Las grandes fortunas mexicanas, así como las corporaciones con el sello de nuestro país, han aumentado sensiblemente su presencia en España, hasta el punto de que en los círculos financieros ya definen a Madrid como “la nueva Miami” o al céntrico y lujoso barrio madrileño de Salamanca lo llaman Little Polanco. El flujo de capital mexicano es abrumador, hasta el punto de concentrar más de 60 por ciento del total de la inversión procedente de América Latina y superar 30 mil millones de euros en 2022, que es el ejercicio más reciente del que hay datos oficiales del Ministerio de Economía español. Y la cifra va en aumento.
México lidera, con mucha diferencia, la inversión latinoamericana en España –atrás quedan Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil–, de hecho, está entre los cinco países con más intereses empresariales junto con otras potencias como Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.
Un informe reciente elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) registró precisamente el aumento de las grandes corporaciones latinoamericanas en España, que definen como “multilatinas” y en el que se advierte que la mayoría de éstas, es decir, 88 por ciento, tienen filiales en su zona de influencia (América del Sur y México). Explica que la dinámica de las inversiones parece indicar que hay una tendencia a expandirse progresivamente hacia otras regiones, como Europa y más concretamente hacia España. Se especifica que, actualmente, las “multilatinas” cuentan con una presencia creciente en la economía internacional y se encuentran directa o indirectamente en 114 países desarrollados y emergentes.
En 2022, lograron niveles históricos de inversión, un total de 74 mil 677 millones de dólares, lo que representa un incremento de 80 por ciento respecto del año anterior. Este crecimiento se debió principalmente a las de origen mexicano y brasileño. (Armando J. Tejeda, La Jornada, Ocho Columnas)
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse, antes de que pueda llegar, incluso, a tomar control desde la Presidencia de la República.
En un foro organizado por EL UNIVERSAL, al que se invitó a los cinco magistrados pero sólo asistieron la presidenta Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, refrendaron la independencia y autonomía del tribunal, al asegurar que no están subordinados a ninguna fuerza política.
A pregunta del periodista y columnista Salvador García Soto, se cuestionó sobre el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la posible influencia del crimen organizado en las próximas elecciones.
Al respecto, el magistrado De la Mata reconoció que a nivel local, hay historias de “terror” sobre las repercusiones del crimen organizado en tribunales y consejos electorales; sin embargo, subrayó que no se habla de estos temas. (Otilia Carvajal Luis Carlos Rodríguez, El Universal, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca imponer prisión preventiva oficiosa a la extorsión y producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo, con el argumento de que los órganos jurisdiccionales no cumplen con su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía.
Entre el paquete de iniciativas que el mandatario enviará al Congreso el 5 de febrero, están desaparecer organismos autónomos y órganos reguladores de energía y trasladar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) las funciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en materia de datos personales y a las dependencias del gobierno las de transparencia.
De acuerdo con las iniciativas que adelantó Palacio Nacional a la bancada de Morena en el Senado —a las que MILENIO tuvo acceso— , el mandatario quiere incluir la extorsión y el tráfico de drogas al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Constitución.
Argumenta que la extorsión se ha incrementado en los últimos años y vulnera la seguridad, el bienestar de las personas e inhibe el desarrollo económico. (Gaspar Vela, Milenio, Ocho Columnas)
Por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, presentó una demanda de juicio político en contra de un juez federal, lo cual fue catalogado como un hecho sin precedentes en el país.
Para este efecto, el Gobierno federal acudió directamente ante el Poder Legislativo, sin tener contacto previamente con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el marco de su visita a la Cámara de Diputados para participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena, la funcionaria federal promovió la solicitud en contra de Cresencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, al cual se le vincula con la liberación de presuntos responsables del secuestro de migrantes ocurrido a inicios de este año.
Se argumenta que el impartidor de justicia posiblemente incurrió en delitos que lo vincularían con organizaciones criminales. (Sergio Ramírez, La Razón, Ocho Columnas)
Aunque todavía no se conocen los detalles de la reforma al Sistema de Pensiones que presentará el Ejecutivo el próximo 5 de febrero, esa iniciativa ya cuenta con el voto de las bancadas del PRI y Morena, mejor conocidas como el PRIMOR, y el PRD.
