Los gobiernos de México y Argentina acordaron fortalecer su alianza estratégica, a fin de crear un eje que impulse los intereses latinoamericanos y hacer frente común para atender la crisis de Covid-19 y sus efectos socioeconómicos en la etapa pospandemia, para mejorar las condiciones en ambos países y en América Latina y el Caribe en su conjunto.
Declaración conjunta
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández firmaron una declaración conjunta de 15 puntos, la cual se dio a conocer ayer, al término de la visita oficial del mandatario argentino a México, en la que también convinieron incrementar las inversiones recíprocas, así como la diversificación e intensificación del comercio bilateral.
En el documento hacen énfasis en que las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos y fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral, con el propósito de evitar una intervención como la sucedida en Bolivia en octubre de 2019, que causó golpe de Estado y llevó a Evo Morales a dimitir.
Reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a través de la ejecución del plan de trabajo que estableció la presidencia pro témpore de México para 2021. (Emir Olivares, La Jornada, P.p. Isabel González Aguirre, Excélsior, P.p.)
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que las acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada no son producto de la casualidad, son una persecución política de Palacio Nacional.
En ese tenor, sostuvo que el único delito que probablemente he cometido sea el no haberme sometido al gobierno federal. Ayer, el gobernador tamaulipeco se presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a solicitar que sea desechada de plano la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República, porque se filtró antes de ser ratificada y ello constituye, alegó, violación al debido proceso.
No obstante, la instancia correspondiente de la cámara que desahogará el expediente, una vez que la FGR ratifique este jueves la denuncia, es la sección instructora, la cual a su vez le deberá notificar de la petición de juicio de procedencia, antes de iniciar las etapas de alegatos y desahogo de pruebas.
Si la sección instructora considera que hay elementos para retirar el fuero al gobernador, debe aprobar un dictamen y enviarlo al pleno de la Cámara que, erigida en jurado de procedencia, decide si ha o no a lugar al desafuero y, en ese supuesto, remitiría la resolución a la legislatura de Tamaulipas, donde el PAN es mayoría. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p. Víctor Chávez, El Financiero, P.p. Redacción, Excélsior, P.p. Antonio Hernández, La Razón, P.p. Alejandro Páez y Omar Villalobos, La Crónica de Hoy, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue a nadie, pero aclaró: “Tampoco somos tapadera”.
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), rechazó que este asunto sea una venganza política, por lo que garantizó que habrá total transparencia.
En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que la instrucción que tienen los servidores públicos es que, si hay una denuncia por corrupción, no se tape a nadie, sea quien sea.
“Con el asunto del gobernador de Tamaulipas, yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie. (Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, El Universal, P.p.)
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo relaciona el cártel del Golfo, el cual presuntamente financió sus campañas desde que contendió en 2004 por la alcaldía de Reynosa.
El documento de 90 páginas en poder de MILENIO recoge el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, el confeso lavador de dinero de Tomás Yarrington. Peña testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que el ex gobernador de Tamaulipas, hoy preso en Houston, le dijo “que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa porque tenía especial interés de que él ganara”.
En la carpeta de investigación que solicita el desafuero del gobernador, se relata que en el expediente también obra la acusación sobre un supuesto “permiso” al Cártel del Golfo para festejar el Día del Niño en el campo de beisbol Adolfo López Mateos, un evento que en 2006 sumó a casi 20 mil asistentes según las crónicas periodísticas donde ” se repartieron juguetes y se distribuyeron tarjetas de felicitaciones firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, quien ese entonces estaba preso en el penal de La Palma”, hoy conocido como el Altiplano. (I. Navarro, L. López y F. Damián, Milenio, P.p.)
Entre febrero y mayo llegarán al país 106.1 millones de vacunas de los diferentes laboratorios farmacéuticos con los que se tienen contratos, aunque los plazos pueden variar por factores externos, como ocurrió el mes pasado cuando Pfizer suspendió los envíos que ya tenía comprometidos, señaló Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.
Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario presentó el calendario, según el cual en este mes todavía deberán llegar 800 mil dosis de la vacuna china Coronavac, con lo que se completará un millón de las 10 millones comprometidas con la empresa Sinovac. Las primeras 200 mil inoculaciones de esta marca comercial se están aplicando en Ecatepec, estado de México.
También se contará con 200 mil vacunas rusas Sputnik V, adicionales a las que llegaron el pasado lunes por la noche, otras 200 mil que desde ayer (miércoles) reciben habitantes de las alcaldías Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.
Durante marzo, se prevé contar con 23.6 millones de inmunógenos, de los cuales 10 millones serían del laboratorio Astra Zeneca, que actualmente están en proceso de llenado y envasado en la planta del laboratorio nacional Liomont. (Angeles Cruz Martínez, La Jornada, P.p.)
El primer día de la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco se llevó sin contratiempos en las seis macrounidades vacunadoras, debido a diversos cambios de logística, entre ellos, el desplazamiento de los servidores de la nación por el personal del Gobierno de la Ciudad de México.
A diferencia de lo sucedido hace una semana en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, las largas filas desaparecieron, aunque algunas personas madrugaron para ser las primeras en recibir la vacuna Sputnik V.
Minutos antes de las 9:00 horas comenzó la inoculación para los adultos mayores de 60 años en diferentes puntos de las tres alcaldías. Debido a la coordinación del personal de Participación Ciudadana e integrantes del programa Ponte Pila, los filtros de validación de documentos y registro fueron más ágiles.
Anteriormente los servidores de la nación, que lideraron en la pasada jornada, solicitaban a los asistentes llenar un formulario y mostrar una copia de su identificación oficial y comprobante de domicilio y se les tomaba una fotografía. Ahora, ellos llenan los registros y entregan la nueva fecha para acceder a su segunda dosis de la vacuna, en 21 días. (Salvador Corona, Kevin Ruiz, David Fuentes y Eduardo Hernández, El Universal, P.p.)
El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra.
Entre la afirmación de Juan Ferrer Aguilar y la respuesta de transparencia a La Razón hay una diferencia de tres mil 782 y siete mil 430 respectivamente. Esta última cifra equivale al doble de los tres mil 796 empleados de base que tiene el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
A esto hay que agregar que a 10 mil 517 trabajadores sólo se les renovó el contrato por tres meses más, por lo que sólo podrán trabajar hasta el 31 de marzo si la dependencia no extiende el contrato; mientras que otras 939 personas concluyeron su encargo en 88 hospitales. (Otilia Carvajal, La Razón, P.p.)
A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se reservaría información pública, el expediente del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10.3 millones de personas en 12 estados estará reservado por dos años.
En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL y aun cuando se pidió una versión pública del expediente del apagón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) justificó la clasificación al señalar que, a pesar que han pasado dos meses del hecho, aún no hay un dictamen final, por lo que entregar la información implicaría un daño al darse a conocer datos que todavía no son oficiales.
La institución argumentó que dar a conocer esta información podría incidir en la conclusión de este proceso y aseguró que “pudiera generar un movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social. (Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, El Universal, P.p.)
Iguala, Gro., Aún no se escribe la historia de la represión en México, pero, sin duda, sería un relato sumamente cruel e inhumano, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En lo alto del cerro Tehuehue, donde conmemoró el bicentenario del Plan de Iguala y el Día de la Bandera, junto a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, planteo: el caso de Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma.
En lo alto de la loma, donde despunta el asta bandera más elevada de Latinoamérica –113 metros– y las fuerzas armadas organizaron el acto de remembranza del plan firmado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, el presidente López Obrador centró su intervención en la hasta ahora irresoluble desaparición de los 43 normalistas.
Nuestro pueblo, en especial sus comunidades indígenas y afromexicanas, ha padecido exterminio, esclavitud, cepos, azotes, encierros, deportaciones, destierros, desapariciones, fusilamientos, despojos y muchas otras formas de represión. (Roberto Garduño, La Jornada, Contraportada, Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
Las autoridades financieras reforzaron la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita durante este proceso electoral.
