José Eshkenazi, quien fue señalado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido un pago proveniente del dinero de Odebrecht durante la campaña de 2012, obtuvo contratos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los contratos más cuantiosos, que suman alrededor de 640 millones de pesos, los recibió del Infonavit, durante el paso de David Penchyna, quien fue señalado por Lozoya de recibir y distribuir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética cuando era legislador.
Según la denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la campaña presidencial de 2012 entregó 1.6 millones de dólares a consultores, entre ellos José Eshke-nazi, a quien le transfirió 150 mil dólares a una cuenta de un banco de Nueva York.
José Eshkenazi es representante de dos empresas: Soccer Media Solutions y MBL World, dedicadas a la publicidad exterior y digital, y que obtuvieron decenas de contratos el sexenio pasado. (Rolando Herrera, Reforma, P.p.)
Las bancadas que integran la alianza legislativa de Juntos Haremos Historia —Morena y PT— en la Cámara de Diputados conformaron un bloque para respaldar la posible solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República de 1988 hasta 2018 que pudiera presentar el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de estos grupos parlamentarios ya se definió que, de manera paralela a la posible solicitud presidencial, los diputados federales y los senadores presentarán sendas peticiones y también de septiembre a marzo próximo se recabarán millones de firmas de ciudadanos para hacer lo propio. Plantean que sea el mismo día de la jornada electoral 2021.
En tanto, en el Senado el grupo mayoritario de Morena discutirá el próximo domingo en su sesión plenaria si proponen la consulta por mayoría y pueda ser calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello someter a juicio a los últimos cinco presidentes de la República.
Pero en la Cámara Baja se adelantó que desde el próximo 31 de agosto, en las sesiones preparatorias de San Lázaro y el Senado, se comenzaría con la recolección de firmas entre los legisladores de la Cuarta Transformación. (Horacio Jiménez. El Universal, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a hacer públicos los contratos del crédito otorgado por Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext a Braskem-Idesa para construir la planta Etileno XXI, mientras el consorcio confirmó que el crédito fue liquidado anticipadamente.
La empresa aseguró que “es totalmente incierta y falsa toda afirmación o insinuación sobre condonación, regalo o ‘perdón’ de créditos en favor de Braskem Idesa”.
Luego de que MILENIO publicó este miércoles que Nafin clasificó como confidencial la información sobre el financiamiento otorgado al consorcio integrado por la filial petroquímica de Odebrecht y la empresa mexicana, el mandatario federal dijo que se van a conocer los términos del contrato de la planta de Etileno XXI que Nafin protegió con argumento del secreto bancario. “No somos tapadera de nadie”, expresó respecto a la reserva de las condiciones del contrato.
“Toda la información se va a poner a disposición, ¿Saben qué hizo la comisión (Instituto) de transparencia? Recrearon organismos para aparentar que se combatía la corrupción; una de sus resoluciones fue mantener en reserva el caso de Odebrecht, totalmente contradictorio”, agregó. (Omar Brito y Francisco Mejía, Milenio, P.p.)
Ejecutivo y su esposa gestionan ante el IMPI que nadie, salvo ellos, puedan lucrar con sus apelativos o siglas; podrían usarlo en negocios y publicidad
El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el proceso para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) su nombre y las siglas de éste como marca comercial y evitar que terceros puedan lucrar con ellos.
También Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Jefe del Ejecutivo federal, inició los trámites con el mismo objetivo.
En seis expedientes, cuyas copias están en poder de EL UNIVERSAL, se detalla que por medio de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Mandatario, entre abril y julio se comenzaron los trámites, por lo que se pagaron casi 17 mil pesos por el estudio de estas solicitudes.
El 27 de abril fue abierto el expediente 2352324 para que la marca “Andrés Manuel López Obrador” pueda ser usada sólo por el Ejecutivo federal en el ámbito de la educación, en servicios de entretenimiento, así como en actividades deportivas y culturales. (Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, El Universal, P.p.)
La eventual consulta popular para enjuiciar a los expresidentes debe aplicarse el día que marca la Constitución: el primer domingo de agosto.
Constitucionalistas explicaron a Excélsior que, ante la omisión del Legislativo para ajustar la Ley Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con lo fijado en la reforma de 2019, prevalece la Carta Magna.
El martes, el presidente López Obrador pidió a la Corte definir la fecha para la consulta popular prevista en 2021, pues, según la legislación en la materia, debe ser el día de la elección federal.
Para Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fijar la fecha de una consulta está en manos de la autoridad que emita la convocatoria, es decir, el Congreso de la Unión. (Olimpia Ávila, Excélsior, P.p.)
Washington. Moderna Inc anunció ayer que un análisis de los datos sobre su vacuna en etapa inicial para el nuevo coronavirus mostró que induce respuestas inmunes en adultos mayores similares a las de los más jóvenes.
El fabricante de medicamentos es uno de los principales candidatos estadunidenses en la carrera por desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el nuevo coronavirus.
Su potencial vacuna, denominada mRNA-1273, se encuentra en la fase tres de pruebas en humanos.