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados adelantó que “está de acuerdo” con la iniciativa anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que a los trabajadores que se retiren con la ley de 1997 se les otorguen jubilaciones al 100 por ciento.
“Una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo federal para que se presente la iniciativa en los términos que dijo, y que nos den soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere.
“Nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos”, manifestó Rubén Moreira, líder del tricolor en San Lázaro, acompañado por el dirigente nacional, Alejando “Alito” Moreno. (Mayolo López, Claudia Salazar y Martha Martínez, Reforma, Ocho Columnas)
El paquete de iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el último tramo de su sexenio, conocido como plan C, será enviado a la Cámara de Diputados.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, adelantó que serán 11 proyectos en total y la Secretaría de Gobernación será la instancia encargada de mandarlos.
“Vamos a esperar a que lleguen, el día 5 (de febrero) las presenta el Presidente de la República. Son en materia laboral, está relacionado el artículo 123 constitucional, en materia de pensiones y en materia de protección al salario mínimo, garantizando que su incremento no puede estar nunca por debajo del índice de inflación que reporte el banco central. Ya lo tenemos en ley, pero queremos que quede en la Constitución”, dijo tras reunirse en privado con Luisa María Alcalde, titular de la Segob, en el marco de la reunión plenaria de los legisladores federales morenistas.
Luego de que el PRI abrió la posibilidad de votar a favor de la reforma en materia de pensiones, Mier les pidió sensibilidad para que también apoyen la reforma al Poder Judicial (Ximena Mejía, Excélsior, Ocho Columnas)
Por cuarto año consecutivo, México se mantuvo estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, en el que desde 2020 suma 31 puntos y ocupa el lugar 126 de 180 países.
Pese a la promesa de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que desterraría la corrupción de la administración pública y mejoraría en el índice de percepción, el País sigue siendo el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Transparencia Internacional dio a conocer ayer los resultados del IPC 2023 en el que mide la percepción de la corrupción en 180 países. La escala del índice va de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible.
“México comparte puntuación con El Salvador, Kenia y Togo, todos con 31/100 puntos. Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100). Los países peor calificados son Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100), Venezuela (13/100) y Somalia (11/100)”, detalló Transparencia Mexicana en un comunicado. (Rolando Herrera, Reforma, P.p.)
A petición expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, a quien señaló de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes.
La solicitud, que se entregó a la secretaría general de la cámara, también acusa a Contreras de favorecer la liberación de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Después de presentar la solicitud, la Secretaría de Gobernación detalló: “En el marco de los trabajos del gabinete de seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte”.
Se explicó que se cuenta con “una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”. (Enrique Méndez y Víctor Ballinas, La Jornada, P.p.)
México se estancó en el lugar 126 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Por cuarto año consecutivo, nuestro país obtuvo 31 puntos (de 100 posibles) del estudio que mide lo que piensan especialistas sobre la corrupción en el sector público.
De acuerdo con el informe, México está en el mismo nivel de corrupción que Kenia y El Salvador; superado por Nigeria, Perú y Ecuador. Además, es el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) peor evaluado.
En el G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, nuestro país se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia, que obtuvo 26 puntos de 100. En América Latina, México se ubica por encima de Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, informó Transparencia Internacional.
El Índice mide la percepción de corrupción en 180 países, preguntándole a especialistas del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y expertos. (Alejandro Arturo Villa, El Sol de México, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, de otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya que se trata de un asunto de Estado al cual “no le voy a dar carpetazo”.
“Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”, sostuvo, al dejar vivo el litigio por el magnicidio del excandidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
Aclaró que no tiene como propósito utilizar el asesinato del candidato presidencial del PRI con fines políticos, y pidió a Colosio Riojas si tiene otra información diferente a la que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), que la aporte a la indagatoria.