Por medio de una guía, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos e incluso líderes sindicales.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la banca y las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos bancarios sospechosos de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores. También, lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.
La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Lindsay H. Esquivel, Excélsior, P.p.)
En 2019 el gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, no escatimó en recursos para ceremonias, congresos y exposiciones al gastar 53.8 millones de pesos cuando el congreso local solo le había autorizado 57 mil pesos. Tampoco lo hizo en viajes y viáticos: de 40 millones que tenía presupuestados, terminó devengando casi 373 millones.
En el norte, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desembolsó 689 millones de pesos en publicidad oficial cuando solo tenía aprobado un presupuesto de 4.8 millones (un incremento de más de 14 mil por ciento). Y en Jalisco, la administración del emecista Enrique Alfaro casi duplicó su gasto en salarios y prestaciones a sus empleados.
FGR pide desafuero de gobernador de Tamaulipas; investigar delincuencia organizada
Los casos enlistados se repiten en una veintena de gobiernos estatales, sin distingo de partidos, de acuerdo con el informe “Gasto burocrático: aumentos y recortes”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). (Saúl Hernández | El Sol de México, P.p.)
El sector privado cerró filas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al afirmar que elevará el costo de suministrar la energía en 63 mil millones de pesos al año, además de un efecto inflacionario, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, y desataría una ola de amparos y litigios internacionales, señalaron organismos empresariales en conferencia conjunta.
“Se traduce en un costo adicional de 63 mil millones de pesos anuales, ¿Quién lo va a pagar? No sabemos, esa decisión la toma el Estado, los puede pagar a través de subsidios o a través de mayores tarifas a los agentes económicos, y si los agentes económicos reciben electricidad más cara, tendrán que trasladarlo a los precios al consumidor”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el 75 por ciento del consumo eléctrico en México se da por las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes; y el 25 por ciento por los hogares, por lo que cuando el gobierno habla de que mantendrá las tarifas eléctricas, la preocupación del sector privado es que sea parejo.
“Esperamos que se hable de mantenerlas para todos los consumidores en el país. Si se va a sostener el valor de las tarifas se deberán sostener del cien por ciento. Todos debemos de tener una tarifa eléctrica mejor”, advirtió Salazar. (Leticia Hernández, El Financiero, P.p Ana Martínez, La Razón, P.p..)
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), asegura que este órgano no puede estar sujeto al poder político o de otros poderes porque estaría engañando a la sociedad y para ser leal a su misión debe mantener su autonomía.
Advierte que el Inai sólo debe estar subordinado al valor de la verdad de los hechos y al conocimiento, no es juez del poder político ni parte del debate, sólo da los medios para que la ciudadanía pueda deliberar de manera informada, detalla.
En entrevista con EL UNIVERSAL, tras presentar su Informe de Labores 2020 al Senado, afirma que el Inai debe seguir cumpliendo con su función de dotar de legitimidad y confianza a las instituciones en la medida que éstas transparenten su actuación. (Susana Zavala, El Universal, P.p.)
Cd. de México (25 febrero 2021).- Autoridades federales investigan el vínculo del Gobierno de Tamaulipas con el cobro de “cuotas” a pipas de distintas empresas que forman parte de la red de contrabando de combustible que cruza por las Aduanas de Reynosa y Matamoros.
El Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, confirmó a REFORMA tener conocimiento de denuncias ciudadanas sobre el contrabando de combustible en Tamaulipas y dijo que han aportado información a las autoridades investigadoras.
En el caso, afirmó, hay estrecha comunicación entre instancias gubernamentales federales como la Unidad de Inteligencia Financiera que realiza sus propios rastreos.
Reportes sobre las investigaciones federales indican la presunta complicidad de funcionarios del Gobierno tamaulipeco que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la red de tráfico ilegal de combustible. (Benito Jiménez y Martha Martínez, Reforma, P.p.)
