En los primeros cuatro meses de la epidemia por Covid-19, los sectores más afectados han sido las personas jubiladas, los desempleados y los campesinos, ya que registran una letalidad entre 24 y 36 muertes por cada 100 casos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).
En respuesta a una solicitud de información por casos confirmados y defunciones por este virus —que incluye la variable de ocupación, La Razón identificó que la letalidad hasta el pasado 24 de junio era de 12.3 por ciento a nivel nacional, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE).
El tipo de ocupación se obtiene a partir del estudio epidemiológico que se realiza a cada paciente desde que son sospechosos por Covid-19; sin embargo, no está incluido en la base de datos abiertos. En este cuestionario también se registran las comorbilidades, lugar de residencia, edad, sexo e inicio de síntomas, entre otra información. (Otilia Carbajal, La Razón, P.p.)
La enfermedad de Covid-19 será una de las principales causas de muerte en México, en mucho debido a la elevada cantidad de personas que viven con enfermedades crónicas descontroladas. Éstas se ubican entre los principales factores de riesgo de complicación y muerte entre los afectados por el coronavirus, advirtió Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Ante esta realidad, el gobierno de México está decidido a enfrentar a las enfermedades cardiometabólicas de manera decisiva, sin conflictos de interés. Es hora de cambiar la perspectiva, dentro de un sistema de salud público, gratuito y universal, con el que se terminan las aventuras comerciales que no pudieron resolver el problema en años, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, en la que el reporte sobre el comportamiento de la pandemia informó de una nueva cifra máxima de casos confirmados en un día: 8 mil 438.
El registro acumulado llegó a 370 mil 712 casos, mientras los fallecimientos subieron a 41 mil 908 con los 718 que se confirmaron entre el miércoles y jueves. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, P.p.)
El Covid-19 no sólo afectó el estado físico y la vida de miles de mexicanos contagiados, también mermó la salud de los bolsillos de millones de trabajadores que vieron cómo sus ingresos se hicieron más chicos durante el confinamiento.
El 46.1% de la población ocupada en el país, es decir, 15.2 millones de personas de 18 años o más, vieron reducidos sus ingresos laborales en abril pasado debido a la emergencia sanitaria, de acuerdo con la encuesta telefónica sobre Covid-19 y mercado laboral del Inegi.
En 37.4% de los hogares que sufrieron baja de recursos tuvieron que vender algún bien, pedir prestado o recurrir a sus ahorros para enfrentar el entorno, explicó Edgar Vielma, director General de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. (Rubén Migueles, El Universal. P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a impulsar una reforma al sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, tras resaltar que la anunciada antier es para afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También rechazó compensar con una reforma fiscal el incremento de las aportaciones patronales.
A los trabajadores del gobierno federal les pidió que nos den tiempo para que salgamos un poco de la crisis económica, porque nos va a implicar destinar más recursos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, ayer resaltó que la modificación a Pensionissste es una demanda, sobre todo de los maestros, pero se hará más adelante, es un compromiso, subrayó. (Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será uno de los proyectos insignia que deje el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues será el motor y la punta de lanza para mejorar el desarrollo económico de una región históricamente olvidada económica y socialmente como lo es el sur-sureste del país, afirmó el encargado del proyecto, Rafael Marín Mollinedo.
En entrevista con La Jornada, el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec indicó que aunque la pandemia de Covid-19 ha detenido un poco las obras, no tiene dudas de que a finales del primer semestre del próximo año estará arrancando el primer tren que transportará contenedores entre el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y el de Salina Cruz, Oaxaca.
El Corredor Interoceánico es uno de los tres proyectos más ambiciosos del actual gobierno junto al Tren Maya y a la Refinería de Dos Bocas. Todos en la región sur del país. (Braulio Carbajal, La Jornada, P.p.)
Las diferencias sobre la administración portuaria precipitaron que se concretara la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, la cual fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos un diferendo que sólo se da entre hombres libres y con criterio, aseveró el Presidente, al reconocer que el motivo de la dimisión fue la inconformidad del ex titular en torno a su decisión de que la Secretaría de Marina (Semar) asuma el control de los puertos.
El primer mandatario anunció en un video la salida de Jiménez Espriú –cuya carta de renuncia fue presentada el 17 de julio, cuando se conoció la medida presidencial– y en su lugar designó a Jorge Arganis Díaz Leal, que trabajó con López Obrador como director de Obras Públicas durante su gestión en el gobierno de la Ciudad de México y quien además fue parte de la empresa constructora ICA entre 1977 y 1997.
