Al menos cinco grupos conocidos popularmente como motonetos o motopandilleros ligados al narcomenudeo que de día o de noche realizan disparos de armas de fuego al aire, han sembrado terror y zozobra entre los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Dichas bandas delictivas son rentadas como grupos de choque por autoridades municipales, organizaciones y particulares para generar conflictos, presionar al gobierno para que libere a algún detenido o brindar impunidad a quienes se ven involucrados en accidentes de tránsito, de acuerdo con testimonios de las víctimas.
A miembros de uno de esos grupos, no identificado por su nombre por las autoridades competentes, se atribuye la autoría material del asesinato del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, perpetrado el pasado 10 de agosto.
San Cristóbal de las Casas, ubicada a 60 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez, es considerada una joya del patrimonio cultural de México, tanto por sus construcciones virreinales como por su conformación étnica; catalogada como Pueblo Mágico, es una de las localidades del país más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.
“Los motonetos son la ‘evolución’ de jóvenes desempleados que optan por la delincuencia organizada y no sólo se dedican al robo, sino que han sido usados, todo parece indicar, por la clase política en general como grupos de choque”, afirmó un investigador, que pidió el anonimato.
Delincuencia organizada
“Se ‘venden’ al mejor postor y no están desligados de la pornografía ni la etnopornografía como se llama ahora; de la narcocultura. Se les llamó motonetos porque al principio se transportaban en motonetas y motocicletas; son jóvenes que en las noches se alcoholizan o drogan y salen a hacer desmanes”, explicó en entrevista.
Operan con radios; usan pistolas, rifles y metralletas. No todos los días salen a ejercer violencia, sino en determinados momentos o coyunturas. No han provocado una situación descontrolada, pero han sembrado terror sicológico. Se desconoce quiénes están detrás, pero se advierten redes de complicidad muy fuertes, detalló. (Redacción, Estados, La Jornada, P.p)
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Estados Unidos acordaron una estrategia conjunta para la cumbre de cambio climático que se realizará a principios de noviembre en Glasgow, Escocia, no hay información sobre la asistencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Lo que se sabe hasta ahora es que en la delegación mexicana sólo participará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Al preguntar al área de comunicación de la Semarnat si la titular, María Luisa Albores, participará en la 26 conferencia de las partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, respondió que aún no tenía información sobre ello, y no hubo respuesta acerca de si los expertos de la dependencia acudirían al cónclave.
También se desconoce si asistirán investigadores del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuya directora, Amparo Martínez, fue vocera de México en la cumbre de 2019 realizada en España. Hace dos años, la jefa de la delegación mexicana fue Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. (Angélica Enciso L., Política, La Jornada, P.p)
México se ubica en el lugar 80 de 133 países en el Índice de Secreto Financiero de organizaciones globales, lo que significa que su sistema fiscal y financiero sirve en cierta medida como herramienta para ocultar operaciones que violan el estado de derecho, así como legislaciones de otras naciones.
De una calificación de 100 puntos a partir de la evaluación de 20 indicadores, el País obtuvo 52.7, revela el informe “El Estado de la Justicia Fiscal 2020: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19”, realizado por la Red por la Justicia Fiscal y cuatro organizaciones globales.
En primer lugar se posicionó Islas Caimán con una puntuación de 76 y en segundo puesto está Estados Unidos con 62.9. México está por encima de otros como Bolivia, Colombia, Uruguay y Chile.
El índice contempla leyes y políticas de un país que facilita o no impide ocultar las finanzas privadas, y mientras más políticas de este tipo hay, más alta es la puntuación de secreto financiero.
“El secreto financiero no solo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene a los cárteles de la droga financiables, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable”, explica el documento.
De acuerdo con Guillermo Ruiz, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, el índice contempla la transparencia fiscal y México registra esa puntuación en buena medida por el nivel de corrupción que padece.
Además, en el País existen las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que permiten crear las figuras sin acudir ante notarios y mover grandes cantidades de dinero.
