Sin sonar campanas de alarma, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, admite que la impunidad puede poner en riesgo el proceso de paz que se ha iniciado en el país. Explica cómo el organismo perderá el olor a pólvora con la próxima incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y se transformará en una secretaría para la paz.
No obstante, niega que sea el aparato judicial, en su totalidad, el que pudiera hacer fracasar el esfuerzo para conseguir una forma de convivencia alejada de la violencia como se lo ha planteado el gobierno de la República.
A veces quisiéramos que el proceso de pacificación tuviera un ritmo más ágil, y que en este tiempo pudiéramos decir que se atajaron los delitos que aún tenemos pendientes, pero todavía hay desafíos que enfrentar, y lo estamos haciendo a diario, con mucha perseverancia, con la confianza de que el país pueda llegar a la tan anhelada pacificación.
–El pero resulta de los mismos proyectos que nacen desde el gobierno. El Presidente anunció que la Guardia Nacional será asimilada por la Secretaría de la Defensa Nacional; si es así, ¿qué va a pasar con esta secretaría, con el esfuerzo realizado por la misma Guardia Nacional en el esfuerzo de pacificación?
–Yo creo que será para mejor. Me explico: primero, el Presidente está por presentar la iniciativa para que el mando de la Guardia Nacional deje de ser civil, y pase a ser un mando militar, y esto es bueno, porque a nadie se engañó, todos sabían que la Guardia Nacional está conformada por tres áreas: la Policía Militar, que es casi 60 por ciento, un poco más; la Policía Naval, que es alrededor de 20, 25 por ciento, y el resto de algunos policías federales. (Miguel Ángel Velázquez, La Jornada, P.p)
La ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmó que es constitucional la suspensión dictada contra la siembra comercial de maíz transgénico, si bien señaló que esta decisión debe ser debidamente fundada por el juez de la causa.
En un proyecto de sentencia, distribuido entre los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analizarán el caso, señala que las suspensiones otorgadas por autoridades judiciales deben responder siempre al interés mayor: No hay manera de comprender en una regla todas las circunstancias que pudieran presentarse, en todos los casos posibles, materia de una acción colectiva que pueden ir desde la protección de intereses como los derechos de los consumidores, hasta las complejas y múltiples situaciones que se podrían presentar en detrimento del medio ambiente, cuando están en juego intereses difusos de una colectividad indeterminada.
Se trata concretamente de un amparo promovido por la empresa PHI México en contra de la aplicación del artículo 610, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a los administradores de justicia tomar cualquier otra medida que el juez considera pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad.
Piña funda también su propuesta en la contradicción de tesis 2/97, en la que el tribunal pleno estableció que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse para resolver cuándo y cómo debe actuar o para determinar libremente el contenido de su posible actuación. En ese sentido, precisó que la base de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala. Su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de elegir entre dos o más decisiones sin que ello signifique arbitrariedad”. (Eduardo Murillo, Política, La Jornada, P.p)
Desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció el presunto desvío y lavado de 724 millones de pesos por parte de Ricardo Gallardo Cardona, quien ayer se convirtió en el nuevo Gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde.
Sin embargo, el Fiscal Alejandro Gertz ignoró la investigación del titular de la UIF, Santiago Nieto.
En agosto de 2020, la UIF entregó a la FGR la denuncia de 66 páginas contra Gallardo Cardona (ex Alcalde del Municipio de Soledad de Graciano) y contra su padre, Ricardo Gallardo Juárez (ex Edil de San Luis Potosí), a quienes señaló de tejer una red de desvíos con apoyo de familiares y socios, entre 2012 y 2019.
Los Gallardo eran perredistas cuando fueron alcaldes, pero después encontraron cobijo en el Partido Verde.
“Dichos sujetos, de común acuerdo y bajo la dirección de Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona, ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí”, señala la denuncia difundida ayer por el periodista Julio Astillero. (Redacción, Reforma, P.p)
Cd. de México (27 septiembre 2021).- Nuevo León concentra el mayor número de empresas “factureras” en el norte del País, las cuales han extendido sus redes de “ordeña” del erario a otros estados de la región.
De acuerdo con la lista negra del SAT sobre empresas fachada, los Gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2 mil 252 millones de pesos a 308 “factureras” entre 2014 y 2019.
El 53 por ciento de las 308 firmas se ubican en Nuevo León, 18 por ciento en Coahuila, 14 por ciento en Tamaulipas, 6 por ciento en CDMX y el resto en otros estados.
Las factureras fueron usadas en Nuevo León por el Gobernador Jaime Rodríguez, cuyo sexenio termina el domingo, y por su antecesor, el priista Rodrigo Medina.