“No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”, subrayó. (Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que, por instrucción de su dirigencia nacional, el partido en el Congreso de la Unión apoyará algunas de las reformas que enviará el Presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana, principalmente la referente a que la población pueda pensionarse con el 100 por ciento de su salario.
“Vamos a analizar, señor presidente (Alejandro Moreno), también lo que hoy se menciona con relación a posibles iniciativas que envíe el Gobierno de la República y que, como hace rato usted señaló, tenemos muy clara cuál es la posición de nuestro partido y, siendo diputados de un partido, vamos a honrar esa posición y vamos a estar en la tribuna discutiendo lo que para el bien de México nosotros creemos que es”, exclamó.
En el arranque de la reunión plenaria tricolor, dijo que, para él, las iniciativas de reforma que el Ejecutivo federal enviará el 5 de febrero se dividen en dos fragmentos, pues hay algunas en las que la postura de la bancada será la de un “no rotundo”.
Entre éstas se encuentra una con la que el Presidente buscará desaparecer los órganos autónomos del país. Este tipo de proyectos, opinó el exgobernador de Coahuila, buscan “destruir” las instituciones democráticas, con el objetivo preciso de acabar con la democracia en México “e instaurar un régimen totalitario”. (Jorge Butrón, La Razón, P.p. M. Pérez y R. Ramos, El Economista, Ocho Columnas, Ivonne Melgar, Excélsior, P.p.)
La candidata de la Alianza Opositora (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, agradeció el apoyo recibido por el priismo y resaltó el carácter, la experiencia y lo “cabrón” del líder nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno.
“Los malos priistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir: los necesito, los necesito, los necesito en la calles. Necesito la experiencia y la fuerza de ‘Alito’, ¡porque vaya que es un cabrón!”, dijo provocando las risas en la plenaria de legisladores del PRI.
“De algo se debe sentir el PRI orgulloso, es que siempre busca hacer lo correcto, yo les reconozco que tengan gente tan bien formada, es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de esas causas que caracterizan al PRI”, explicó la candidata.
Alito fue el anfitrión de Gálvez, quien el año pasado resbaló cuando dijo que ella no trabajaría con Moreno, ni con Manuel Bartlett o con Omar Fayad, a quienes calificó de “muy malos priistas”. (Mayolo López, Reforma, P.p.)
La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, negó que existan conflictos dentro de Morena a causa de la designación de candidaturas para las elecciones y, en este contexto, lanzó un llamado a la unidad.
“Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento, y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la Transformación”, dijo.
En conferencia de prensa, tras participar en la reunión plenaria de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, aseguró que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación hay unidad, pues recordó que las designaciones de candidatos derivan de la aplicación de encuestas.
Hizo hincapié en que todos en el movimiento están de acuerdo con este método y que, a diferencia del proyecto de oposición, en Morena se guían por un procedimiento que sí permite la participación de la sociedad civil de distintos sectores. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p.)
La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados federales de su partido, del PT y el PVEM a aprobar el llamado plan C, para reformar al Poder Judicial, y todo el paquete de iniciativas de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará este 5 de febrero al Congreso.
Luego de participar ayer en la reunión plenaria privada de los diputados de la llamada cuarta transformación, y al anticipar que el Presidente enviará 11 reformas y que todas llegarán a la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo reveló que “les hice un llamado a la aprobación del plan C y, por supuesto, a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país”.
Aunque hubo cuestionamientos y “presiones” al interior del encuentro, por el proceso interno de elección de las candidaturas para los comicios del 2 de junio, subrayó que en Morena “hay unidad. La decisión de las candidaturas en nuestro partido y en nuestra coalición se define a través de las encuestas; ya vendrá ese periodo muy pronto. No hay ningún jaloneo, no hay nada, hay unidad en el movimiento”, subrayó.
El presidente de Morena, Mario Delgado, insistió en el llamado a la unidad en torno a las candidaturas y expuso que “las iniciativas del Presidente van a tener un impacto directo en la discusión pública, y los diputados tendrán en sus manos la posibilidad de ayudar a esclarecer cuál es la disyuntiva que tenemos como país: o sigue la transformación o regresan los gobiernos corruptos”. (Víctor Chávez, El Financiero, P.p. Ximena Mejías, Excélsior, P.p.)