“Fiscalmente puedes tener tu empresa de un día para otro y si fuéramos personas muy malas que nos dedicáramos a lavar o esconder fortunas, lo multiplicamos por amigos, vecinos y sacamos miles de éstas con cuentas bancarias y podemos estar estructurando dinero. A eso se refiere un poco este indicador, que este País puede ayudar a favorecer el ocultamiento”, describió.
Agregó que pese al buen régimen preventivo, las sanciones en el País no son tan graves y es posible recurrir a estrategias de defensa que están cerca de ser ilegales.
“Si en Estados Unidos dejas de pagar impuestos es considerado grave y casi es cárcel y aquí en México tienes muchos medios de defensa”, dijo Ruiz.
El puntaje combinado con el peso en una escala mundial de cada país determina el lugar que ocupa cada uno, y cuanto más se utiliza una jurisdicción por no residentes, mayor es su peso. (Azucena Vásquez, Reforma, P.p)
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende desconocer el compromiso que esa dependencia hizo con la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa, y no entregar 140 millones de pesos que ofreció para obras de mitigación y beneficio social por la construcción del Tren México-Toluca, acusó Gabino Sandoval, líder de la comunidad.
A nombre de los habitantes, Sandoval indicó que con el cambio de sexenio, la dependencia, que estuvo encabezada por Javier Jiménez Espriú (diciembre 2018-julio 2020) y ahora por Jorge Arganis Díaz Leal (a partir de julio 2020), ha buscado lavarse las manos diciendo que la anterior Administración, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, no les informó nada relacionado con ese compromiso.
Sandoval aseguró que, a diferencia de lo que sostiene la SCT, cuenta con las actas de las asambleas en donde se firmaron los acuerdos con los funcionarios de la Secretaría en donde éstos se comprometieron a entregar los recursos.
“Nosotros no celebramos estos acuerdos ni estos convenios con personas físicas sino con representantes de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, aunque ahora exista otra administración, creemos y consideramos que en automático tendrán que asumir esa responsabilidad de cumplir con lo que se prometió anteriormente”, señaló.
A finales de septiembre, habitantes de esta comunidad protestaron en la caseta de la Autopista México-Toluca por el incumplimiento.
En 2015, explicó Sandoval, en distintas reuniones pobladores aceptaron entregar 27 mil metros cuadrados para las obras del tren, y la SCT, además de pagar la afectación a los predios, aceptó dar los recursos que la asamblea de comuneros solicitó. (Rolando Herrera, Reforma, P.p)
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo a Guerrero, que incluye el despliegue actual de 16 mil elementos de Ejército, Guardia Nacional y policías locales, pero están listos 15 mil más de los estados vecinos si se requiere.
“Vamos a seguir con el programa de seguridad, que es muy importante y de eso depende la paz y la tranquilidad pública”, expuso durante su gira por Guerrero.
En la explanada del Palacio de Gobierno de Guerrero, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que el plan incluye el despliegue de otros 700 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en los municipios de Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
Se unirán a los cerca de 10 de mil efectivos federales que se encuentran en el estado, así como casi 6 mil uniformados de las policías estatales y municipales.
El general secretario detalló que la presencia de militares y elementos de la Guardia Nacional ha permitido bajar los homicidios vinculados a la delincuencia organizada; en Iguala se redujeron 46 por ciento y en Chilpancingo, 33 por ciento.
“En Acapulco teníamos 120 elementos, crece a 480, la Guardia Nacional pasa de 590 a 690 agentes, y la reducción es de 6 por ciento: de 69 homicidios a 65. Aquí de las ciudades en donde se presenta mayor índice delictivo es la que menos reducción se tuvo, entonces la estrategia de la Operación Guerrero se va a reforzar en este municipio, vamos a revisar algunas acciones”.