En Coahuila las aprovechó el ex Gobernador priista y actual presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
Entre 2014 y 2019, el Gobierno de Tamaulipas y los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros y Altamira contrataron a 164 “factureras” por mil 342 millones de pesos, el 59.5 por ciento del total pagado por los tres estados.
Este periodo incluye al priista Egidio Torre Cantú y al panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo sexenio acaba en 2022.
Coahuila contrató a 123 empresas por 719.5 millones de pesos, el 32 por ciento del total, con Rubén Moreira y el actual Gobernador Miguel Riquelme, ambos del PRI.
Una investigación de Grupo REFORMA, realizada durante tres meses, halló que estas firmas operaron como “todólogas”, ya que facturaron a los Gobiernos por distintos conceptos. (Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño, Reforma, P.p)
Un juez federal en Estados Unidos aceptó que las 11 empresas de armamento que fueron denunciadas por el gobierno federal vayan en bloque, en un juicio civil en el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes.
En agosto el canciller Marcelo Ebrard anunció la demanda civil por daños en aquel país “para que las empresas señaladas compensen al gobierno de México por los daños causados” por las armas que terminan en manos de criminales y generaron violencia.
Sin embargo, el pasado 17 de septiembre el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición en la que los abogados de las empresas denunciadas solicitaron que los próximos movimientos puedan llevarse a cabo de manera conjunta.
“Los demandados notificados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte”, dice el documento radicado en la corte civil de este estado.
Para aligerar la carga de trabajo de las partes implicadas, la corte de Massachusetts ha propuesto una serie de fechas para que las empresas presenten sus argumentos de defensa de los cargos que ha hecho México en su contra. La fecha propuesta es el próximo 22 de noviembre.
Mientras que México puede responder y oponerse a estos hasta el 31 de enero de 2022. Los armamentistas pueden volver a presentar una “réplica conjunta” hasta el 28 de febrero. Sin embargo, la corte asegura que los acusados pueden presentar escritos individuales durante el juicio. (Laur A Sánchez Ley Y Fernando Damián, Milenio, Política .P.p)
Mario Delgado dejó en manos del senador Alejandro Peña la conducción del proceso de credencialización de los militantes de Morena, pero hizo a un lado a la secretaría de Organización y al Consejo Nacional.
Xóchitl Zagal, secretaria de Organización de Morena, denunció que durante la aprobación de los lineamientos para la afiliación y credencialización se decidió que sea el senador Peña, en su calidad de delegado especial, el que se haga cargo de dicha tarea. Incluso reveló que, sin documentación, ya le fueron entregadas claves para el registro de militantes.
En entrevista con MILENIO, la secretaria alertó que con esa decisión se concentra el poder en una sola persona y no se cumple con la sentencia del Tribunal Electoral, además de que no garantiza que tras este proceso, Morena logre tener un padrón que dé certeza.
“No se habla de afiliación sino de credencialización y en la sesión del CEN se pone a discusión los lineamientos de ambos; además se le delega al senador Alejandro Peña una responsabilidad que solo le compete a la secretaría de Organización”, dijo.
Alejandro Peña es cercano a Mario Delgado y durante el proceso de encuestas para el pasado proceso electoral fue quien estuvo a cargo de la designación de los candidatos a gobernadores y legisladores, así como de la estructura y defensa del voto. (Liliana Padilla, Milenio, Política, P.p)
En sólo cuatro días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), resistió 10 millones 512 mil ciberataques, cifra tres veces superior a los que resistió durante los 24 meses de 2019 y 2020, cuando enfrentó 2.9 millones de ataques cibernéticos.
Mediante un comunicado oficial, el Inai detalló que “los días 22 al 23 de septiembre, la DGTI continuó revisando y configurando nuevas medidas de seguridad; identificó más de dos millones 212 mil ataques dirigidos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de diversos tipos como: ataques de Inyección SQL, ataques de denegación de servicio entre otros. Como administrador general, el Inai llevó a cabo acciones encaminadas a contrarrestar las actividades maliciosas, logrando, temporalmente, mantener la operación de la PNT; sin embargo, algunos usuarios experimentaron lentitud e intermitencia en el sistema.
“Los días 24 y 25 de septiembre se continuó con el monitoreo a los servicios de la PNT para revisar su funcionamiento, y con base en nuevas herramientas de seguridad implementadas se logró mitigar el viernes (24), más de 5.2 millones de ataques que fueron identificados por dichas herramientas y el sábado (25) se mitigó más de 3.1 millones de ataques”, precisó.
