dicho públicamente en distintas ocasiones”, recalcó.
Resaltó que el jefe de la Policía local es un “hombre íntegro” y que todos los funcionarios en su administración ponen por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo con base en sus principios.
“(Esas convicciones son) respeto a los derechos humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo, la verdad y la justicia. Al frente de la Ciudad de México ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio para los capitalinos”, añadió. (Cinthya Stettin y Noemí Gutiérrez, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
El informe sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa no sólo muestra los horrores cometidos en su contra, sino también la tergiversación de la justicia para fabricar la verdad histórica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que el ex procurador Jesús Murillo Karam se autoinculpó como cabeza de la investigación y precisó que del documento no se desprenden solicitudes de orden de aprehensión contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, ni el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.
“Esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de no ver a sus hijos. No tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, ni contra nadie, pero esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios”, dijo el mandatario en la conferencia de ayer.
Señaló que el gobierno mantiene las gestiones para la extradición de Tomás Zerón, quien como titular de la Agencia de Investigación Criminal fue el responsable directo de las indagatorias. El Presidente no ofreció mayores detalles de este caso.
Sin embargo, subrayó que frente a la prensa Murillo se asumió, junto con Zerón, como responsable de encabezar el proceso, lo que implica inculparse del rumbo que tuvieron las investigaciones. (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.)
Tras ser señalados como parte de la trama que construyó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tres funcionarios y exfuncionarios federales y locales se sumaron al deslinde de las responsabilidades que la Fiscalía General de la República (FGR) puso sobre la mesa durante la audiencia inicial del exprocurador Jesús Murillo Karam y negaron su participación en un supuesto cónclave para urdir dicha confabulación.
Uno de ellos es Iñaki Blanco Cabrera, quien fungió como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), y a quien las acusaciones no le generan inquietud, pues aseguró que no formó parte de alguna indagatoria o reunión en la que le “tiraran” línea o recibiera instrucciones sobre cómo debía armarse el expediente del caso.
“Incluso, como señalé, eso sería contrario a las diligencias primarias que llevó a cabo la Fiscalía a mi cargo. Muchos de los datos que se nos dan a conocer, sujetos e integrantes de Guerreros Unidos que participaron en los hechos como, El Chuky, El Chino y Los Peques.
“Y lo concerniente a que los estudiantes fueron divididos en grupos y conducidos a distintos lugares deriva de la investigación de la Fiscalía de Guerrero. No hay más que consultar el expediente o remitirse a lo que dio a conocer su servidor”, manifestó, en entrevista con La Razón. (Daniela Wachauf, F. Sánchez y J. Chaparro, La Razón, Ocho Columnas)
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que se contrató para brindar asistencia técnica internacional y coadyuvar con las autoridades mexicanas en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no fue informado de los peritajes que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), no participó en la elaboración del nuevo informe que se presentó ni ha señalado responsables.
Así lo precisaron sus tres integrantes: Angela María Buitrago Ruiz, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial, a través de un comunicado, en el que solicitaron que se les entreguen los materiales y peritajes del informe que presentó la Covaj.
“El GIEI no ha participado en la redacción del informe de la Covaj, no ha señalado presuntos responsables y, finalmente, reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso”, puntualizaron.
Explicaron que tuvieron conocimiento del contenido del informe hasta el 18 de agosto pasado, cuando los familiares de los jóvenes normalistas, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y otros integrantes de la Comisión para la Verdad, se enteraron de los detalles. (Magali Juárez, La Razón, P.p.)
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconoció el hallazgo de nuevos indicios en el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayot-zinapa, presentado el 18 de agosto pasado, pero pidió acceso a todos los medios de prueba para hacer su propia evaluación.
“Desde el momento de la presentación hemos solicitado tener acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”, indicó el GIEI en un comunicado, firmado por Ángela María Buitrago Ruiz, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial.
El grupo aseguró que podrá dar su opinión sobre el nuevo reporte una vez que evalúe los indicios en los que se basó la investigación.
“El GIEI no ha participado en la redacción del informe de la Covaj, no ha señalado presuntos responsables y, finalmente, reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso.” (César Arellano y Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
La reinauguración del recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional fue atestiguado por los tres principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes fueron colocados justo debajo del llamado “ojo de Dios”.
El salón había permanecido cerrado desde 1972, pero su historia se remonta a 1829 cuando albergó al Congreso Constituyente de 1824.
“Representa al Dios como autor de la naturaleza, al Dios omnipresente que vigila las leyes, es un Dios más filosófico, es como un deísmo y que también retoman los masones, recordarán que también lo usan, de tal manera que se vuelve un símbolo polisémico, entonces aquí está vigilando el quehacer los legisladores”, explicó la historiadora Carmen Saucedo.