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco ya es examinado por un equipo de auditores del mismo organismo, pero independiente al que realizó la primera revisión, y por el Comité de Integridad Institucional, que busca prevenir, identificar, atender y dar seguimiento a conductas contrarias a su política de integridad, así como posibles conflictos de intereses, de acuerdo con información de la propia ASF.
Además, en su cuenta de Twitter, el organismo dio la bienvenida al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para aclarar lo pertinente respecto de los costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Auditoría añadió que se está examinando el proceso de la auditoría hecha al cierre del aeropuerto, para hacer las aclaraciones pertinentes en relación con los costos presentes y futuros de la realización del proyecto.
La ASF reitera su compromiso con la rendición de cuentas, el profesionalismo y la excelencia en la fiscalización superior y ratifica su obligación para dirigir su trabajo apegado a principios constitucionales de la fiscalización superior y la política de integridad institucional. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, P.p. Redacción Excélsior, P.p.)
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, El rey del outsourcing, y lo acusa de cometer delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El mandamiento judicial fue librado por un juez de control con sede en el estado de México, por lo que Beyruti y al menos seis de sus colaboradores que enfrentan los mismos cargos serían encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, que se localiza en Almoloya de Juárez.
Beyruti es presidente de GIN Group, considerada la mayor empresa de subcontratación en el país, y accionista en otras 90 compañías que son investigadas por participar en operaciones de facturación falsa. De acuerdo con funcionarios ministeriales, las acusaciones se sustentaron en los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras detectar esquemas mediante los cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar 30 mil millones de pesos.
La carpeta de investigación fue integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y hace una semana que solicitó la orden de captura en contra del empresario y algunos de sus socios que se desempeñaban como operadores en compañías dedicadas al outsourcing, entre ellos Juan Carlos López Gálvez, Mónica Lucero Luna y Luis Humberto García. (Gustavo Castillo García y César Arellano, La Jornada, P.p. Manrique Gandaria, El Sol de México, P.p.)
En el aniversario 85 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), su dirigente, Carlos Aceves del Olmo, criticó la falta de sensibilidad de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de quien expresó: Solamente atiende y entiende al FAT [Frente Auténtico del Trabajo], que pensé ya ni existía.
En asamblea en la que se recibieron mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador; de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de representantes empresariales, el dirigente cetemista insistió en la falta de feeling de la funcionaria para entender a las centrales sindicales. Señaló que, pese a cumplir con los estatutos y con lo dispuesto en la nueva ley laboral, para la central obrera con mayor representación en el país sólo hay regaños y la advertencia de que ahí viene la legitimación.
“Debe comprender que la comunicación tiene que ser más cordial. Ojalá muchos tomen en cuenta nuestros estatutos… Hemos hecho ya muchas legitimaciones de contratos colectivos y hemos salido bien”, puntualizó Aceves del Olmo, al señalar que la funcionaria sólo atiende y entiende al FAT. (Jared Laureles C., La Jornada, Contraportada)
En el 2020 las ventas de bienes al menudeo en México retrocedieron 9.3%, con lo que se ubicaron en su nivel más bajo desde el 2014 debido a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), divulgadas ayer 24 de febrero.
El retroceso también fue el mayor desde que hay registros de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) que realiza el Inegi (2008) y superó por mucho la caída de 3.5% observada en el 2009, año de la mayor crisis económica previa a la que se vive por el Covid-19.
Al interior del indicador se aprecian los contrastes que ha dejado la pandemia en el comercio minorista. De las nueve categorías de consumo que mide el Inegi, se observaron caídas en siete, siendo las ventas en línea y por catálogo y las de productos de salud, las únicas subramas con crecimientos, en este caso, de 51.9% y 5.9% respectivamente. (Octavio Amador, El Economista, P.p.)
