El Gobierno impidió, por ahora, que la Suprema Corte de Justicia conceda los primeros amparos contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), diseñada para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
De último momento, la Secretaría de Energía (Sener) promovió el martes pasado el impedimento de los Ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar para votar en los amparos en revisión 106/2023 y 164/2023, que estaban listos para discutirse ayer en la Segunda Sala de la Corte.
Los proyectos declaran inconstitucionales los siete artículos fundamentales de la reforma a la LIE.
Debido a los impedimentos, ambos proyectos fueron retirados de la lista de sesión de la Sala, lo que implica que no hay fecha definida para que vuelvan a ser discutidos. (Reforma Staff, Reforma, Ocho Columnas)
Como un acto de traición a la patria consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) se ayude a las empresas extranjeras que pretenden echar atrás la ley de la industria eléctrica.
Esto, luego de que en la mañanera de ayer se le preguntara sobre los amparos promovidos por varias firmas en contra de esta normativa, de los cuales dos serían analizados ayer mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque debido a un recurso promovido por la Secretaría de Energía la discusión se aplazó.
Sería un acto de traición a la patria permitir que sigan con la misma política de pillaje. Y es esa estructura del Poder Judicial la que les ayuda, jueces, magistrados, ministros, que protegen a estas empresas extranjeras desde que se llevaron a cabo los cambios a las leyes y a la Constitución (en materia eléctrica).
Horas antes de que en la Corte se suspendiera ese debate, el Presidente señaló que en alianza con el PJF los conservadores están empecinados en seguir consolidando la llamada reforma energética y entregando los bienes públicos. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Ocho Columnas)
La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto un total de 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables desvíos de recursos por parte de entes públicos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de querellas contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que fueron motivadas de fiscalizaciones a las Cuentas Públicas 2018, 2019 y 2020, y cuyos montos con probables daños al erario alcanzan los 13 mil millones de pesos.
De ese total, 11 se presentaron contra Segalmex durante 2022, de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2019 y cinco a la cuenta 2020.
En tanto, en 2023 se presentaron cinco denuncias contra la Sader correspondientes a la Cuenta Pública 2018, tres contra Diconsa en torno a la Cuenta Pública 2020 y una contra la Conade de la Cuenta Pública 2020. (Antonio López Cruz, El Universal, Ocho Columnas)
Las agencias de Estados Unidos que cuentan con información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han hecho público apenas “migajas” de sus archivos, denunció el Archivo de Seguridad Nacional (DNSA, por su sigla en inglés).
La organización académica, formada desde 2017 y que se enfoca en transparencia, señaló que el silencio casi absoluto en torno a los hechos de Iguala ocurre a pesar de las preocupaciones mostradas por diferentes actores políticos de ese país por el caso.
El DNSA, junto con el Centro de Reporteo de Investigación (CIR), llevó a cabo más de 150 solicitudes de información sobre el caso bajo la Ley de Libertad para la Información (FOIA) a dependencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado.
Querían saber, por ejemplo, si había algún detalle de investigaciones que en México se estaban ocultando y que tuvieran las autoridades estadunidenses, o si el caso había afectado las relaciones y la cooperación bilateral. (Ángel Hernández, Milenio, Ocho Columnas)
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, respondió un cuestionario de 100 preguntas a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), en el que señaló que una junta de autoridades construyó la llamada verdad histórica.
En el segundo informe del caso Ayotzinapa, se plasmó que el grupo estaba integrado por el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz; el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el extitular del Cisen, Eugenio Ímaz, y Omar García Harfuch, excoordinador de la Policía Federal en Guerrero, —todos identificados por un solo nombre o apellido acompañados de una “N”— y quienes en reuniones en Los Pinos, el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, y en las oficinas de la PGR “condujeron la versión final de la verdad histórica”, que establece que los normalistas fueron secuestrados y asesinados y se incineraron sus restos en el basurero de Cocula.
“Después de una entrevista que sostuvimos con el señor innombrable [Zerón de Lucio], le enviamos un cuestionario de 100 preguntas, donde hubo la respuesta que se nos hizo llegar a través de su abogado, en donde nos señala que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal, a partir de lo que él denominó la junta de autoridades.