Se trata de una figura conformada por un ojo en medio de un triángulo con láminas que simulan rayos y está colocado en la parte más alta del salón. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p. Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
Cd. de México (23 agosto 2022).- En los primeros tres años y medio de la actual Administración federal, el índice de morosidad financiera del Infonavit se duplicó.
Especialistas atribuyeron el disparo en la morosidad a la laxitud con la que se concedieron créditos al principio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A lo que después se sumó la crisis por la pandemia de Covid-19 y más recientemente la inflación, las alzas en las tasas de interés y un endurecimiento en los criterios para otorgar financiamientos, lo que ha impedido diluir la cartera vencida.
Al cierre de diciembre del 2018, cuando inició el Gobierno de López Obrador, la cartera vencida como proporción de la cartera de crédito total era de sólo 7.81 por ciento, revelan los reportes financieros del Infonavit.
Para junio de este año, la morosidad se disparó a 18.24 por ciento y, además, alcanzó una cifra récord de 299 mil millones de pesos, 137 por ciento más que en diciembre del 2018 en términos reales. (Moisés Ramírez, Reforma, Ocho Columnas)
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, sumó a su equipo de trabajo a Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor en comunicación y consultor de políticos que han ganado elecciones en España y Latinoamérica, entre ellos el nuevo Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El estratega español confirmó al periódico El País su incorporación al equipo de Sheinbaum en el área de Comunicación Social, sin que se precisaran detalles sobre si será contratado por la Administración capitalina o será un asesor externo, ni tampoco la fecha de su ingreso.
“He asesorado a CEO y a grandes compañías internacionales, especialmente en el ámbito turístico, energético, financiero y de medios de comunicación en España y Latinoamérica, así como a organismos multilaterales, líderes políticos y formaciones políticas, y a mandatarios de diversos países en distintas responsabilidades de Gobierno”, es como se presenta el asesor.
La oficina de Sheinbaum respondió que no emitirían información alguna al respecto.
Sheinbaum ha sido destapada como aspirante presidencial y en los últimos meses ha aumentado sus eventos y giras tanto en la CDMX como en otras entidades.
Funcionarios cercanos a la Mandataria explicaron que el actual director de Comunicación, Sebastián Ramírez, podría renunciar y buscar algún cargo en Morena. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Para enfrentar su proceso penal en libertad, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que tiene cuatro padecimientos, que estará localizable en su domicilio particular en Los Reyes, Coyoacán y que el cambio de medida cautelar no implicará un riesgo para los testigos y víctimas del caso.
En el documento dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado 17 de agosto, y al que tuvo acceso El Heraldo de México, Robles pidió la autorización de la modificación de la medida cautelar y que se solicitara al juez la audiencia respectiva.
La exfuncionaria indicó que padece hipertensión arterial sistémica debutante, rinitis crónica que se agudiza con la humedad, desplazamiento del disco de la columna y tenosinovitis estenosante de primer comportamiento dorsal de la mano derecha, ocasionado por desvanecimiento recurrente.(Rosario sufrió al menos dos caídas en su estancia en el penal).
“Se anexa el informe Médico como Anexo Único, que prueba dicha situación, y que avalan los especialistas en medicina que me han tratado y diagnosticado, en diversas ocasiones, como la médico General Diana C. Islas Orozco y el doctor Vallarta Landeros, adscritos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y en donde, en dichos resultados, se ve con notoriedad mi estado de salud que se ha visto afectado por la falta de atención y especialidades médicas en el Centro de Reclusión en el que me encuentro actualmente”, se lee en el escrito firmado por la extitular de la Sedesol. (Diana Martínez y Noemí Gutiérrez, El Heraldo de México, P.p.)
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que de enero de 2019 a junio de 2022, es decir, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, se han abierto 2 mil 944 investigaciones en contra de funcionarios públicos de ese órgano autónomo. Incluyen casos graves como cohecho, desvío de recursos y tráfico de influencias, que en algunos casos terminaron en destituciones e inhabilitaciones.
De acuerdo con un informe que el OIC de la fiscalía entregó a la Cámara de Diputados, 101 de las investigaciones atendidas corresponden al año 2019; otras 584, a 2020; mil 422 más, datan de 2021; mientras que en 2022 se atendieron 837.
De las 2 mil 944 indagatorias, 2 mil 20 son por conductas no graves, como falta de respeto, uso indebido de documentación o información, omisión o deficiencia de funciones, ejercicio indebido, incumplimiento de leyes y retrasos en la presentación de declaraciones patrimoniales.