Desoye AMLO a Colosio y empujan nueva trama
A 24 años de que la Fiscalía del Caso Colosio determinó que un solo tirador asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas en 1994, Andrés Manuel López pidió ayer reabrir el expediente.
Además, el Presidente quiere que se investigue la participación de Genaro García Luna, en ese entonces funcionario del Cisen.
El Mandatario desestimó, incluso, la petición que le hizo Luis Donaldo Colosio Riojas sobre un indulto a favor de Mario Aburto, asesino confeso de su padre, con la intención de que ya no se use políticamente aquel magnicidio.
“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte (a Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, respondió. (Claudia Guerrero y Antonio Baranda, Reforma, P.p.)
Ante el giro que ha tomado el caso Colosio al identificar la Fiscalía General de la República a un segundo tirador, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que fue un asunto de Estado que dañó mucho al país, por lo cual su gobierno no puede dar carpetazo.
Aseveró que las implicaciones que se desprenden de sostener que fue sólo un asesino solitario a la posibilidad de que hayan sido dos son muydiferentes, más si está involucradauna institución del Estado. López Obrador dio respuesta también a la petición del hijo de Luis Donaldo Colosio de indultar a Mario Aburto, el asesino de su padre: “me pide que yo indulte.
Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. No voy a dar un carpetazo a un asunto así”.
Difundió y leyó textualmente el comunicado de la FGR en el que se anticipa que objetarán la decisión del juzgado de desechar la investigación sobre el segundo tirador, con particular énfasis en las referencias al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde laboraba el segundo tirador y el posible vínculo con Genaro García Luna. (Alonso Urrutia y Enrique Olivares, La Jornada, P.p.)
Ciento cuarenta y cinco días después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, acusó desde la cárcel al agente del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, como uno de los participantes del homicidio en Lomas Taurinas, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
De acuerdo al Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta: Tomo II, el autor material, publicado por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) en el año 2000, el 15 de agosto de 1994, Aburto Martínez envió una carta al Juez Primero de Distrito en el Estado de México.
El objetivo de la carta de Aburto al juez era posponer la diligencia programada para el 10 de septiembre de 1994, y de pasó implicar a Sánchez Ortega, quien fue detenido el día del asesinato e investigado porque su ropa estaba manchada con sangre de Colosio, además del supuesto de tener un gran parecido con Aburto.
En el informe de la PGR se lee que Aburto “en su declaración ministerial acepta haber cometido la conducta delictiva, realizando los dos disparos y, por último, refirió que fue un accidente. Sin embargo, ya estando en el Cefereso, Aburto culpa a Sánchez Ortega del hecho cometido…”; el texto de la PGR da entrada así a la carta, que de puño y letra el asesino de Colosio envió al juez (Andrés Becerril, Excélsior, P.p.)
En el 2023, el déficit del Gobierno fue 3.4% del PIB. Para 2024 será de 5.2%, “no genera ruido entre los inversionistas”, dice Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, “nos hemos reunido con ellos y no lo ven preocupante, siempre y cuando exista una senda de consolidación para reducirlo”.
La reducción del déficit se podrá generar, dice Gabriel Yorio, porque ya no habrá los gastos relacionados con la conclusión de grandes obras y porque se producirá una baja de las tasas de interés y esto disminuirá el costo del servicio de la deuda. Éste ascendió a 1.04 billones de pesos en 2023, un incremento de 21% respecto al 2022. Para el año en curso, se proyecta que crezca hasta 1.3 billones de pesos. “Las tasas llevan mucho tiempo en niveles muy altos, pero es realista pensar que en 2025 ya estarán en niveles más bajos (La tasa de Banxico era 4% en mayo del 2021 y desde marzo del 2023 está en 11.25%). Esto dará mayor margen de maniobra… la próxima administración tendrá condiciones para bajar el déficit. A ellos les corresponde decidir cómo lo harán, en un año o de forma gradual”.