“Esta junta de autoridades, esas reuniones se realizaban en la Residencia Oficial de Los Pinos y en la zona militar de Iguala, Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República”, indicó. (Manuel Espino, El Universal, P.p.)
Alejandro Encinas señaló al Poder Judicial de evitar que se conozca la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob afirmó que en las investigaciones sobre el caso enfrenta hostigamiento de los jueces, que utilizan distintos criterios para desvirtuar las investigaciones y dejar en libertad a los presuntos responsables.
Previo a presentar el segundo informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, que él preside, señaló que fue notificado de una suspensión otorgada por un juzgado de la CDMX a Tomás Zerón.
El recurso impide a Encinas referirse al extitular de la Agencia de Investigación Criminal como “torturador” o se le implique en la construcción de la llamada verdad histórica.
El informe concluye que los 43 estudiantes fueron entregados por policías de Guerrero a Guerreros Unidos, agrupación delictiva que se encargó de privarlos de la vida y desaparecerlos, con el apoyo u omisión de policías locales y agentes federales, lo que constituyó un crimen de Estado. (Andrés Becerril y Enrique Sánchez, Excélsior, Ocho Columnas)
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló la existencia de una Junta de Autoridades, que desde Los Pinos y con la participación del presidente, del secretario de Gobernación, de las altas autoridades militares, policiacas, de la PGR y el Cisen, construyó la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, con la que pretendían cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Al presentar el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que él mismo encabeza, dio a conocer que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aceptó que dicha verdad histórica fue construida desde la que fue casa presidencial a través de dicha junta, que también se replicó en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, y en la sede de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
Encinas Rodríguez refirió que le hicieron llegar a Zerón de Lucio —se encuentra en Israel, prófugo de la justicia— un cuestionario de al menos 100 preguntas y, a través de su abogado, regresó las respuestas “en donde nos señala que la verdad histórica fue una construcción desde el Gobierno federal, a partir de lo que él denominó la junta de autoridades”.
En dicho encuentro, que tuvo lugar el 7 y 8 de octubre del 2014, participaron el expresidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de los secretarios de Marina y Sedena, así como el titular de PGR, el jefe de la Oficina de la Presidencia, y los titulares del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). (Jorge Butrón, La Razón, P.p. Jessica Xantomila y Emir Olivares, La Jornada, P.p. Víctor Chávez, El Financiero, P.p.)
El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, refrendó su rechazo a los señalamientos que lo involucran en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en la posterior construcción de la llamada “verdad histórica” del caso.
“Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada verdad histórica”, sostuvo, en un posicionamiento ante la opinión pública.
Después de que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas mencionó que su nombre está contenido en los informes del caso y que, además, formó parte de la “Junta de Autoridades” que se encargó de construir la “verdad histórica”, García Harfuch aseguró que en las reuniones que se tuvieron en octubre del 2014, por el tema del ataque en contra de los estudiantes en Iguala, no tuvo intervención alguna, además de que tampoco tuvo la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo.
En su declaración pública de este miércoles, detalló que su participación sólo fue “en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos”. (Julio Vázquez, La Razón, P.p. Redacción, La Jornada, P.p. Cintya Stettin y Paris Salazar, El Heraldo de México, P.p.)
El Gobierno federal pretende transferir 70 mil millones de pesos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de 2024 para que esta última dependencia pague directamente a los elementos de la Guardia Nacional y de nuevo busca que desde el Congreso de la Unión se promueva una reforma constitucional que quede bajo control militar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, a través de los legisladores de Morena, promueve que la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente reingrese a discusión de los legisladores los cambios constitucionales que pongan a la Guardia Nacional bajo el manto militar y que le dé al Presidente la facultad de que este cuerpo se mantenga en actividades de seguridad pública hasta 2028, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este proceso.
Legisladores de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública revelaron que el Primer Informe Semestral que remitió el Presidente de la República en mayo pasado incluía un primer intento de Morena de meter el tema a la discusión.