Además, el plan contempla la construcción de 15 cuarteles de la Guardia Nacional antes de 2023, que se sumarán a las cuatro instalaciones concluidas y las cinco que están por finalizar. (José Antonio Belmont Y Gaspar Vela, Milenio, Política .P.p)
Con militares y personal administrativo, la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional se hará responsable de la protección de 29 aeropuertos, así como de 75 estaciones de seguridad encargadas de vías federales en 19 entidades del país.
Esta labor que realizará el Ejército tendrá especial impacto en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.
El relevo, que iniciará el 3 de noviembre, tiene contemplado sustituir al personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional.
“Para el adecuado funcionamiento de las compañías de seguridad a vías de comunicación es conveniente conservar un efectivo mínimo de personal administrativo (15 por ciento) con funciones especializadas sustantivas (contratado como empleados de confianza)”, afirma el oficio Subjfa.Optva./ SS.Orgn./256/Hoja:1/1 emitido por la Subjefatura Operativa de la Guardia Nacional.
Los cambios que tiene listos la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, son parte de las modificaciones que iniciaron en septiembre pasado con el relevo de elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad en carreteras e instalaciones federales en Guanajuato y Jalisco.
El pasado 18 de agosto, MILENIO informó sobre los ajustes que se alistaban en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a través de la propuesta de relevo de dos coordinaciones de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, la cual asegura que es necesario sustituir “a las de los estados de Guanajuato y Jalisco por Coordinaciones de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación”.
El oficio pide además dar cumplimiento a la petición hecha el 22 de junio. (Joshua Hernández, Milenio, Política, P.p)
La mayoría conformada por Morena y sus aliados en el Senado de la República respalda el objetivo de la Secretaría de Hacienda para obtener mayores recursos en 2022 a partir de un combate más eficaz de la evasión y elusión fiscal, por lo que perfila luz verde para la Ley de Ingresos, programada para ser avalada hoy en comisiones, sin cambio alguno.
Se prevé que las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprueben hoy las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, las cuales plantean castigos más severos para el contrabando de mercancías; obligar a los contadores a denunciar trampas de sus clientes; impedir simulaciones laborales y donaciones fantasma, así como la inscripción obligatoria al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) desde los 18 años de edad.
Con el apoyo del Partido Verde, PT y PES, los senadores morenistas alistan la aprobación de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, mediante las cuales se esperan recursos por siete billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos para el próximo año, de los cuales 55% provendrá de los impuestos.
Según los proyectos de dictamen que circularon el fin de semana, la mayoría en el Senado coincide con los diputados en temas como el tope de la deducción que pueden hacer las personas físicas por donaciones, entre otros. (Leticia Robles De La Rosa, Excélsior, P.p)
Con la nueva ley que regula la subcontratación, las empresas que suministran personal a otras compañías han registrado una caída de casi 70% en su personal. Sin embargo, la baja no implica una reducción total del empleo en el país, ya que los empleados pasaron a ser dependientes directos de las empresas que los subcontrataban.
Según la Encuesta Mensual de Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre junio y agosto pasados, el personal del sector 5613 “servicios de empleo” pasó de un millón 11 mil 326 personas a 309 mil 201 personas, una reducción de 69.4 por ciento.
Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, explicó que “este empleo pasa de una bolsa a la otra bolsa, es decir el personal no dependiente ahora pasa a ser dependiente de la razón social”. (Paulo Cantillo, Excélsior, P.p)
“Te la encargo mucho, está muy dolida, profundamente triste”, dijo la amiga de la exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga y quien tramitó esta entrevista.
La llamada de Robles llegó ayer desde un teléfono de Santa Martha Acatitla. Le pregunté cómo fue esa noche de la semana pasada en la que —luego de que un tribunal colegiado le otorgara el amparo para seguir su proceso en prisión domiciliaria— el juez Ganther Alejandro Villar tomó la decisión de mantenerla en prisión preventiva, argumentando un “elevado riesgo de fuga”.
“Iba yo muy feliz. Me había despedido aquí de todo el mundo. Desde que empecé a oír la argumentación del juez, me empecé a dar cuenta de hacia dónde iba”, comentó.