La conversación con el subsecretario se da en el contexto de la presentación del Informe de Finanzas Públicas al IV trimestre del 2023. La situación de Pemex es un tema obligado. “Desde la Secretaría de Hacienda nos hemos enfocado a tratar de resolver la deuda de Pemex. Hemos hecho dos intentos de hacer un manejo de pasivos conjunto para reducir el impacto del diferencial de tasas entre Pemex y el Gobierno mexicano. Pemex paga alrededor de 500 puntos base más que el Gobierno mexicano; llegó a estar en 600 puntos…” explica el funcionario, “no es que estemos optimistas. El mercado está leyendo que la situación de la empresa está mejorando. En el reporte trae un superávit, cuando se esperaba un balance cero”.
Para el 2024, el presupuesto incluye 145,000 millones de pesos para Pemex que se canalizarán a través de Secretaría de Energía y una reducción del Derecho de Utilidad Compartida, de 40 a 30%. “Le estamos asegurando a Pemex un flujo de 200,000 millones de pesos que es el 100% de las amortizaciones de deuda de mercado que tienen que pagar en 2024. Al incluir las líneas presupuestales y la reducción del DUC, de manera indirecta estamos intercambiando la deuda de Pemex por la deuda del Gobierno Mexicano y no lo hacemos a través del mercado, que podría generar distorsiones. Absorberlo de forma gradual en el balance del gobierno mexicano es la forma que hemos encontrado para no generar distorsiones en las curvas. A esto nos hemos enfocado para el 2024”. (Luis Miguel González, El Economista, P.p.)
México logró mantener la sostenibilidad fiscal a pesar menores ingresos tributarios y petroleros, con respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos de 2023, afirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.
Los ingresos petroleros sumaron un billón 78 mil 990.9 millones de pesos el año pasado, monto menor en 238 mil 662.3 millones de pesos con respecto del programa económico, mientras que los ingresos tributarios totalizaron 4 billones 517 mil 180.9 millones, inferiores en 102 mil 984.4 millones.
“La apreciación sostenida y no prevista del tipo de cambio impactó la captación de IVA en operaciones de comercio exterior y de ingresos petroleros, ya que se recibieron menos pesos por la exportación del hidrocarburo”, reconoció el funcionario al presentar el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2023.
“Quedamos por debajo del programa, sin embargo, derivado de la gestión fiscal que hemos realizado, los balances, que es lo que determina la sostenibilidad de las finanzas públicas, se mantienen en línea con lo que habíamos planteado al Congreso, con una pequeña desviación”, resaltó. (Felipe Gazcón, El Financiero, Ocho Columnas, D. Villanueva y C. Zepeda, La Jornada, P.p.)
La sequía extrema se incrementó en todo el país, pues mientras que en diciembre pasado abarcaba 20.81% del territorio nacional, al corte del 15 de enero aumentó a 28.79%, es decir, un tercio del país está en esa situación.
En tanto, 32.8% del país registra sequía moderada a severa, 20.28% tiene condiciones anormalmente secas y 18.13% se encuentra libre de sequía.
De acuerdo con el informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí son las entidades con mayor grado de sequía extrema.
Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que, aunque para febrero se esperan lluvias por arriba del promedio al norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, sur de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, en la mayoría del país las precipitaciones pluviales estarán por debajo de promedio y se espera un déficit de lluvias a nivel nacional de 29.3%. (Sergio Almaquio García, El Heraldo de México, Ocho Columnas Angélica Enciso, Alejandro Cruz, La Jornada, P.p.)
El robo a camiones de carga en carreteras del país representa pérdidas promedio de 500 mil pesos en valor de mercancía, pero pueden rebasar 7 millones de pesos si se trata de productos de alto valor y también se sustrae el vehículo, dijeron especialistas en seguridad.
Aunque la carga de cada camión es distinta, cuando se trata de electrónicos de exportación, por ejemplo, la merma puede significar hasta 2 millones de pesos, y se deben sumar 5 millones de pesos si el delito incluye el valor del tractocamión, indican las estimaciones.