Morena presentó ante esta comisión un proyecto de dictamen de más de 200 páginas, el pasado 18 de septiembre, en cuyo resolutivo tercero se propone que “el Congreso de la Unión acuerde y determine de manera transitoria que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Esta propuesta fue rechazada por los legisladores del PAN, PRI y PRD. (Luis Carriles | El Sol de México, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen grupos del crimen en la zona fronteriza de Chiapas, aunque acotó que se trata de uno de los estados con menos índices de violencia.
Sí tenemos, hay grupos que actúan, pero Chiapas, lo hemos visto aquí y se los voy a volver a recordar, es de los estados con menos violencia en el país, señaló en la mañanera a pregunta sobre la situación que enfrenta esa región, donde de acuerdo con denuncias y piezas periodísticas hay alarma e intranquilidad por la disputa del territorio entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Exacerbar la situación de violencia en Chiapas y otros puntos del país es propaganda contra su administración lanzada por sus adversarios, aseveró.
El mandatario federal presentó un gráfico sobre homicidios dolosos por entidad en lo que va de su administración, en el que Chiapas aparece en la posición 26 según el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 36.92, por debajo de la media, que es de 112.89 asesinatos. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada)
La Unidad de Fiscalización del INE investiga la promoción que apareció en el Times Square, en Nueva York, sobre la morenista Claudia Sheinbaum.
Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso también revisará el caso ante la denuncia interpuesta por el PAN.
El martes pasado, la Unidad electoral inició una investigación ante la solicitud de algunos consejeros, para confirmar si amerita abrir un procedimiento especial sancionador.
Las autoridades advierten que la promoción en el extranjero está prohibida, no importa si la realiza el aspirante o terceros.
“Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia, los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez enfrentan el periodo de mayor riesgo en sus aspiraciones. Tras arrancar el proceso electoral, intentan blindarse de los actos anticipados de precampaña que son cada vez más posibles de acreditar, pues la violación a la Constitución y las leyes electorales pueden tener como consecuencia impedirles continuar en la contienda presidencial.
Los recorridos de las dos eventuales candidatas presidenciales son como un campo minado. Después de semanas adelantando los tiempos electorales ante el inédito aval del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cualquier paso en falso puede impedir su registro.
Con eventos cerrados, banderas que dejen claro que se trata de reuniones exclusivas para militantes y simpatizantes, o con advertencias de que no son tiempos electorales, pero sin lograr impedir que les griten ‘¡Presidenta!’, han implementado distintas estrategias y acatado cada orden de las autoridades electorales, para continuar sus aspiraciones anticipadas siempre, al margen de la ley.
Después de resultar ganadoras en los procesos internos de sus respectivos partidos, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez han mantenido sus visitas a las entidades, durante el tiempo que va del inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre al arranque de las precampañas el próximo 5 de noviembre, conocido en el ámbito electoral como “periodo de prevención”, que es el más delicado para las aspirantes. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p.)
Entre quienes se han posicionado como los perfiles favoritos desde hace años, los que saben que no son los elegidos, los aferrados que quieren repetir el intento, empresarios y cantantes, y los ex priistas y ex panistas que se pusieron la camiseta morenista de última hora, 285 personas se inscribieron como aspirantes a ser la ‘corcholata’ elegida para la Jefatura de Gobierno y una de las ocho gubernaturas en juego en el 2024.
De las 285 personas que suspiran por gobernar una entidad, máximo 54 podrán llegar a la última etapa y tendrán tres semanas para convencer a la ciudadanía de que los elija en una encuesta final.
Este jueves, los Comités Estatales de Morena recibirán de la Comisión Nacional de Elecciones, la lista de quiénes sí cumplieron con los requisitos básicos para poder continuar en el proceso. Cada consejo local deberá sesionar y someter a votación cada uno de los nombres. Cada consejero y consejero sólo podrá dar su voto por un hombre y una mujer, para elegir cuáles son los dos de cada género, que consideran que pueden ser los más competitivos.
Sin embargo, las listas con todos los votos se enviarán íntegras a la Comisión Nacional de Elecciones que la próxima semana arrancaráuna encuesta de conocimiento con todas las personas que cumplieron los requisitos y comparará los resultados con las propuestas de los comités estatales, para elegir como máximo, a las tres mujeres y a los tres hombres más competitivos para la encuesta final. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p. Hugo Arce, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, afirmó que la libertad de expresión es hoy derecho indeclinable y debemos defenderlo por tantas vidas que han costado tenerla.