También se tiene registro de 24 averiguaciones por conductas graves, de las cuales, cinco se presentaron en 2019 por desvío de recursos (una), abuso de funciones (tres) y desacato (una). En 2020, 15 servidores públicos fueron investigados por cohecho (uno), desvío de recursos (uno), tráfico de influencias (uno) y abuso de funciones (12). En 2021 se indagaron tres casos de abuso de funciones y uno de desacato. (Antonio López Cruz, El Universal, P.p.)
De enero a junio del 2022, México recibió 27 mil 511.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), con cifras preliminares, lo que significó un incremento de 49.2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Economía (SE).
De acuerdo con información de la misma Secretaría de Economía, éste sería el nivel más alto registrado en los últimos nueve años, luego de que en 2013 el país captó un monto de 31 mil 492.5 millones de dólares.
La dependencia precisó que en el primer semestre del año se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico que, en conjunto representan seis mil 875.0 millones de dólares del total en ese periodo.
Aun así, sin contemplar estos movimientos en el primer semestre del 2022 la IED es 12.0 por ciento superior al monto preliminar captado en el mismo periodo del 2021 (18 mil 433.5 millones de dólares), abundó. (Ivonne Martínez, La Razón, P.p. J. Valdelamar, La Jornada Contraportada)
De acuerdo con especialistas, se necesitan inversiones sostenidas aproximadamente de 80,000 millones de pesos anuales, durante los próximos 50 años, para mejorar la infraestructura y con ello el acceso al agua en México y así contribuir a una seguridad hídrica en el país.
Durante la presentación de “Perspectiva del agua en México: Propuestas hacia la seguridad hídrica” se estableció que existe un rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura hídrica nacional, lo anterior derivado por la falta de recursos provenientes de las tarifas y los fondos fiscales.
Una parte importante de los componentes de la infraestructura hidráulica han sobrepasado su vida útil o han sido superados por los avances tecnológicos, por lo que es necesario reemplazarlos o sustituirlos por equipo más moderno y eficiente. De no emprender estas acciones en el corto plazo, se pondría en riesgo la totalidad de la infraestructura existente, independientemente de los altos costos que se pagarían por presentarse fallas en los sistemas”, se lee en el documento. (Iván Rodríguez, El Economista, Ocho Columnas)
El gobierno mexicano presentará una denuncia contra el mecanismo Covax y la Organización de Naciones Unidas (ONU) –que encabeza el mecanismo a través de la Organización Mundial de la Salud– por el retraso de casi un año de una parte de las vacunas para combatir el covid-19, pagadas por México de manera anticipada. Por esto se adeuda al país 75 millones de dólares, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU (Covax). Nos deben 75 millones de dólares. (La denuncia es) contra Covax y la ONU porque ya es mucho, ya es el colmo”, adelantó durante su conferencia de prensa matutina. El recurso, dijo, se presentará ante Naciones Unidas lo más pronto posible.
“Imagínense, darles dinero adelantado por las vacunas. Hemos buscado un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además, hace falta ya una renovación en esos organismos internacionales”, agregó.
Al reprochar que hay organizaciones que “se dedican a administrar la violación de derechos humanos y el dolor de la gente”, cuestionó a la ONU porque “no se pronuncia con fuerza frente a la monstruosa desigualdad que existe y que tiene responsables, o ante las guerras”. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada)
Los aguaceros que azotaron Sonora el pasado fin de semana dejaron estragos en más de mil 500 viviendas, lo que afectó a por lo menos 6 mil 500 personas y obligaron a 456 habitantes de los municipios de Guaymas y Empalme a refugiarse en ocho albergues, dio a conocer la Coordinación de Protección Civil de la entidad.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño recorrió ayer las zonas más perjudicadas por las inundaciones. Informó que en Guaymas y Empalme cayeron en tres días 450 litros de agua por metro cuadrado y se comprometió a impulsar obras de infraestructura que eviten más anegamientos.
Durante la conferencia mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que, después de atender a las familias que lo requieran, se elabore un censo para apoyar a los damnificados que perdieron sus viviendas y enseres. Asimismo, adelantó que se reconstruirán caminos y puentes.
El estado recibirá “lo que se necesite”
Puntualizó que Sonora tendrá el presupuesto “que se necesite. Cuando se trata de justicia no hay límites, no hay límites. Lo que se busca siempre, pues, es salvar vidas, porque lo material se consigue”. (Cristina Gómez, Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada)
Iguala, México(23 agosto 2022).- Mientras que en la mayoría de los municipios de Guerrero los industriales de la masa y la tortilla aumentaron a 30 pesos el kilo, en Iguala un grupo del narco obligó a bajar el costo a 21 pesos desde el 15 de agosto.