“Hay ciertas operaciones que promedian 500 mil pesos por camión perdido”, explicó el director de Transformación Digital de la empresa de logística de transporte AI27, Andrés Polti Vega.
Además, agregó, hay nuevas variables por considerar al robo a transportistas, pues antes sólo se trataba de bandas de delincuencia organizada, ahora hay pobladores que bloquean carreteras y cometen el delito, como se ha visto en San Martín Texmelucan, Puebla. (Ivette Saldaña, El Universal, P.p.)
A 14 años de la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, los habitantes de Ciudad Juárez siguen hablando en presente de los asesinos.
En 2010, cuando ocurrió la matanza más estremecedora de los primeros tres años de la “guerra contra el narco”, el gobierno federal prometió a los juarenses que en corto tiempo se hablaría de los gatilleros en pasado, tras su desarticulación. Pero hoy, el brazo armado de La Línea no sólo ha sobrevivido a las amenazas de las autoridades, sino que está más fuerte que nunca.
MILENIO tuvo acceso a informes elaborados para la reunión diaria de seguridad que se convoca en Palacio Nacional y que retratan el fortalecimiento de la escisión más violenta del Cártel de Juárez que, se supone, estaría acabada para ahora: manejan el negocio de la metanfetamina cristalina –“cristal”– a su antojo, controlan al menos dos prisiones locales, operan como los máximos traficantes de migrantes indocumentados hacia El Paso, Texas, y extraen agua de zonas protegidas para revenderla a mineras que extraen oro, plata, cobre y zinc.
Además, según el reporte, acuñaron en los últimos meses un término que el fiscal estatal describió como “homicidios a domicilio”: en lugar de acechar a sus enemigos y atacarlos en la vía pública para facilitarse un escape, los asesinos tocan la puerta de su objetivo y le disparan apenas abre la puerta para que caiga muerto frente a sus hijos y esposa. (Óscar Balderas, Milenio, P.p.)
El Jefe de Gobierno, Martí Batres, encabezó la reapertura total de la Línea 12 del Metro, cuyo servicio estuvo suspendido parcialmente desde el 3 de mayo del 2021, cuando se desplomó una parte del tramo elevado, en la estación Olivos.
El mandatario aseguró que los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una ruta segura y supervisada a través de labores de instrumentación que están a cargo de especialistas del Sistema de Transporte Colectivo y del Instituto de Seguridad de las Construcciones.
Desde la estación Tláhuac, señaló: “Abrimos la Línea 12 en toda su extensión, especialmente el tramo que abarca las estaciones Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac; esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana”.
Batres agradeció al Grupo Carso, a la empresa Cicsa y a Carlos Slim, “quienes se comprometieron a reconstruir y reforzar la línea sin costo para las arcas de la Ciudad de México”. (Eunice Cruz, La Razón, P.p.)
Zacatecas.— “Hoy, nuestros adolescentes son los hijos de la violencia”, coinciden autoridades judiciales y expertos en infancias y juventudes del estado; sin embargo, ambas partes admiten que “lo preocupante” son los incrementos de cifras de menores que están cometiendo delitos de alto impacto, como posesión de armas, secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
Esta realidad también se advierte en el Informe especial sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros de Internamiento 2023, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde Zacatecas ocupa los primeros lugares a nivel nacional con el mayor número de población juvenil relacionada con esta gama de delitos graves.
Este escenario también se constata con información oficial, obtenida por EL UNIVERSAL, que revela que, al corte del 31 de diciembre de 2023, en el Centro de Internamiento Juvenil Zacatecas había 97 jóvenes (83 hombres y 14 mujeres) internos de entre 14 y 22 años.
Las cifras corroboran que estos jóvenes zacatecanos están procesados o sentenciados por delitos graves, de lo cuales al menos 48 están internados por posesión de armas exclusivas del Ejército, otros 15 por homicidio, 14 por secuestro, seguido de los delitos de violación, narcomenudeo, asociación delictuosa, robo y delitos contra la salud. Además, un gran porcentaje de ellos acumula varios delitos graves. (Irma Mejía, El Universal, P.p.)