Tras recibir un reconocimiento de parte del Senado de la República por 54 años de dirigir al El Gran Diario de México, el Licenciado Ealy Ortiz recordó que el ejercer el periodismo en el país es una de las profesiones más peligrosas, por lo que cada periodista que pierde la vida es un golpe para nuestra democracia.
“No olvido en esos momentos a ni un sólo periodista que ha perdido la vida ejerciendo su trabajo. Desde aquí se les rinde el más profundo homenaje”.
Aseguró que a poco más de medio siglo de tomar las riendas de EL UNIVERSAL, diario decano en la prensa nacional, sigue teniendo la misma convicción por defender esa libertad sagrada “y la tendré hasta el último día de mi vida”. (Alberto Morales, El Universal, P.p.)
Los titulares de las alcaldías Benito Juárez, Santiago Taboada; Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, e Iztapalapa, Clara Brugada –con licencia en el cargo–, son los servidores públicos con más denuncias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por actos anticipados de promoción, indica un informe de dicho órgano.
El documento refiere que ellos fueron por mucho los funcionarios más denunciados, al sumar 42 quejas en lo que va de 2023. Los tres han externado su deseo de ser candidatos a la jefatura de Gobierno; incluso, desde el año pasado Taboada y Brugada han realizado eventos en varias alcaldías, cuyos nombres han aparecido en bardas y espectaculares fuera de las demarcaciones que gobiernan.
Del 1º de enero al 25 de septiembre, el IECM ha recibido 134 quejas –cifra 83 por ciento mayor que el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 74–; este número podría incrementarse, advirtió el órgano electoral, conforme avancen el proceso en la Ciudad de México.
Del total de quejas presentadas, se han iniciado 11 procedimientos ordinarios por actos que van desde actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, que son las conductas más denunciadas; tres han sido enviados al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 31 asuntos permanecen en sustanciación (Sandra Hernández García, La Jornada, Contraportada)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer los amparos promovidos por Elektra, que busca evitar el pago de impuestos que adeuda de ejercicios fiscales anteriores, algunos desde hace 15 años.
Los ministros de la segunda sala consideraron que los cuatro asuntos que la empresa solicitó fueran revisados en el máximo tribunal no tienen aspecto novedoso o trascendente que ameriten su atracción.
Esta decisión no resuelve el fondo de los casos, que serán devueltos a los tribunales de origen, cuyos magistrados deberán fallar conforme los precedentes fijados en casos similares, tanto en la SCJN como en otros tribunales federales, donde en la mayoría de los asuntos se ha determinado negar los amparos.
En enero pasado la misma sala atendió una solicitud similar. En esa ocasión el proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se decidió no atraer el amparo y regresarlo al tribunal de origen, donde meses después se ordenó que la empresa pagara los 2 mil 772 millones de pesos que debía, lo cual Elektra hizo finalmente en octubre pasado. (Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
El peso mexicano sigue sin respiro frente al dólar y este miércoles la paridad cerró en su mayor nivel desde mayo, ante la fortaleza de la moneda estadounidense y a la espera de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).
El dólar interbancario cerró la jornada en 17.6880 pesos, tras apuntar una depreciación intradía de 0.87% o 15.21 centavos. Es el mayor cierre del tipo de cambio desde el 31 de mayo pasado (17.6886 unidades).
Es la tercera jornada consecutiva (desde el lunes) en la que el peso se deprecia frente al dólar, durante las cuales ha perdido 2.94 por ciento.
El índice dólar -que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas- subió 0.41% este miércoles, con lo que hiló cinco días consecutivos al alza, cerrando en su mayor nivel en 10 meses. (Judith Santiago, El Economista, P.p.)
Pese a enfrentar recortes por parte de las tres calificadoras más importantes a lo largo del sexenio, todo indica que la administración actual logró mantener el grado de inversión, ya que al menos dos agencias descartaron hacer ajustes antes del próximo año, marcado por las elecciones para el cambio de gobierno.