Esa noche regresó a la celda que ha ocupado desde hace más de dos años. Dice que la invadió la impotencia, la frustración.
Explica que, hasta ahora, ha ganado jurídicamente todos los argumentos que se han esgrimido en su contra, “pero entonces el juez señala que represento un gran riesgo de fuga”. (Héctor de Mauleón, El Universal, P.p)
La industria militar en México se ha ido adaptando y modernizando con el tiempo, tales fueron los avances que hoy en día el Ejército Mexicano tiene en su repertorio una de las armas más poderosas, conocida como FX-05 Xiuhcóatl (serpiente de fuego en Náhuatl).
Con una cadencia de fuego de hasta 700 disparos por minuto, esta arma nació con el fin de mejorar y actualizar el armamento de las Fuerzas Armadas.
Los responsables de su fabricación subrayan que este fusil automático fue desarrollado por ingenieros militares y eso lo hace un orgullo para la institución castrense, pues resulta de gran ayuda para combatir al crimen organizado y proteger a la gente.
En entrevista, el teniente coronel e ingeniero industrial Héctor Gonzalo Laguna Araujo menciona que el FX-05 está diseñado por y para mexicanos, por lo que está adaptado correctamente a la fisonomía del soldado, lo que permite su fácil operación.
El fusil cuenta con un cargador de 30 cartuchos, que le brinda una adecuada capacidad de fuego y tiene un alcance de hasta 800 metros, característica que lo hace perfecto para las funciones que realizan los militares. (Verónica Márquez, El Universal, P.p)
En materia de emisiones, México está fuera de la ruta necesaria para contribuir a que el calentamiento del planeta se mantenga por debajo del límite de 1.5 grados celsius para 2030, advierte el reporte más reciente de la organización internacional Climate Transparency.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país deberían disminuir a cerca de 383 millones de toneladas anuales para 2030, plantean los modelos y estimaciones publicadas por la asociación.
Sin embargo, los objetivos proyectados por el gobierno federal contra el cambio climático permitirán reducir las emisiones a solo 638 millones de toneladas en 2030, por lo que hay una “brecha” de 255 millones de toneladas que las autoridades deberían evitar.
“México no está en el camino” para lograr un mundo por debajo de los 1.5 grados de calentamiento, señaló Climate Transparency en su último informe.
Para reducir esa brecha, los especialistas del informe propusieron al gobierno implementar y transparentar sus acciones clave de mitigación; desincentivar las plantas eléctricas que funcionan con combustibles fósiles y poner en marcha una estrategia de electromovilidad, entre otras.
En 2019, México generó más de 736 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono y otros GEI, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (Gerardo Suárez, El Heraldo de México, P.p)
México es el segundo país más rezagado en cuanto a reactivación del consumo privado entre las mayores economías de América Latina, solo superando a Argentina, país que atraviesa por una delicada situación macroeconómica, incluso desde antes de la pandemia de Covid-19.
Durante el primer semestre del año, el indicador tuvo un descenso de 4% en nuestro país en comparación con el primer semestre del 2019, año previo a la crisis sanitaria.
Este desliz está lejos del avance de 5.9% observado en Colombia o las expansiones de 3.1% y 0.1% registradas en Chile y Perú, respectivamente, de acuerdo con una revisión hecha por El Economista de las cifras originales publicadas en los portales de internet de los bancos centrales e institutos de estadísticas de los países señalados.
La dinámica mexicana es incluso inferior a la observada en Brasil, país que tampoco ha conseguido regresar a su nivel de consumo previo a la pandemia, pero está más cerca que México, con una caída bianual de 2.6 por ciento.
Argentina, que atraviesa por una severa crisis inflacionaria y de deuda desde hace varios años, muestra una contracción de 7.5 por ciento.
