La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la manifestación de impacto ambiental (MIA) en el proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía, “en una zona 83 por ciento impactada por las áreas urbanas, zonas agrícolas y sin vegetación”. Planteó 16 condicionantes, una vigencia de 33 años para la preparación del sitio y la construcción de la obra, y 50 años para la operación de la terminal.
El proyecto en total se desarrollará en 3 mil 688 hectáreas, considera la construcción de la terminal aérea, la reubicación de instalaciones militares y la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tendrá tres pistas nuevas, más la de uso militar. También requiere el cambio de uso de suelo forestal de 17.22 hectáreas, autorización que deberá pedir a la Semarnat.
El 17 de julio la dependencia entregó a la Sedena, promotora de la obra, el resolutivo con la autorización de la MIA del proyecto que abarca 10 municipios del estado de México, fue evaluado en 60 días hábiles y consta de 274 páginas. (Angélica Enciso L., La Jornada, P.p Israel Navarro, Milenio, P.p.. Raúl Flores, Excélsior, P.p.)
Ante notario, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer su compromiso de no relección y no corrupción. Lo hizo, dijo, para “serenar” a los conservadores, a quienes pidió que no lo comparen con Porfirio Díaz –quien se mantuvo en la Presidencia 34 años–, porque “eso sí calienta. Tenemos un pensamiento libertario y democrático.
“Soy maderista y creo en el sufragio efectivo, no relección”, subrayó el mandatario. “Por eso, voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia… Hasta el 24 (2024), si el pueblo quiere y me lo permiten la ciencia, la naturaleza y el Creador”.
Durante su conferencia, en la que se donó al municipio de Naucalpan el rancho Los Tres García –incautado al suegro del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie– para la construcción de una universidad, ratificó el inicio de una investigación sobre el destino de los más de 200 millones de dólares que se confiscaron al empresario Zhenli Ye Gon. También anunció que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado subastará la residencia en la que se realizó el decomiso. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, P.p.)
Ante la condición de chatarra en que dejaron a la industria petroquímica pública, el gobierno carece de recursos para reactivarla, por lo que será un área reservada a la inversión privada, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al explicar los acuerdos con el sector empresarial mediante los caules se cedió la petroquímica al capital privado, admitió: tendríamos que endeudar al país para levantarla; necesitamos esa inversión.
El Presidente explicó los alcances de la reunión que sostuvo con los dirigentes de los consejos Coordinador Empresarial y Mexicano de Negocios, Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochena, respectivamente, que incluyó retomar las negociaciones sobre los contratos de los gasoductos que operará la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hubo un reclamo fraterno de nuestra parte por la nueva denuncia presentada por TransCanada, pero se buscará un arreglo. (Alonso Urrutia y Alma Muñoz, La Jornada, P.p. Arturo Páramo, Excélsior, P.p.)
Al calificarlo de organismo oneroso, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no descarta la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Consideró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puede realizar la medición de la pobreza, y el presupuesto que se destina al Coneval (443 millones de pesos este año) utilizarlo en combatir el flagelo.
En su conferencia de prensa, el mandatario subrayó que en ese organismo hay más de 200 trabajadores, y “los de arriba (están) bien servidos, (con) sueldos de 200, hasta 300 mil pesos mensuales”. Equiparó la creación del Coneval con lo ocurrido en otros institutos con “pesados aparatos burocráticos, onerosos, sin beneficio”, como los de Transparencia y Anticorrupción, que optaron por simular el combate a ese delito.
“Llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes. Se puso de moda todo eso. Si se tiene el Inegi, ¿por qué no realiza esa función?” de medir la pobreza, se preguntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional, a tres días del cambio de titular del Coneval con la designación de José Nabor Cruz Marcelo en sustitución de Gonzalo Hernández Licona, quien estuvo al frente del organismo desde su surgimiento, hace 14 años. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p. Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
Los órganos autónomos y las instituciones encargadas de medir la eficacia de políticas del Gobierno y de los servidores públicos están en la mira del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora le tocó el turno al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismos que el Mandatario federal explora desaparecer con el argumento de generar ahorros presupuestales.
Además, este año, por iniciativa presidencial, se consumó la extinción del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el cual será sustituido por un Centro Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Recientemente, López Obrador anunció también la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), que tenía como responsabilidad dar seguimiento técnico y administrativo a los programas de obra para construir y mejorar escuelas en los Estados. (Zedryk Raziel, Reforma, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a líderes empresariales a privilegiar el diálogo y los acuerdos antes de recurrir a tribunales internacionales, luego de que TransCanada interpuso una denuncia contra el gobierno federal para reclamar el pago de 250 millones de dólares.
Recordó que en la reunión que tuvieron el miércoles pasado aprovechó para reclamarles de manera directa la demanda de la empresa propietaria de gasoductos, que se da en medio de las mesas de negociación y usando las declaraciones del ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa.
“Vamos a que se llegue a un acuerdo, pero que ya no sigan peleando… que no se llegue a eso (tribunales internacionales); dijeron que estaban completamente de acuerdo, pero para eso hay que poner reglas claras. (Redacción, Milenio, P.p.)
El sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps sólo reportó gastos por 68.7 millones de pesos de los casi 300 millones que Pemex le dio de “pilón” en 2018, por concepto de la cláusula 251 bis.
De acuerdo con los flujos de efectivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), de los cuales REFORMA tiene copia, el sindicato gastó en la remodelación de un deportivo en Nuevo León que lleva el nombre del líder petrolero, la remodelación de un panteón en Hidalgo, obras de taludes en Nanchital, Veracruz y gastos para su sede sindical. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
La justicia española aceptó la solicitud de extradición que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie el juicio de entrega de Alonso Ancira, propietario de la empresa Altos Hornos de México, quien enfrenta una orden de aprehensión en México para ser juzgado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por haber entregado sobornos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a fin de que se concretara la compra con sobreprecio de la empres Agronitrogenados en 2015.
Alonso Ancira fue detenido el pasado 28 de mayo en España, donde permanece en libertad bajo fianza mientras se realiza su proceso de extradición a México, donde con base en una denuncia presentada el 5 de marzo de este año por la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta, la FGR integró una carpeta de investigación en la que se le señala como responsable de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ayer, las autoridades mexicanas señalaron que la solicitud de extradición formal del empresario Alonso A, presentada por la FGR, reúne los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial. (Gustavo Castillo García, La Jornada, P.p.)
El monto recaudado por el Gobierno federal a través del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) igualó al de los ingresos petroleros durante los primeros cinco meses del año.
Cifras de Hacienda revelan que de enero a mayo se logró una recaudación de 192 mil 91 millones de pesos por IEPS, mientras que los ingresos petroleros del Gobierno sumaron 192 mil 497 millones.
El impulso del IEPS viene directamente del incremento de lo recaudado a través del gravamen aplicable a combustibles. Otro tanto de tabacos, bebidas saborizadas, alcohólicas y alimentos de alto contenido calórico. (Jorge Cano, Reforma, P.p.)
Para abatir la impunidad y la corrupción que ha derivado en la adquisición de bienes por parte de delincuentes y malos servidores públicos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La minuta contiene un amplio catálogo de 245 delitos aplicables contra la acción ilegal de los criminales.
Esa cauda de supuestos penales fue considerada un exceso por los priístas, que junto a Tatiana Clouthier (Morena) reclamaron imponer en el ordenamiento la presunción de inocencia y acotar la venta anticipada de los bienes incautados con objeto de evitar abusos provenientes de la autoridad.
La postura no pasó y fue desechada. Finalmente la minuta del Senado fue aprobada en lo general y lo particular con 291 votos, 114 en contra y cinco abstenciones. (Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, P.p.)
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se reportaron 156 mil 437 homicidios, 34 mil 824 más que en la administración de Felipe Calderón, lo que constituye el monto más alto de los últimos cuatro sexenios desde que el Inegi empezó a recabar esta serie.
Entre las principales causas de defunción se encuentran los asesinatos por disparo de arma de fuego, con casi 70%, seguidos por agresión con objeto cortante, así como por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 18% en conjunto.
Los estados con más homicidios en el sexenio pasado fueron: Estado de México, con 17 mil 891 casos; Guerrero, con 13 mil 979; Chihuahua, 12 mil 421; Jalisco, 9 mil 564; Guanajuato, 9 mil 482; Baja California, 8 mil 569; Michoacán, 7 mil 966; Sinaloa, 7 mil 619; Ciudad de México, 7 mil 349, y Veracruz, con 7 mil 113.
Estas 10 entidades concentraron 65% del total de muertes reportadas en el gobierno de Peña Nieto. (Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
Grandes cantidades de presunta espuma tóxica se formaron durante los últimos días en la presa de Valsequillo y en una canal de riego, al sur de la ciudad de Puebla.
Aunque en un principio se indicó que este fenómeno fue generado por el exceso de detergentes que se desechan al drenaje, expertos advirtieron que también hay presencia de metales pesados como plomo, cadmio y cobre, así como plaguicidas, solventes, aceite automotriz y materia orgánica.
El agua de la presa, que proviene del también contaminado río Atoyac, se utiliza para regar los campos de la región de Tecamachalco. (Óscar Luna, Reforma, P.p.)
La percepción de corrupción entre los empresarios del país tuvo una reducción de 5 puntos porcentuales en comparación con los niveles en los que se encontraba en julio de 2018, de acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que remarcó que la confianza empresarial ha mermado.
Al dar a conocer la quinta entrega de DataCoparmex, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de ese órgano, indicó que a nivel nacional el sentimiento de la falta de transparencia entre sus agremiados ha mejorado, resultado que aseguró es recibido con optimismo.
Nicolás Madáhuar, vicepresidente nacional de Desarrollo Social de Coparmex, comentó que es el reflejo del mensaje difundido por el presidente Andrés Manuel López referente al combate a este mal. (Alejandro Alegría y Bertha Teresa Ramírez, La Jornada, P.p.)