Carlos Morales, director en el grupo de soberanos de América Latina de Fitch Ratings, aseguró que el paquete económico para 2024 no modificó sus expectativas para México, aunque remarcó que la sorpresa fue la ampliación del déficit, a 4.9 por ciento del PIB, ya que es muy superior a lo que se había visto.
No obstante, indicó que con la revisión que hizo el Inegi se mejoró el Producto Interno Bruto y eso llevó a que las métricas fiscales fueran beneficiadas. Además, la deuda como porcentaje del PIB sigue por debajo de sus estimaciones. Así, el deterioro se compensa, dijo.
“En este momento no estamos percibiendo mayor riesgo para modificar la calificación, es decir, no estamos corriendo para modificar la calificación en base a lo que se publicó en el paquete económico de septiembre”, aseguró en un podcast de Grupo Financiero Banorte. (Ana Martínez, El Financiero, Ocho Columnas)
Las intervenciones para salvar a personas con señales de comportamiento suicida en el Metro de la Ciudad de México aumentaron este año con respecto a la época de la pandemia.
Según cifras del Sistema de Transporte Colectivo, personal del programa ‘Salvemos Vidas’ atendió en 2022 a 108 usuarios de la red, mientras que, en lo que va de 2023, ya suman 96 casos.
Y en cuanto a personas arrolladas por el tren, en 2021 se registraron 35 incidentes, mientras que en 2022 y 2023, se han presentado 41 casos cada año.
María José Martínez, encargada del programa ‘Salvemos Vidas’, detalló que este año las cifras se han comportado de una manera atípica, ya que los casos de intervención se han concentrado en los meses de junio, agosto y septiembre, cuando siempre habían sido constantes durante todo el año. (Bernardo Uribe y Viridiana Martínez, Reforma, P.p.)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó este miércoles que fue localizado con vida —aunque lesionado— uno de los siete jóvenes que fueron secuestrados el domingo en Villanueva, así como seis cuerpos “de hombres jóvenes”, sin que se pueda precisar aún si corresponden al resto de las víctimas.
Al respecto, el colectivo Buscadoras Zacatecas AC aseguró que los cadáveres encontrados sí corresponden a los de los adolescentes que estaban en calidad de desaparecidos.
De acuerdo con la organización, el menor hallado con vida fue hospitalizado y se encuentra grave, mientras que los cuerpos de los otros muchachos fueron enviados al Servicio Médico Forense para que sus deudos hicieran el reconocimiento correspondiente.
Sobre el joven que fue hallado con vida, la Fiscalía de Zacatecas señaló que “tiene heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y fracturas de huesos propios de nariz”. (Jorge Butrón, La Razón, P.p. Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada, Contraportada, Omar Hernández, Karla Méndez y Raúl Flores Martínez, Excélsior, P.p. Oscar Uscanda, Reforma, P.p. Paola Covarrubias, El Sol de México, P.p.)
En México pese a que 12 entidades garantizan el derecho al aborto hasta la doceava semana de gestación por todas las causales, aún se continua abriendo carpetas de investigación, al menos 937 personas han sido investigadas por abortar o ayudar a alguien a interrumpir su embarazo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Seguridad Pública.
La Ciudad de México tiene 683 carpetas de investigación entre 2015 y agosto de 2023, pese a que el aborto fue despenalizado en 2007; el 2022 fue el año con más investigaciones abiertas por este delito con un total de 192 casos.
En Baja California, el aborto se despenalizó en 2021, pero tiene 69 carpetas de investigación; el 2022 también fue el año con el mayor número de carpetas con 42, y de acuerdo con activistas de la entidad pese a su despenalización aún no se garantiza en su totalidad el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito.
El acceso al aborto por cualquier causal está garantizado en las entidades de Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. (Azucena Rangel, Milenio, P.p. Gloria López, El Sol de México, P.p.)
Monterrey, NL., Nuevo León vivió una segunda jornada violenta, esta vez por enfrentamientos entre presuntos miembros del crimen organizado y la Fuerza Civil, que dejó un saldo de tres pistoleros muertos, 12 detenidos y un policía herido, además de al menos tres bloqueos con vehículos incendiados y 24 armas largas aseguradas, según reportes de las autoridades estatales.