Arganis Díaz Leal es ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario de Obras entre 2006 y 2009, cuando participó en la realización del proyecto de la línea 12 del Metro. Fue consultor de la empresa Nielsen-Wurster Group, empresa estadunidense con más de 25 años de prestigio en la resolución de arbitrajes profesionales. En esta administración fungió como director de la filial de Pemex PTI Infraestructura, responsable de la asignación de los predios donde se construye la refinería de Dos Bocas. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, P.p. Carla Martínez, El Universal, P.p. P. Domínguez y J. A. Belmont, Milenio, P.p.)
Cd. de México (24 julio 2020).- Antes de aceptar la extradición de España a México, Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012.
El dinero, aseguró, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial, contrató para asesorías electorales.
Ya con Peña como Presidente, afirmó Lozoya, Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del priista por el beneficio de contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. (Abel Barajas y Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
Cd. de México (24 julio 2020).- Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del Pacto por México.
El entonces Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezaban directamente la estrategia.
Según su dicho, Videgaray le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya.
El panista fue presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN. (Abel Barajas y Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
Pese a que el gobierno federal pidió a los estados practicar pruebas para detectar Covid-19 a sólo 10% de las personas que presenten síntomas de la enfermedad, al menos ocho entidades del país se han desplegado para ampliar el número de tomas de muestras a fin de conocer a fondo el avance de la epidemia y cortar sus cadenas de contagio.
Al llegar al quinto mes de la pandemia por Covid-19, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León e inclusive la Ciudad de México están aplicando con sus propios recursos más pruebas de las que recomienda la Secretaría de Salud (Ssa), coincidieron funcionarios consultados por EL UNIVERSAL.
En el Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, emitido por la Ssa, actualizado en mayo de 2020 y aún vigente, la dependencia pide testear sólo a uno de cada 10 casos sospechosos, es decir, que tengan síntomas leves y capacidad de contagiar; sin embargo, si los estados tienen capacidad pueden hacer más pruebas. (Teresa Moreno, El Universal, P.p.)
De las 1.87 millones de unidades económicas con teléfono en México, el 93.3% (1.74 millones de unidades) reportó haber tenido algún grado de afectación por causa de la pandemia del covid-19, en tanto que 92.2% (1.73 millones) no recibió ningún tipo de apoyo para afrontar la emergencia.
Así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de su Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por el covid-19 en las Empresas, correspondiente a mayo y junio, la cual también señaló que las principales afectaciones que reportaron las empresas fueron la disminución de los ingresos, la reducción de su demanda y la escasez de insumos y productos.
El Inegi reportó que “la mayoría de las empresas priorizó el no despido de personal (15.4%), por sobre la reducción de remuneraciones (19.1%)”, ya que tuvieron los porcentajes más bajos. (Paulo Cantillo, Excélsior, P.p.)
Como medida para mitigar los efectos negativos de la pandemia, la Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó un programa de financiamiento para el sector hotelero, agencias de viajes y autotransporte terrestre por 11 mil 400 millones de pesos y que operará a través de la banca privada.
En videoconferencia, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, mencionó que la estrategia estará vigente todo este año y los créditos serán de mínimo 220 mil hasta 30 millones de pesos, con seis meses de gracia y una tasa máxima de 13.5 por ciento.
El subsecretario de Calidad y Regulación de la dependencia, Humberto Hernández Haddad, informó que las instituciones que otorgarán este financiamiento son Banorte, BBVA, Citibanamex, HSBC, Santander y Scotiabank, entre otros. (Roberto Valadez, Milenio, P.p.)
Una investigación publicada ayer en la revista Science –en la que participó el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla–, ha demostrado que las medidas de confinamiento, a principios y mediados de 2020 para combatir la propagación de Covid-19, condujeron a una reducción de 50 por ciento en el ruido sísmico en todo el mundo.
Si bien 2020 no ha visto una disminución en los terremotos, la caída en el zumbido antropogénico no tiene precedente y está relacionada con las menores actividades económica e industrial, la menor dinámica de turismo y la reducción de viajes internacionales.
La mayor reducción de esas pequeñas vibraciones de la superficie de la Tierra se detectó en áreas urbanas, pero el estudio también midió menores índices del fenómeno geológico en sensores enterrados a cientos de metros en el subsuelo y en áreas remotas, como en África subsahariana. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Contraportada)
Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las 617 hectáreas que prevé entregar a comuneros de San Miguel Xaltocan no están sujetas a ninguna negociación.
Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que, si un juez concede un amparo a quien reclame la propiedad de los predios aledaños a Santa Lucía, la entrega de terrenos se frenaría de forma automática.
Excélsior dio a conocer el miércoles que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños, pues uno presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral de predios. (Andrés Becerril, Excélsior, P.p.)
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un round para evitar el pago de 225 millones de dólares al consorcio de empresas que iba a construir la central Chicoasén II en 2015, cuya obra fue bloqueada por conflictos sindicales.
El consorcio está integrado por las mexicanas Caabsa, Omega y Dycusa, y la china Sinohydro.
El Juez Benito Zurita Infante, del juzgado segundo civil, desechó la solicitud de CFE, la cual pedía una medida cautelar para evitar que el consorcio acudiera a un tribunal nacional con el laudo arbitral favorable y que con eso se instruya a la empresa estatal a cumplir con el pago. (Diana Gante, Reforma, p.p.)
Nueva York., ¿Y si no se va? es la pregunta que cada vez preocupa más a un amplio abanico de políticos, analistas y ciudadanos frente a la antes impensable posibilidad de que un presidente rehúse reconocer los resultados de una elección, todo mientras se multiplican las alarmas entre defensores de libertades civiles por el despliegue de fuerzas federales para controlar ciudades con gobernantes demócratas, y entre sus víctimas ahora se encuentra el alcalde de Portland, Oregon.
Entre cifras récord de contagios registrados de una pandemia descontrolada, otros 1.4 millones solicitando beneficios de desempleo la semana pasada (un total de 30 millones), el impulso de nuevas medidas antimigrantes, y despliegues anunciados o amenazas de hacerlo de paramilitares federales en varias ciudades del país, para enfrentar lo que Donald Trump afirma es una ola de inseguridad promovida por una izquierda radical, no se puede descartar la posibilidad de una crisis constitucional con un presidente que rechaza la legitimidad de la elección programada para realizarse en poco más de tres meses.
Fue el propio Trump quien ha nutrido esta posibilidad cuando en una entrevista el pasado fin de semana respondió que, por ahora, no estaba preparado para comprometerse a reconocer los resultados de la elección. (David Brooks, La Jornada, P.p.)
Un total de 30 resoluciones administrativas emitió la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) de la Ciudad de México a igual número de empresas, de las cuales a 24 les impusieron sanciones económicas por 40 millones de pesos, por violar los derechos laborales de su trabajadores durante la crisis sanitaria de Covid-19.
En entrevista con este diario, el director general de Trabajo y Previsión Social, Paul Ortiz Arámbula, detalló que se acreditó que esos centros de trabajo incurrieron en diversas irregularidades, como despido de personal, imposición de vacaciones o periodos de descanso sin remuneración, reducción salarial y eliminación de prestaciones como la seguridad social, así como la permanencia de mujeres embarazadas que debían estar en resguardo domiciliario.
Precisó que del 27 de marzo al 17 de julio se realizaron 308 visitas de inspección laboral. De ellas, en 113 casos se permitió el acceso del inspector laboral, en 57 se le negó la entrada y en 138 sólo se realizó un informe debido a que los datos proporcionados por los denunciantes no correspondían al domicilio, al nombre de la empresa o el centro de trabajo ya estaba cerrado. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Contraportada)
Zacatecas, Zac.- Antes eran invisibles y poco valorados en los hospitales, pero en esta pandemia los trabajadores de limpieza e higiene se han vuelto una prioridad, principalmente los que pertenecen al área de Residuos Peligrosos, Biológico-Infecciosos (RPBI), conocidos como el personal de la Ruta Roja.
Zacatecas atraviesa ahora por su mayor pico de contagio de Covid-19 y esta situación comienza a reflejarse en las áreas del Hospital General de Zona 1 (HGZ1), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el ejército blanco —por el color del traje especial que utiliza— atiende la emergencia sanitaria.
Parte de ese equipo son los integrantes de la Ruta Roja, quienes se encargan exclusivamente de sacar los desechos que se utilizan para atender a los pacientes de coronavirus, lo cual hacen por medio de un estricto protocolo y un camino especial marcado con una línea roja que debe estar libre a su paso. (Irma Mejía, El Universal, P.p.)