JPMorgan Chase & Co. cerrará su negocio de banca privada en México, según fuentes, a medida que los clientes adinerados en algunas de las economías más grandes de Latinoamérica están moviendo su dinero a capitales financieros internacionales.
El banco más grande de Estados Unidos firmó un acuerdo para referir sus negocios locales a BBVA México.
La firma, con sede en Nueva York, seguirá prestando servicios a clientes de México a través de su plataforma fuera del País, y mantendrá otros negocios, como banca de inversión, comercio y servicios de tesorería. (Redacción, Reforma, P.p.)
De las 34 mil personas fallecidas por Covid-19 en la Ciudad de México, sólo 20 por ciento habría decidió previamente quiénes serían sus herederos, según cálculos del Colegio de Notarios.
“La Ciudad de México es la entidad con mayor elaboración de testamentos. En las entidades apenas 6 o 7 por ciento de los ciudadanos lo suscribe, y no es porque sea caro, sino porque lo perciben innecesario”, explicó Ponciano López, presidente del Colegio.
La notario Claudia Hernández refirió que, cuando no hay un testamento, el cónyuge y los hijos son los sucesores, de acuerdo con la ley, pero deben seguirse largos procesos jurídicos que pueden ser impugnados.
La falta de testamentos provoca la operación de bandas de delincuencia organizada que, mediante suplantaciones, invaden y se apropian de bienes intestados, aun cuando existe un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia y los notarios para detectar estos casos. (Iván Sosa, Reforma, P.p.)
Identificado como reparación del daño al Estado mexicano, las fuerzas armadas y la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron a la delincuencia organizada –de diciembre de 2018 a enero pasado–poco más de 2 mil 400 millones de pesos y alrededor de 49 millones de dólares.
De ese monto, 2 mil 111 millones de pesos y 23.8 millones de dólares ya fueron transferidos al Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), así como la mayoría de los inmuebles incluidos en una lista de 376 recuperados, entre muchos otros bienes, objetos y menaje. Entre las casas quitadas al crimen hay residencias en Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Yucatán, Guerrero y Jalisco.
Esta vez, una parte de los recursos disponibles será para que el Infonavit otorgue 45 mil créditos destinados a autoconstrucción –incluso a no derechohabientes–, con tasa de interés mínima, en entidades con mayor rezago habitacional; cada préstamo iría de 35 mil a 150 mil pesos, para beneficiarios de Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, entre otros.
Al presentar el informe de la Mesa de judicialización: comité de extinción de dominio, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó que el reporte se desprende de la instrucción del Presidente de la República, el pasado 2 de febrero. (Fabiola Martínez, La Jornada, Contraportada)
Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la Alcaldía de Puerto Morelos, en Quintana Roo, murió ayer víctima de un ataque a balazos. Con él suman 47 políticos asesinados en lo que va del actual proceso electoral en el País.
De acuerdo con la consultora Etelleckt, de los políticos asesinados, 11 -incluyendo a Ignacio Sánchez- eran aspirantes a algún cargo de elección popular.
De acuerdo con datos de Grupo Reforma, de diciembre de 2018 a la fecha, en total 10 alcaldes en funciones han sido asesinados en seis estados.
En el caso de Sánchez Cordero, era secretario de Desarrollo Municipal y aspirante a la Alcaldía de Puerto Morelos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). (Óscar Uscanga, Reforma, P.p.)
Ottawa, Canadá (25 febrero 2021).- Canadá y Estados Unidos presionarán para que otros países con los que tengan tratos comerciales reduzcan sus emisiones contaminantes, entre ellos México.
El Premier Justin Trudeau, quien sostuvo el martes una reunión con el Presidente Joe Biden, informó que los planes de Canadá para profundizar la cooperación climática con su vecino incluirán políticas complementarias que tengan en cuenta “las emisiones de los competidores industriales de todo el mundo”.
“(Algunos países) están produciendo sin tener el mismo tipo de liderazgo sobre cambio climático que EU está imponiendo y que ya tenemos”, dijo en entrevista con Bloomberg News. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)