Luego de que el martes aparecieron segmentos humanos de unas 12 personas en los municipios de Apodaca, Juárez, San Nicolás de los Garza, García y Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey, este miércoles la violencia se concentró en demarcaciones de la zona rural: Hualahuises, China, Doctor Arroyo, General Bravo y Los Aldamas.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios Pámanes, dio a conocer que sujetos armados bloquearon al menos tres puntos de la Carretera Nacional, a la altura de Hualahuises, en reacción a una serie de operativos de Fuerza Civil.
Durante esas acciones, precisó, fue abatido el autor intelectual (y probablemente material) de la ejecución del director de la policía municipal de Linares, Javier Solano González, perpetrada el pasado 29 de junio. (Raúl Robledo, La Jornada, P.p.)
El director de Evaluación Institucional de la UNAM, Imanol Ordorika, ve con buenos ojos que lo llamen disruptivo, si eso significa que ha puesto sobre la mesa de discusión problemáticas de la Universidad que tradicionalmente no se cuestionan, como la violencia de género, la contratación de docentes de asignatura y su forma de gobierno.
El aspirante a Rectoría ve necesaria una transformación al interior de la institución de la mano de estudiantes y docentes y habla de la urgencia de contar con un cuerpo de seguridad, aunque aclara que no busca una policía universitaria.
¿Por qué dirigir a la UNAM?
Desde hace años he visto la necesidad de que cambien una serie de aspectos, pues hay rezagos que están generando problemas e impiden el desarrollo de la institución a plenitud.Temas como rendición de cuentas y democratización, la UNAM se mantiene impermeable a esto.
“Ha habido una pérdida de la presencia de la Universidad a nivel nacional en momentos y discusiones trascendentales, esto aunado al momento en el que me encuentro en mi trayectoria académica, me plantearon la posibilidad y la analicé. Recorrer otra vez la Universidad y hacer un planteamiento para recoger las propuestas que he realizado durante años. Un proyecto universitario muy identificable para hacer la alternativa de cambio frente a las candidaturas tradicionales que habitualmente se mueven en estos procesos. (Alma Paola Wong, Milenio, P.p.)
La próxima administración iniciará con finanzas públicas más débiles que en sexenios anteriores, ante el elevado endeudamiento que se perfila para 2024, el último año del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró la calificadora Moody’s.
“Las cuentas fiscales arrancarán de un punto más débil que hace seis años”, dijo Renzo Merino, analista soberano para México de la agencia financiera.
El gasto creciente en pensiones y los continuos apoyos a Pemex consumen cada vez más recursos, lo cual tendrá que enfrentar el siguiente gobierno, dijo en el foro “Inside Latam: México 2023. Asignaturas pendientes de cara a una nueva administración”.
Ante ese escenario, la próxima administración tiene el reto de presentar un “plan creíble de consolidación fiscal” para mantener en “estable” la perspectiva de la calificación, la cual se encuentra en grado de inversión (“Baa2”). (Redacción, La Razón, P.p.)
La advertencia del Partido Popular (PP) sobre la amenaza de una amnistía al movimiento independentista en España no fue suficiente para que Alberto Núñez Feijóo se alzara con un triunfo, al quedarse a cuatro votos de la mayoría absoluta para suceder a Pedro Sánchez.
Sin sorpresas, como anticipaban medios y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el derechista fracasó. Ni siquiera sumó votos a su alianza con Vox, la Coalición Canaria (CC) y la Unión del Pueblo Navarro (UPN) al mantener los 172 votos asegurados desde la elección de julio pasado, hecho del que se burló el vocero de la bancada socialista, Patxi López, al celebrar que la oposición cerró este primer paso “sin hacer amigos”.
En tanto, uno a uno 178 legisladores del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Junts, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) sufragaron en contra del proyecto del derechista.
Previo al primer intento para el consenso, como instruyó el rey Felipe VI, el líder del PP insistió ante el Parlamento en detener los “pactos ocultos” entre Sánchez y Junts, del prófugo Carles Puigdemont, al encarar al mandatario, quien lo evadió un día antes, y enfatizar que “nadie sabe lo que va a pasar en el país si fracasa mi investidura”, declaración que parecía anticipar su revés. (Redacción, La Razón, P.p.)