En este municipio, donde hay una disputa entre las organizaciones criminales Los Tlacos y La Bandera, antes Guerreros Unidos, el kilo de la tortilla pasó de 23 pesos a 21 pesos.
“A partir del 15 de agosto por apoyo a las familias igualtecas el precio del Kg. Tortilla 21. Kg. Tortillas 12 y Kg. Taquería 19. Atte. La Sierra”.
Estas cartulinas se difundieron en las redes sociales mientras algunos de los establecimientos decidieron suspender la venta del producto. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Tras más de 40 años de una carrera periodística, el director del diario guerrerense La Realidad, Fredid Román Román, fue asesinado ayer en Chilpancingo.
Con su homicidio se enlista el decimoquinto periodista ultimado en menos de ocho meses, lo que constituye prácticamente un comunicador asesinado cada 15 días, en promedio.
Con el crimen de Román Román, que fue blanco de un ataque armado cuando estacionaba su automóvil frente a su domicilio, suman 40 periodistas asesinados en lo que va de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cifra que casi duplica a los 22 que la organización Artículo 19 documentó en todo el sexenio de Vicente Fox y que se aproxima a los 48 y 47 registrados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Según los primeros reportes, el crimen ocurrió mientras el periodista llegaba a su oficina ubicada en la colonia Nicolás Bravo, a bordo de su vehículo, un Mazda color rojo, al que un grupo de hombres se acercó para dispararle en más de una ocasión. (Daniela Wachauf, La Razón, P.p. Sergio Ocampo, La Jornada, P.p.)
Buenos Aires., Con un largo alegato los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, cercanos a la oposición de derecha aquí, pidieron ayer una pena de 12 años de prisión y la proscripción e inhabilitación definitiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del gobierno del peronista del Frente de Todos, en una causa marcada por pruebas falsas, testigos que desmintieron las acusaciones y numerosas irregularidades en la que fue acusada de encabezar una “asociación ilícita”.
Al cierre de esta edición, la policía de Buenos Aires, gobernada por el derechista Horacio Rodríguez Larreta, reprimió a miles de simpatizantes de Fernández de Kirchner que se concentraron alrededor del edificio donde vive para manifestarle su apoyo, denunció la vicepresidenta en Twitter.
También un grupo de opositores violentos se dirigió al lugar, y fue cuando reprimieron a los partidarios de la ex mandataria con el argumento de evitar una confrontación entre ambos grupos. El diputado provincial Adrián Grana fue detenido. Sin embargo, los simpatizantes de Cristina Fernández no se retiraron del lugar.
En lo que el diario Página/12 describió como un “escandaloso show plagado de irregularidades”, Fernández de Kichner es acusada de defraudar al Estado por el equivalente a mil millones de dólares en una causa sobre la ejecución de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz (2003 a 2015), después de la ilegal reapertura de este proceso similar a otro que fue cerrado por falta de pruebas y por testimonios que no convalidaron la acusación. (Stella Calloni, La Jornada, P.p.)
Moscú. Aunque investigar el asesinato de Daria Duguina –hija del filósofo Aleksandr Duguin, que proclama como meta la expansión de un nuevo imperio ruso enfrentado al atlantismo de Estados Unidos por el control de Europa y Asia– corresponde por ley al Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) se anticipó al afirmar ayer, antes del mediodía, haber resuelto el caso y culpó a Ucrania.
“Un vil crimen, cruel, puso fin prematuro a la vida de Daria Duguina, persona brillante y talentosa, que tenía un corazón verdaderamente ruso y sirvió honestamente al pueblo, a la patria, demostrando con hechos lo que significa ser patriota de Rusia”, escribió el titular del Kremlin, Vladimir Putin, en su mensaje de condolencias a la familia, difundido por su servicio de prensa.
Según un breve comunicado, que divulgaron de inmediato todas las agencias noticiosas locales (TASS, Interfax, Ria Novosti, Sputnik, entre otras), el FSB considera que “los servicios secretos de Ucrania”, sin precisar cuáles, “organizaron y ejecutaron el crimen”.
Atribuye la autoría material a “la ciudadana ucrania Natalia Vovk, nacida en 1979, que entró a Rusia el 23 de julio anterior, acompañada de su hija, Sofía Shaban, de 12 años, y alquiló un departamento en el mismo edificio donde vivía Daria Duguina”. (Juan Pablo Duch, La Jornada, Contraportada)