Moderna informó sobre datos provisionales del estudio fase uno, que incluye un análisis de 20 personas adicionales y detalles de cómo funciona la vacuna en adultos mayores. (Reuters, Sputnik, Afp, Ap y Europa Press, La Jornada, P.p.)
La definición de casos sospechosos de Covid-19, que hasta el lunes pasado determinaba la respuesta médica, rezagó la atención del 36 por ciento de los pacientes sintomáticos, lo que provocó que se perdiera “la oportunidad de romper la cadena de contagios”, concluyó el IMSS.
A partir del martes, las autoridades ampliaron de 10 a 13 los síntomas para considerar a una persona con sospecha de Covid, además de que entrará en esa clasificación aunque tenga sólo uno de esos síntomas.
En el reporte “Definición operacional de Caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral, que incluye Covid-19” el IMSS concluyó que los anteriores criterios eran más restrictivos que los aplicados en Europa y EU. (Natalia Vitela, Reforma, P.p.)
En la pelea por convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña aseguró que al arrancar la 64 Legislatura, en 2018, el Partido del Trabajo (PT) cedió legisladores a Morena para que consiguiera la mayoría absoluta.
“El PT le pasó diputados a Morena para que Mario Delgado (coordinador) tuviera la Junta de Coordinación Política tres años; el PT se fue a la cuarta fuerza y quedó fuera de las vicepresidencias”, dijo.
“Hoy que tenemos que discutir este tema, Delgado dice que es un asunto del PT y le dice a sus diputados que nadie se pase al PT, y cuando les dice eso, les está diciendo que el PRI va a presidir la Cámara de Diputados”, criticó. (Claudia Salazar, Reforma, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010.
La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.
Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.
Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, P.p.)
Al denunciar una operación irregular de otra planta de fertilizantes, por la que se pagaron 9 mil millones de pesos bajo la gestión de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Torreón, Coahuila, que la operación fue financiada por medio de la banca de desarrollo, cuando un hijo del ex presidente De la Madrid era director del Banco de Comercio Exterior y el actual gobernador del Banco de México (BdeM) estaba en Hacienda y luego fue director de Bancomext cuando estos créditos. El gobierno ya presentó denuncia, adelantó.
En conferencia es esta ciudad, dijo que esa operación de manera inexplicable, no está en la declaración de Lozoya. Señaló que hasta ahora en ese proceso legal se encuentran vinculadas 70 personas, pero precisó que la Fiscalía General de República (FGR) no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las cuentas de ninguno de los personajes mencionados, incluido el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes que estuvieran involucrados en posibles delitos, afirmó: “¿Quién va a decidir si procede o no procede? Primero, la gente, porque al final es una elección. La gente va a ir de manera libre a decir: ‘Sí quiero que se enjuicie o se castigue a los ex presidentes o no’. Siempre va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. Si es constitucional o no, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia”. (De la Redacción, La Jornada, Contraportada)
Dadas las circunstancias económicas generadas por el Covid-19, el Banco de México (Banxico) degradó su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año a un nivel, en el escenario más crítico, de -12.8 por ciento, desde una estimación previa de -8.3 por ciento, lo que significaría un desplome similar al observado en la Gran Depresión, especificamente en 1932 cuando la economía mexicana se hundió casi 15 por ciento, de acuerdo con analistas.
En el informe trimestral abril-junio de 2020, el banco central detalló que bajo el contexto actual no es posible presentar un escenario central de pronósticos de la actividad económica, por lo que, al igual que en el informe anterior, elaboró tres escenarios posibles.
El primero vislumbra una “afectación tipo V”, en el que se vería una caída de entre 4.6 y 8.8 por ciento; en una afectación en forma de “V profunda”, la contracción pasaría de una contracción de 8.8 por ciento a una de 11.3 por ciento; y el más severo, en “U profunda”, significaría una caída de 12.8 por ciento para el PIB, cuando antes se veía en un retroceso de 8.3 por ciento. (Ana Martínez, La Razón, P.p Yolanda Morales y L. González, El Economista, P.p Mario D. Camarillo y Alejandro Páez Morales, La Crónica de Hoy P.p. Juan Luis Ramos y Jacob Sánchez, El Sol de México, P.p.)
La Junta de gobierno del Banco de México ajustó el miércoles su previsión de la economía mexicana para este año, pues ahora esperaría una caída de 12.8 por ciento en el peor escenario, que sería su mayor declive en casi nueve décadas.
En el marco de la presentación del Informe trimestral abril-junio de 2020, el gobernador del Banco central, Alejandro Díaz de León, comentó que se siguen contando con tres escenarios.
En el mejor escenario, con una recuperación tipo ‘V’, la economía caerá 8.8% este 2020, derivado del golpe por la pandemia de COVID-19.
En el peor, con un comportamiento de una ‘U profunda’, el Producto Interno Bruto (PIB) se hundirá 12.8 por ciento. (Guillermo Castañares, El Financiero, P.p.)