Así, el total de ciberataques que recibió el Inai en los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre fue de 10 millones 512 mil. (Leticia Robles De La Rosa, Excélsior, P.p)
Al menos 213 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron secuestrados o retenidos contra su voluntad entre 2015 y julio pasado, admitió la empresa del Estado vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los empleados agredidos pertenecen a CFE Distribución y, aunque la mayoría de ellos fue liberada, algunos mantienen el estatus de “en localización”, indica la CFE en respuesta a una solicitud de información.
Más de 60% de los casos se registraron en la División de Distribución Sureste, la cual implica a Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Destaca también la División de Distribución Oriente, en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con 24.9 por ciento.
En el documento, la comisión reconoce que sus trabajadores han sido objeto de amenazas y ataques por parte del crimen organizado, el cual no permite el ingreso a algunas comunidades para realizar servicios o cobros. (Nayeli González, Excélsior, P.p)
Si no se ataca a los capos y sus bienes, no se tiene lucha contra el narcotráfico.
Es la conclusión a la que ha llegado el fiscal General de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, quien considera que las estructuras criminales no pueden combatirse solamente en los niveles bajos de la cadena.
“Son los capos, son los capos, porque ademas hay que mandar un mensaje desde el punto más alto de la cadena diciendo que es posible romper las estructuras con los capos y con los bienes de extinción”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL, tras concluir una visita a México para reforzar la cooperación bilateral contra el tráfico de migrantes y el narcotráfico con la Fiscalía General de la República (FGR).
Elegido al puesto por la Corte Constitucional colombiana en febrero de 2020, Barbosa Delgado afirma que al criminal se le debe perseguir, detener, sancionar, quitarle los bienes y no promover la reconciliación con el narco. (Manuel Espino, El Universal, P.p)
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien fue denunciada desde hace más de un año por desacato a un mandato judicial.
Aun cuando la carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio que la FGR solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria, para integrarlos al expediente. EL UNIVERSAL informó que derivado del desconocimiento que realizó el Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los integrantes de la mesa directiva de éste tramitaron un amparo.
El juicio fue admitido en septiembre de 2019 por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien concedió una suspensión para que el Conacyt entregue recursos al foro para seguir operando mientras se resolvía el amparo. Sin embargo, por varios meses el Conacyt no entregó los recursos y en marzo de 2020 el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que investigue a Álvarez-Buylla Roces, en su carácter de directora del consejo, por un supuesto desacato a un mandato judicial. (Diana Lastiri, El Universal, P.p)
Los efectos del cambio climático son cada vez más perceptibles en el país, tanto así que, para esta temporada de huracanes, el número de fenómenos hidrometeoro lógicos que se esperaba fue duplicado a medio periodo, al pasar de seis tormentas con nombre de forma habitual, a 14, lo que fomentó el aumento de precipitaciones en 17 entidades que según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registraron un porcentaje mayor de las lluvias reportadas en septiembre, situación que ha propiciado deslaves e inundaciones.
Esa premisa se agrava al destacar que los desastres hidrometeoro lógicos son los que dejan la mayor cantidad de daños y pérdidas desde 2000, tanto así que el año pasado, se destinó 83.44 por ciento de los 31 millones 861 mil 964.4 pesos que se ocuparon para atender los desastres naturales, además de que el año pasado afectaron a 839 mil 739 personas, 97.78 por ciento de los damnificados por efectos naturales en 2020.
No obstante, la pérdida del Fonden, así como la reducción de presupuesto en la Conapred, dejan un panorama preocupante para la atención de dichos fenómenos, que a raíz del aumento en el calor de la tierra parecen no dar tregua alguna a pesar de que ya se anunciaba el crecimiento de intensidad de los ciclones desde 2017.
La Corporación Universitaria de Investigación Atmosférica (UCAR por sus siglas en inglés) advirtió que del970y 1980 el promedio de magnitud de un huracán oscilaba entre 1 y 2; no obstante, en las décadas de 2000 y 2010 la categoría cambió entre 3y 4, de peligrosidad alta, además de advertir que desde hace cinco años los huracanes han sido más constantes y de mayor intensidad, lo que resulta en huracanes más intensos, de movimiento más lento, y con la capacidad de generar más lluvias.
“Los huracanes que se desarrollan sobre océanos más cálidos transportan una mayor humedad, por lo que se mantienen más fuertes después de tocar tierra”, detalló Pamela García, meteoróloga y especialista en ciencias atmosféricas. (Pedro Ortiz, El Heraldo de México, P.p)
Para el siguiente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará menos recursos a los que se destinaron este 2021 a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, de acuerdo con lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022.