Con la excepción de México, todos los países citados se distinguen por haber canalizado estímulos fiscales y monetarios importantes para amortiguar la caída de la demanda y oferta agregadas y acelerar su reactivación, luego del megaconfinamiento del año pasado para evitar la propagación del Covid-19.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional y de Moody’s, resaltan los casos de Brasil, Chile y Perú, que aplicaron medidas con un costo de más de 10 puntos porcentuales del PIB.
Colombia e inclusive Argentina –que tiene un espacio fiscal limitado en medio de la renegociación de una abultada deuda con el FMI–, aplicaron paquetes cuyo costo fue equivalente a poco más de cinco puntos porcentuales del producto, mientras que en México el apoyo fiscal representó menos del 1% del PIB.
La caída del consumo de los hogares mexicanos durante el segundo trimestre del 2020 fue de 21% interanual, la tercera más pronunciada entre las economías analizadas, solo superada Perú (-22.1%) y Argentina (-23.8 por ciento).
En el proceso de recuperación económica, el gobierno mexicano ha confiado en los efectos positivos de la vecindad con Estados Unidos, país cuyos ambiciosos programas de estímulo para reactivar la economía han generado derramas económicas en México. (Octavio Amador, El Economista, Empresas y Negocios, P.p)
El proyecto de Dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022 que planean votar este lunes las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, dejan prácticamente intacta la minuta que les enviaron los diputados, por lo que se mantiene la amenaza de sanción con prisión de tres meses a seis años a los auditores que dictaminen empresas y que no informen a las autoridades de un ‘probable’ delito fiscal y la obligatoriedad de la inscripción de los jóvenes mayores de 18 años para inscribirse al RFC.
También prevé dejar sin cambios los principales parámetros macroeconómicos como la proyección de crecimiento del PIB de 4.1 por ciento, el precio estimado de barril de petróleo de exportación de 55.1 dólares y el tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.
Asimismo, deja sin cambio la proyección de ingresos del gobierno por un total de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos.
El dictamen que planean votar este lunes en comisiones del Senado está de acuerdo en añadir un párrafo al Artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, para que se considere responsable de encubrimiento en delitos fiscales: “cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción III, tercer párrafo de este Código”. (Felipe Gazcón, El Financiero, P.p)
El haberse desprendido de la Residencia Oficial de Los Pinos como uno de los complejos arquitectónicos más onerosos de la Presidencia de la República redujo, al menos en el discurso, una pequeña parte de su multimillonario patrimonio inmobiliario, hoy valuado en 35 mil 797 millones 983 mil 304 pesos.
De acuerdo con una revisión que realizó El Sol de México (presencial y virtual) al inventario de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de la Presidencia de la República, que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se detectó que esta área del Ejecutivo federal cuenta con un patrimonio de 12 bienes inmuebles, de los cuales seis no aparecían en el inventario que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Más preciado por su valor histórico que por su valor comercial, Palacio Nacional tiene un valor catastral de mil 304 millones 140 mil 823 pesos, aproximadamente la mitad del valor del Complejo Cultural Los Pinos —convertido así por decreto presidencial, el 1 de diciembre de 2018— y que actualmente está valuado en dos mil 928 millones de pesos, según un cálculo de la empresa de bienes raíces Lamudi.
Palacio Nacional, sitio histórico donde determinó trasladar su residencia Andrés Manuel López Obrador, es el segundo inmueble más costoso de la Presidencia de la República, y su valor catastral está muy por debajo de la propiedad más cara a nombre del Poder Ejecutivo: el Hangar Presidencial.
Con la escritura pública número 53, de fecha 6 de noviembre de 1986 y el domicilio en Avenida Adolfo López Mateos 15620, alcaldía Venustiano Carranza, Aeropuerto, el Hangar Presidencial (hoy sin utilizar, una vez que el presidente sólo viaja en vuelos comerciales) tiene un valor catastral de 33 mil 242 millones 875 mil 532.74 pesos, algo así como el presupuesto total de la Secretaría de Marina en 2021, que es de 35 mil 476 millones 715 mil 511 pesos. (Rivelino Rueda, El Sol de México, P.p)