La magnitud a la que se contrajo la actividad económica entre abril y junio implicó una reducción de 3 billones 95 mil 311 millones de pesos en el valor del producto interno bruto (PIB), reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto a precios comparables de 2013 y con cifras desestacionalizadas, que procuran hacer más análoga la medición.
Dicha cifra equivale a una contracción de 34 mil 14 millones de pesos por día, aproximadamente el presupuesto anual de la Secretaría de Marina. Y es que, para poner en contexto histórico la caída del PIB durante el confinamiento del segundo trimestre de 2020 hay que retroceder 10 años, a julio-septiembre de 2010, explicó en una publicación Julio Santaella, presidente del Inegi.
Si bien junio marca el inicio de una recuperación, según los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el segundo trimestre de 2020 no escapó de ser la contracción económica más pronunciada de la que hay registro. No sólo en el PIB, también en las industrias y el sector de servicios y comercio. (Dora Villanueva, La Jornada, P.p.)
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara al Senado una oficio para que el Estado mexicano reconozca la competencia de la ONU para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010.
A través de cuenta de Twitter, el organismo también instó al Senado a aprobar el instrumento de reconocimiento de dicha competencia para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas de esta grave violación de derechos humanos.
Por separado, Amnistía Internacional celebró el paso dado por el gobierno federal, al tiempo que hizo un llamado al Congreso para que apruebe sin demora la declaración que reconoce la competencia de dicho Comité”.
En tanto, el Senado informó que dará prioridad y celeridad a la ratificación de la declaratoria remitida, con la que se acepta la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que contempla la atención a las víctimas, como la reparación del daño en diversas modalidades. (F. Mejía y S. Arellano, Milenio, P.p.)
A menos de dos meses de concretar la sociedad alrededor del Sistema Radiópolis, Grupo Prisa y Corporativo Coral entrarán en litigio. El grupo español acusa a Miguel Alemán Magnani y a su socio, Carlos Cabal Peniche, de graves incumplimientos de las obligaciones societarias y contractuales.
Ambas empresas poseen 50 por ciento de las acciones de Radiópolis. La pugna estalló el 25 de agosto por la noche, cuando Prisa acusó a sus socios de intentar imponerse en las instalaciones de W Radio a través de la fuerza y cambiar la directiva sin informar a los accionistas.
Un día después, el inmueble de Tlalpan 3000 se encuentra prácticamente vacío. En congruencia con la cotidianidad que trajo la pandemia de Covid-19 a la Ciudad de México, se ven apenas personas. El cubrebocas como ley.
Sólo quedan siete guardias de seguridad privada de la empresa Onguardias y Estrategias, SA de CV, que rechazan hacer comentario alguno. Los cuatro trabajadores que entran y salen de la instalación tampoco hablan. Al tiempo, un soldador labora en la cerradura rota del portón de W Radio. (Dora Villanueva, La Jornada, Contraportada)
Liconsa otorgó contratos hasta por 4 mil millones de pesos, a una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Puente creó la empresa “Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV”, el 11 de noviembre de 2014, como una empresa de la construcción, y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 -a los dos días del cambio de Gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas. (Redacción, Reforma, P.p.)
Los soldados presentes en el operativo grabado que reveló el lunes pasado EL UNIVERSAL, en el que se observa a militares ejecutando a una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declararon ante el Ministerio Público que todas sus cámaras estaban apagadas. El video difundido por este diario fue tomado, sin embargo, desde la torreta de uno de los vehículos del Ejército.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, cuando en un operativo murieron 12 personas, entre ellas tres jóvenes secuestrados, quienes fueron asesinados con un solo disparo a corta distancia. Los militares declararon horas más tarde ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) que al menos tenían cinco cámaras. Una para cada uno de los tiradores de los vehículos y otra conectada a una de las unidades blindadas Sandcat, revela información en poder de este diario.
Los soldados aseguraron que apagaron las cámaras antes de los hechos, que estaban desconectadas o que estaban lejos de la zona. Ninguno reconoció la existencia del video que EL UNIVERSAL reveló el lunes pasado, grabado por el equipo de uno de los tiradores, en el que se escucha la orden de matar a un civil. “Que diga el declarante si tiene conocimiento si alguno de sus compañeros contaba en el momento de los hechos con cámara de videograbación”, le pregunta el MP al jefe del vehículo blindado Sandcat que impacta por detrás a la Cheyenne que recibió los disparos y que en el video se ve abriendo fuego. Responde: “El vehículo Sandcat traía una cámara vehicular, pero en esos momentos no estaba conectada para poder grabar”. (Íñigo Arredondo, El Universal, P.p.)
Organizaciones civiles que, mediante amparos y movilizaciones mantienen detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya, reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero.
Se trata del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones de dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 620 mil 570 dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 millones de dólares y cuyos principales donantes son grupos como Fundación Kellogg, Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras.
De las seis organizaciones, al menos dos ya lograron obtener la suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo. En total, estos grupos han recibido 13 millones 37 mil dólares desde 2006 a la fecha. (Iván Saldaña, El Heraldo de México, P.p.)