De aprobarse, el siguiente año se destinarán 66,542 millones de pesos al Anexo 16 Recursos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 8.7% menos a los 70,274 millones de pesos que se aprobaron para atender esta problemática en el país.
Estos recursos representan apenas 0.9% del gasto neto que se propone en el PPEF del siguiente año por un total de 7.08 billones de pesos, y 1.2% del gasto programable que se prevé de 5.2 billones de pesos.
“El gobierno de México ha asumido su responsabilidad con la comunidad internacional en la resolución de los problemas que afectan al planeta, refrendando sus compromisos con los tratados y acuerdos internacionales de los que es miembro, principalmente con la firma del Acuerdo de París en el 2015”, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la dependencia, las acciones encaminadas a este tema tendrán un “carácter urgente” en el desarrollo de estrategias, programas y proyectos integrales en materia de hidrocarburos y energía eléctrica.
Hace algunos días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refrendó el compromiso de México para abordar los temas del cambio climático durante el 76 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El reto está en identificar oportunamente las situaciones y los espacios en los cuales los efectos del cambio climático pueden tener efectos multiplicadores que afecten la paz y seguridad internacionales, y actuar a tiempo, tener una diplomacia preventiva de compromiso común”, declaró. (Belén Saldívar, El Economista, P.p)
Temen más salida de capitales de México en 2022
La normalización de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos acelerará la salida de capital extranjero de México, principalmente de deuda gubernamental, advirtieron analistas.
De acuerdo con los expertos, en la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) quedó claro que pronto comenzarán a reducir el ritmo de compra de activos, actualmente de 120 mil millones de dólares al mes, conocido como tapering, y que las tasas de interés podrían comenzar a subir el próximo año.
“El FOMC envió una fuerte señal de que anunciará la reducción gradual en noviembre, con el presidente Powell señalando un amplio apoyo para un cronograma que completaría el proceso a mediados de 2022″, apuntó en un reporte Jonathan Miller, economista en jefe para Estados Unidos de Barclays.
En cuanto a las tasas de interés, si bien la mitad de los funcionarios de la Fed esperan incrementos para el próximo año, los analistas prevén que sería hacia finales o hasta principios de 2023. (Guillermo Castañares, El Financiero, P.p)
“Tenemos muchas cartas con qué jugar”
Morena tiene varias cartas rumbo a la elección presidencial de 2024, incluido su coordinador en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró su dirigente nacional Mario Delgado.
Además de los ya conocidos aspirantes Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el líder morenista mencionó otros nombres que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa para sucederlo en tres años, como la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, o la titular de Energía, Rocío Nahle.
Pero a diferencia de López Obrador, que en dos ocasiones ha omitido mencionar al senador zacatecano como posible candidato de Morena a sucederlo en Palacio Nacional, Mario Delgado sí lo tiene en consideración.
“Hay más nombres, tenemos muy buenos liderazgos que pueden encabezar el proceso de transformación. Está el líder de los senadores, Ricardo Monreal, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la secretaria de Energía. Nosotros tenemos muchas cartas con qué jugar, quienes están en la soledad absoluta son la oposición”, señaló el líder del partido guinda a El Sol de México.
Delgado Carrillo aseguró que para Morena el camino rumbo a 2024 se está construyendo desde este momento ya que entre sus planes está ganar la ratificación de mandato de López Obrador así como las seis gubernaturas en juego el próximo año. La meta es que Movimiento Regeneración Nacional triunfe en todas y así logre gobernar un acumulado de 24 entidades. (Sarahi Uribe, El Sol de México, P.p)
ISSSTE cambia plan de obras, incurre en subejercicio y descobija hospitales
Contraviniendo leyes y disposiciones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó ajustes al presupuesto de Obra Pública, lo que provocó un subejercicio de 826.27 millones de pesos. Una justificación para modificar el plan fue la de privilegiar “unidades médicas de mayor marginación”; sin embargo, varios hospitales con carencias documentadas al final no tuvieron recursos mientras otros siguieron arrastrando carencias de mantenimiento, incluso en los cimientos de los edificios.
Lo anterior lo revela una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual explica que el Instituto tenía asignados originalmente mil 815 millones de pesos; sin embargo, tras una serie de ajustes este monto quedó en mil 397.9 millones de pesos, de los cuales sólo se ejercieron 571.6 millones de pesos. Es decir, que no se ejercieron un 59.1 por ciento de los recursos.
“De las obras que originalmente integraban el Programa Anual de Obra 2020, sólo se cumplió 21 por ciento y… sin justificación no se ejerció presupuesto en 31 unidades, no obstante existir recursos presupuestales”, apunta el documento oficial. (Otilia Carvajal, La Razón, P.p)